El Gobierno central acepta una de las peticiones que la Xunta le trasladó la pasada jornada a Moncloa después de conocer que Galicia pasaba a la fase 2.
La ciudadanía gallega podrá circular entre los
municipios limítrofes de las diferentes provincias para realizar
actividades socioeconómicas a partir de este lunes, cuando Galicia entre
en la fase 2 de la desescalada.
Así lo recoge el
Boletín Oficial del Estado que ha publicado este sábado el Gobierno
central y que contempla las “medidas urgentes” que se aplicarán en las
Comunidades a partir del lunes, 25 de mayo de 2020.
De
esta manera, el nuevo documento modifica la Orden SND/399/2020, del 9
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional. Uno de sus artículos ahora recoge que se permitirá la
“movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito
habitual para la realización de actividades socioeconómicas”.
Así,
el Gobierno central acepta una de las peticiones que la Xunta le
trasladó la pasada jornada a Moncloa después de conocer que Galicia
pasaba a la fase 2 de la desescalada y que la ciudadanía no podría
circular libremente por todo el territorio autonómico.
Cuando
esta petición fue rechazada, la Consellería de Sanidade trasladó al
poder ejecutivo que al menos se flexibilizase la movilidad en tres
supuestos: visitar a familiares de hasta segundo grado (abuelos o
padres) que vivan en otra provincia, pernoctar en segundas residencias
situadas en otra demarcación provincial diferente a la vivienda habitual
y la movilidad entre los ayuntamientos limítrofes de provincias
diferentes.
Finalmente, el BOE extraordinario de este
sábado recoge la última de las reclamaciones citadas y facilita que
este tipo de municipios, como puede ser el caso de Padrón y
Pontecesures, puedan recuperar el tránsito habitual para realizar
actividades de tipo social o económico.
De hecho, el
conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, recordó esta mañana de
sábado en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press,
que esta medida beneficiaría a un total de 73 localidades, unas 277.000
personas que se distribuyen en ayuntamientos mayoritariamente pequeños.
