Reclaman la limpieza de la franja de protección en Pontecesures.

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Una de las casas afectadas por la arboleda en la zona de Pontecesures.

Dos familias llevan presentados escritos para que se eliminen maleza y árboles sobre sus viviendas desde hace años sin éxito

Dos familias de Pontecesures han presentado varios escritos al Concello ya desde hace más de dos años reclamando que se haga efectiva la limpieza de la franja de protección de los núcleos estipulada por ley, sin éxito alguno. Los afectados temen que algunos de los árboles que se sitúan en el perímetro caigan sobre sus tejados con los temporales del invierno. «Y en verano rezamos para que no haya incendios, porque esto es un peligro».
Los afectados recalcan que el Concello hace caso omiso a sus requerimientos. «Se limita a quitar la maleza de unos metros de la franja que dicen está en terreno municipal, pero no obliga a los propietarios a cumplir la ley». Los eucaliptos se encuentran, en uno de los casos casi sobre el tejado de una de las viviendas. «¿Si pasa algo a quién tenemos que reclamar?». A una de las dos familias afectadas le quemaron hace 12 años la casa por reclamar la limpieza de maleza y que se respetaran los lindes, «ya que el Concello dejó que unos particulares se apropiaran de terreno público. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos si después la Administración no toma cartas en el asunto y hace cumplir la ley? ¿Tenemos que volver al juzgado? Es injusto».

TIERRAS DE SANTIAGO, 21/10/08

Alfonso Diz Villar y Luis Sabariz piden al BNG que asuma su responsabilidad.

Los ediles creen que el Bloque debe entender que se investigue lo ocurrido con el gasóleo.

Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, concejales no adscritos de Pontecesures e integrantes del gobierno tripartito, exigen al BNG local que empieze a asumir sus responsabilidades «y dejen de condenar al mensajero tratando de confundir a la opinión pública», pues es una estrategia «que ya está muy vista».
Guarda esto relación con las denuncias presentadas en su día contra el consumo presuntamente abusivo de carburante en vehículos municipales, de lo cual se responsabilizó políticamente al ex alcalde nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira.
Aquello está todavía pendiente de resolución judicial, pero el hecho de que la Audiencia Provincial ordenara la apertura de diligencias al Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis ha sembrado una nueva tormenta política que, en cierto modo, sirve a Luis Sabariz y a Alfonso Diz para vengarse, políticamente hablando, de todos los ataques de que fueron víctimas en los últimos años por parte de los dirigentes frentistas.
Es por ello que los concejales independientes piden al BNG «que se deje de hablar de obsesiones y persecuciones» y que «apague la música de siempre», pues de lo que se trata en este caso es de depurar responsabilidades por el uso abusivo del gasóleo.
Y es que, según Sabariz y Diz, los vecinos de Pontecesures desean conocer, entre otras cosas, «cómo es posible que un vehículo municipal llenara su depósito dos veces en la misma mañana» o cómo puede ser «que en recorridos determinados y acreditados» el coche consumiera «más de 100 litros a los 100 kilómetros».
Es algo «que resulta incomprensible» y que ahora la justicia tratará de esclarecer. Y para lograrlo, «naturalmente», los ediles no adscritos aportaron al juzgado «los documentos acreditativos de los consumos, desde albaranes firmados por los responsables municipales, hasta otros justificativos de los kilómetros que iba consumiendo el vehículo municipal» motivo de la polémica.

FARO DE VIGO, 19/10/08

El serbio Baskin Ameti cabecilla de la banda de kosovares, visto hasta el día antes de su detención en Pontecesures.

La Guardia Civil imputa robos en Cambados, Caldas y Catoira a la banda de albano-kosovares

La banda de albano-kosovares desarticulada el miércoles por la Guardia Civil, y que estaba liderada por un serbio socio de una empresa de Pontecesures, podría ser la responsable de varios atracos ocurridos en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, concretamente en los municipios de Catoira, Cambados y Caldas de Reis, lugar en el que se presentó la denuncia que condujo a la detención de los seis presuntos integrantes de la banda del Este. Cinco de ellos prestaron ayer declaración en los juzgados caldenses durante más de ocho horas y posteriormente fueron trasladados a los calabozos de la Comandancia de Pontevedra, donde siguen detenidos a la espera de que hoy comparezca ante el juez el cabecilla.

