Empieza la cuenta atrás para el desalojo de una familia de Pontecesures.

desse

En casa de Victoria Santiago el Carnaval se está viviendo sin alegría. Esta mujer y su familia atraviesan, desde hace semanas, un calvario con el que «non contabamos». Comenzó cuando llegó a sus manos una orden de desahucio procedente de un juzgado de Caldas. Una orden que, si Estrasburgo no lo remedia, deberá ejecutarse antes de que finalice esta semana. Y es que el próximo viernes, a las once de la mañana, acaba la prórroga dada por la jueza a Victoria y los suyos para que desalojen la vivienda que ocupan en el lugar de Monte de Porto y cuya titularidad está en tela de juicio.

Cada día más nervios

«Acábasenos o tempo», dice Victoria, que a duras penas puede contener la impaciencia. Hace semanas que su caso fue trasladado a Estrasburgo, pero aún no ha llegado ninguna respuesta de Europa. «Esperaban resolver en oito semanas, pero nós non temos ese tempo», señala esta cesureña. Quiere hacer caso a la plataforma Stop Desahucios Barbanza y mantener viva la esperanza de que, hoy o mañana, como muy tarde, llegue una orden de paralización cautelar de la sentencia que la obliga a dejar su casa. Pero cuesta trabajo abrazar el optimismo cuando se ve como el tiempo pasa sin que nada se mueva. «Nós, canto máis se acerca o día, máis nerviosos estamos», señala Victoria.

Si mañana cae la noche sin noticias de Estrasburgo, esta mujer y sus siete familiares -entre ellos dos menores- empezarán a embalar sus cosas para dejar la casa antes de que se cumpla el plazo dado por la jueza de Caldas. Y es que, «a non ser que desde a plataforma nos digan que é mellor que quedemos para o venres ás once, nós preferimos irnos antes e coas nosas cousas», explica. Desde Stop Desahucios entienden ese deseo y lo respaldan: vivir un desalojo por la fuerza y bajo control policial es un trago demasiado amargo, especialmente para una familia en la que aún hay menores de por medio. «O pequeno non sabe moito do que pasa. Pero a nena… Xusto o venres é o seu cumpleanos», dice, apesadumbrada, Victoria.

A una casa de la familia

En las casi cuatro semanas de prórroga que están a punto de expirar -la primera fecha para el desalojo era el jueves, 13 de febrero- la familia ha intentado trazar un plan B, disponer una puerta de emergencia por si desde Estrasburgo no llega la solución esperada. «Buscamos por todos lados, pero non é doado atopar unha casa para sete persoas», explica Victoria, que vive junto con su actual pareja, una de sus hijas, su hijo, la mujer de este y dos de sus nietos.

Finalmente, si la situación no mejora y los juzgados no dejan otro remedio, la familia se trasladará a Valga, a casa que la madre de Victoria tiene en Cordeiro. Son apenas dos kilómetros de distancia que esta familia confía en no tener que recorrer con el amargo sabor de la derrota en los labios.

La Voz de Galicia

La familia de Porto dejará la vivienda en litigio si Estrasburgo no frena el desalojo.

La familia de Pontecesures afectada por una orden de desalojo que debe hacerse efectiva este viernes ha decidido que abandonará la vivienda en litigio, emplazada en el Monte de Porto, si no fructifica el recurso interpuesto ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para la adopción de medidas cautelares.  A esta institución han solicitado, a través de un abogado que colabora con Stop Desahucios, que paralice la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Caldas y que obliga a los siete miembros de la familia de Victoria Santiago Lagares (entre ellos dos menores de edad) a marcharse de la vivienda. El exmarido de Victoria, ya fallecido, legó el usufructo del inmueble a otra mujer con la que convivió. Según la denuncia por coacciones que interpuso contra Victoria y sus hijos, estos le impidieron acceder a la casa colocando cadenas y candados. La sentencia dio la razón a la demandante y la jueza dictaminó que la familia debe desalojar la casa, a pesar de que su titularidad está en duda y Victoria Santiago defiende que, al menos en parte, es de su propiedad. Por eso ya anunció su intención de interponer una demanda civil para hacer valer sus derechos de propiedad.
Aunque faltan apenas tres días para que se cumpla la fecha límite de desalojo, Stop Desahucios de O Barbanza todavía confía en que Estrasburgo se pronuncie a lo largo de esta semana y su resolución ??sea favorable?. Ayer mismo el abogado que representa a la familia envió un escrito al tribunal europeo recordando el caso e insitiendo en que ??adopten medidas? para frenar el inminente desalojo. De no ser así, Victoria Santiago y su familia ya han decidido abandonar voluntariamente la vivienda para ??evitar que se forme un jaleo? y que tengan que acudir ??la Guardia Civil y la secretaria judicial?, confirma José Manuel Pena, portavoz de Stop Deshaucios. Los cinco adultos y dos niños se mudarán, explica, a un inmueble propiedad de un pariente.

