La petición de más información aplaza el paso por el juzgado del gobierno valgués.

El fiscal se ha opuesto a que el caso sea sobreseído como pedían los acusados

El alcalde de Valga y seis de sus concejales tendrían que pasar esta semana por el juzgado de Caldas para, en calidad de investigados, despejar todas las dudas que envuelven las comisiones de organización que funcionaron en el Concello valgués, a razón de una reunión por semana, desde 1992. Pero esas declaraciones han sido aplazadas. Tras escuchar al Ministerio fiscal, la jueza ha decidido «dejar sin efecto las citaciones libradas para las declaraciones de los denunciados en calidad de investigados» hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. En concreto, la acusación pública ha solicitado un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local, «sobre la legalidad de la constitución de las comisiones de coordinación de delegados realizada por el Concello de Valga».

La solicitud de esa prueba fue planteada por el fiscal en un escrito firmado el 15 de marzo. Un documento en el que se oponía «a la solicitud de sobreseimiento libre del proceso penal efectuada por la representación procesal de los investigados». Justificaba esa postura en el hecho de que la documentación entregada por los propios acusados, si bien «arroja dudas razonables sobre la consistencia y la contundencia de la denuncia formulada [por el PSOE] por la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, no excluye de forma total la ilicitud penal». De hecho, esa documentación genera dudas y hace preciso informes que, como el solicitado al colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, aclaren «la legalidad de la constitución de las comisiones», así como «la legalidad de la percepción de dietas de asistencia» a las mismas.

Consciente de que se enfrenta a un caso largo, denso y lleno de complejidades y tecnicismos, el Fiscal también ha solicitado «que se declare la complejidad de la causa». Esta, razona, «garantiza contar con un plazo de instrucción de la causa de 18 meses, que parece suficiente», según señala el escrito en el que se formulaba esta petición, que también ha sido aceptada por la jueza que lleva el caso.

Así que, de momento, queda aplazada la declaración de los concejales acusados de cobrar ilícitamente las comisiones de coordinación que se celebraban en el Concello de Valga. Quienes en principio deberán declarar en la fecha prevista son los testigos, convocados para abril.

La Voz de Galicia

Castiñeiras se personará en nombre del Concello Valga en la causa de las comisiones.

La nueva representante que el Concello de Valga propondrá para comparecer en las actuaciones que se están realizando por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas de Reis en el marco de la investigación abierta sobre las Comisiones de Coordinación será la segunda teniente de alcalde, Mª Carmen Castiñeiras. El cambio se produce después de que la magistrada requiriese al Concello que designase a un representante distinto del alcalde, José María Bello Maneiro, al tratarse de uno de los nueve populares investigados.

Castiñeiras aparece así como una persona no vinculada en una causa en la que el Concello se presenta en calidad de perjudicado. «A Administración Local é a que sufriría na súa esfera patrimonial os efectos da acción delictiva en caso de que esta se producise», señala en el alcalde sobre la intención del Concello de personarse. Con estos motivos difiere la parte denunciante, el PSOE. Su portavoz, María Ferreirós señala que «é unha estratexia para ter acceso á información que se manexe dende o xulgado».

El PSOE dijo sí a la creación

La providencia de la magistrada también recoge que dará traslado a la Fiscalía del escrito y la documentación presentada en nombre de Bello Maneiro y María del Carmen Gómez para solicitar el sobreseimiento de la causa. Señala, además, que la documentación «podría derivar en la necesidad de practicar diligencias de investigación no acordadas». El hecho de que uno de los concejales socialistas, Javier Carballo, votase a favor de la aprobación de las comisiones en el mandato iniciado en 2011, hace sospechar al alcalde que los tiros van en esa línea. «No pueden votar a favor y luego denunciar», señala. Por su parte, Ferreirós indica que «fue a favor de crearlas y no de cobrarlas, y Castaño se acababa de incorporar».

La Voz de Galicia

El Concello se persona como ??perjudicado? en la causa judicial contra Bello Maneiro.

El Concello de Valga se persona en la causa abierta contra el alcalde y otros ediles y exconcejales del PP por una denuncia de presunta prevaricación administrativa del PSOE valgués. De hecho, el juzgado que instruye las diligencias ha pedido al Ayuntamiento que designe un representante diferente al regidor porque este concurre en calidad de investigado.

La decisión de la administración de personarse en calidad de perjudicado partió del gobierno local porque ??es la que sufriría en su esfera patrimonial los efectos de la acción delictiva y es titular de la pretensión de reparación del daño causado, en su caso?, según señala la procuradora que la representa.

Con todo, el asunto está ahora mismo en diligencias previas y, de hecho, tanto José María Bello Maneiro como otros ediles y exconcejales de su Ejecutivo deben prestar declaración el próximo día 28 en los juzgados caldenses.

El regidor pide el archivo.