Las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia fueron dos de las que sufrieron la acción delictiva de esta banda integrada por ciudadanos del Este. La Guardia Civil cree que este grupo de albano-kosovares está detrás de varios asaltos ocurridos en naves industriales y comerciales de Cambados, Caldas de Reis y Catoira.
En la villa vikinga se los relaciona con el atraco al Centro Comercial ocurrido en la madrugada del día 28 de septiembre y que les reportó un botín superior a 22.000 euros. Accedieron al interior realizando un ??butrón? en el tejado de un supermercado y, una vez desactivada la alarma, destrozaron puertas de varios establecimientos en los que se llevaron dinero y aparatos electrónicos. El comercio más damnificado fue la ferretería Ferrokey, en donde consiguieron desvalijar la caja fuerte y llevarse alrededor 7.000 euros en metálico, además de robar electrodomésticos por valor de otros 14.000 euros.

La ??profesionalidad? con la que preparaban y ejecutaban los robos era elevada, sin apenas dejar ni una sola huella en el lugar del delito. Buena prueba de ello es una de sus actuaciones en Caldas de Reis, en la nave de Granitos del Umia donde, además de llevarse el contenido de la caja fuerte, también se marcharon con las grabaciones de las cámaras de seguridad y vigilancia, para así evitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pudieran tener pistas sobre los autores del atraco. Fue este robo, precisamente, el que inició la investigación sobre esta banda del Este. El juzgado Caldas comenzó las pesquisas a raíz de la denuncia presentada por el propietario de Granitos del Umia, el conocido empresario José Manuel Campañó Luna.

En Pontevedra, esta banda también cometió, al parecer, atracos en las localidades de Pontecaldelas y Silleda. Pero su radio de acción no se limitaba a esta provincia, sino que también actuaron en A Coruña y Ourense. En total, los investigadores creen que la ??mano? de estos delincuentes del este puede estar detrás de 35 robos en naves y polígonos industriales, a los que accedían a través del método del ??butrón?.

Militares > Actuaban con una gran movilidad y ??profesionalidad? que se achaca a que algunos de ellos fueron militares durante la guerra de los Balcanes. Se desplazaban constantemente para perpetrar los atracos e incluso podían cometer varios actos delictivos en una misma noche o zona. Entre las herramientas que utilizaban se encontraban visores nocturnos y otros medios técnicos para eludir los sistemas de alarma o inutilizarlos, de manera que pudieran garantizarse la fuga sin poder ser interceptados. Los utensilios que necesitaban para cometer cada robo los escondían previamente en un zulo cercano a la nave que pretendían atracar, para evitar así que pudieran sorprenderlos en un control policial.

Buena parte de estas herramientas fueron incautadas por la Guardia Civil en los registros practicados en tres domicilios de Santiago y Bertamiráns y las sedes de dos empresas, una de ellas un taller de forja de Pontecesures, del que era socio el supuesto cabecilla de la organización, el serbio Baskin Ameti, de 35 años, que fue visto en la localidad cesureña hasta el día antes de su detención.

En este taller los investigadores no encontraron pruebas durante el registro y el otro socio del negocio ­que es español­ se mantiene al margen de la operación.

DIARIO DE AROUSA, 17/10/08

Detienen en Padrón a un promotor de Valga por delito contra sus peones cuando iba a denunciar a uno.

La crisis en el sector de la construcción podría estar detrás de una llamativa historia que acabó ayer con la detención en Padrón de un empresario del municipio vecino de Valga, que responde a las iniciales de R.S.O. de 44 años. La Guardia Civil de Padrón lo detuvo acusado de un presunto delito contra los trabajadores de su empresa, concretamente tres, que tenía fuera de la ley y a los que les debe el sueldo de meses.
El detenido acudió al cuartel para interesarse por una denuncia que él mismo había interpuesto contra uno de los trabajadores, al que acusó de llevarse para su casa herramientas de la empresa. Al parecer, tras quedar sin trabajo la firma, el empleado cogió las herramientas después de que el empresario no le pagara lo que le debía y con el objeto de realizar chapuzas por su cuenta.
En el cuartel, la Guardia Civil comprobó con sus datos que la empresa de Valga está «suspendida de actividad» por impago a Hacienda y por multas de la Seguridad Social. El empresario fue detenido, pero quedó en libertad al tener domicilio conocido y a la espera de pasar a declarar ante el juez, en el Juzgado de Caldas de Reis. Pero lo curioso es que la detención ayer de este hombre tuvo una segunda causa, en este caso por conducir un vehículo sin tener el obligatorio permiso. Ya en el año 2006 esta misma persona fue detenida, también por la Guardia Civil de Padrón, por usurpación de la identidad, en este caso de un empleado suyo, del que facilitó sus datos cuando los agentes le pidieron su documentación cuando conducía una furgoneta de la empresa. El detenido solo tiene licencia para ciclomotor.

LA VOZ DE GALICIA, 16/10/08

Desarticulan una banda de kosovares que lideraba un socio de una empresa cesureña.

La Guardia Civil desarticuló ayer una banda organizada especializada en saquear almacenes y naves empresariales mediante la técnica del ??butrón?. El grupo, formado por albano-kosovares, estaba liderado por el socio de una empresa de Pontecesures.

