La Justicia requirió la paralización de la planta donde se trata la basura de la Mancomunidad Barbanza Outes, y la de Pontecesures.

La presencia de un polvorín en las inmediaciones es la razón por la que los tribunales consideran ilegal la licencia.

La proximidad de un almacén de explosivos motivó en el 2006 la resolución del Tribunal Superior de Xustiza

El aviso llegó tras cumplirse cuatro años de la sentencia que declaró ilegal la licencia urbanística de la explotación

Decir que la planta de Servia es un polvorín resulta una expresión que según de qué sector vinculado a la explotación se trate puede encajar de maneras opuestas. Pero la verdad es que la realidad de esta planta de residuos asentada en terrenos del municipio lousamiano se ha convertido en un géiser de malas noticias que poco ayudan a mantener una postura optimista sobre su futuro. La última revelación que ha visto la luz procede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que remitió en septiembre al Concello de Lousame un requerimiento para que ejecute la sentencia de paralización de la planta, dictada en el 2006. En esta notificación, sellada con fecha de entrada en las oficinas municipales el día 8 de septiembre, se indicaba al grupo de gobierno su obligación de cumplirla e informaba de que el requerimiento vencía en un mes, es decir, el pasado viernes.
La sentencia que motivó este último aviso procedía también del TSXG (año 2006), dejando a la planta de compostaje de Servia en una situación de ilegalidad urbanística al estar asentada demasiado cerca de un almacén de explosivos instalado en Rois. Ahora, según apuntan fuentes cercanas a la planta de residuos «ya ha pasado el tiempo que la ley fija para que se cumpla la sentencia, por lo que los propietarios del polvorín han exigido su ejecución».
Desde la casa consistorial de Lousame, su máximo representante, el regidor Santiago Freire, aseguró que «o Concello xa lle deu traslado ao xulgado as medidas adoptadas e designouse quen será o representante neste proceso, que serei eu mesmo como alcalde».
Asesoramiento
Sobre esta cuestión, el mismo Freire aseguró que ya pidieron amparo a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con la que asegura «temos asinado un convenio que nos permite delegar as competencias en materia urbanística». Para concluir, el alcalde popular confirmó que se defenderán con todos los medios posibles tanto la planta como los puestos de trabajo.

LA VOZ DE GALICIA, 14/10/10