Piden amparo al Valedor y a la Fiscalía para evitar el desalojo de la familia de Cesures.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Cinco de los siete miembros de la familia afectada.

Evitar que siete miembros de una misma familia de Pontecesures, entre ellos dos niños, se queden en la calle se ha convertido en el objetivo prioritario de la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza, del Concello cesureño y del abogado Ignacio Delgado. Y para ello están llamando a todas las puertas posibles. Si el viernes el letrado presentaba una cuestión prejudicial solicitando al Juzgado de Caldas que paralice la orden de desalojo (el plazo para que esta familia abandone la vivienda finaliza el próximo jueves), en las últimas horas han solicitado también amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores, a los que instan a tomar cartas en el asunto. La intervención de esta última la consideran fundamental teniendo en cuenta que dos niños de 9 y 12 años podrían verse afectados por el desalojo. El abogado de la familia no descarta incluso acudir a los tribunales de la Unión Europea si no prosperan las otras vías.
Una denuncia por supuestas coacciones y amenazas fue el origen del calvario para esta familia, encabezada por Victoria Santiago. Su exmarido (ya fallecido) legó el usufructo de la casa a su novia, pero la vivienda no consta en el registro de la propiedad y no está clara su titularidad. A pesar de ello, una sentencia obliga a Victoria y su familia a salir de la casa en días.

Diario de Arousa

Siete miembros de una familia de Pontecesures, al borde del desahucio.

porvi

A Victoria se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que piensa que el próximo jueves podría tener que abandonar su casa. El juzgado de Caldas le ha ordenado dejar la vivienda unifamiliar en la que reside junto con su pareja, una hija que está estudiando, un hijo, la esposa de este y sus dos nietos pequeños. La espada que pesa sobre sus cabezas no la ha colocado ahí ningún impago a ningún banco, sino un litigio de raíces profundas que ha tenido un desenlace inesperado.

Arranca la historia de Victoria a mediados de la década de los setenta, cuando se casó y, junto con su marido, se embarcó en la construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de Porto. La casa fue construida sobre terreno municipal, como todas las demás del barrio, y no fue nunca registrada ni escriturada. En el año 2007 Victoria se divorció y se marchó de casa con su hija pequeña. Se estableció al otro lado de la ría y durante años sacó adelante su vida.

Pero en el 2012 su ex marido falleció. A ella las cosas no le iban demasiado bien en Boiro. A uno de sus hijos, la vida también se le torció en Madrid, donde residía con su mujer y sus dos hijos. Así que decidieron unir fuerzas para resistir el envite de la crisis, trasladarse a la casa familiar y rehacer en ella su vida. Entre los exiguos ingresos que proporciona la explotación de un bar y las pensiones que perciben Victoria y su actual pareja, habían logrado reconstruir un hogar para siete personas.

Pero entonces las cosas se torcieron. El ex marido de Victoria, en su testamento, había dejado a su nueva pareja los derechos de usufructo de la casa, y la mujer no estaba dispuesta a renunciar a ellos. Eso produjo un enfrentamiento que derivó en un juicio de faltas contra Victoria y su familia por amenazas y coacciones.

El caso fue desestimado por el juzgado de paz de Pontecesures, pero el juzgado número dos de Caldas dio la razón a la demandante, impuso una multa a la familia y decidió, también, que los siete integrantes de la misma deben abandonar la casa el próximo jueves. «No es tan fácil encontrar un sitio para siete personas», explica desesperada Victoria. Sin saber adónde recurrir, se dirigió a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza, a través de la que ha recibido asistencia legal. Ayer, se presentó en el juzgado de Caldas un escrito de alegaciones en el que se pide que se suspenda la orden de desalojo de forma inmediata.

El letrado que se ha hecho cargo del caso por vía de urgencia, Ignacio Delgado, confía en que se tome en consideración sus argumentos, que se centran en el hecho de que la casa no estaba escriturada y ni siquiera figuraba en el acuerdo de divorcio. Por lo tanto, es más que discutible que el ex marido de Victoria, ahora fallecido, estuviese facultado para legarla a unos o a otros. El abogado considera que, antes de nada, hay que aclarar qué ocurre con esa vivienda. «No parece lógico que de un juicio de faltas se derive una orden de desahucio que amenace a una familia de siete personas».

La Voz de Galicia

??Estamos vivindo un inferno?.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Cinco miembros de la familia cesureña que tienen que desalojar la casa el jueves.