La investigación se inició hace cuatro meses tras la denuncia de un robo con fuerza presentada en Caldas de Reis, y fue el juzgado de Instrucción número dos de Caldas el que se encargó de dirigir las pesquisas, que culminaron ayer con una acción conjunta de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y el Equipo de Crimen Organizado (ECO-Galicia). Las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron detener a seis personas que, presuntamente, desarrollaban su actividad delictiva en diversos puntos de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.
Cinco de ellos son hombres originarios de países del Este y la sexta es una mujer de Venezuela. En Santiago de Compostela fueron detenidos B.H., de 34 años, y S.H., de 33. En Ferrol fue arrestado D.M. de 38 años, y en Bertamiráns residían la venezolana N.I., de 40 años; y los servios A.A., de 30, y el líder de la banda, B.A., de 35 años. Este último era socio de un taller de forja situado en la Avenida de Vigo y en el que la Guardia Civil efectuó un exhaustivo registro en la tarde de ayer, en presencia del propio jefe del grupo organizado y de su abogado. Los agentes buscaron pruebas y examinaron las máquinas de la industria.

Además de en este taller, también se practicaron registros en tres domicilios y otra empresa y la Guardia Civil se incautó de diverso material que vincularía a los detenidos con la organización criminal. Entre los efectos incautados, figuran visores nocturnos, herramientas y ordenadores, teléfonos móviles, pelucas o guantes. Todo será entregado al juez instructor, ante el que también declararán los detenidos.

Con rapidez y eficacia > Se les imputa la comisión de una treintena de robos con fuerza e las cosas, que se habrían sucedido en los últimos meses en distintos puntos de A Coruña, Ourense y Pontevedra. Según fuentes de la investigación actuaban con una gran movilidad ya que, además de desplazarse constantemente para perpetrar los robos, podían cometer varios actos delictivos en una misma noche o zona.

Los miembros de la red estudiaban minuciosamente sus objetivos y, antes de actuar, habían controlado perfectamente la zona. Además contaban con medios logísticos, técnicos y humanos para planificar los robos, eludir los sistemas de alarma o inutilizarlos y darse a la fuga sin poder ser interceptados.

DIARIO DE AROUSA, 16/10/08

La Audiencia ve indicios de delito en el alto consumo de gasoil de la época de Angueira.

La Audiencia de Pontevedra admitió los recursos de apelación presentados tanto por PP como por la entonces ACP de Pontecesures contra el fallo del Juzgado n.º 1 de Caldas en el que este organismo judicial archivaba una denuncia y una querella contra el ex alcalde nacionalista Luis Álvarez Angueira y el entonces responsable de Obras, Xurxo Gerpe, por un presunto fraude del gasoil en vehículos públicos cometido durante el mandato del regidor nacionalista.

Así, la Audiencia estima que sendos recursos están fundados y que existe indicios de un presunto delito de malversación de fondos públicos para fines privados a través de los gastos «en supuestos consumos de los vehículos de obras del Ayuntamiento, principalmente del Nissan Patrol M-3287-LS, cuyo consumo de combustible, manifiestamente exorbitante en relación con las tareas para las que habría de ser utilizado, constituye un fundado indicio de que o bien no se han efectuados dichos consumos en gasoil, lo que presupondría una apariencia documental en ese gasto pero su desviación para otros fines presuntamente particulares, o de ser un gasto real, la utilización en provecho propio».

Por eso, el fallo de la Audiencia desestima el auto de archivo del juzgado de Caldas, ordena reabrir las investigaciones y admite la denuncia a trámite, instruyendo las pertinentes diligencias a fin de esclarecer los hechos.

Es más, la sentencia de la Audiencia hace también hincapié en los cuadros de consumo aportados por ACP en su querella que viene a apuntar la existencia de un consumo «en principio exorbitante, incluso imposible a la luz de los cuadros de consumos que se aportan en relación con kilometraje recorrido por el vehículo en los diferentes periodos y de los que, en algunos de esos periodos, resultaría un consumo medio de más de 100 litros por cada 100 km».

El Patrol de Obras tuvo, entre los años 2003 y 2006, un consumo medio de más de cien litros por cada 100 kilómetros, habiendo épocas en las que el gasto fue de 199 litros por cada 100 kilómetros, como sucedió entre agosto y noviembre de 2004. El auto de la Audiencia indica que, de ser ciertos estos hechos, «sí revestirían caracteres de infracción penal, en principio de un posible delito de malversación» porque constituye «un gasto injustificado por imposible en la realización de los fines públicos asignados a dicho gasto y ello es precisamente el objeto de investigación como presunto delito de malversación».

TIERRAS DE SANTIAGO, 14/10/08