Seguimos con el plan de la nueva normalidad, un término al que me voy acostumbrando aunque cuesta. Tengo reservas sobre algunos asuntos, como el de la división provincial de las cuatro fases. Ana Pontón, muy acertadamente, puso un ejemplo que conozco perfectamente: un vecino de Padrón podrá desplazarse a Fisterra pero no a Pontecesures. Entre Padrón y Pontecesures hay un centímetro. Lo sé porque viví una temporada en Padrón y otra en Cesures. Del mismo modo, un cesureño podrá atravesar medio país para llegar a O Seixido, el pueblo de mi padre, que limita con la provincia de Ourense, pero no puede avanzar siete metros para comprar el pan en Padrón. Cierto que hay que poner los límites en algún lado si se pretende una nueva normalidad asimétrica y que la división territorial e provincias es la que es aunque sea una tontería. Cierto también que las diputaciones tendrán un papel y que son provinciales, por lo que Carmela Silva, pongo por caso, no tiene jurisdicción en A Coruña ni en Ourense, pero no estaría mal poner en esto un poco de sentidiño, que todo en esta vida tiene arreglo menos la muerte, como estamos comprobando a diario.
Un puente sobre el río Ulla separa Padrón (A Coruña) y
Pontecesures (Pontevedra), localidades que se ven gravemente
perjudicadas por la prohibición de cambiar de provincia hasta la tercera
fase, salvo causa justificada como desplazamientos por trabajo. Así lo
considera el Concello de Padrón, que ayer dirigió un escrito a la
Subdelegación del Gobierno en el que expone que «las restricciones de
movilidad entre provincias van a suponer una afectación desproporcionada
a los habitantes de nuestro municipio, sin que existan razones
objetivas para ello, simplemente por mero azar geográfico».
Por
ello, el Ayuntamiento pide que se tengan en cuenta las circunstancias
derivadas de su carácter de municipio limítrofe y se le comuniquen
nuevas medidas adaptadas a la realidad de Padrón. La capital del Sar es,
tradicionalmente, el centro económico de esta comarca y de parte del
Baixo Ulla, con Pontecesures y Valga. El alcalde padronés, Antonio
Fernández, va más allá y habla de que Padrón y Pontecesures funcionan
como una unidad comercial (en Padrón hay muchos comercios que no existen
en Cesures); industrial (una misma empresa tiene instalaciones en ambos
lados); política, en algunos casos con convenios conjuntos de Padrón,
Rois, Dodro, Cesures y Valga; e incluso servicios como el del Grupo de
Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón, cuyo ámbito de actuación
acaba de ampliar la Xunta a Pontecesures y Valga.
A mayores, hay aldeas de Padrón, como Morono,
Cortiñas, Confurco o Condes, cuyos vecinos deben desplazarse por
territorio de la provincia de Pontevedra para ir al casco urbano de
Padrón. Algo similar sucede al revés, con Grobas, ya que para ir al
casco urbano de Cesures hay que pisar territorio coruñés.
En Padrón, además, compran, desde siempre, muchos vecinos de Cesures y Valga. También cursan estudios alumnos de ambos concellos pontevedreses y usan servicios sanitarios del centro de salud como el de farmacia, fisioterapia u odontología, sin contar otros como Notaría o Registro, o bancos, amén de múltiples lazos familiares.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con el plan de desescalada
presentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Feijóo asegura que «Galicia no puede avalar» el plan de Sánchez, un
documento con «algunas luces y muchas sombras». Entre estas últimas, ha
situado que se tome como referencia la provincia, una figura
administrativa «del siglo XIX» y que parte de una división territorial
concretada en 1883.
Tras quejarse de que, pese a lo que pone el documento del Gobierno,
no se ha «consensuado» el plan con las comunidades, Feijóo ha admitido
que Galicia cumplirá las directrices estatales, como «siempre» hace,
pero ha apelado a que el documento que se ha dado a conocer sea
«mejorado y rectificado».
Alberto Núñez Feijóo ha celebrado que se despejen algunos horizontes y
que la desescalada sea «gradual», pero entre las cuestiones que, bajo
su punto de vista, deben rectificarse, ha situado la falta de atención
específica al ámbito rural y la «movilidad provincial». La Xunta
mantiene que la referencia debería ser el área sanitaria y que lo lógico
es atender a criterios de salud y no administrativos.