Diario de Arousa

El Juzgado eleva al Tribunal del Jurado la denuncia por malversación contra el alcalde nacionalista de Pontecesures.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas ha dictado un auto en el que acuerda la continuación del procedimiento instruido contra Manuel Luis Álvarez Angueira, el alcalde nacionalista de Pontecesures, y el trabajador municipal Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se imputa un presunto delito de malversación.

Este nuevo paso significa que se abren las puertas al juicio en el Tribunal del Jurado, que será el que deba aclarar ahora si realmente existió un consumo presuntamente abusivo de carburante en vehículos municipales.

Hay que recordar que este procedimiento comenzó hace ocho años y ya llegó tres veces a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que en todos los casos devolvió el proceso al Juzgado de Caldas para que siguiera instruyendo la causa en primera instancia

La última vez que eso ocurrió, la sala provincial argumentó que «contrariamente a lo afirmado por el instructor, la prueba derivada de la instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario en caso de presentarse la pertinente acusación, en el marco del juicio oral donde se discuta la realidad de los hechos que constituyen el objeto de esta causa, contrastándose los diferentes testimonios y los distintos informes periciales con pleno juego de los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad».

Y eso es lo que hace ahora el Juzgado de Caldas, dar continuidad al proceso para que se celebre juicio oral y se determine si realmente existen indicios racionales de criminalidad suficientes relacionados con un excesivo consumo de gasoil que pudiera no tener justificación razonable.

Faro de Vigo

El juzgado mantiene al alcalde como imputado y habrá juicio por el gasoil.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, Encarnación Dasi Dorelle, emitió esta semana un auto en el que acuerda continuar el procedimiento para la celebración del juicio por el caso del gasoil, en el que están imputados por presunta malversación de fondos el alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, y el exencargado de Obras del Concello, Xurxo Gerpe Jamardo. Ambos serán juzgados por un tribunal popular en una fecha todavía sin determinar y después de que los tres archivos provisionales de la causa dictados por el juzgado caldense fuesen revocados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que considera que ??existen indicios racionales de criminalidad?. También lo entiende así la acusación particular, encabezada por el portavoz de ACP, Luis Sabariz. En un reciente escrito presentado en el juzgado sostiene que los consumos de combustible del vehículo Nissan Patrol (que actualmente ya no forma parte del parque móvil municipal) ??son imposibles? y cree que ??presuntamente han sido desviados fondos para fines distintos?. Un informe pericial cifra en 6.822 euros el sobrecoste por el ??exceso de consumo? entre los años 2003  y 2006.
Por la contra, la Fiscalía no ve indicios de delito, por lo que no formuló acusación contra los imputados en la vista celebrada el pasado 14 de febrero. En ese mismo acto, la defensa de ambos encausados pidió el sobreseimiento de la causa ya que los hechos ??no constituyen infracción penal?. Además, alegó que el supuesto delito habría prescrito. Álvarez Angueira afirmó tener la conciencia ??totalmente tranquila? y achacó la continuación del procedimiento a la ??obsesión que ten comigo este señor?, en referencia a Sabariz Rolán.
En su auto, la jueza no propone ni autoriza nuevas diligencias ya que entiende que las practicadas hasta el momento ??son suficientes?. Su decisión ya fue notificada a la Fiscalía y a las partes personadas para que, en un plazo que concluye el 28 de febrero, ??insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando conclusiones provisionales?. Contra este auto puede interponerse recurso de reforma ante el propio Juzgado número 1 de Caldas.

Diario de Arousa

Stop Desahucios apela al ??derecho a una vivienda digna? para apoyar a la familia de Porto con orden de desalojo.

