Detenido por robar cobre de la estación de tren de Pontecesures.

El presunto ladrón, que cuenta con antecedentes policiales, cometió el hurto dos veces en un mismo día.

La Guardia Civil ha detenido por un delito continuado de robo a un vecino de Pontecesures de 39 años, que supuestamente robó dos veces en el mismo día cable de cobre y componentes de electrificación en la estación de tren del municipio.

Según ha informado el Instituto Armado, a principios del pasado mes de junio un responsable de Adif denunció en el puesto de la Guardia Civil de Valga que habían sido sustraídos de la estación de Pontecesures cable de cobre y diversos componentes del sistema de electrificación.

El hombre indicó que fruto del robo, que fue cometido en la mañana y la tarde del pasado 2 de junio, se había visto afectado el funcionamiento del paso a nivel ubicado en la calle Sagasta de la localidad pontevedresa y valoró los daños en un total de 11.500 euros.

Los agentes iniciaron una investigación, a raíz de la que pudieron detener al presunto autor de estos hechos, T.A.D.V., quien cuenta con antecedentes policiales anteriores y fue puesto en libertad en dependencias oficiales con la obligación de presentarse ante el Juzgado de Instrucción número uno de Caldas de Reis cuando le sea requerido.

Diario de Pontevedra

Maneiro lleva a la Diputación al juzgado por retirar la ayuda al centro de discapacitados.

El alcalde acusa a Carmela Silva de pretender dejar sin servicio a treinta usuarios del Codi.

El Concello de Valga llevará a la Diputación de Pontevedra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por retirar la ayuda financiera que desde hace cuatro años, con el PP al frente de la administración provincial, venía prestando al Centro Ocupacional de Discapacitados (CODI). La reclamación que presentó el Ayuntamiento contra la supresión de la subvención fue rechazada por el organismo que preside Carmela Silva, de ahí que el alcalde acuse a la institución de «pretender dejar en la calle a nueve trabajadores y dejar de prestar servicio a más de treinta personas discapacitadas de la comarca» . El regidor anuncia, por tanto, que acudirá al Contencioso para «seguir atendiendo a este grupo de personas y defender los puestos de trabajo». Maneiro echa mano de la ironía y da «las gracias» a Carmela Silva y a todo el gobierno provincial por «su sensibilidad con las personas con discapacidad, por sus formas y su atención». De no ser por el Concello y su esfuerzo económico para asumir la financiación que no le concede la Diputación, «desde el pasado mes de enero las más de 30 personas de Caldas, Catoira, Pontecesures y Valga que reciben atención en este centro desde hace más de diez años, se verían abandonadas y sus familias desamparadas», incide Bello Maneiro.

Hace tiempo que el regidor viene denunciando públicamente la «lamentable» y drástica bajada de los fondos provinciales para «un servicio que es único y del que estamos muy orgullosos». La subvención pasó de 110.000 euros que el Concello recibía anualmente desde 2012 a poco más de 43.000 en este año. Pero la Diputación no se da por aludida y rebota a la Xunta de Galicia la responsabilidad de financiar el Codi de Valga. Así, Carmela Silva exigió recientemente a la administración autonómica que «cumpla sus competencias en cuanto a los servicios sociales municipales». La presidenta provincial explicó que, «cuando íbamos a poner en marcha todas las partidas dedicadas a políticas sociales, le pedí al secretario que elaborase un informe para aclarar la situación» del Centro de Discapacitados valgués. Este informe de carácter técnico y «basado en la legislación», establece que «la obligación de las diputaciones es clara en tanto que su asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se refiere únicamente a su modalidad de servicios comunitarios básicos, excluyendo los específicos que son competencia exclusiva de la Xunta». Añadió Silva que ya «remitimos una carta a la Xunta para exigir que se hagan cargo de estos servicios específicos, porque son su obligación. Nos encantaría poder cubrir este tipo de servicios, pero la ley lo impide, razón por la cual la Diputación no puede prestar ayuda al Codi de Valga».

La presidenta compara la demanda de Bello Maneiro con la de otros regidores de la comarca del Ulla-Umia, como los de Caldas de Reis o Cuntis. Estos dos ayuntamientos «ya recibieron una carta de Augas de Galicia comunicando que se va a proceder a la limpieza de los caudales de sus ríos», después de que «la Diputación llevase más de dos meses demandándole a la Xunta que se hiciera cargo».

