juzgado

Angueira será juzgado por la Audiencia Provincial por el caso del gasoil.

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El alcalde de Pontecesures está acusado de un presunto delito de malversación da caudales públicos.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una acusación de malversación de caudales públicos, que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006.
El presunto delito habría tenido lugar a través de los reportajes de un vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraban el parque móvil del Departamento de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello Xurxo Gerpe Jamardo.
La causa llegará a Pontevedra después de un largo proceso cuyo último capítulo se registró el 28 de noviembre, día en el que el regidor tuvo que acudir al Xulgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis para prestar declaración, exigencia que le obligó a aplazar el pleno que estaba fijado para esa fecha. El auto que ordena la celebración del juicio es inapelable, no precisa la fecha ni la sala donde se celebra, e indica que será un tribunal popular el encargado de emitir la sentencia una vez concluida la vista oral.
Las diligencias previas sufrieron un camino tortuoso. La Audiencia Provincial revocó el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Xulgado de Caldas de Reis y ordenó continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formularan acusación cara a la celebración del juicio.
Era la tercera vez que corregía a la jueza de instrucción y dejaba sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz. No obstante, el primero en judicializar el caso fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el edil de TeGa Ángel Souto Cordo, que entonces era líder del PP en la oposición.
La Audiencia considera que ??existen indicios racionales de criminalidad? porque el informe pericial encargado por el Xulgado ??constata un excesivo consumo de gasoil? del Nissan Patrol del Departamento de Obras que ??no encontraría justificación razonable? y que habría supuesto para el Concello de Pontecesures un sobrecoste de 6.822,94 euros.

Diario de Pontevedra

Por Redacción, hace

Imputan a un joven de Valga tras sorprenderlo con papelinas de cocaína en un local de Cesures.

Un joven de 26 años, vecino de la localidad de Valga, ha sido imputado por un supuesto delito contra la salud pública tras detectársele varias ??papelinas? de cocaína en un local de Pontecesures donde la Guardia Civil realizaba una inspección.
Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana. El Instituto Armado realizaba comprobaciones en establecimientos de ocio de la comarca de Ulla-Umia dentro de una campaña para la erradicación del tráfico de estupefacientes a pequeña escala.
En una de estas comprobaciones, sorprendieron al ahora imputado, que responde a las iniciales F.G.B., según indicaron ayer fuentes policiales.
Los agentes se incautaron de nueve de estas papelinas, localizadas en la cartera del joven, cliente del establecimiento en cuestión. Además, la Guardia Civil constató que el mismo varón portaba en ese momento hasta 296 euros en el interior de un bolsillo del pantalón, en ??billetes fraccionados y monedas?.
Por todo ello, los agentes procedieron a la imputación del joven por el supuesto delito contra la salud pública y lo trasladaron a las dependencias oficiales a fin de proceder con las correspondientes diligencias.
Estas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Caldas de Reis, donde el imputado deberá presentarse cuando sea requerido para ello.
Estas operaciones se centran en la lucha contra el tráfico a pequeña escala, solo unos días después de que la Guardia Civil diera un duro golpe a una importante red que, supuestamente, movía importantes cantidades de cocaína, a gran escala, con conexiones en Paraguay, Arousa, Ordes, Gijón y Alicante. En esa denominada operación ??Alibavaria? se interceptaron unos 390 kilos de esta droga, ocultos en un contenedor.

Diario de Arousa

Por Redacción, hace

Dos exsecretarios de Sanxenxo, testigos en la investigación urbanística.

El Juzgado ultima la investigación de las pesquisas.

El juez de Cambados retomó ayer las declaraciones de los últimos testigos previstos en la investigación urbanística de Sanxenxo antes de cerrar la instrucción del caso y avanzar hacia la vista oral, en caso de que se mantengan indicios suficientes de presuntas ilegalidades. Por los Juzgados de Cambados pasaron ayer al menos tres personas, que declararon como testigos una media de entre una y dos horas.

Estaban citados el actual tesorero de Sanxenxo y edil de ACP de Cesures, Luis Ángel Sabariz, por una etapa de su vida laboral como funcionario en ese Concello cuando desempeñó las funcione de secretario municipal. Ha trascendido que otro exsecretario, ya jubilado, también fue citado por el Juzgado en idéntica calidad de testigo. Consultado por este periódico, Sabariz prefirió no desvelar el contenido de su declaración ni las cuestiones concretas que le preguntó el juez. Se limitó a indicar que la investigación urbanística todavía es un caso en marcha y que entró y salió en calidad de testigo.

Por su parte, fuentes del caso manifestaron que el interés del juez por ambos exsecretarios sanxenxinos se centraba en aclarar algunos aspectos relacionados con una de las cinco piezas en que se divide la investigación urbanística. En este caso se trataba del expediente de los polémicos chalés de Dorrón, situados junto al cementerio.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que es el organismo encargado de canalizar la información pública sobre este asunto, añadieron que también pasó por el Juzgado un constructor, también en calidad de testigo, aunque en este caso estaba relacionado con aspectos vinculados a la obra de la casa del aparejador, Pablo Guio, que sí está imputado en las pesquisas que dirige el juez cambadés.

