Pontecesures pide su entrada en la Axencia de Protección Urbanística

El Concello de Pontecesures se ha dirigido a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística creada por la Consellería de Obras Públicas su entrada en la misma. Al entrar en ese órgano, «a axencia exercitaría competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística en solo rústico ou non urbanizable, solo urbanizable ou apto para urbanizar, e solo de núcleo rural e limitado no PXOM».

El convenio que se habrá de firmar será sometido al pleno de la corporación.

:: La Voz de Galicia ::

Los 36 acusados del operativo «Cormorán» se enfrentan a penas que suman 182 años

La Fiscalía pide 6 años para el presunto líder de la red de blanqueo, José Antonio Pouso Rivas, y el abogado Franco Argibay

La Fiscalía sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra a 36 personas acusadas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y que fueron detenidas en el marco de la operación «Cormorán» dirigida por el juzgado de Caldas de Reis. El conjunto de las peticiones de condena suman 182 años de cárcel y 144 millones de euros en multas.

Ayer se conoció el escrito de acusación elaborado por los fiscales especiales antidroga y de delitos económicos en la que es una de las más importantes operaciones contra el lavado de dinero en Galicia. En 48 folios se desmenuzan las imputaciones a cada procesado, empezando por el supuesto líder de la red, José Antonio Pouso Rivas, alías «Pelopincho». Según el fiscal, Pouso, de 48 años y condenado por dos sentencias firmes de la Audiencia Nacional a 4 años y medio y 8 años de prisión por pertenecer a redes de transporte de hachís y cocaína, se concertó con el resto de los acusados para ocultar el importante patrimonio obtenido a través de esta actividad ilícita.

La fórmula elegida para tejer esta red de narcoblanqueo, según el fiscal, fue muy sencilla: los testaferros simularon ser titulares de hasta 49 inmuebles por toda la geografía gallega e incluso Asturias, 10 sociedades mercantiles, 900.000 euros en depósitos y unos 35 vehículos. Además, en el operativo se intervinieron 1,8 millones de euros en metálico, lo que da a entender la importancia de la red que lideraba Pouso Rivas. «Pelopincho» se enfrenta a una solicitud de 6 años de prisión y multa de 46,5 millones de euros.

Una petición de cárcel similar se plantea para Benito Suárez Bouzón, a quien se considera el hombre de «entera confianza» de Pouso dentro del «organigrama diseñado» por este último «para traficar con drogas y ocultar las ganancias derivadas del mismo», llegando a gestionar, supuestamente, algunas de las compras de inmuebles y las inversiones en la entidad «Arte y Naturaleza Gespart» que se realizaban para blanquear dinero y cuyos titulares eran una amplia red de testaferros.
Franco Argibay

Otra pieza clave en el entramado que lideraba Pouso Rivas era el letrado pontevedrés Manuel Franco Argibay, quien fue contratado por el primero, según Fiscalía, para que le asesorara a la hora de ocultar estas adquisiciones de patrimonio y transmisiones de bienes. Asimismo, presuntamente recogió 1,2 millones de euros que Pouso Rivas tenía escondidos en diferentes lugares y efectuó diversos ingresos en cuentas de sus hijos y de otros familiares en bancos de Valença, dinero que posteriormente retiró y que nunca fue intervenido por el juzgado, por lo que la Fiscalía solicita el embargo de diversas fincas. La petición de pena para el abogado también alcanza los seis años de prisión y multa de 11,9 millones de euros.

El resto de acusados serían testaferros que, según el fiscal, aceptaban la titularidad de los inmuebles e inversiones que supuestamente realizaba con su dinero de procedencia ilícita Pouso Rivas. Tan sólo una de ellas, la brasileña Teresinha de Jesús Carvalho, era propietaria de hasta 8 inmuebles o fincas en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro, por valor de medio millón de euros, así como cinco locales comerciales en un centro de Vilagarcía. El fiscal pide para ella una pena de 5 años y medio, al igual que para otras tres extranjeras que también figuraban como titulares de numeroso patrimonio: Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez.

El resto de los acusados, entre los que hay numerosos familiares, se enfrentan a penas de cinco años y medio de cárcel, así como de cuatro años.

:: Faro de Vigo :: Carlos García

Máquinas de asfaltado aparcadas en Pontecesures.

En Pontecesures, la huelga de transportes ha sido visible porque permanecieron paradas las máquinas que tenían que realizar el asfaltado de la carretera nacional N-550.
Las obras iban a comenzar ayer pero la huelga de camiones impidió que llegase al lugar de destino el material asfáltico necesario para la obra. Las máquinas están paradas en el aparcamiento de la antigua Casa castaño, en la rúa Jolsé Novo Núñez.

