Stop Desahucios recurre al Tribunal de Estrasburgo para paralizar el desalojo de la familia de Porto.

El abogado Ignacio Delgado, colaborador de Stop Desahucios de O Barbanza, ha solicitado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la suspensión cautelar del desalojo de Victoria Santiago y su familia de la vivienda en la que residen, en Monte de Porto, al considerar que esta decisión atenta contra los artículos 7 y 8 de la convención de Derechos Humanos.
Desde el colectivo entienden que la juez del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis ha cometido un error ??al disponer, en un juicio de faltas por coacciones y amenazas, de la propiedad privada de una familia?. Además, recuerdan que se ha cometido un error material ??gravísimo? por estar la titularidad de la vivienda ??indebidamente considerada desde un punto de vista meramente jurídico?.
Hay que recordar que el exmarido de Victoria Santiago legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Así, desde Stop Desahucios consideran que no está acreditado quién es el propietario de la vivienda.
De este modo, desde la plataforma han recurrido ahora al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la intención de que paralice de manera cautelar el desalojo de esta familia, en la que hay niños menores de edad.
Además, apuntan a que si se produce el desalojo se estaría sometiendo a Victoria y a su familia ??a un procedimiento gravemente lesivo para sus intereses personales y para su bienestar físico, como el que supone dejarles sin un techo donde cobijase?.
Hay que recordar que la semana pasada esta familia cesureña recibió una notificación judicial en la que se concedía un aplazamiento del desalojo hasta el próximo 7 de marzo, algo que tranquilizó un poco a estos vecinos de la localidad, aunque son conscientes de que esta determinación no soluciona el problema.
Así, desde Stop Desahucios continúan llevando a cabo iniciativas para evitar el desalojo de esta familia, al considerar que se está cometiendo un erro.

Diario de Arousa

Un jurado popular dictaminará si el alcalde malversó fondos con el gasoil.

ALCALDE DE PONTECESURES /

El alcalde cesureño, acompañado por su abogado, ayer en el juzgado de Caldas de Reis

 

El alcalde de Pontecesures, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, volvió ayer a los juzgados de Caldas de Reis en calidad de imputado por el caso del gasoil. La presunta malversación de fondos públicos a través de los repostajes de un vehículo municipal implica también al exencargado de obras del Concello, Xurxo Gerpe. Ambos estaban citados ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, que a comienzos de año incoó el procedimiento para que, en caso de celebrarse juicio, sea ante un tribunal popular. En los próximos días la jueza deberá emitir un auto en el que dictamine si continúa el procedimiento o se archiva la causa, algo que ya hizo en tres ocasiones siendo corregida por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que consi-dera que sí ??existen indicios racionales de criminalidad?.
En la comparecencia de ayer todas las partes mantuvieron el mismo criterio que vienen postulando desde hace seis años, cuando se judicializó el caso. El fiscal no formuló acusación al entender que no hay indicios de delito, mientras que la acusación particular (encarnada en el portavoz de Agrupación Cidadá de Pontecesures, Luis Sabariz Rolán) interesó la apertura de juicio oral. La defensa de Angueira y Gerpe pidió el sobreseimiento de la causa ya que los hechos investigados ??no constituyen infracción penal? y, en caso de que haya juicio, el abogado alegó que el presunto delito de malversación ya habría prescrito.

