La jueza exculpa al mayordomo de Marina Castaño en la causa sobre irregularidades en la Fundación Cela.

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Rubén Darío Vargas, mayordomo de Marina Castaño.

El juez de Instrucción 2 de Padrón ha exculpado al mayordomo de Marina Castaño, viuda de Cela, de las acusaciones que pesaban en su contra en la causa que investiga irregularidades en la Fundación que lleva el nombre del Nobel.

El empleado Rubén Darío Vargas, declaró haber realizado desde el año 2004 hasta la actualidad trabajos privados para la viuda a pesar de estar contratado durante varios años a través de la entidad que recibe fondos de la Xunta de Galicia.

El juez precisa en un auto que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» en su caso. En el procedimiento se encuentran imputados, además del mayordomo, la viuda del Nobel y el exgerente de la Fundación Tomás Cavanna.

Durante su declaración judicial, prestada el pasado mes de diciembre, Vargas, defendido por la abogada Elena Sanz Vega, confirmó las sospechas de la Fiscalía que defiende que, varios empleados, figuraban como trabajadores de la entidad cultural pero que «en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela».

En el caso del mayordomo, lo hacía incluso en «el propio domicilio» madrileño de Castaño, decía el fiscal. El mayordomo, que continúa trabajando para Castaño, ratificó también este extremo y concretó que siempre ha trabajado en la vivienda que la mujer de Cela mantiene en la calle Alberca de Madrid donde realiza «todas las tareas que ella que le encarga».

Sus funciones van desde labores como chófer o conductor hasta «ayudar» en la casa privada de Castaño y en su oficina, situada en una de las plantas de ese edificio, dijo. Precisó que su jefa regularizó su situación en España en el 2005 y, desde entonces, cobra su nómina por transferencia bancaria.

El dinero le era abonado en un primer momento por la Fundación Cela y luego por la empresa de la viuda del Nobel, Letra y Tinta.

También dio detalles sobre algunas de sus labores como que suele llevar en coche a Castaño por toda España cuando tiene que acudir a algún acto y también por temas privados o que «siempre ha tenido la sensación de estar trabajando para ella» y que hacía lo que ella le decía.

En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, presentado a mediados del 2012 después de que una vecina de Iria Flavia Lola Ramos denunciara irregularidades, el Ministerio Público argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado «era una práctica habitual» desde hacía años.

Contratado por la Fundación Cela
En el escrito judicial, la instructora del juzgado de Padrón afirmó que existían «indicios racionales» de que el ordenanza que fue contratado por la Fundación Camilo José Cela trabajaba en realidad en casa de Marina Castaño en Madrid.

En dicho documento, la jueza señaló que la contratación de Vargas, en la que también intervino el que era director gerente, «podría ser constitutivo de delito». «Como ya indicaba el fiscal en su escrito inicial», existen «indicios racionales de que esta persona en realidad prestó sus servicios en el domicilio de Madrid de la querellada Marina Castaño», recogió en el auto.

Como argumento, la jueza esgrimió que fue el domicilio que «facilitó para conseguir su regularización en España en todos los trámites desde el año 2001 hasta el año 2010». Con posterioridad a su baja en la fundación, por la que había sido contratado con centro de trabajo en Padrón, «fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño», apuntó.

La Voz de Galicia

?rdenes de alejamiento en Padrón.

En lo que va de año, un total de noventa mujeres del área de Compostela han tenido que solicitar medidas de protección contra hombres por asuntos relacionados con la violencia de género. Los últimos datos actualizados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) datan de septiembre del 2015 y, hasta esa fecha, en el partido judicial de Santiago, el que acumula el mayor número de casos, se habían tramitado 53 órdenes de protección. Le sigue el de Padrón, con trece, los de Arzúa y Ordes, con diez, y el que menos asuntos de estas características ha tenido es el de Negreira, con solo cuatro.

De las noventa mujeres que han solicitado órdenes de protección en la zona, la mayoría de ellas eran españolas, 79 por tan solo once extranjeras. En cuanto a las edades, 88 eran mayores de edad y solo dos menores, ambas españolas.

El 2015 arrancó en Compostela con un total de 24 órdenes de protección solicitadas por mujeres. Doce en Santiago, cuatro en Arzúa y Ordes y dos en Negreira y Padrón. El segundo trimestre fue peor, ya que ascendieron hasta 37 el número de solicitudes de medidas de protección. Solo en la capital gallega hubo 25, por cinco tramitadas en los juzgados ordenses y padroneses y dos en el arzuano, mientras que en Negreira no se registró ninguna.