FARO DE VIGO, 10/06/08

Los históricos exigen la dimisión de Sabariz y Alfonso Diz y que devuelvan sus actas de concejales

Uno de los principales puntos de la reunión extraordinaria de la Asamblea Local convocada para esta noche es la solicitud de dimisión de los ediles no adscritos Luis Sabariz y Alfonso Diz para sustituirlos por dos militantes socialistas y lograr así que el PSOE vuelva a tener representación en el Concello. Los dirigentes de la Ejecutiva cesureña consideran que Sabariz y Diz consiguieron un puesto en la Corporación municipal ??cos votos socialistas? por lo que los instarán a que renuncien a sus actas de concejales. Esta petición no se realizó antes puesto que en la lista con la que ambos concurrieron a las elecciones municipales de 2007 únicamente había un afiliado del PSOE.

Más militantes > Con las nuevas incorporaciones el número se incrementa a nueve, de manera que ya habría relevo. Por ejemplo, las sustitutas de Sabariz y Diz podrían ser Concepción Gómez Figueira, que era el número tres de la lista de Sabariz, o María Teresa Gil García, que ocupó el puesto número cinco. La número 4, Raquel Lafuente Lafuente no se afilió al partido.

La votación de este punto también servirá a la dirección de la Ejecutiva para ??obligar? a los nuevos afiliados a pronunciarse acerca de Sabariz y Diz y así conocer si todavía respaldan al cabeza de cartel con el que concurrieron a los comicios municipales o, por el contrario, se desmarcan de él.

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Alfonso Diz, edil no adscrito.

Diario de Arousa, 23/05/08

Padrón llega a mayo con cuentas aplazadas y 1,2 millones de deuda

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Vista parcial de la rúa Longa, donde se ubica la casa consistorial de Padrón

Cuando están a punto de cumplirse seis meses del ejercicio presupuestario en curso, Padrón continúa con las cuentas prorrogadas de 2007. ?sta es la segunda vez en décadas que el documento presupuestario no se presenta en plazo, pero la primera que se prolonga tanto. Y es que la deuda reconocida y las facturas que van saliendo de la chistera lleva al bipartito a ajustar el borrador una y otra vez como si del velo de Penélope se tratase. Con más de un millón de euros de deuda reconocida y un agujero económico aún por desvelar, y al que tendrán que hacer frente mediante una auditoría particular, tras la negativa del Consello de Contas, hacer cuadrar el balance de gastos e ingresos no parece sencillo.

Este es al menos uno de los argumentos que, a modo de disculpa, esgrime el ejecutivo, quien reconoce que la deuda y las facturas impagadas de otros ejercicios que reclaman los acreedores estrangula ya de base el presupuesto y lo convierte en uno de mínimos. Cabe recordar, además, que en marzo pasado, el Concello recibía la notificación de tres organismos oficiales reclamando cantidades de 292.575 ?, 285.180 ? y 435.599 ?. A éstas se suma la deuda con la comunidad autónoma de algo más de 98.640 ? y el ultimátum dado por Fenosa para que Padrón liquide las facturas impagadas antes de cuatro meses bajo amenaza de cortar el suministro.

Otra lectura

Pero la oposición extrae otras conclusiones de la tardanza en aprobar las cuentas y critica no sólo esto, sino también la paralización administrativa a la que empieza a estar sometida el municipio. Desde el BNG se recalca que si las cuentas no se presentaron aún se debe «fundamentalmente a cuestións internas. Descoñecemos qué modelo queren para Padrón. ? lamentable que o pobo estea a expensas de disputas internas e que utilicen argumentos do pasado para desviar a atención», aseguran.

Para el PP esta situación pone de manifiesto la «falta de capacidad del bipartito para gestionar». Señala que pese a «desconocer la razón por la que no se presentan aún las cuentas, lo cierto es que el presupuesto de tierra quemada con el que están trabajando no debe estar tan mal, porque llevan casi un año cobrando». Para el Partido Galeguista, el bipartito sigue aplicando una política de continuismo y señala que se ofreció a colaborar desde un principio, pero «no podemos aprobar algo que no sabemos cómo se está gestando».

Finalmente, los tres grupos políticos reiteran que «el gobierno no está contando para nada con nosotros» y los acusa de «falta de talante democrático».

Sin disputas internas

Fuentes del bipartito niegan las alusiones a posibles disputas internas y apuntan que en la elaboración de las cuentas se «sumaron muchos factores. No hubo problemas de negociación al sentarnos a la mesa, sino de liquidez a los que hacer frente». En cualquier caso, desde el gobierno padronés se apunta que «esperamos tener confeccionadas las cuentas y presentarlas en el menor plazo de tiempo posible», sentencian.

Para aprobarlas necesitarán convencer al menos a uno de los tres grupos políticos en la oposición, ya que el bipartito se encuentra en minoría.

