El Gobierno ha puesto en su punto de mira a los 6.800 municipios españoles que no superan en estos momentos los 5.000 habitantes. La intención del Ejecutivo es forzar la «fusión» de los mismos, para ahorrar gastos innecesarios y poner fin asimismo a un modelo territorial que, en fuentes del Ejecutivo, es insostenible en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país.
La idea es que estas entidades locales se agrupen en función de su proximidad y de la posibilidad de compartir servicios y competencias, siguiendo el ejemplo puesto en marcha por los ayuntamientos coruñeses de Oza dos Ríos y Cesuras, que hace un mes anunciaron su intención de unirse en un solo ente local para poder acceder más fácilmente a las ayudas de la Xunta de Galicia.
En España hay en estos momentos 8.116 municipios, una cantidad que en proporción a nuestra población es muy superior a la de países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia. Del conjunto de nuestros ayuntamientos, tan sólo 1.316 superan los 5.000 habitantes, agrupando entre ellos al 87,3 por ciento de la población total de nuestro país, situada según los últimos datos por encima de los 47 millones de personas. El resto de los ayuntamientos, 6.800, concentra tan sólo a poco más de un millón de habitantes.
La idea del Gobierno es forzar las fusiones por la vía de los hechos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene la tesis de que con la adecuada presión financiera, las reformas vienen solas. Así que le ha encargado a su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, una redefinición de las competencias municipales, así como la determinación del umbral de habitantes a partir del cual un municipio puede ejercer dicha competencia. De esta manera, si un Ayuntamiento se queda sin funciones (porque éstas son asumidas por un ente superior, por ejemplo una Diputación) y sin presupuesto, se verá obligado a fusionarse.
Récord de Castilla y León
En España el récord de ayuntamientos lo tiene Castilla y León, la comunidad más grande por superficie, pero que baja hasta el sexto lugar si se utiliza el criterio de número de habitantes, que actualmente es de 2,55 millones. En total, la región cuenta oficialmente con 2.248 ayuntamientos, que están dispersos por su amplio territorio. De estos, 2.189 no superan los 5.000 habitantes, por lo que estarían llamados a fusionarse.
La idea, desde luego, no gusta en el Gobierno regional. El consejero portavoz dejó ayer claro que la fusión que pretende el Ejecutivo central no está entre sus planes, a la vez que advirtió que defenderá los intereses de la Comunidad y dirá lo que no «nos gusta». No obstante, apuntó su deseo de que haya un «abanico de posibilidades» que dé «margen» para poder ejecutar los planes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Castilla y León acometió en la pasada legislatura un plan de ordenación territorial en el que se apuesta por la asociación voluntaria de municipios, fundamentalmente a través de la gestión compartida de servicios.
La pretensión del Gobierno tampoco entusiasma a la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque este organismo, controlado por el propio Partido Popular después de las elecciones de hace un año, no ha mostrado un rechazo frontal, por aquello de que la disciplina obliga. Los representantes de la FEMP, que preside el popular Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, mantuvieron ayer una reunión con los responsables de Hacienda, a quienes presentaron un informe en el que se plantean posibles fórmulas de administración común, que permitan a los municipios más pequeños (el umbral se sitúa en los 20.000 habitantes) ser más eficientes y conservar, en cualquier caso, su «personalidad política».
Sería lo que los expertos denominan una «fusión fría», a imagen y semejanza de las que protagonizaron en un primer momento de la crisis las cajas de ahorros. Los detractores de esta fórmula, sin embargo, aluden también a ese frustrado primer ejemplo de las cajas para señalar que las fusiones o se hacen con todas sus consecuencias o no sirven de mucho.
Expresión de los ciudadanos
Para la Federación, sin embargo, la supresión de municipios no va a cambiar «la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país», por lo que, con independencia de su tamaño, «deben ser respetados como institución política básica», ya que son, sobre todo, «expresión de la voluntad política de sus vecinos».
El informe de la FEMP incluye una lista de 24 competencias que son propias de las administraciones municipales, entre las que se encontrarían, según informa Europa Press, las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal. También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los «principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera».
La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.
La idea de fusionar municipios no es nueva ni exclusiva del Gobierno español. De hecho, se basa en una reciente recomendación de la Unión Europea, que apuntaba la integración de los ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes. Algunos países europeos ya han pasado por este trance. Es el caso de Grecia, que ha pasado de tener 1.034 ayuntamientos a contar con tan sólo 325. En su caso, claro, fue por imposición de la troika.
EL ECONOMISTA, 04/05/12