O vindeiro venres 13 de xullo a partir das 11.00 da mañá os rapaces e rapazas que están a participar na ludoteca de verán en Pontecesures farán unha visita guiada á exposición GALICIA: CONSERVANDO A NATUREZA na Casa do Concello de Pontecesures. Esta visita guiada, ademais, está aberta a tódolos rapaces/as que queiran asistir; tan so teñen que estar as 11.00 horas na Casa do Concello.
El papel que está jugando el Concello de Pontecesures en relación al derribo de una vivienda ilegal situada en el lugar de O Rial puede salirle caro al alcalde Luis Álvarez Angueira, en todos los sentidos. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra le puso una multa de 1.200 euros por no ejecutar dicho derribo. El alcalde recurrió pero el juzgado acaba de desestimar su demanda y requerir al regidor para que en el plazo de diez días ingrese la multa impuesta. «De lo contrario, se ordenará el embargo de su salario en la cuantía de referencia», según consta en el auto.
A estos 1.200 euros podrían sumarse otros 1.200 euros en caso de que el Concello no ejecute la demolición de la vivienda antes del 30 de septiembre, en cuyo caso, «se deducirá testimonio de particulares a la Fiscalía a fin de depurar responsabilidades penales por un delito de desobediencia».
Preguntado ayer el alcalde respecto a qué va a hacer en relación a este asunto, Álvarez Angueira informó de que todavía no tenía conocimiento oficial del auto y evitó hacer valoraciones.
Más allá de las consecuencias económicas y legales que tenga que afrontar el regidor nacionalista, sigue teniendo pendiente una decisión. Hace más de un año que tenía que haberse definido sobre si va a conceder o no la licencia que permitiría legalizar la vivienda y, por tanto, evitar así el derribo de la misma. Pero desde el Concello dilataron el acuerdo a la espera de que dirimiera el juzgado en este asunto. Pero ya no podrán agarrarse más a este argumento. En el auto se indica taxativamente que esta es una competencia municipal y que la alcaldía tuvo tiempo de sobra para actuar.
«No solo la Administración ha ido dejando transcurrir, sucesivamente, esos plazos, en ocasiones generosos (cuatro meses para la concesión de licencia de legalización o para acudir a la ejecución subsidiaria de derribo) sino que tampoco llegó a recurrir la providencia del 14.09.2010 donde se le otorgaba un último plazo que fenecía en enero de 2011».
Entonces, los propietarios de la vivienda empezaron a presentar en el Concello de Pontecesures toda la documentación requerida con el fin de acreditar que la vivienda se puede legalizar, pero, a día de hoy, siguen esperando a que se resuelva dicho expediente. Entre tanto, la losa del derribo que pesa sobre la familia Carou-Eitor se hace cada día más pesada. La casa incumple la normativa urbanística porque la finca sobre la que se construyó no tiene los doce metros de fachada hacia terreno público que pide la norma.
Según el abogado de la familia, este problema ya se ha resuelto porque consiguieron demostrar que poseen más terreno del que inicialmente pensaban. En todo caso, todo ello se queda en papel mojado si no consiguen la licencia municipal que evitaría la demolición.
LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12
Los municipios más pequeños rechazan frontalmente el mapa administrativo de Galicia dibujado por el Gobierno de Rajoy. Los alcaldes están en pide de guerra, atrincherados en sus feudos para defenderlos. Los más beligerantes incluso hablan de entregar las llaves de los ayuntamientos al Ejecutivo central para que asuma la gestión de los servicios locales.
En ese sentido se ha expresado el regidor de Vilarmaior (PP), Carlos Vázquez Quintián, quien dijo: «O que poderían facer é pechar o Senado, porque os concelleiros cobran 30 euros por un pleno que se celebra cada tres meses, ¿é iso o que hai que recortar? Se me quitan o soldo, doulle as chaves a De Cospedal e que veña a abrir o Concello».
La misma línea argumental fue seguida por un rival político. Alberto García (PSOE), alcalde de Catoira, considera que la reforma administrativa se plantea para salvar «os chiringuitos nos que colocan os seus fillos» a costa de culpar a los municipios de los problemas económicos de España. Es partidario de entregar las llaves de los ayuntamientos al Gobierno central como medida de protesta, «e a ver se os xestionan eles».
Rechazo rotundo
Más al norte, en Cariño, la respuesta a una materialización del plan gubernamental sería «unha revolta popular», afirma la nacionalista Purificación Seixido, que agrega: «Nos negámonos rotundamente a ser gobernados a nivel municipal por ninguén máis que por nós, os cariñeses».
Otra mujer, Cristina Francisco, mandataria de Melón y que pertenece al Partido Popular, aboga por la prudencia. Cree que «habrá que ver cómo se hace y la letra pequeña; supongo que dependerá de cada concello y de su situación. Nosotros vamos manteniendo los servicios por nuestros medios y no tenemos ningún crédito».
Su compañero de filas José Manuel Arias rige los destinos de Bóveda y tiene clara su opinión acerca de este asunto. «Os concellos pequenos non son os culpables da crise», subraya este alcalde popular. Dice que su ayuntamiento tiene al día los pagos y que «se toca apretar o cinto, fagámolo, pero todos, pequenos, grandes e todas as Administracións».