La instrucción se sigue por una denuncia de los socialistas por presuntas irregularidades en el cobro de dietas entre los años 1992 y 2003. La Fiscalía por el momento no se ha pronunciado, aunque el juzgado instructor ha señalado que se le dé traslado de la documentación presentada recientemente por el regidor valgués y otra investigada porque ??se podría derivar la necesidad de practicar diligencias de investigación no acordadas?. En concreto, para que el Ministerio Público ??informe sobre la posible declaración de complejidad de este procedimiento y asimismo para que informe sobre la petición de sobreseimiento libre efectuada en el mismo?. Y es que Bello Maneiro pide que se archive el caso.

Diario de Arousa

Los socialistas de Valga piden un protocolo de seguridad por la ola de robos en viviendas.

La sucesión de robos que se produjeron en Valga desde finales de la semana pasada llevaron a los socialistas a solicitar en el pleno del martes que se tomen medidas especiales con los cuerpos de seguridad. «A idea sería crear un protocolo de urxencia para necesidades puntuais», explica la portavoz municipal del PSdeG-PSOE, María Ferreirós, que, a pesar de no hablar de medidas concretas, si menciona la posibilidad de reforzar con vigilancia los lugares en los que ocurrieron los atracos. «Hai persoas que están en alerta e creemos que a mellor forma de darlles unha tranquilidade é poñer en marcha algún tipo de medida. Ademais de que, obviamente, serviría como prevención», añade Ferreirós.

La alarma, tal y como recuerda la socialista, saltó el viernes pasado cuando se produjeron cuatro robos a viviendas particulares ubicadas en el entorno de la Nacional 550.

Joyas y dinero

Tal y como consta en las denuncias presentadas y como se le transmitió a la oposición, lo robado fueron dinero y joyas. Además, «nalgunha das vivendas había xente no seu interior pero quedouse nun susto porque non chegaron a coincidir os ladróns cos inquilinos», indican los socialistas sobre los motivos que les llevaron a hacer el ruego. A los que se suman que el pasado lunes se volvió a producir otro en Cordeiro, en las cercanías de Extrugasa. El botín sustraído y el horario de los robos (a última hora de la tarde, justo anochecer) volvieron a coincidir. La idea de los socialistas pasa así por extremar las precauciones hasta que haya detenciones. Falta conocer la opinión del gobierno local al respecto.

Limitación de velocidad

Además de la creación de medidas específicas para los robos, los socialistas solicitaron que se inicien trámites para controlar la velocidad de los vehículos en la carretera que transcurre por delante del Auditorio municipal. «Os coches soen circular moi rápido e é unha zoa con moito movemento, na que no deixan de entrar e saír nenos», señala Ferreirós, quien añade que «a través de badenes podería gañarse un extra de precaución nunha zoa tan transitada».
Críticas al PP por no dar cuentas sobre el presunto delito

La ausencia del concejal de cuentas de Valga, el popular José Ángel Souto, en el pleno del pasado martes es vista por los socialistas como una estrategia para no dar explicaciones sobre las comisiones de coordinación que se están investigando desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas. «Solicitouse a súa comparecencia o 12 de setembro pero aínda non temos noticia», recuerda la portavoz Socialista, María Ferreirós, en alusión al pleno del 5 de diciembre, «Traspasouse para esta semana pero outra vez o mesmo. Non pode esconderse cando non lle gustan as preguntas», reclama.

La Voz de Galicia

El acusado de estafar a su novia de Internet admite que se quedó su dinero, pero no haberla engañado.

Nunca le devolvió los 770 euros que ella le ingresó para un viaje.

El acusado de estafar a una padronesa con la que entabló una relación sentimental a través de una red social fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial. Luis Gutiérrez de Cabo admitió todos los hechos que se le imputan y su abogado defensor no hizo ni una sola pregunta durante el juicio. Ni a él ni a la chica que le denunció. Reconoció que mantuvieron una «relación bastante seria», que vino a verla a Santiago y que hicieron planes para hacer un viaje a Irlanda. También que ella le ingresó en su cuenta 770 euros para cubrir su parte de esas vacaciones juntos y que ni hicieron el viaje ni le devolvió jamás el dinero. Sin embargo, aseguró ser inocente porque no tenía intención «ni de embaucarla ni de estafarla», declaró. La pregunta que flotó entonces en la sala era evidente: ¿Por qué no le devolvió el dinero? «Al final, se me torció todo», se justificó ante los magistrados.

La historia con final triste de esta vecina de Padrón y Gutiérrez de Cabo se remonta a noviembre del 2014. Se conocieron a través de Internet y estuvieron meses chateando hasta que en febrero del 2015 él se animó a hacer las maletas y venir a Santiago desde Valladolid, donde reside. Pasaron dos días y una noche juntos y terminaron de conocerse. «Al ver que habíamos congeniado decidimos seguir adelante», señaló el acusado.

