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Familiares de los usuarios protestaron contra la retirada de fondos para el centro de discapacitados – «Son personas que necesitan atención, no una fiesta», dice el alcalde.

La asociación desplegó una pancarta en señal de protesta en la sede de la Diputación.

El alcalde José María Bello Maneiro acompañó a la asociación en su reivindicación.

Miembros de la asociación de discapacitados de Valga y familiares de usuarios del CODI se quedaron ayer sin asistir al debate de las dos mociones sobre la financiación del centro de día y ocupacional que se debatieron en el pleno de la Diputación. Por «seguridad» ya que al parecer caía arenilla del techo, el gobierno provincial cambió el emplazamiento de la sesión a una pequeña sala de comisiones en la que, según transmite molesto el PP, prefirieron sentar a concejales y miembros del Partido Socialista que a los afectados que iban a plantear sus reivindicaciones y a escuchar las intervenciones de los diferentes grupos. Solo quedaban cinco asientos libres y, ante la imposibilidad de acceder todos, la expedición valguesa, a la que acompañaba el alcalde, José María Bello Maneiro, decidió quedarse fuera en señal de protesta, portando una pancarta con el lema «Tenemos derechos. Necesitamos seguir siendo partícipes de la sociedad». La presidenta de la asociación, que tenía previsto intervenir en el transcurso del pleno, declinó también hablar en solidaridad con sus compañeros. El tema a debate era la financiación del Centro de Día y Ocupacional para Discapacitados, que atiende a una treintena de usuarios de Valga, Caldas, Pontecesures y Catoira. Desde el año 2012 la Diputación financiaba el CODI, cosa que dejó de hacer tan pronto entraron PSOE y BNG en el gobierno provincial, lo que obliga al Concello a asumir los costes y, tal y como apunta el alcalde, pone en riesgo la prestación futura del servicio. «No estamos hablando ni de una fiesta ni de folclore, estamos hablando de personas que necesitan una atención especial», incide Bello Maneiro, que considera «increíble que se limiten los asientos (del pleno) a personas que no están afectadas y que los perjudicados tengamos que quedar fuera. No tiene sentido que tengan preferencia alcaldes y concejales socialistas antes que los propios afectados».

El PP defendió en la sesión una moción en la que instaba a la Diputación a retomar la aportación económica al centro, mientras que el PSOE contrarrestó este texto con una segunda moción en la que traslada a la Xunta las competencias de financiación. Solo prosperó esta última, con los votos de socialistas y sus socios del BNG. La diputada de Cohesión Social, Digna Rivas, afirmó que «es necesario que la Xunta asuma el pago de las ayudas que sean necesarias para mantener las dependencias de Valga, sino también el resto de centros de servicios básicos específicos de la provincia». Acusó al anterior presidente de la Diputación, Rafael Louzán, de pagar este servicio «solo a dos municipios, Valga y Meaño», acusándolo de «discriminar» al resto. Insistió en que, según la ley, la entidad que preside Carmela Silva solo puede subvencionar los servicios comunitarios básicos en ayuntamientos de 20.000 habitantes, quedando en manos de la Xunta la financiación de los servicios específicos, dentro de los que incluye al centro de discapacitados. Digna Rivas acusó al PP de «politizar» un tema que genera «sensibilidad social» y de «utilizar a los familiares» de los usuarios del CODI para «hacerse una foto y provocar ruido».

El PP replicó que seguir financiando el servicio es solo cuestión de «voluntad política». Ángel Moldes recordó que los fondos que otorgaba la Diputación permitían la contratación de ocho profesionales asistenciales, censurando la «irresponsabilidad» de Carmela Silva al «eliminar el 100% de las ayudas sin ninguna explicación y sin interesarse por si estaba o no garantizada la continuidad del centro». Moldes afirma que «la situación es extrema» y que «no se puede asegurar la supervivencia del servicio».

Faro de Vigo