La asociación Ulla-Umia fleta autobuses para acudir a la manifestación del 15 de octubre ante el Parlamento de Galicia en Santiago. Los vehículos pasarán por Catoira, Valga y Pontecesures, pero también recorrerán localidades como Barro, Cuntis o Portas. Los interesados tienen que anotarse en los teléfonos 986 539 153 o 687 560 008.
:: Faro de Vigo ::
La Diputación de Pontevedra convoca una docena de cursos formativos para menores de 35 años en la comarca de O Salnés y Ullán. La mayoría están orientados a las nuevas tecnologías y el sector agrario, y la duración máxima es de 40 horas. Así, A Illa recibe un curso de internet y correo electrónico, mientras que en Pontecesures se impartirá otro sobre elaboración de páginas web. Meis y Vilanova y Vilagarcía tienen acciones de cultivos agrícolas, y este último municipio recibe asimismo un curso de juego infantil.
Sanxenxo dispone de dos acciones formativas, una sobre la creación de una huerta ecológica y otra sobre atención y cuidados básicos de recién nacidos y lactantes. Ribadumia, por su parte, se centra en el sector hostelero con un curso sobre elaboración de aperitivos, y el de Meaño va de técnicas de seguridad y primeros auxilios.
:: Diario de Arousa ::
Casi una década de enmarañada instrucción judicial; catorce imputados; millones de euros defraudados a Hacienda o sacados del patrimonio de empresas; fianzas de casi tres millones de euros que no se depositan; funcionarios imputados y exculpados después (un capitán de la Guardia Civil y un exinspector de Hacienda) y funcionarios inmersos en la investigación a los que les ha costado el puesto (el fiscal del caso ha sido expulsado de la carrera esta misma semana).
Es una pincelada del conocido en Galicia como caso Grupo Estación, una estafa consistente en comprar de manera ficticia miles de litros de gasóleo, neumáticos, grúas o lo que hubiera a mano para obtener facturas falsas. El fraude al Estado solo entre 2002 y 2005 ascendió a 2,82 millones de euros, según el informe del perito judicial entregado a la juez. A esa cantidad habría que sumar otros 3,2 millones de estafa. El perito estudió uno a uno los albarenes del gasóleo. Unos no cabían en el camión de reparto; otros sí, pero eran de otros proveedores y no entraban en el depósito de la empresa de grúas que los compraba.
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El caso Grupo Estación, un fraude millonario por facturas falsas e impagos de IVA e Impuesto de Sociedades por parte de empresas dedicadas a las grúas de gran tonelaje, lleva casi una década estancado en un Juzgado de Padrón (La Coruña) y salpicado de incidencias, como ayer informó ABC. Una de ellas es más que elocuente: varios funcionarios de la Agencia Tributaria han estado bajo la lupa de la investigación, aunque han quedado exculpados en fase de instrucción.
Por contra, el único perito de Hacienda que cuantificó el fraude, Ángel Fernández Do Campo, fue relegado de sus funciones, tal y como él mismo confirmó a ABC. ¿Relación con el caso? Nadie le ha explicado por qué este cambio de destino y puesto, que coincidió en el tiempo con los problemas que empezó a tener el fiscal del caso, Juan Antonio Frago, con su superior: la fiscal jefe de La Coruña. El fiscal acaba de ser expulsado de la carrera.
Problemas coincidentes
Otro funcionario, Ricardo Novalbos, jefe de Servicio de la Dependencia Regional de Aduanas, técnico también en la causa, sufrió una campaña de descrédito tras presentar sus informes en los que concluye que Grupo Estación facturó partidas de carburantes falsas (entregas irregulares de combustible en vehículos que no era posible por su capacidad o de los que se había inventado su matrícula).
La Agencia Tributaria es la más perjudicada por el presunto fraude, pero algunos de sus funcionarios no han actuado con la diligencia debida, según la investigación. El primer inspector al que correspondió la denuncia presentada por Serafín Montenegro (uno de los tres socios del Grupo Estación) fue Jaime Cabeza Gras. El denunciante había sido apartado como administrador de las empresas por sus dos socios (su hermano Santiago Montenegro y su amigo Carlos Mosquera) tras intentar regularizar la situación de las mismas. Llevaban años manteniendo una contabilidad B (aportada a la causa) y supuestamente estaban procediendo a un vaciamiento patrimonial. Cabeza Gras no detectó el fraude, pero sí investigó al denunciante (luego imputado) y a su familia. Llegó a enviar cartas a las clientas de la lencería de su mujer que habían pagado con cheques. Cabeza fue citado a declarar como testigo en dos ocasiones, pero no acudió. La intención de la Fiscalía era imputarlo. Finalmente dejó la inspección de Hacienda y montó un despacho como auditor de cuentas.
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