Nissan patrol
La investigación se centra en el consumo de combustible de un Nissan Patrol del departamento municipal de Obras entre los años 2003 y 2006. La acusación sostiene que ??los consumos son imposibles? y que, ??presuntamente, han sido desviado fondos municipales para fines distintos?. Los continuos repostajes en ??días casi sucesivos o incluso en el mismo día? y en jornadas no laborables y la declaración de una exempleada de la gasolinera que afirmó que las facturas de consumo privado del coche del alcalde se colocaban junto a los tíckets del Ayuntamiento fundamentan la acusación. También un informe pericial que concluye que ??hay un exceso de consumo que no tiene una explicación razonable? y que habría representado para las arcas municipales un sobrecoste de 6.822 euros.
El alcalde argumentó en su día que el combustible se utilizaba en viajes del club Náutico, para una estación de bombeo, que se cargaba en garrafas para surtir a un dumper y un tractor que hacían trabajos para el Concello y que el Nissan Patrol consumía en exceso por su antigüedad. Estas explicaciones son, en palabras de la acusación, ??absurdas? ya que, una vez denunciados los hechos, ??el coche pasó a un consumo normal?.
La querella se dirige contra el alcalde ya que era él quien autorizaba el gasto del gasoil, ??aprobando las facturas y los pagos por decreto?. Por su parte, Xurxo Gerpe ??firmó prácticamente todos los tíckets en la gasolinera?.

La comparecencia ayer de los imputados en el Juzgado de Caldas de Reis fue breve y, a su conclusión, Manuel Luis Álvarez Angueira se mostró tranquilo y confiado en que la justicia acabe ??dándonos a razón?. De hecho, cree que ya está siendo así y valora ??positivamente? que el fiscal no vea indicios de delito y que el juzgado haya dictado el archivo de la causa ??hasta en cuatro ocasiones y con dos juezas distintas?, añade el abogado del alcalde, Ramón Senín Fernández.
Fue la Audiencia Provincial de Pontevedra la que en todas esas ocasiones ordenó reabrir el caso al entender que las pruebas son de ??suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario?.
A pesar de ello, primer edil del municipio cesureño afirma que ??teño a conciencia totalmente tranquila? y sigue defendiendo que ??nada foi constitutivo de delito?. Desde su punto de vista, la continuación del procedimiento judicial ??non leva a nada? y ??non ten sentido? y la  achaca a la ??obsesión que ten comigo este señor?, en referencia al concejal independiente Luis Sabariz Rolán. ??Pola súa insistencia estamos chegando unha situación surrealista?, añadió Álvarez Angueira a su salida del juzgado caldense.

Diario de Arousa

 

 

 

El fiscal descarta imputar al alcalde de Pontecesures por el exceso de gasto de gasoil.

 

 

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La acusación sí solicita que Angueira y Gerpe sean procesados por malversación de fondos.

El alcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) acudió ayer al juzgado número 1 de Caldas de Reis para asistir a una comparecencia previa a la constitución del Tribunal del Jurado que deberá juzgar el caso por el gasto excesivo de gasoil que presuntamente se cometió en el Ayuntamiento mediada la década pasada. La vista sirvió para que las partes concretasen su imputación.

En este sentido, el fiscal rehusó imputar al regidor y al otro denunciado, el trabajador municipal, Xurxo Gerpe, mientras que el abogado de la acusación, José Roibás, propuso imputar a ambos por malversación de caudales públicos. Los abogados de los denunciados, por su parte, solicitan el sobreseimiento de las actuaciones y, en caso de que esta petición no sea tenida en cuenta, que se declare la prescripción del presunto delito debido al tiempo transcurrido.

El caso se remonta a mediados de la década pasada, cuando Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz (entonces concejales de la corporación, puesto en el que continúa en la actualidad el primero de ellos) denunciaron que se estaba realizando un gasto excesivo de combustible en los vehículos municipales. Según la acusación, hubo un gasto injustificado de más de 6.000 euros por diversos repostajes realizados por el vehículo de Obras.

El asunto se tramitó en los juzgados de Caldas (partido judicial al que pertenece Pontecesures) y el juez consideró en su día que no había motivos suficientes para elevar el asunto a juicio, ordenando su sobreseimiento. Pero Sabariz y Alfonso Diz recurrieron ante la Audiencia Provincial, y los magistrados de esta sala ordenaron al juzgado de Primera Instancia reabrir la causa, al entender que sí existen indicios de delito que es necesario investigar. Así las cosas, el juzgado retoma el asunto, que si prospera si juzgará mediante el Tribunal del Jurado, ya que ésta es la fórmula que se contempla para los casos de supuesta malversación de caudales públicos.