El TSXG apuntó que estaba prevista la declaración de otro testigo, un funcionario de la extinta Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo, asimismo como testigo.

Por otra parte, el alto tribunal confirmó que la investigación está prácticamente cerrada y que solo faltaban por declarar varios testigos para concluir algunos de los flecos de las pesquisas. También siguen pendientes de resolver, por parte de la Audiencia, los recursos interpuestos por varios de los investigados en contra de su imputación.

Por Redacción, hace

Sabariz eleva al pleno la recuperación de una parcela.

Luis Sabariz, portavoz de la Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP), aprovechará el pleno de hoy a las 20,30 horas para presentar una moción de urgencia con la que recuperar para el uso y disfrute públicos una parcela sita en la parte posterior del número 12 de la avenida de Vigo.

Se trata de una vieja reivindicación que este concejal ya planteó en otras ocasiones sin que el ejecutivo le hiciera caso, de ahí que quiera proponerlo ante el pleno y pida una comisión municipal encargada de recuperar esos 1.387 metros cuadrados.

Recuerda el edil un escrito que él mismo envió al alcalde en junio de 2012 para decir: «El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió en julio de 2010 una sentencia favorable a los intereses del Concello que obliga a la empresa promotora Constantino Taibo S.L. a ceder al Ayuntamiento una parcela de 1.387 metros cuadrados para destinarla a zona verde».

Resulta que el TSXG «rechazó el recurso de reposición interpuesto por la constructora contra una sentencia previa del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra, imponiendo además las costas del proceso a la sociedad mercantil, después de un conflicto entre el Concello y Constantino Taibo que se remonta a 1994, cuando el gobierno local concedió licencia a la promotora para construir un edificio de 22 viviendas de protección oficial». Aquella licencia «estaba condicionada a la cesión, por parte de la constructora, de la parcela trasera del inmueble». Pero «nunca llegó a realizarse, por lo que el Concello decidió, en 2006, iniciar las acciones encaminadas a tomar formalmente el terreno».

Las resoluciones del Concello «fueron recurridas ante los tribunales por Constantino Taibo y sus argumentos fueron rechazados tanto en primera instancia como por el TSXG». Sucede, y esto complica las cosas, que «estando en litigio la cuestión el terreno fue objeto de una permuta urbanística con un particular, pero esta transmisión debe considerarse nula, pues el terreno ya pertenecía al Concello y no a Constantino Taibo, como reconoce la sentencia del TSXG». Ahora Sabariz quiere abrir un nuevo frente para recuperar ese terreno.

Faro de Vigo

Por Redacción, hace

Moción urxente da ACP para someter ao pleno do 24 de novembro de 2014.

OCUPACI?N DE PARCELA MUNICIPAL NA PARTE TRASEIRA DA AVENIDA DE VIGO Nº 12 E INSCRICI?N DA MESMA NO REXISTRO DA PROPIEDADE.

Con data 09/06/12 presentouse por parte deste concelleiro no rexisto un escrito dirixido á alcaldía co seguinte texto:

???El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió en julio de 2010 una sentencia favorable a los intereses del Concello de Pontecesures y que obliga a la empresa promotora Constantino Taibo S.L. a ceder al Ayuntamiento una parcela de 1.387 metros cuadrados para destinarla a zona verde. El TSXG rechazó el recurso de reposición interpuesto por la constructora contra una sentencia previa del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra, imponiendo además las costas del proceso a la sociedad mercantil. El conflicto entre el concello y Constantino Taibo se remonta al año 1994, cuando el gobierno local concedió licencia a la promotora para construir un edificio de 22 viviendas de protección oficial en el número 12 de la Avenida de Vigo. La licencia estaba condicionada a la cesión, por parte de la constructora, de la parcela trasera del inmueble, una cesión que nunca llegó a realizarse, por lo que el concello decidió, en el año 2006, iniciar las acciones encaminadas a tomar formalmente el terreno. Así, se dictó una primera resolución sobre el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas y una segunda en la que convocaba a la mercantil para firmar el acta de entrega y recepción de los 1.287 metros cuadrados.
Ambas resoluciones fueron recurridas ante los tribunales por Constantino Taibo y sus argumentos fueron rechazados tanto en primera instancia como por el TSXG que desestimó el recurso de apelación de Taibo.
Estando en litigio la cuestión el terreno fue objeto de una permuta urbanística con un particular. Esta transmisión debe considerarse nula ya que el terreno ya pertenecía al concello y no a Constantino Taibo S.L. como reconoce la sentencia del TSXG. Esta parcela de 1.287 metros cuadrados se encuentra incluida en el PERI nº 1 del PXOM de 2003 y no se desarrolló hasta la fecha.
Este concejal, cuando formó parte del gobierno local, siempre activó todo tipo de trámites para que este terreno formase parte del patrimonio municipal defendiendo los intereses de la institución, y ahora resulta fundamental que se adopten las medidas oportunas (a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento) para que el terreno se ocupe y se inscriba en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello de Pontecesures.
Por lo expuesto, se ruega que se adopten dichas medidas, (ofrezco mi colaboración, si lo consideran oportuno), en defensa del patrimonio de todos. Este es una tema muy importante para la economía municipal en un futuro.??

