Vecinos de dos aldeas de Valga logran que la Justicia anule un polígono industrial.

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Vecinos en un acto de la Coordinadora que puso la demanda.

El TSXG considera injustificado e ilegal el parque empresarial de 800.000 metros cuadrados que el Concello quería ubicar cerca de los núcleos de A Medela y Magariños

Un grupo de vecinos de Valga ha conseguido que la Justicia anule un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados que estaba previsto en el plan municipal de urbanismo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón a los vecinos, y aduce que la administración no ha justificado la necesidad de crear un parque industrial de esas dimensiones y que es ilegal la recalificación de parte de los terrenos, que pasaban de ser no urbanizables de protección forestal o de especial protección agrícola a urbanizables de uso industrial.

El litigio se inició en 2008, cuando el gobierno municipal que dirige José María Bello Maneiro (PP) inició los trámites para aprobar en Valga un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e incluía en el mismo un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados en lugares de las parroquias de Xanza y Setecoros, a ambos márgenes de la carretera nacional 550 (Vigo-A Coruña), y contiguo a uno ya existente de algo más de 225.000 m2.

El proyecto afectaba especialmente a las aldeas de A Medela y Magariños -entre los que suman un centenar de residentes-, pero entre ellos y otros vecinos del término municipal crearon una coordinadora de oposición al polígono. Pero no llegaron a acuerdo con el Concello, y el 15 de octubre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia dictó una orden con la que aprobaba de forma definitiva el PXOM, y el controvertido polígono industrial con él.

Los vecinos, agrupados en la Coordinadora en Defensa do noso Rural, presentaron una demanda por lo contencioso-administrativo ante el TSXG -la firman una quincena de personas-, solicitando la nulidad de todo el plan de urbanismo. El 12 de febrero los magistrados del alto tribunal gallego dictaron una sentencia que les es favorable en parte, puesto que aunque rechaza la pretensión de tumbar todo el PXOM sí anula el proyecto referido al nuevo polígono. Con él, también se declara la nulidad de las carreteras que le iban a dar servicio.

María Ferreirós, portavoz de la coordinadora vecinal afirmó ayer que «esta sentencia sí que colma nuestras aspiraciones, porque aunque lo que pedíamos era la anulación del PXOM, lo que más nos importaba era que se anulase el suelo industrial. Además, creemos que ésta es una sentencia contundente y rotunda, en la que se está diciendo que el planeamiento del polígono era arbitrario e irracional». Los vecinos están tan satisfechos con esta resolución del juzgado que están convencidos de que las dos administraciones demandadas recurrirán, pero que volverán a perder. «Estamos tranquilos porque la sentencia es muy clara».

Argumentos

Los vecinos demandaron a la Consellería de Medio Ambiente y al Concello de Valga. En el caso del polígono, planteaban una serie de argumentos en contra del mismo, aunque el TSXG se detuvo especialmente en dos: la supuesta falta de justificación de un nuevo suelo industrial en Valga; y la recalificación de terrenos de protección agrícola o forestal. Sobre el primero, la justicia apela al informe pericial que indica que ya existe un parque empresarial de 225.000 metros cuadrados, del que solo está ocupado un 30 por ciento. Añade que en la Memoria ambiental se apunta también que no está justificado el polígono «sobre todo considerando la oferta existente en municipios cercanos, como Cuntis, Catoira o Pontecesures». La administración alegó que sí había dos informes de viabilidad y dos convenios ya firmados en 2005, pero los magistrados hicieron notar que estos contratos solo afectaban a una superficie de unos 90.000 metros cuadrados.

En segundo lugar, el TSXG declara ilegal la recalificación como industriales de terrenos clasificados en el anterior planeamiento como agrícolas y forestales, y que no se pueden convertir en urbanizables según una ley estatal de 2002. En algunos casos incluso afectaba a terrenos afectados por la ola de incendios de 2006. Así las cosas, los magistrados apuntan en un párrafo del fallo que la creación del polígono «no puede ampararse en las facultades discrecionales del planificador urbanístico, ya que carece de racionalidad y, por lo tanto, incurre en la arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución». En cuanto a la anulación del PXOM, los jueces aducen que no hay razones para ordenarla.

Faro de Vigo

La Guardia Civil detiene a dos jóvenes que intentaban robar en el punto limpio de Valga.