Una familiar en una agencia

Con el idilio viento en popa -o eso creía la denunciante-, él propuso un viaje juntos a Dublín y se ofreció a organizarlo porque dijo tener una tía que trabaja en una agencia de viajes. La padronesa aceptó entonces ingresarle 770 euros para cubrir su parte del viaje. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas. Cuando la fecha de salida se aproximaba, De Cabo informó a la chica que su madre estaba enferma y que debían aplazar o suspender las vacaciones. Ella le respondió que no había problema y le pidió que le devolviese el dinero, pero nunca lo logró.

«Cuando le pedí datos concretos del viaje me dio largas», explicó la denunciante. «Entonces sospeché, llamé al aeropuerto y me dijeron que los vuelos que él me había enviado eran falsos. Cuando le pedí el dinero me dijo que me lo había enviado, pero que no llegaba, así que llegó un momento en que le di un ultimátum y le advertí de que le denunciaría», señaló la padronesa ante el tribunal.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular entienden que hay estafa porque hubo un engaño suficiente. Una trama que si quedó clara en el juicio fue en el hecho de que De Cabo reconociera que no tiene una familiar que trabaja en una agencia de viajes, pese a que la que fue su novia de Internet recibía correos de su parte proponiéndole fechas, hoteles y excursiones para el viaje. Este fue el extremo sobre el que menos pudo justificarse el acusado y en el que podría apoyarse más claramente una posible condena por estafa.

En previsión de que el tribunal no llegue a considerar los hechos como estafa, la fiscala presentó en sus conclusiones la alternativa de una acusación de apropiación indebida con la misma pena que ha solicitado: un año y nueve meses de cárcel y la devolución de los 770 euros a la denunciante, además de los intereses generados.

La acusación particular eleva su petición de pena hasta los dos años y un mes porque considera que en la estafa existe el agravante del abuso de confianza. Este es uno de los puntos más interesantes del caso, ya que los magistrados de la Audiencia deberán dictaminar si una relación que nació y se desarrolló eminentemente por Internet puede ser considerada o no un noviazgo en toda regla. Una decisión que, sin duda, tendrá su peso en futuros juicios similares.

La Voz de Galicia

El interventor de Valga deja su cargo tras conocerse la investigación sobre el alcalde y su equipo de gobierno.

Los socialistas vinculan ambos acontecimientos debido al informe que el extrabajador municipal tuvo que presentar al juzgado, donde tendrá que declarar como testigo.

El interventor municipal de Valga abandona su cargo tras un año de dedicación. Su marcha, sobre la cual se desconocen los motivos, sorprende al PSdeG-PSOE por su cercanía con la providencia del Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas de Reis en la que se llama a declarar como investigados por un posible delito de prevaricación administrativa al alcalde de la localidad, José María Bello Maneiro, seis concejales de su equipo de gobierno y dos exconcejales también populares. «Que ambas noticias se produzan a escasos días non sabemos se é pura coincidencia ou agocha algo máis que descoñecemos?, señala la oposición en un comunicado.

La convicción de los socialistas de que pueda existir una vinculación entre ambos acontecimientos se debe al informe que el interventor municipal tuvo que enviar al Juzgado, a requerimiento de la magistrada, sobre las comisiones de coordinación que lleva celebrando el PP desde 1992 y que la oposición tacha de «ilegales». Reescriben, es un comunicado, una parte de dicho informe: «Las citadas comisiones de coordinación fueron creadas al margen de la legalidad y no en sustitución de las comisiones informativas reglamentariamente previstas». Aluden también a las cifras que ahí se recogen y que coinciden con sus estimaciones al hablar de 215.000 euros cobrados por los populares entre los años 2003 y 2016.

Además, el Juzgado del Caldas solicitó también al interventor y al secretario que realizasen un nuevo informe con el nombre de las personas que percibieron ingresos por asistir a esas comisiones entre los años 1992 y 2003, así como las cantidades percibidas, y que aporten datos identificativos de que personas ocupaban los cargos de alcalde, secretario e interventor en el momento de creación de las comisiones. También tendrán que declarar como testigos el cinco de abril.

Preocupación

«O que resulta evidente, á vista dos vaivéns de chegadas e marchas de secretarios e interventores municipais, é que algo acontece no Concello de Valga», señalan los socialistas en alusión a «os catro secretarios municipais e os tres interventores que fiscalizaron as contas públicas, chegando a unha situación preocupante para a xestión diaria da propia administración local». El último de los interventores, señalan los socialistas, se incorporó en el puesto esta semana. Se trata de un interventor accidental, con competencias limitadas. «So pode realizar actos de trámite, resultando imposible a aprobación dos orzamentos nos próximos meses», señalan.

El problema más importante lo ubican en «o concepto que algúns políticos teñen sobre os funcionarios públicos». «Algúns alcaldes pretenden que os funcionarios públicos sexan subordinados da alcaldía, e impiden a través de presións, ameazas, acoso laboral… a independencia dos mesmos», añade el PSdeG-PSOE.

La Voz de Galicia