El alcalde acusa a Carmela Silva de pretender dejar sin servicio a treinta usuarios del Codi.
El Concello de Valga llevará a la Diputación de Pontevedra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por retirar la ayuda financiera que desde hace cuatro años, con el PP al frente de la administración provincial, venía prestando al Centro Ocupacional de Discapacitados (CODI). La reclamación que presentó el Ayuntamiento contra la supresión de la subvención fue rechazada por el organismo que preside Carmela Silva, de ahí que el alcalde acuse a la institución de «pretender dejar en la calle a nueve trabajadores y dejar de prestar servicio a más de treinta personas discapacitadas de la comarca» . El regidor anuncia, por tanto, que acudirá al Contencioso para «seguir atendiendo a este grupo de personas y defender los puestos de trabajo». Maneiro echa mano de la ironía y da «las gracias» a Carmela Silva y a todo el gobierno provincial por «su sensibilidad con las personas con discapacidad, por sus formas y su atención». De no ser por el Concello y su esfuerzo económico para asumir la financiación que no le concede la Diputación, «desde el pasado mes de enero las más de 30 personas de Caldas, Catoira, Pontecesures y Valga que reciben atención en este centro desde hace más de diez años, se verían abandonadas y sus familias desamparadas», incide Bello Maneiro.
Hace tiempo que el regidor viene denunciando públicamente la «lamentable» y drástica bajada de los fondos provinciales para «un servicio que es único y del que estamos muy orgullosos». La subvención pasó de 110.000 euros que el Concello recibía anualmente desde 2012 a poco más de 43.000 en este año. Pero la Diputación no se da por aludida y rebota a la Xunta de Galicia la responsabilidad de financiar el Codi de Valga. Así, Carmela Silva exigió recientemente a la administración autonómica que «cumpla sus competencias en cuanto a los servicios sociales municipales». La presidenta provincial explicó que, «cuando íbamos a poner en marcha todas las partidas dedicadas a políticas sociales, le pedí al secretario que elaborase un informe para aclarar la situación» del Centro de Discapacitados valgués. Este informe de carácter técnico y «basado en la legislación», establece que «la obligación de las diputaciones es clara en tanto que su asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se refiere únicamente a su modalidad de servicios comunitarios básicos, excluyendo los específicos que son competencia exclusiva de la Xunta». Añadió Silva que ya «remitimos una carta a la Xunta para exigir que se hagan cargo de estos servicios específicos, porque son su obligación. Nos encantaría poder cubrir este tipo de servicios, pero la ley lo impide, razón por la cual la Diputación no puede prestar ayuda al Codi de Valga».
La presidenta compara la demanda de Bello Maneiro con la de otros regidores de la comarca del Ulla-Umia, como los de Caldas de Reis o Cuntis. Estos dos ayuntamientos «ya recibieron una carta de Augas de Galicia comunicando que se va a proceder a la limpieza de los caudales de sus ríos», después de que «la Diputación llevase más de dos meses demandándole a la Xunta que se hiciera cargo».
Por eso, reitera Silva, «no voy a parar de pedir a la Xunta que cumpla con sus competencias, ahora con el caso de Valga.
Faro de Vigo