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes rumanos y sin antecedentes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, en el punto limpio de Valga. Y es que los agentes les sorprendieron a bordo de una camioneta cargada con material del centro.

Fuentes del Instituto Armadao explicaron que recibieron la llamada de un particular informando de que el punto limpio podía estar siendo objeto de un robo, con lo cual una patrulla se desplazó hasta el lugar y sorprendió a los dos jóvenes.

Siempre según las mismas fuentes. E.C., de 24 años, y R.C, de 19 años estaban en una furgoneta de su propiedad cargada de material que, según el responsable de la empresa responsable del servicio, pertenece a estas instalaciones, que se encuentran valladas en todo su perímetro.

Por tales motivos, los guardias procedieron al arresto de los ciudadanos rumanos y los condujeron al puesto de la Guardia Civil para instruir las correspondientes diligencias. Ambos carecen de antecedentes policiales y serán puestos a disposición del Juzgado nº 2 de Caldas de Reis, acusados de robo en grado de tentativa.

Diario de Arousa

El juzgado de Cambados busca al desaparecido Pouso Rivas «Pelopincho».

La pista de «Pelopincho» se perdió a mediados de 2011, poco antes de que empezase el juicio contra él y una treintena de personas acusadas de ser testaferros suyos. Los responsables de la investigación le atribuían el blanqueo de unos 15 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cambados abrió una causa para intentar descubrir dónde está o qué le sucedió a «Pelopincho» -se sospecha que fue asesinado en un ajuste de cuentas- y el procedimiento sigue abierto. De hecho, en septiembre se envió desde el juzgado una providencia al fiscal para que éste proponga nuevas diligencias que permitan la localización de Pouso Rivas. En marzo de 2012, el juzgado interrogó a tres arousanos por este caso: el cambadés Manuel Sineiro Fernández, «Machucho», y los vilanoveses Fernando Suárez Suárez, «Pirata», y José Luis Fabeiro.

La Policía Nacional ha seguido la pista de Pouso Rivas por España, Portugal, Brasil y Marruecos, pero sin resultados contundentes. El rastreo policial que se hizo a Pouso Rivas lo situó antes de desaparecer en Marruecos, a donde se habría desplazado para organizar un alijo de 4.000 kilos de hachís. Pero la operación salió mal, y la lancha se hundió con el cargamento a la altura de Lisboa (Portugal). Según esta hipótesis, los proveedores de la droga le habrían reclamado el dinero a «Pelopincho» al no creerse la versión del naufragio, y como el arousano no pagó lo habrían asesinado.

El primero que desapareció en relación con estos hechos fue otro presunto narcotraficante de Pontevedra, José Bernardo Amil Villaverde.

Faro de Vigo

El caso del gasoil de Cesures llega a la Audiencia ocho años después.

Como el Guadiana, el caso del gasoil es uno de esos asuntos que cada cierto tiempo reaparecen en la vida política de Pontecesures. Un año después de que la Audiencia ordenase al juzgado de Caldas reabrir un asunto que este había decidido archivar por tercera vez, el caso acaba de ser trasladado al palacio de justicia de Pontevedra. Todo apunta a que allí serán juzgados por un tribunal popular el alcalde Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) y Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

En noviembre del 2013, la audiencia ordenaba al juzgado de instrucción número uno de Caldas reabrir un caso que se remonta al año 2006, cuando el PP y la ACP denunciaban al alcalde Angueira y al trabajador municipal Xurxo Gerpe de haber abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de combustible para un vehículo del servicio de obras. Ese asunto, recordaba Angueira hace un año, había sido archivado «tres veces, en tres momentos distintos e por tres xuíces diferentes». En los tres casos, los denunciantes Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz decidieron presentar recurso, y en las tres ocasiones Pontevedra les dio la razón, asumió sus argumentos e impidió que el asunto se cerrase.

La fiscalía pide el archivo.

Tras el último tirón de orejas recibido de la Audiencia, el juzgado de Caldas dio la palabra a todas las partes implicadas. En febrero de este año, la acusación particular presentó un escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. «En el mismo trámite -dice el auto- el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», tal y como había hecho en ocasiones anteriores. La defensa de los acusados, por su parte, «solicitó la libre absolución de los defendidos».