Victoria Santiago está a punto de perder la vivienda que ella misma ayudó a construir en el Monte de Porto, en Pontecesures, hace tres décadas. El jueves acaba el plazo otorgado por el Juzgado número 2 de Caldas de Reis para que ella y otros seis miembros de su familia (entre ellos dos niños de 9 y 12 años) desalojen el inmueble. ??Estamos vivindo un inferno?, sentencia casi sin dar crédito todavía al mandato judicial. ??Non sabemos que facer, a onde ir. Estamos desconxuntados? por lo que considera ??un erro da xustiza? y que nada tiene que ver con impagos ni ejecuciones hipotecarias. Una denuncia por coacciones y amenazas originó la pesadilla por la que atraviesa esta familia.
La vivienda en cuestión ??fixémola o meu exmarido e máis eu hai trinta anos?. En 2007 se divorciaron y Victoria se fue a vivir de alquiler a Boiro con una de sus hijas, por aquel entonces menor de edad, mientras que su excónyuge permanecía en el domicilio familiar. Hace unos dos años el hombre falleció y Victora y sus hijos optaron entonces por volver a la casa de Pontecesures. ??A metade é miña?, asevera, ??e os meus fillos estaban de acordo? en regresar. Los problemas comenzaron al descubrir que el exmarido había nombrado a su novia usufructuaria de la vivienda.  ??Deulle o usufructo de toda a casa, cando a metade é miña?, defiende esta cesureña. En realidad el inmueble nunca llegó a inscribirse en el registro de la propiedad y no consta en la sentencia de divorcio. ??Está en tierra de nadie?, comenta el abogado Ignacio Delgado, que ha asumido el caso tras contactar con él la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza.
Las discrepancias entre Victoria y sus hijos y la pareja de su exmarido desembocaron en la interposición por parte de esta última de una querella por amenazas y coacciones, acusándolos, entre otras cosas, de colocar cadenas para impedir su entrada en la vivienda. El Juzgado de Paz de Pontecesures los absolvió pero el Juzgado de Primera Instancia de Caldas revocó el fallo y condenó a la familia de Victoria Santiago a una multa y a desalojar el inmueble de forma inminente. El jueves es la fecha límite, el día en el que podrían verse en la calle Victoria y su pareja, sus dos hijos, una nuera y dos niños de 9 y 12 años escolarizados en Pontecesures y Padrón respectivamente.
Con la ayuda de Stop Desahucios y el Concello ??estamos mirando que podemos facer? para dejar sin efecto la orden de desalojo: ??Estamos movendo Roma con Santiago? para intentar que ??paren a execución da sentenza polo menos ata que consigamos unha casa para os sete ou ata que acabe a escola? para que los niños puedan finalizar el curso. Ayer mismo se presentó en el Juzgado de Caldas de una cuestión prejudicial solicitando ??como medida cautelarísima que se paralice el procedimiento de desalojo? y que ??se diriman las cuestiones de fondo relativas a la propiedad de la casa?, explica el letrado Ignacio Delgado. El abogado urge al Juzgado caldense una respuesta y, si a comienzos de la semana próxima ??no hay avances, nos veremos en la obligación de elevar el asunto a los tribunales de la Unión Europea?.

El Concello estudia medidas
El Concello también estudia medidas para ayudar a esta familia, que el lunes mantendrá una reunión con la asistenta social y también con la concejala Cecilia Tarela para ??estudar a situación desta xente, xa que a nivel social non tiñamos contacto ningún con eles?. La edil avanza que el lunes ??imos intentar falar coa xuíza, porque a sentenza é un pouco rara. Nunca vin un desaloxo por un xuízo de faltas, para nós é unha circunstancia totalmente nova?. En virtud de un convenio con la Xunta y los bancos en Pontecesures hay dos pisos a disposición de familias desahuciadas pero solo por motivos económicos.

La Guardia Civil para un coche en Valga y halla droga en su interior.

La Guardia Civil imputa a un vecino de Pontecesures de 34 años un presunto delito de tráfico de drogas a pequeña escala en Valga. La actuación correspondió a los agentes del puesto de esta última localidad, que el fin de semana pararon el vehículo que conducía el imputado a la altura del cruce de Raxoi, en el kilómetro 89 la carretera nacional 550 que une Vigo con A Coruña.

El hombre, de iniciales D.V.B., iba solo en un Volkswagen Golf, en cuyo interior los agentes localizaron, según un comunicado difundido por la Comandancia de Pontevedra, pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como una báscula de precisión y dinero en metálico en billetes de distinto valor.