«De desaparecer, que desaparezcan las diputaciones», reflexiona el alcalde de Fornelos de Montes, Emiliano Lage (PSOE). Está «totalmente en contra» de las fusiones y anticipa que «para cualquier cosa, una persona va a tener que acabar yendo a Santiago».
En Monfero gobierna el independiente Benjamín Modesto. Bajo su punto de vista, el anuncio del Gobierno popular hay que tomarlo con cautela. Interpreta que el Ejecutivo central «no aclara si afectará a todos los concellos con menos de 5.000 habitantes». Resalta, además, que su ayuntamiento está saneado y que si la reforma es impuesta tendrán que aceptarla, pero «tienen que valorar cada caso».
Para el regidor de Maceda, Xabier Oviedo, de Compromiso por Galicia, no hay dudas. «Está claro que nos últimos anos fóronos cargando de competencias, pero sin financiación suficiente e, deste xeito, lóxicamente, os concellos afogamos», señala. Finalmente, sentencia: «Se nos quitan financiación é lóxico que se leven as competencias».
Esta información ha sido elaborada con las aportaciones de los redactores Néstor Villamor, López Penide, F. J. Benito, Carlos Cortés, Toni Silva, Serxio González, Ana de Antonio, Miguel Ascón, Patricia Blanco y Elena Silveira.
LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12
Casi se podrían justificar las continuas marchas adelante y marchas atrás del Gobierno sobre la reorganización de las administraciones. Hay tantas, que parecen pecados veniales las continuas meteduras de pata, aunque esas meteduras de pata no hagan otra cosa que iluminarnos: hay más administraciones que oenegés, más políticos que médicos, muchísimos más que investigadores. Un día nos despertamos fusionados y al día siguiente mancomunados. Solo horas después estamos diputacioneados, a los quince minutos somos ozarrienses, justo un instante antes de pasar a ser cesureños. Finalmente, nos convierten en ozasureños… Lo tienen tan fácil, fusionando concellos por decreto, suprimiendo diputaciones, que no saben cómo hacerlo. O, peor, es tan sencillo hacerlo bien que se empeñan en hacerlo rematadamente mal. Así, el plan de hoy es que los organismos provinciales asuman las competencias de los ayuntamientos torpes. La política es como una ecuación fallida: cediéndosela a las diputaciones, quieren elevar la gestión de las cosas a la máxima incompetencia.
Por Laureano López
LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12
El proyecto legislativo al que el Consejo de Ministros dará luz verde en la segunda quincena del mes para iniciar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pivota sobre la premisa de diferenciar municipio y ayuntamiento. Es la clave de la reordenación del mapa municipal. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enfatizado en los últimos días ese discurso, sobre el que volvió ayer Hacienda. La reforma garantiza la continuidad del municipio como entidad de representación política, pero no del ayuntamiento como «prestador de servicios».
Solo fusión de competencias
Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro explican que «la reforma no quiere la fusión de municipios, sino de competencias». Con arreglo a ese criterio, resuelven en Hacienda, «no todos los municipios tendrán ayuntamiento», porque los que no sean solventes o cumplan los umbrales de calidad para prestar esos «servicios mínimos obligatorios» perderán esas competencias en favor de las diputaciones. Por tanto, la reforma legal en ciernes no discutirá la supervivencia de la representación política de los concellos, salvo de los que voluntariamente opten por fusionarse, como el caso de Cesuras y Oza dos Ríos.
La Federación Española de Municipios incluye entre las competencias que los ayuntamientos ejercen indebidamente servicios de cooperación al desarrollo, asistencia sanitaria, educación, igualdad, integración y cohesión social, juventud y colaboración con la justicia, cuerpos de seguridad y Administración electoral.
La Fegamp pide más debate
El municipalismo gallego reitera su defensa de la autonomía local y rechaza tutelas de otras administraciones. El presidente de la Fegamp recuerda que una ley ordinaria, como la de Bases de Régimen Local, «no tiene rango normativo para modificar una ley orgánica», como el Estatuto. Rey rebate la tesis de que retirar competencias pueda ser una vía para estimular fusiones. Alega que el origen del sobrecoste de servicios está en el elevado número de núcleos de población, «que seguirán siendo los mismos».
LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12
Por unanimidad se eligió como secretario general a Camilo Forján que continúa en el cargo. Junto a él integran la nueva ejecutiva Alberto Piñeiro, que se ocupará de las secretarías de Organización e Economía; Coordinación, Acción Electoral e Formación y Mocidade e Redes. Iria Dopazo llevará Políticas Socias, Educación, Turismo, Cultura e Deportes. Marcos Andújar llevará Industria, Infraestruturas, Comercio, Medio Ambiente e Desenvolvemento Rural; Francisco Almeida Betancort dirigirá Política Municipal, Institucional e Participación; Ana Magariños, Sanidad e Igualdade; y Mª Jesús Campos, Promoción Económica e Emprego.
EL CORREO GALLEGO, 11/07/12