En este tercer trimestre del año, cuyos datos se acaban de hacer públicos, la tendencia ha vuelto a las cifras más habituales, con un total de 29 órdenes de protección solicitadas por mujeres. De ellas, 16 se registraron en el partido judicial de Santiago, seis en el de Padrón, cuatro en el de Arzúa, dos en el de Negreira y tan solo una en el de Ordes.

En Santiago, de las 53 mujeres que pidieron medidas de protección en lo que va de año 47 eran españolas, todas menos una mayores de edad. Las seis restantes corresponden a extranjeras mayores de edad.

En Padrón, las trece víctimas son doce españoles y una extranjera, todas adultas, mientras que en Ordes las diez órdenes de protección fueron solicitadas por ocho españolas y dos foráneas, ambas mayores de edad.

En Arzúa también ha habido diez casos en este año. Ocho de ellos de españolas, siete mayores de edad y una menor, mientras que las otras dos víctimas eran extranjeras, ambas adultas. Negreira es el concello de la zona con menos casos. En lo que llevamos del 2015 solo se han tramitado en el juzgado cuatro solicitudes de protección, todas ellas por españolas mayores de edad.

88

Mayores de edad

De ellas, 79 son de nacionalidad española y las once restantes extranjeras.

2

Menores de edad

Las únicas dos menores denunciantes en lo que va de año eran españolas.

La Voz de Galicia

El Juzgado decreta el sobreseimiento y archivo de la causa abierta por el asalto a la casa rectoral de Cruces.

Considera que no «existen indicios suficientes» para atribuir los hechos a una persona determinada, por lo que los dos detenidos quedan libres de cargos.

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Exsospechoso del asesinato de la asistenta del cura de Cruces.

El Juzgado número dos de Padrón dictó el martes un auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones iniciadas por el asalto a la casa rectoral de la parroquia de Cruces, ocurrido el 14 de septiembre del 2014 y en el que falleció la asistenta del cura y este recibió una paliza.

Por esos hechos fueron detenidas e imputadas dos personas por presuntos delitos de homicidio y robo con violencia, Adolfo Piñeiro y Manuel Carballido, que ahora quedan libres de cargos al entender la jueza que «no existen motivos suficientes para atribuir» los hechos investigados a «persona alguna determinada».

Un día antes, el lunes, el Juzgado dictó otro auto por el que levantó el secreto del sumario.

Adolfo Piñeiro, vecino de Boiro, que ha dado a conocer esta mañana el auto judicial, reclamará daños y perjuicios por su detención y la imputación que pesó sobre su persona durante más de un año, «pese a que eu sempre dixen que non tiña nada que ver cos feitos», ha declarado. Piñeiro ha asegurado que su imputación le arruinó la vida, dado que todo el mundo lo señalaba por la calle como el «asesino».

El vecino de Boiro estaba obligado a comparecer en el Juzgado, en este caso de Ribeira por proximidad a su domicilio, los días 1 y 15 de cada mes, obligación que queda sin efecto.

Esta mañana ha estado en Padrón para recoger el auto judicial, sobre el que cabe recurso de apelación, y los teléfonos móviles que le habían requisado a raíz de su detención. Adolfo Piñeiro quiere proclamar que «estou libre de todo, como sempre dixen» y quiere que todo el mundo se entere porque «o que me fixeron a min non se lle fai a ninguén», ha dicho.

Piñeiro también ha advertido de que «os que entraron na casa do cura e mataron a pobre muller andan por aí soltos, que os busque a Garda Civil, que para iso lle pagan», proclama.

El vecino de Boiro, que dice que «o perdín todo», tiene previsto solicitar un abogado de oficio para presentar una demanda por daños y perjuicios.

La Voz de Galicia

La «oficina» de la droga estaba en Lestrobe.

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De los nueve acusados, solo uno declaró porque aceptaron un acuerdo con el fiscal.

En Padrón, los narcos iban a «la oficina». Al menos el grupo juzgado esta semana por formar parte de una organización dedicada a la venta al por menor de heroína, cocaína y cannabis. De los nueve acusados, ocho no llegaron ni a declarar en la vista oral. Aceptaron un acuerdo con el fiscal a cambio de rebajar las penas que les pedían. Entre ellos, el jefe, Fernando Baleirón Abuín, y su lugarteniente, Secundino Osorio Tarrío, que tendrán que ingresar en prisión dado que han aceptado condenas de seis y cinco años, respectivamente.