Así las cosas, el pontecesureño fue conducido al cuartel de Valga para la instrucción de diligencias, que fueron remitidas junto al material incautado al juzgado número 2 de Caldas de Reis. El imputado quedó en libertad y tendrá que presentarse ante el juez cuando sea requerido para ello.

El operativo se enmarca en las campañas de la Guardia Civil para erradicar la venta de estupefacientes a pequeña escala. Según el comunicado el pontecesureño estaría dedicándose a esta actividad también en la población vecina de Valga.

Faro de Vigo

Sorprenden a un cesureño con cocaína, hachís y marihuana en el coche en el que viajaba.

La Guardia Civil imputó a D.V.B., de 34 años, vecino de Pontecesures, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas a pequeña escala tras sorprenderlo el pasado fin de semana con ciertas cantidades de cocaína, hachís y marihuana dentro de su coche.

El hecho tuvo lugar cuando una dotación del cuartel de la Guardia Civil de Valga interceptó en la N-550, en el cruce de acceso a Raxoi, un vehículo marca Volkswagen y modelo Golf que conducía el sospechoso y único ocupante. En su interior fueron localizadas pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como una báscula de precisión y dinero en metálico.

Los agentes imputaron por ello al conductor en un supuesto delito contra la salud pública, al entender que la droga estaba preparada para su venta, y fue conducido por ello al cuartel de la Guardia Civil de Valga, donde el sospechoso tuvo que prestar declaración.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado número 2 de Caldas, que instruye el caso y ante el que se tendrá que presentar el imputado cuando sea llamado.

Faro de Vigo

Piden cárcel para siete acusados por el siniestro pirotécnico de Padrón.

 

La detonación defectuosa provocó daños personales pero también en el convento padronés.

El Juzgado número 1 de Padrón dictó el 11 de diciembre un auto por el que decreta la apertura del juicio oral por el accidente pirotécnico ocurrido en las fiestas de Pascuilla de Padrón en marzo del 2008, en el que resultaron heridos dos jóvenes, uno de ellos de gravedad en un pie, por la detonación defectuosa de uno de los artefactos.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares coinciden en las imputaciones, un total de siete. Cuatro son de personas vinculadas a las dos empresas pirotécnicas que participaron en la tirada de los fuegos de artificio: J.L.C.A., responsable de la firma de Coristanco a la que se los contrató el Concello a través de un intermediario, I.R.L., que también está acusado; J.A.P.B., empleado de esta firma y A.C.R., responsable de la de Teo que suministró el material. Los otros tres acusados son la entonces concejala de Fiestas, C.C.V.; el jefe de la Policía Local, F.J.A.B.; y el responsable de Protección Civil, J.C.S.S.

Para todos ellos, Fiscalía y acusación particular piden la misma pena de tres años de prisión por dos presuntos delitos de lesiones imprudentes, además de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, junto con las costas.

En cuanto a la responsabilidad civil, Fiscalía y acusaciones particulares difieren en la cuantía de las indemnizaciones. El ministerio público solicita 260.000 euros para el joven de Rois herido y 1.950 euros para la compañera con lesiones.

Por su parte, la defensa del joven, que quedó con secuelas en el pie, pide 500.000 euros de indemnización para su cliente y 1.950 para su compañera mientras que el abogado de esta pide lo mismo para el joven y 9.500 euros para ella.

El juicio se celebrará en un juzgado de lo Penal de Santiago y la fecha está pendiente de fijar.

Para la Fiscalía, los responsables de las dos empresas, que llevaron a cabo conjuntamente la realización, montaje y disparo de los fuegos de artificio, y el trabajador de una de ellas procedieron durante la tarde del 29 de marzo de 2008 a colocar el material pirotécnico para la realización de los fuegos, «a sabiendas de que los elementos que iban a emplear, en concreto, un cilindro de aluminio utilizado como cañón para la proyección de bombas, estaba debilitado por su uso excesivo», por lo que «no conservaba las propiedades físicas óptimas para soportar la presión ejercida por la carga». Además, a consecuencia de las abundantes lluvias caídas durante esa jornada, «las carcasas de los artificios habían aumentado considerablemente su volumen, sin que adoptaran ninguna medida para evitar que se humedecieran ni cambiaran los dispositivos de lanzamiento», según sostiene el escrito de acusación.

Todo ello provocó, según la Fiscalía, que «fallase el mecanismo de retardo de uno de los últimos fuegos, explosionando la bomba dentro del tubo, que se despedazó» y provocó el impacto de los fragmentos en dos de las personas que se encontraban como espectadoras, «a menos de 15 metros desde donde se disparaban los fuegos».

La Voz de Galicia