En esta ocasión, la jueza de Caldas considera que «procede el enjuiciamiento». «Manuel Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe, durante el período de tiempo que desempeñaron funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pontecesures, autorizaron y/o consintieron el pago de combustible a cargo de los presupuestos del Concello, siendo que el combustible adquirido a través de tales pagos no se destinaba al uso por parte de vehículos pertenecientes al Concello en cuestión, ni para la prestación de servicios al mismo», explicaba la resolución adoptada a principios de noviembre.

Por ello, en un auto dictado en noviembre, la titular del juzgado de Caldas decretó la apertura del juicio oral, señalando como órgano competente para asumir esa tarea al tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tal vez allí se resuelva, de una vez por todas, un asunto que lleva ocho años dando vueltas por los juzgados.

La Voz de Galicia

Un jurado popular juzgará al alcalde cesureño por las facturas del gasoil.

Está acusado junto con el encargado de obras de un presunto delito de malversación.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra para responder de la acusación formulada por ACP contra él por presunta malversación de fondos públicos, al «autorizar y/o consentir» el pago de gasto de combustible y repostajes del Nissan Patrol del Concello a cargo de las arcas municipales, cuando dicho gasoil no se empleaba presuntamente para tareas municipales. Este hecho se habría producido durante su etapa como gobernante de 2003 a 2006.

Junto con él se sentará el encargado de obras Xurxo Jamardo, quien «firmaba los tiques». La Audiencia revocó en 2013 el sobreseimiento y archivo de la causa dictado por el Juzgado de Caldas, al considerar que existían «indicios racionales de criminalidad» y ordena reabrir diligencias. El auto que ordena ahora la celebración del juicio no es recurrible, no precisa ni la fecha, pero será un tribunal popular el que dictamine o no la culpabilidad.

El Correo Gallego

La Audiencia juzgará al alcalde de Pontecesures por presunta malversación.

El Juzgado de Caldas ha finalizado la fase de instrucción y deja en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, y el operario municipal Xurxo Gerpe Jamardo, implicados en el «caso del gasóleo», relacionado con un consumo supuestamente abusivo de carburante con cargo a la Administración.

La jueza instructora decreta la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos, explicando que los dos imputados pudieron haber autorizado y/o consentido el pago de combustible en una gasolinera de la localidad a pesar de que no se destinara al uso por parte de vehículos del Concello ni para la prestación de servicios del mismo.

En los antecedentes de hecho que maneja la jueza explica que Manuel Luis Álvarez Angueira «autorizaba la adquisición de combustible en la estación de servicio con carácter previo a la adquisición y posteriormente aprobaba esos pagos por decreto de Alcaldía», mientras que Xurxo Gerpe «firmó la práctica totalidad de los tiques emitidos por la gasolinera, responsabilizándose de la recepción del combustible que finalmente no era empleado para el uso o servicio del ayuntamiento».

Hay que recordar que estos hechos se remontan a hace una década. Fue en 2007 cuando la oposición municipal denunció el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

Tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar presentaron una denuncia inicial que fue archivada, pero los dos últimos recurrieron ante la Audiencia, que ordenó investigar los hechos en primera instancia. El Juzgado de Caldas reabrió el caso, por lo que un año después citó a declarar como imputados al exalcalde y al encargado del servicio de Obras.

Ahora, justamente un año después de que la Audiencia ordenara al Juzgado de Caldas que investigara -por tercera vez- si existió malversación de caudales públicos o cualquier otro delito similar, la fase de instrucción da paso a la apertura de juicio oral, en el que habrá que aclarar, por ejemplo, cómo fue posible que un vehículo municipal cargara combustible y repostara otros 90 litros apenas diez minutos después.

Esta es una de las acusaciones que se vierten en la denuncia formulada en su día por Alfonso Diz y Luis Sabariz, quienes explicaron que el 17 de noviembre de 2004 el coche que centra el grueso de esta polémica cargó casi 40 litros de combustible a las ocho de la mañana y 45 litros más pasadas la seis de la tarde.

Los entonces concejales independientes -actualmente solo Sabariz continúa en la corporación- alegaron que «con cargo a las arcas municipales se distribuía combustible a vehículos ajenos al ayuntamiento, que bien eran particulares o propiedad del Club Náutico».

Tampoco hay que olvidar que a pesar de destinarse el gasóleo a un vehículo de obras, parece que aparecieron facturas de repostaje en jornadas festivas, aunque también advirtieron los denunciantes que desde que denunciaron públicamente el presunto uso abusivo de gasóleo las facturas por este concepto empezaron a reducir su importe.

Faro de Vigo