Tamén con data 09/06/12 presentouse por parte deste concelleiro no rexistro un escrito dirixido ao concelleiro de obras e urbanismo de Ponteceures, Ángel Manuel Souto Cordo co seguinte texto:

???Adjunto a la presente, se remite copia del escrito enviado en esta fecha al Sr. Alcalde sobre la parcela municipal de 1.387 m2 de la parte trasera del edificio en la Avda. de Vigo nº 12, a los efectos de su ocupación e inscripción a favor del ayuntamiento. Es un tema concerniente a su concejalía y espero también su intervención para la defensa de los intereses municipales.??.

Pois ben; dende aquela data non se coñece xestión algunha do goberno local para ocupar e inscribir o terreo municipal en cuestión. Este deixar pasar pode causar un notable prexuizo económico ao concello e ademais estase a incumplir a normativa pois as entidades locais están obrigadas a exercer as accións necesarias para a defensa dos seus bens e dereitos podendo os membros da corporación incurrir en responsabilidades senón se exercen ditas accións.

Polo exposto, proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo:

-Que a alcaldía convoque aos representantes de todas as forzas políticas da corporación, á asesora xurídica que presta servizos para a institución, ao arquitecto municipal e á secretaria-interventora do concello, para manter unha xuntanza co fin de decidir as accións administrativas e xudiciais que sexa preciso exercitar para que a parcela de 1.387 metros cadrados situada na parte traseira do edificio da Avenida de Vigo nº 12 de Pontecesures sexa ocupada formalmente e inscrita no Rexistro da Propiedade a nome do Concello de Pontecesures, informando logo periódicamente por parte da asesoría xurídica das xestións, trámites, incidencias ou resolucións que se vaian producindo.

Pontecesures, 22/11/14

Luis Ángel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP Pontecesures

Por Redacción, hace

Marina Castaño, imputada por malversación.

Marice

El Juzgado número 2 de Padrón ha imputado a la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y al ex gerente de la fundación de Iria-Flavia que lleva el nombre del Nobel, Tomás Cavanna, en el procedimiento abierto a raíz de la denuncia que en el año 2012 presentó contra estas dos personas el entonces fiscal de Santiago Carlos García Pelayo por un posible delito de malversación de fondos públicos.

El acusador formuló la demanda en base a otra que le había remitido una vecina de Iria, Lola Ramos, que llevaba tiempo advirtiendo de presuntas irregularidades en la gestión económica de la fundación padronesa y que desde el año 2004 había reunido información interna sobre la misma, alguna recibida incluso de forma anónima.

La denuncia detectaba también base para investigar supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y fraude fiscal, por el supuesto desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados, algo en lo que Lola Ramos había incidido repetidas veces en base a la documentación de la que disponía y que fue el fundamento de la denuncia.

En la querella del fiscal consta que la sociedad Lengua y Literatura AIE -constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela y un 20% aportado por Marina Castaño a través de otra sociedad denominada Letra y Tinta- pudo haber gestionado las subvenciones de la Fundación Cela y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido grandes cantidades de dinero en concepto de devolución de IVA.

Hay una tercera persona imputada en la causa, de la que no ha trascendido su identidad. En septiembre, el juzgado recibió un informe que había solicitado a Hacienda y ahora la causa está en la Fiscalía «para informe», según explica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Posteriormente a la denuncia de la Fiscalía, tras la cual ahora está Álvaro García Ortiz después del traslado a A Coruña de García Pelayo, la representación legal de la vecina de Iria presentó un escrito en el juzgado solicitando que se imputase también a Dositeo Rodríguez, patrono de la fundación, y a Rubén Darío Vargas, que, según explicó ayer Lola Ramos, fue mayordomo de la casa de Marina en Madrid pero constaba como ordenanza de la fundación padronesa. Ramos no sabe si prosperó o no esa petición de imputación y, a día de ayer, no le constaba fecha para la declaración de los imputados, aunque algunos medios apuntaban al 11 de diciembre.

La investigación de esta causa incluyó un registro de la sede de la entidad cultural de Iria por parte de la Guardia Civil y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, en el que se intervino abundante documentación, así como numerosos correos electrónicos.

Lola Ramos ha denunciado, por su parte, al hijo del escritor por, precisamente, no incorporar este a su denuncia por la herencia los hechos que ahora se juzgan en Padrón. La propia vecina de Iria informó a Cela Conde de la creación de las sociedades interpuestas para, presuntamente, ingresar desde el año 1998 devoluciones de IVA de la Hacienda Pública que no le correspondían de forma legal. Ramos, relata, incluso entregó al hijo de Cela, en noviembre del 2004, en un hotel de Madrid, documentación que, por cierto, fue el principal sustento de la denuncia de Fiscalía.

La Voz de Galicia

Por Redacción, hace