Los denunciados alegan que no existió delito.

El fiscal declinó solicitar la imputación de Angueira y Gerpe y se basó en una serie de escritos que ya se analizaron en anteriores fases del proceso. Los abogados del alcalde y el trabajador municipal, por su parte, plantean el sobreseimiento alegando que no existió delito. Finalmente, la acusación particular incide en las investigaciones periciales que, según ellos, sí arrojan la comisión de irregularidades. Alegan que Angueira aprobó las facturas y que Gerpe las firmaba.

Faro de Vigo

Aplazan al 7 de marzo el desahucio de Pontecesures.

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El siete de marzo a las once de la mañana. Esa es la nueva fecha dada por el juzgado de Caldas a la familia de Victoria Santiago para desalojar la vivienda que ocupan en el lugar de Monte de Porto (Pontecesures). El desalojo estaba previsto, inicialmente, para mañana, pero la intervención in extremis de la plataforma Stop Desahucios y de sus asesores legales han permitido ganar tiempo. Casi un mes de tiempo.

El abogado Ignacio Delgado fue el encargado, desde Madrid, de presentar un escrito de alegaciones a una sentencia de faltas que desembocaba, sorprendentemente, en la orden de desahucio de la familia de Victoria Santiago. Su apelación se centraba, básicamente, en el hecho de que un procedimiento penal por amenazas y coacciones no puede terminar, en ningún caso, dilucidando la titularidad y los derechos sobre una vivienda, un asunto que debe aclararse por otras vías y atendiendo a la complejidad de la historia de Victoria Santiago, su ex marido y la última pareja de este.

Ignacio Delgado reconocía ayer desconocer las razones por las cuales el juzgado ha decidido retrasar casi un mes el desahucio de la familia cesureña. En cualquier caso, ese tiempo a mayores se exprimirá al máximo. De momento, ya se ha preparado una demanda «para la adopción de medidas cautelares de paralización definitiva del desalojo de Victoria Santiago y su familia ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».

El margen de tiempo ganado por su familia ha aliviado, en parte, la tensión a la que esta está sometida. Aun así, Victoria Santiago señalaba ayer tarde que haber ganado unas semanas no es motivo suficiente para «estar tranquilo». «Tranquilos estaríamos se isto xa estivera rematado, pero o que gañamos foi uns días máis, pero o sete de marzo tamén acabará chegando», señalaba esta mujer. Reconoce que «toda a nosa esperanza está posta na plataforma» Stop Desahucios Barbanza, un colectivo que parece haber logrado frenar la primera amenaza de desahucio.

Mientras este grupo de apoyo trabaja explorando vías judiciales, el Concello de Pontecesures intenta poner su granito de arena y busca algún lugar en el que reubicar a la familia en caso de que esto llegase a ser preciso. Pero no es sencillo. A fin de cuentas, en la casa vive Victoria con su actual pareja, su hija, su hijo, la mujer de este y dos niños menores. Dos rapaces, dicen desde Stop Desahucios, por los que debería velar, de oficio, la Fiscalía.

«Tranquilos estaremos cando isto remate», dice la portavoz de la familia afectada.

La Voz de Galicia

Aplazan hasta el 7 de marzo el desalojo de los siete miembros de la familia de Porto.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Veinticuatro días de cierto alivio tienen por delante Victoria Santiago Lagares y su familia después de que el juzgado les notificase el aplazamiento hasta el próximo 7 de marzo de la orden de desalojo de la vivienda en la que residen en el Monte de Porto. El lanzamiento estaba previsto para mañana, pero las gestiones realizadas por la Plataforma Stop Desahucios de O Barbanza ante distintas administraciones y organismos han evitado un deselance tan precipitado.
Fue a mediodía de ayer cuando Victoria Santiago recibió la notificación del Juzgado de Paz de Pontecesures. ??Chamáronme por teléfono para que fora coller o papel? en el que se indica que el lanzamiento de la vivienda tendrá lugar el día 7 de marzo a las once de la mañana. En la misma providencia se requiere al Juzgado de Caldas de Reis para que ??ordene auxilio al puesto de la Guardia Civil correspondiente para efectuar dicho lanzamiento?. De hecho, el Instituto Armado ya estaba requerido para actuar mañana si finalmente se producía el desalojo.