OTRO CASO PARADIGMÁTICO Silleda aún aprueba la de 2006

El Ayuntamiento de Silleda es otro de los paradigmas a la hora de hablar de deudas pendientes, uno de los grandes retos del nuevo gobierno, y también retrasos. El ejecutivo del PSOE, que gobierna en minoría, llevará el próximo jueves 29 a pleno la aprobación definitiva de la cuenta de 2006 y está ya casi lista la liquidación de 2007, aunque podría no entrar en la orden de día. El presupuesto de 2008 es su asignatura más apremiante. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que se está empezando a trabajar en el proyecto tras la incorporación del nuevo interventor. Así, calcula que podría estar confeccionado en algo más de un mes de plazo.

Gastos de la alcaldía

El BNG criticó ayer los gastos de la alcaldía, que cifra en 20.957 euros al mes entre asesores urbanísticos y jurídicos y el gabinete de prensa, «que non están en concordancia coa delicada situación económica do Concello», añaden.

En un comunicado, la formación nacionalista recuerda que su grupo rechazó la contratación de una asesoría jurídica, recordando la labor de la secretaria municipal, y citan las denuncias urbanísticas.

Apuntan que los gastos en asesores de Urbanismo del Ayuntamiento ascienden a 9.085 euros y las asesorías jurídicas más de 6.000 euros. Suman el sueldo de Paula Fernández Pena, gabinete de prensa y gastos extra como una revista. «A contención do gasto só se aplica a colectivos sociais e culturais e aos veciños para obras e servicios indispensables», añaden desde el Bloque .

EN A ESTRADA Reclaman más de 14.000 ? de pólizas

La compañía Helvetia Seguros reclama al Ayuntamiento de A Estrada 14.350 ? por unas pólizas. El alcalde, José Antonio Dono, advierte que el caso podría acabar en los juzgados. Dono considera que la reclamación es «éticamente reprobable».

Y es que el vencimiento llegó justo cuanto se abrió un concurso para contratar el seguro de responsabilidad civil, adjudicado a Reale por 28.000 ?, y al que se presentó la propia Helvetia con una oferta de 32.474 ?. La compañía cobraba antes «curiosamente», según el regidor, más de 38.700 por menos pólizas. «Isto demostra que nos estaban cobrando de máis. O Concello aforra co novo contrato e os veciños teñen dereito a sabelo», advierte Dono. Al parecer, el aviso a Helvetia no se habría formulado con los dos meses de antelación exigidos. «Se van ó xulgado, alí nos veremos» .
MÁS CONCELLOS Cesures: austeridad y apretarse el cinturón

Pontecesures continúa también con las cuentas prorrogadas, pero la alcaldesa anuncia que la intención del tripartito es presentarlas en el plazo de un mes. Asimismo, apunta que intentarán incluir inversiones propias pero será «austero y de apretarse el cinturón».

Melide: este mes no lleva el documento

El Concello de Melide es otra de las administraciones que tampoco tienen aún aprobadas las cuentas de 2008. Desde el gobierno se apunta que todavía no han terminado de confeccionarlas y que tampoco contemplan aprobarlas este mes.

La auditoría de Teo se prolonga

Pese a que el gobierno de Teo confiaba en tener los resultados de la auditoría económica y de legalidad este mes, tendrá que esperar aún unas semanas para conocer algunos de los resultados que arrojarán los trabajos hechos por la empresa Sace Consultores

El Correo Gallego, 22/05/08

Los afectados por la expropiación de A Ponte dicen no ser culpables de que no se hagan las obras

Los afectados por el proceso de expropiación de inmuebles realizado hace más de diez años por Fomento en la zona de A Ponte, en el municipio de Padrón, y que tienen recurrido el justiprecio en la vía judicial desmintieron ayer que la urbanización de la N-550 esté paralizada por su recurso ante el juzgado, tal y como declaró en su día el teniente de alcalde del Concello padronés, Eloy Rodríguez.
Los afectados que dicen que esas declaraciones «son inciertas» echan mano de la legislación de expropiación forzosa, concretamente de los artículos 50 y 51. De este modo, el primero de ellos recoge que «cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente». Por su parte, el siguiente artículo dice que «hecho efectivo el justiprecio, o consignado en la forma prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado».
Retraso
Con sus propias palabras, los afectados explican que, cuando no se hubiese llegado a un acuerdo en el precio de la expropiación, la Administración deberá consignar justiprecio y, una vez hecho, «la expropiación sigue su curso, sin estar condicionada al proceso de reclamación de un precio mayor que sigue sus cauces fuera del proceso de expropiación». También recuerdan que el depósito previo a la ocupación de la expropiación de los inmuebles de A Ponte fue pagado hace unos 10 años y, desde esa fecha, «la Administración puede ocupar libremente las casas expropiadas y ejecutar la obra».
Por todo ello, añaden que «desconocemos quién es el culpable del retraso de la toma de posesión, pero sí estamos en condiciones de afirmar que ese retraso no se puede imputar a las personas que reclaman un precio justo, ya que estas nada tienen que ver ya con el proceso de ocupación de los bienes y ejecución de la obra». A Ponte lleva más de diez años esperando por una actuación.

La Voz de Galicia, 22/05/08