Por eso, reitera Silva, «no voy a parar de pedir a la Xunta que cumpla con sus competencias, ahora con el caso de Valga.

Faro de Vigo

Una avería informática paraliza cuatro días los juzgados de Santiago y Padrón.

Una avería informática que ha tardado cuatro días en solventarse ha mantenido paralizados todos los servicios judiciales de Santiago desde las ocho de la mañana del jueves de la semana pasada hasta ayer, día en el que por fin los técnicos fueron capaces de restablecer la normalidad.

La Federación Galega de Servizos Públicos (FeSP-Xustiza-UGT) asegura que la paralización del edificio de los juzgados compostelanos se ha debido a que «a Xunta foi incapaz de afrontar a avaría coa urxencia necesaria».

El fallo informático afectó a todos los departamentos. Desde la Fiscalía al Registro Civil, el servicio común de notificaciones, el de atención al ciudadano o el de registro y repartición. También al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y a la sección sexta de la Audiencia Provincial, que tiene su sede en Santiago.

Para el sindicato UGT-Xustiza, los responsables de esta situación son el Centro de Atención al Usuario (CAU), la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la propia Xunta «que non foron capaces de dar resposta durante catro días a unha avaría informática que provocou a parálise total da Xustiza en Santiago de Compostela».

De brazos cruzados

Esta situación se vivió también, según UGT, en todos los partidos judiciales que dependen del servidor compostelano, como es el caso de Padrón, Ribeira o A Fonsagrada, entre otros, «e cuxos traballadores se viron abocados a cruzarse de brazos ante a imposibilidade de realizar actuación algunha», señala el portavoz de Xustiza del sindicato, Manuel Díaz Mato.

Los problemas en el servidor informático que afectaron a los juzgados compostelanos desde el jueves de la semana pasada causaron más problemas a los juzgados de guardia «que tiveron que utilizar os ordenadores como máquinas de escribir para poder atender todas as incidencias», explica Díaz Mato. El representante sindical advierte que también hubo muchos problemas en el juzgado de violencia sobre la mujer, ya que afirma que tuvo que suspender hasta seis declaraciones de causas con preso al no poder consultar los antecedentes penales.

UGT alaba los «enormes esforzos realizados» por el juez decano de Santiago, José Vicente Alvariño, para intentar solucionar con la máxima rapidez posible el problema. No fue posible y tras todo el jueves sin poder trabajar con normalidad, el viernes fue festivo y no se pudo solucionar la avería. Tampoco el fin de semana, así que hubo que esperar a ayer, aunque aún había carencias en algunos trámites.

La Voz de Galicia

Declaran por no pagar la compra de una sociedad en Padrón.

El Juzgado número uno de Padrón tiene citados para declarar hoy a Manuel Gómez Maroñas y Manuel Gómez Bustelo, padre e hijo, contra quienes hay presentada una querella por parte de Cesáreo González Pardal y Luis Tubío Vázquez. El motivo de dicha denuncia es no cumplir, en el caso del hijo, una sentencia del mismo juzgado del año 2014, que lo obliga a pagar a cada uno de los denunciantes más de 116.000 euros por la compra del 50 % de las participaciones sociales de una sociedad de construcción e inmobiliaria con sede en Padrón.

La venta de participaciones por parte de Cesáreo González Pardal y Luis Tubío Vázquez se produjo en el año 2005 y, en 2012, decidieron denunciar a Manuel Gómez Bustelo por no pagar. En junio de 2014, el juzgado dictó sentencia firme para que este le abonara los 116.000 euros a cada uno de los denunciantes y, como aún no lo hizo, en mayo de este año decidieron presentar la querella criminal, por un presunto delito de frustración en la ejecución (en todos los supuestos), por la que hoy declaran el padre y el hijo. Los denunciantes consideran al padre presunto responsable de la operación fallida.

La Voz de Galicia

La Audiencia desestima los recursos de Marina Castaño sobre malversación de fondos.

marina

La viuda de Camilo José Cela tendrá que sentarse en el banquillo tras haber sido imputada en diciembre del 2014.

La Audiencia Provincial confirma la imputación por malversación de caudales públicos de Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez por el abono de una indemnización de 150.000 euros, de fondos públicos, al segundo de los investigados por su despido como director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Padrón.

La Audiencia ratifica así un auto del Juzgado de Instrucción número dos de Padrón, que el 15 de febrero acordó la transformación de las diligencias previas de este procedimiento en un tribunal del jurado.