Más margen de maniobra
Stop Desahucios no valora esta resolución como una victoria, sino como un mero aplazamiento del problema. Por eso, la plataforma barbanzana, con el apoyo jurídico del abogado Ignacio Delgado, continuará realizando gestiones para lograr la paralización definitiva de la orden del desalojo. Así, anuncian que en los próximos días presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda solicitando que, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas.
En ella se condena a Victoria Santiago y a otros seis miembros de su familia (entre ellos dos menores de 9 y 12 años) a entregar las llaves de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria y su exmarido, ya fallecido. Este legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Los servicios jurídicos de Stop Desahucios consideran el fallo contrario a derecho, al no estar acreditado quién es el propietario de la vivienda.
José Manuel Pena, portavoz de la plataforma en O Barbanza, tiene ??confianza? en que la resolución del Tribunal de Estrasburgo ??sea favorable? y consigan evitar que esta familia cesureña se quede en la calle. Pena reconoce la ??implicación ata o último momento? del Concello de Pontecesures, que intentó buscar un alojamiento alternativo para estos vecinos topándose con enormes dificultades al tratarse de una familia ??moi numerosa? y no estar originado el desahucio por motivos económicos. En los últimos días, ante la cercanía del desalojo, incluso se pidió amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores.

Diario de Arousa

La Guardia Civil ya está avisada para desalojar el jueves a la familia de Porto.

El Juzgado número 2 de Caldas de Reis ya avisó a la Guardia Civil para que el jueves acuda a Porto para hacer cumplir la orden de desalojo de la vivienda en la que reside Victoria Santiago junto a otros seis miembros de su familia, entre ellos dos niños de 9 y 12 años, según pudo saber la plataforma Stop Desahucios.
Al parecer, ya fue la semana pasada cuando se notificó a las fuerzas del orden para que acompañen a la comisión judicial, en previsión de que la familia no abandone la casa voluntariamente y puedan concentrarse en la zona integrantes de colectivos antideshaucios. Quien no actuará en ningún caso será la Policía Local cesureña, confirma la concejala Cecilia Tarela, que recuerda que está en vigor un acuerdo plenario por el cual los agentes municipales no participan en desahucios. Tarela matiza que, por el momento, la Policía tampoco recibió solicitud alguna por parte del juzgado.
Tras presentar el viernes una solicitud de paralización de la orden de desalojo, se esperaba que ayer hubiera un pronunciamiento por parte del juzgado caldense, pero este no se produjo, lo que hace temer que la jueza decida no dar marcha atrás. En previsión de que eso ocurra, hoy podría elevarse el asunto a los tribunales de la Unión Europea. ??Poderían contestar en dous días e, se a resposta é favorable, suspenderíase o desaloxo?, explica José Manuel Pena, portavoz de Stop Desahucios de O Barbanza.  La plataforma está en ??contacto permanente? con el Valedor do Pobo y también ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Menores, para que vele por los derechos de los dos niños que podrían verse en la calle.

Fecha límite.
Los días de angustia por los que está pasando esta familia guardan relación con una disputa por la titularidad de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria Santiago y su exmarido. La casa nunca fue escriturada y no figura en la sentencia de divorcio, por lo que está por aclarar quién es su propietario. Aún así, el exmarido de Victoria, que falleció hace unos dos años, legó el usufructo del inmueble a una mujer con la que mantenía una relación de pareja. Esta reclamó la vivienda y presentó una querella por supuestas amenazas y coacciones. La jueza de Caldas le dio la razón en una sentencia que obliga a Victoria y a su familia a abandonar la casa. La fecha límite para cumplir el mandato judicial es este jueves.

Diario de Arousa