«La oficina» era la casa que el cabecilla del grupo de narcotraficantes había alquilado en Lestrobe (Dodro) para utilizarla como centro de operaciones. El inmueble, situado en la carretera de Rianxo, era frecuentado por toxicómanos que acudían a comprar sus dosis y que muy frecuentemente fumaban o se inyectaban allí mismo.

En las numerosas conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil durante los largos meses de investigación son constantes las referencias a la casa como si de un lugar normal, y legal, de trabajo se tratase. El jefe, Baleirón, llamaba a sus colaboradores y les preguntaba «¿estás en la oficina?» o les advertía de que tal o cual cliente «iban a pasar por la oficina» y les pedía que les atendiesen debidamente con palabras en clave como «del color» para la heroína.

Aquella «oficina» de la droga de la comarca de Padrón fue por tanto vigilada día y noche por los agentes y se documentó cada movimiento de los narcotraficantes. La Guardia Civil supo así que, en un momento dado, el grupo sufrió un robo. Alguien aprovechó que el inmueble se quedaba vacío por las noches para entrar y llevarse la mercancía que tenían allí almacenada. Ese fue el momento en el que Fernando Baleirón decidió cambiar el modus operandi de la organización y dejar en «la oficina» un retén que la vigilase 24 horas al día.

Todos menos uno de los colaboradores del grupo han aceptado su participación en los hechos y condenas de entre tres y tres años y medio de prisión. No las cumplirán, de momento, porque el acuerdo con el fiscal incluye una suspensión por tres años de la condena siempre y cuando se sometan a un tratamiento de desintoxicación con controles periódicos cada seis meses que demuestren que ya no consumen estupefacientes. No en vano, todos eran toxicómanos, un factor que ha sido tenido en cuenta como atenuante a la hora de juzgarlos porque se considera que cometieron los delitos para, en parte, sufragarse las dosis que necesitaban.

En la estructura que la banda montó en Padrón, además de «la oficina», también utilizaban para sus ventas, aunque en menor medida, el piso en el que vivía Fernando Baleirón con su novia -también condenada- en la capital del Sar. Su lugarteniente, Secundino Osorio, hermano de su pareja, también vivía allí con ellos. El tercer lado del triángulo era un bar situado en la plaza de Camilo José Cela, el A Lareira, en el que estaba al frente otra de las acusadas que ha aceptado los hechos a cambio de una reducción de la condena.

Venta a pequeña escala
El grupo contaba además con un numeroso parque de automóviles que utilizaban para ir y venir de «la oficina» con la droga. Se abastecían con dos intermediarios de Vilagarcía que también han aceptado los hechos y han sido condenados.

El de Baleirón era un grupo de venta de droga a pequeña escala pero muy bien organizado. De hecho, él llevaba una libreta con la contabilidad día a día tanto de las compras de droga a sus proveedores como de las ventas que hacía. Papelina a papelina, gramo a gramo, todo quedaba allí registrado. Tanto control le hizo llevar bien el negocio, pero también aportó a la Guardia Civil muchas e irrefutables pruebas.

La casa de Lestrobe ya no es «la oficina» de la droga. Tras el desmantelamiento de la banda el inmueble ya no es el epicentro del menudeo de estupefacientes en la zona de Padrón. No hace mucho hasta allí acudían a diario toxicómanos de la comarca e incluso de Santiago.

Gramo a gramo, el jefe de la banda registraba en su libreta todas las ventas que hacía.

La Voz de Galicia

Un grupo narco de Padrón acepta penas de entre 3 y 6 años de cárcel.

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Ocho de los nueve acusados pactaron con el fiscal para rebajar su condena.

Un grupo dedicado al tráfico de drogas en Padrón, Dodro y Rianxo ha aceptado condenas que van de los tres a los seis años de cárcel a cambio de que el fiscal aceptase rebajar las penas que solicitaba antes del juicio, celebrado ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial.

En total eran nueve los acusados y el acuerdo con el ministerio público afecta a ocho de ellos. El noveno, Servando Vidal Herbón, que está actualmente en prisión provisional, no se ha podido beneficiar del pacto con el fiscal y será juzgado hoy.

Las penas más severas han recaído en los dos acusados que estaban considerados como los cabecillas de la organización. Se trata de Fernando Balerón Abuín y Secundino Osorio Tarrío. El primero ha aceptado seis años de cárcel y el segundo cinco años y un día. Además, cada uno de ellos tendrá que abonar una multa de 4.000 euros.

