Redacción

La APLU se presenta como un organismo “al servicio de los concellos” que vela por la utilización racional del suelo conforme a la normativa vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio y del litoral. Para ello, tiene atribuidas las funciones de inspección y vigilancia; reposición de la legalidad; impugnación de licencias urbanísticas ilegales; y ejercicio de la potestad sancionadora.

Entre las “ventajas” de integrarse en la agencia figuran la protección de los valores medioambientales, paisajísticos, patrimoniales, etc. que puedan tener los territorios. Asume la gestión de las competencias de los concellos adheridos en materia de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística, competencias que, según la normativa vigente, están obligados a ejercer todas las entidades municipales. Las actuaciones se realizan íntegramente con los recursos técnicos, humanos y económicos de la agencia, sin costes para los ayuntamientos. Es más, estos reciben de la APLU el 10% del importe de las multas coercitivas y de las sanciones recaudadas en su término municipal. Asimismo, las posibles responsabilidades jurídicas derivadas de los expedientes abiertos son asumidas por el organismo autonómico, que, por otro lado, proporciona el asesoramiento o la asistencia técnica y jurídica que necesiten a los responsables y técnicos de las corporaciones locales sin contraprestación.

Con todo, son pocos los concellos adheridos a la APLU. De hecho, en la comarca solo está Forcarei, que se sumó en 2011 y es uno de los once de toda la provincia, junto a A Guarda, Barro, Caldas de Reis, Cuntis, Meaño, Moraña, Nigrán, Ponteareas, Pontecesures y Vilaboa.

Faro de Vigo