La plataforma Stop Desahucios quiso aclarar ayer que su apoyo a la familia de Pontecesures con orden de desalojar el próximo 7 de marzo la vivienda en la que reside se debe la ??situación dramática? en la que quedarían las siete personas afectadas (entre ellas dos niños de 9 y 12 años) en caso de producirse el desahucio. ??No van a vivir debajo de un puente?, comenta José Manuel Pena, portavoz de la plataforma de O Barbanza, que apela a la protección de los ??derechos fundamentales? de las personas, entre los que destaca ??el derecho a una vivienda digna?, recogido en el artículo 47 de la Constitución.  Todo ello dejando claro que este es un caso atípico que no deriva de una ejecución hipotecaria sino de una disputa por el derecho de uso de la vivienda.
Victoria Santiago y otros seis miembros de su familia residen ahora en el inmueble a pesar de que el exmarido de Victoria legó, a su muerte, el usufructo de la casa a otra mujer con la que había convivido. El abogado de esta sostiene que la edificación está ocupada ??ilegítimamente? por esta familia que, según recoge una sentencia, está condenada por una falta de coacciones al haber colocado ??cadenas y candados? para evitar el acceso a su clienta, cuyas pertenencias ??ni siquiera se le ha permitido recoger?, asevera el letrado Fidel Riobó, que lamenta que Stop Desahucios no haya intentado ??siquiera conocer la situación personal y económica de mi clienta?, que cobra una pensión no contributiva.
Victoria Santiago sostiene, por su parte, que la vivienda es, al menos en parte, de su propiedad ya que la construyó el matrimonio conjuntamente sin que nunca llegaran a escriturarla. Con apoyo jurídico de Stop Desahucios presentará una demanda civil ??para hacer valer sus derechos de propiedad?, además de solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que adopte medidas cautelares para paralizar el desalojo mientras no se resuelva el conflicto en torno a la titularidad del inmueble. Creen que el Juzgado de Caldas, que ordena el desalojo, ha cometido ??un error material gravísimo? y se ha ??extralimitado al disponer, en un juicio de faltas por coacciones, de la propiedad privada de una familia?.

Trabajo «altruista»
José Manuel Pena aclara que sus acciones ??no van contra la otra parte? y lamenta ??la situación de esta persona?, en referencia a la usufructuaria. Añade que ??nosotros no somos una ONG ni una administración pública, ayudamos de forma altruista a quienes nos lo solicitan?, como fue el caso de esta familia de Porto. No así la otra protagonista del conflicto, que ??tiene un abogado que la está defendiendo?.
Insiste en que ??nuestra obligación es defender el derecho a una vivienda digna? de todos los ciudadanos y más cuando se trata de ??una situación dramática? y con menores de por medio. ??Esto es lo que mueve a Stop Desahucios? y solo espera que, si el desalojo finalmente se produce, ??el Concello de Pontecesures o la Xunta tengan un inmueble alternativo para que estas personas no se queden en la calle?.

Diario de Arousa

La usufructuaria de la vivienda de Porto con orden de desalojo afirma que la casa está ocupada ??ilegítimamente?.

El abogado de la mujer usufructuaria de la vivienda del Monte de Porto con orden de desalojo indica que Victoria Santiago y su familia, que ??se presentan ante la opinión pública como víctimas, son en realidad condenados por una falta de coacciones? al haber impedido que su clienta accediese al inmueble ??mediante la colocación de unas cadenas y candados?. Así lo corrobora, incide, la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas, que revocó el fallo inicial absolutorio del Juzgado de Paz de Pontecesures. Es esa condena la que lleva aparejado el ??reintegro inmediato a mi clienta de la que era su vivienda habitual?. El usufructo de la casa le fue legado por Elisardo Taibo, exmarido de Victoria Santiago, en su testamento, por lo que ??debe quedar claro que los condenados entraron sin título legal en una vivienda ocupada por un tercero y se apoderaron ilegítimamente del uso de la misma?, continúa el letrado Fidel Riobó.
Victoria Santiago y su familia (viven en la casa siete personas, entre ellos dos menores de edad) defienden que la mitad de la vivienda es suya, pues la habría construido el matrimonio conjuntamente. Ante el inminente desalojo, que estaba fijado para el 13 de febrero y que quedó postergado hasta el 7 de marzo, recurrieron a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza que les facilitó un abogado. Han recurrido al Tribunal de Estrasburgo para que paralice la ejecución de la sentencia y presentarán una demanda civil para ??hacer valer sus derechos de propiedad?.
Ante esto, el abogado Fidel Riobó comenta que, ??si consideran que tienen algún derecho superior? al de su clienta, ??tienen los tribunales de justicia para ejercitar las acciones civiles que les asisten?. Relata que su defendida, que tiene como ingresos una pensión no contributiva, ??tiene que vivir de alquiler desde hace dos años? y, además, ??no ha podido hacer uso de sus enseres personales, todos ellos referidos en el testamento de Elisardo Taibo y que quedaron en la casa?. Así las cosas, ??ha tenido que comprar todo lo que ha necesitado, pues ni siquiera se le ha permitido recoger? esos objetos ??que son propiedad de mi clienta?, insiste.

Diario de Arousa