En autos fechados el tres de junio, la Audiencia desestima, por un lado, los recursos de apelación interpuestos por Dositeo y Covadonga Rodríguez, con adhesión de Tomás Cavanna, que solicitaron el sobreseimiento provisional de la causa. Desestima, por otro lado, los recursos de los cuatro investigados, que rechazan que se trate de un delito de malversación de caudales públicos, reservado para funcionarios y juzgado por un jurado popular. No obstante, la Audiencia entiende que el carácter público de la fundación y que el despido fue abonado con fondos públicos son datos que cubren «el requisito de verosimilitud de la imputación por caudales públicos».

En el caso de Marina Castaño y Tomás Cavanna, la Audiencia estima su recurso en los hechos relativos a las devoluciones de IVA que, según el auto, se produjeron cuando la fundación era de naturaleza privada, al igual que la empresa usada. Por ello, dice que debe formarse una causa separada por el juzgado competente «para depurar las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir Marina Castaño y Tomás Cavanna» por el supuesto delito de apropiación indebida, ya que los hechos tampoco pueden calificarse de fraude en subvenciones debido al importe.

Por último, la Audiencia dicta el sobreseimiento provisional parcial de la causa en lo tocante a la contratación del ordenanza de la fundación para fines privados de Marina Castaño, al ser entonces privada la fundación y no cumplirse el requisito del fraude ni de apropiación indebida.

Los autos de la Audiencia son firmes.

La Voz de Galicia

El promotor de Panorama alega que sufre depresión y se niega a declarar ante el juez.

11/04/2016 Declaración de Lito, de la Orquesta Panorama. El fiscal ve un fraude de 9 millones y seis delitos que pueden llevar a la cárcel al representante de orquestas como Panorama y París de Noia SOCIEDAD ESPA?A EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

11/04/2016 Declaración de Lito, de la Orquesta Panorama.
El fiscal ve un fraude de 9 millones y seis delitos que pueden llevar a la cárcel al representante de orquestas como Panorama y París de Noia
SOCIEDAD ESPA?A EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

El gerente de Espectáculos Lito, Ángel M.P., se ha acogido a su derecho a no declarar en los Juzgados de Caldas de Reis en relación a la querella que la Fiscalía mantiene contra él y su empresa, por un supuesto fraude de casi 9 millones de euros y seis delitos relacionados con los impuestos de sociedades, IVA e IRPF.

Según ha expuesto el fiscal de asuntos económicos, Augusto Santaló, ??el problema aquí es que se juntan muchos delitos?, de forma que ??teóricamente ya solamente si se va por los seis delitos, al final salen seis años?, lo que conduciría a la cárcel al susodicho.

Ángel M.P. compareció ayer en los juzgados, a diferencia de lo que hiciera hace un mes, cuando alegó problemas de salud. ??Dice que no está en condiciones?, ha apuntado el fiscal, en declaraciones a la salida de la sede judicial. ??No se le ve muy bien -alega depresión-, pero hay un informe forense del 1 de abril que dice que está en condiciones?, agregó.

Así, el gerente ha asistido acompañado de un abogado y de su mujer, y ha abandonado las instalaciones casi dos horas después de entrar, sin hacer ninguna valoración ante los medios de comunicación. ??No quiero hacer ninguna declaración?, se ha limitado a señalar.

Santaló, por su parte, ha explicado que han dado por ??cumplido? el trámite procesal. ??Dijimos que a efectos procesales había declarado?, ha indicado.

A continuación, según comunicó, compareció el representante de la empresa, que fue un trabajador ??y describió un poco el funcionamiento, la teoría que se mantiene de que ellos son meros intermediarios, y que en realidad son las orquestas las obligadas a tributar?. ??Lo que se viene diciendo, cuando las orquestas no existen como empresarios, entonces no pueden facturar?, subrayó.

Con la reforma del Código Penal, las personas jurídicas también responden penalmente. De ahí que, en este caso, se optase por que el que compareciese, en lugar del propio administrador, fuese un representante distinto, algo que el fiscal ha dicho que se hace ??a veces para evitar incompatibilidades?.

El fiscal ha comentado que, entre otras cuestiones, este trabajador trasladó que ??la Seguridad Social la tienen que pagar las comisiones de fiestas, cosa que no hacen?. ??La teoría de que ellos son meros intermediarios?, resumió Augusto Santaló en las puertas del juzgado.

Diario de Arousa