Es decir, defiende que llegado el momento pueda haber movilidad entre
dos provincias si la situación epidemiológica es similar. A modo de
argumento, ha indicado que, por ejemplo en el caso de Galicia el 10 por
ciento de su población, casi 270.000 gallegos, vive en 70 municipios
limítrofes entre provincias.
Más allá, ha reclamado que el Ejecutivo aclare los «criterios sanitarios»
exactos que permitirán a cada territorio pasar de una fase a otra. «La
incógnita fundamental es cuáles son los parámetros y variables que se
van a emplear en cada fase. No se concreta el punto de corte, no sabemos
a partir de qué datos sanitarios el Gobierno va a autorizar el paso a
la siguiente fase», ha lamentado.
Que escuche a las Comunidades
Alberto Núñez Feijóo ha dirigido buena parte de su intervención a
pedir al Gobierno que no haga «oídos sordos» a las comunidades, que ha
erigido en «colaboradores necesarios e imprescindibles» para «acertar»
en el marco de una crisis excepcionalmente compleja.
Frente a «imposiciones» y, tras remarcar que autonomías y ciudadanos
se han comportado con «lealtad» y «responsabilidad histórica», ha
proclamado: «Estamos juntos en esto y compartimos el mismo objetivo,
conseguir una desescalada segura, prudente, progresiva y eficaz».
Todo ello, tras quejarse de que el plan presentado por Sánchez, que
Galicia «no va a avalar» porque halla en él «serias lagunas de
eficiencia y utilidad», no fue negociado «ni mucho menos consensuado»
con las comunidades. Así, ha concluido que este documento debería ser
«un punto de partida», antes de aprobar un plan definitivo en la próxima
videoconferencia de presidentes.
«Entramos en una fase crucial de la respuesta a la pandemia y la
mejor manera de afrontarla es trabajando de forma coordinada y leal, y
no a golpe de imposiciones del boletín oficial, con órdenes
ministeriales que salen de manera continuada y constante, en una
situación de una enorme improvisación», ha abundado.
Movilidad provincial
Entre las «sombras» del plan, Feijóo ha echado en falta un
tratamiento específico para el rural. «Estamos hablando de un plan
pensado en realidades urbanas y no en realidades rurales», ha afirmado,
antes de apelar a replantear la movilidad provincial
De este modo, el titular de la Xunta ha incidido en que se tenga en
cuenta el área de salud y no la provincia como unidad de capacidad del
sistema sanitario.
A su modo de ver, «no tiene sentido que un señor de Padrón pueda ir a Ortigueira, pero no a Pontecesures».
Del mismo modo, además de insistir en que los parámetros sanitarios
deben ser clarificados y consensuados con las comunidades para llegar a
un criterio «objetivo» que no dependa de la «interpretación» del
Ministerio, entiende que «debería de hablarse de los servicios de
urgencias y emergencias, al igual que se habla de la atención primaria,
hospitalaria y UCIs, porque es a ellos a los que llegan los casos en
primer lugar».
Y no coincide tampoco la Xunta en las franjas de edad para la
desescalada. A su modo de ver, para los mayores debe ser «de 69 en
adelante y no de 65». «Debería subirse de 69 en adelante y de 69 hacia
atrás, y tenemos razones sanitarias y clínicas para defenderlo», ha
apostillado.
No a la prórroga del estado de alarma
Asimismo, el presidente gallego ha destacado la «indefinición» que
existe en los criterios de reapertura en distintos sectores económicos
como, por ejemplo, en el comercio, en la actividad pesquera o en la
restauración.
Y ha resaltado, finalmente, la necesidad de despejar las incógnitas
sobre la duración del estado de alarma, ya que, bajo su punto de vista,
difícilmente se puede hablar de pasar «a la nueva normalidad» si hay una
situación tan excepcional.
«No podemos mantener ‘sine die’ un mecanismo tan excepcional en la democracia», ha defendido. Posteriormente, preguntado por el marco electoral gallego, se ha esforzado en desvincular ambas cuestiones, pero sí ha precisado que España «no se merece seis semanas más de estado de alarma», convencido de que hay fórmulas legales que permiten aplicar el plan de desescalada.
