La única forma de evitar el derribo de la controvertida vivienda de Pontecesures es que sus propietarios consigan adecuarla a la legalidad urbanística. Para ello deben presentar un proyecto de legalización en el Concello y este dar la licencia oportuna. El letrado del matrimonio Carou-Eitor afirma que ya han presentado toda la documentación requerida por el Ayuntamiento para acreditar que la vivienda se puede legalizar pero, pasado ya medio año desde que se iniciase este expediente, siguen sin obtener los resultados apetecidos. Por su parte, desde el Concello eluden pronunciarse apelando a la «prudencia» que requiere el caso.
Entre tanto, el tiempo juega en contra de esta familia sobre la que hace casi un año pesa la losa del derribo.
Faltan metros de fachada
La casa incumple la normativa urbanística porque la finca sobre la que se construyó no tiene los doce metros de fachada hacia terreno público que pide la norma. Este problema, según sostiene el abogado, se ha solucionado porque han conseguido demostrar, mediante un informe catastral, que el matrimonio posee más terreno del que inicialmente pensaban. En todo caso, todo ello se queda en papel mojado si no consiguen la licencia municipal que evitaría la temida demolición. El caso es que esta casa obtuvo licencia de obra en el año 2000, otorgada por el Concello de Pontecesures, pero la entrada en vigor, posteriormente, del Plan Xeral de Ordenación Municipal la dejó fuera de ordenación. La denuncia interpuesta por un vecino del lugar fue la que propició, a posteriori, que el asunto acabase en el juzgado.
LA VOZ DE GALICIA, 30/11/11