Entre los otros seis acusados que han reconocido los hechos de los que les hacían responsables están tres colaboradores de los cabecillas, María Mercedes Osorio Tarrío, Manuel García García y María Mercedes Tarrío Castroagudín. Las dos mujeres han sido condenadas a tres años de cárcel, mientras que el hombre a tres años y medio. Los otros tres eran proveedores de droga al grupo. Ángel Manuel Irajo Redondo y Alberto Mato López, que han aceptado tres años, suministraban a los cabecillas de cocaína, mientras que Manuel Eladio Rodríguez García, cuya condena es por tres años y medio, también les vendía coca, así como hachís.

Además de las penas de cárcel, los tres colaboradores y los tres proveedores tendrán que abonar multas de mil euros cada uno de ellos, que podrán cambiar por treinta días de trabajos para la comunidad.

Los hechos

El texto que los ocho acusados han aceptado como probado explica que desde mediados de julio del 2013 y hasta que en noviembre de ese año fueron detenidos, todos se dedicaron «con ánimo de lucro y a sabiendas del grave daño que causaban a la salud de los consumidores» al tráfico de estupefacientes.

Así, Fernando Balerón y Secundino Osorio, «de forma concertada -recoge la sentencia- se dedicaron a gestionar la venta directa de sustancias estupefacientes como cocaína, heroína y cannabis», así como metadona y otras sustancias relajantes.

Para llevar a cabo la venta utilizaban principalmente una casa que Fernando Balerón había alquilado en la carretera de Rianxo, en Lestrove (Dodro), «a la que diariamente acudían personas previo contacto telefónico» con los dos cabecillas del grupo para comprar drogas que o consumían en su interior o en los alrededores.

En menor medida, Balerón y Osorio también utilizaban el piso en el que vivían en la avenida de Rianxo de Padrón para vender estupefacientes, así como el bar A Lareira, situado en la plaza Camilo José Cela de la capital del Sar. Una de las colaboradoras de los cabecillas, Mercedes Osorio, también participaba ocasionalmente en las operaciones y compartía piso con ambos en Padrón.

Cuando fueron detenidos en noviembre del 2013, a todos los acusados se les intervinieron, entre otros efectos, distintas cantidades de drogas, en su mayoría pequeñas, que sí fueron significativas en el caso de Fernando Balerón, que fue sorprendido en su coche con 54 gramos de heroína, 22 gramos de cocaína y cerca de 130 comprimidos de metadona, con un valor de 4.000 euros. También llevaba joyas y dinero en efectivo, así como tres teléfonos móviles.

Objetos robados

En las detenciones también se recuperaron objetos que se ha demostrado fueron objeto de robos y que en ocasiones les fueron entregados a los acusados como pago por las sustancias que vendían, aunque no se ha podido determinar si conocían o no su procedencia ilícita.

Como consecuencia de su adicción a las drogas, las penas se suspenderán por tres años a Mercedes Osorio, Manuel García, Mercedes Tarrío, Alberto Mato, Ángel Irajo y Manuel Eladio Rodríguez a cambio de que se sometan a tratamientos de desintoxicación con controles periódicos cada seis meses.

La Voz de Galicia

Uno de los imputados de la Fundación Cela pide el sobreseimiento de la causa.

Uno de los cinco imputados por el Juzgado número dos de Padrón en la instrucción abierta por la denuncia de Fiscalía por presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela, el que fuera secretario de la misma, José Luis Delso, solicitó el sobreseimiento de la causa. No obstante, la jueza María Salomé Martínez Bouzas se lo denegó con fecha 7 de septiembre y Delso, a su vez, recurrió esta decisión.

El recurso está pendiente de resolución por el mismo juzgado de Padrón, aunque la jueza que instruyó la causa está en otro destino en A Coruña. El Juzgado está ahora a cargo de un juez de adscripción territorial mientras no se resuelve el concurso para ocupar la plaza de forma definitiva, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

José Luis Delso declaró en Padrón el 22 de julio, imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos, en relación con el despido del que fuera gerente de la fundación, Tomás Cavanna, por importe de 150.000 euros, pagados con fondos públicos. Por la misma causa también están imputados Dositeo Rodríguez, su hija Covadonga, Marina Castaño y Tomás Cavanna.

La Voz de Galicia