El alcalde será juzgado por el caso del gasoil al haber ??indicios de criminalidad?.

El alcalde de Pontecesures, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo para responder por un presunto delito de malversación de fondos públicos que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006, a través de los repostajes del vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraba el parque móvil del departamento municipal de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello, Xurxo Gerpe Jamardo.
En un auto fechado el pasado 12 de noviembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra revoca el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Juzgado número 1 de Caldas y ordena continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formulen acusación de cara a la celebración del juicio oral. Es la tercera vez que la Audiencia corrige a la jueza de instrucción y deja sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz, y el que fue su compañero de partido, Alfonso Diz. Si bien, cabe recordar que el primero en judicializar el caso del gasoil fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el concejal de TeGa Ángel Souto Cordo, que por aquel entonces era líder del PP en la oposición.
El tribunal de la Audiencia considera que ??existen indicios racionales de criminalidad? porque el informe pericial encargado por el Juzgado ??constata un excesivo consumo de gasoil? del Patrol de Obras que ??no encontraría justificación razonable? y que habría supuesto para el Concello un sobrecoste de 6.822, 94 euros entre los años 2003 y 2006.
El recurso presentado por Sabariz y Diz incidía en las declaraciones de varios testigos, como una exempleada de la gasolinera en la que repostaba el Patrol y que habría declarado que ??las facturas de consumo privado? del alcalde ??se colocaban en el pincho destinado al Ayuntamiento junto a los tickets de otros vehículos municipales?. Después era Xurxo Gerpe quien ??firmaba todos delante de ella sin distinguir los tíckets municipales de los privados?. Una administradora de la gasolinera, sin embargo, contradijo esta versión, afirmando que Álvarez Angueira ??pagaba, él mismo, todos los consumos de su vehículo privado?. Ante estos testimonios contrapuestos, los querellantes solicitaron un careo entre ambos testigos que fue denegado por la jueza de instrucción.
También se aludía en el recurso al informe pericial judicial, que concluye ??un exceso de consumo que no tiene explicación razonable?. Alegan los imputados que podría deberse a ??problemas técnicos, de antigüedad y deterioro? y que los consumos imputados al Patrol hacen también referencia a otros vehículos municipales, a garrafas, a un chimpín y a un tractor particular que realizaba servicios para el Concello.
El auto de la Audiencia indica que ??no es este el momento procesal oportuno para valorar los distintos informes periciales, que podrán ser sometidos a contradicción y aclaración en el seno del juicio, ni tampoco para hacer prevalecer las declaraciones de unos testigos sobre otros?, debiendo por tanto continuar las diligencias previas hasta el acto del juicio oral.

Diario de Arousa

La Audiencia ordena al juez de Caldas que siga con el caso del gasoil cesureño.

Estima el recurso de apelación presentado por ACP y señala que hay indicios delictivos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los independientes de ACP, Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias dictado por el Juzgado de Primera Instrucción de Caldas en mayo pasado relativas a la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos, a través de facturas de gasoil, cometidos en 2003 por el alcalde Luis Álvarez Angueira y un empleado público. La Audiencia considera que existen «indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario, en caso de presentarse la pertinente acusación, en el marco del juicio oral donde se discuta la realidad de los hechos».

El titular del Juzgado de Caldas, contrariamente a lo que dictamina ahora la Audiencia, archivó la causa al entender que no había quedado «debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos». El auto judicial de mayo pasado entiende que si bien se habría constatado un consumo excesivo de gasoil en el Nissan Patrol del Concello entre 2003 y 2006 en base al informe del perito judicial, «no se constató» ni que dicho consumo excesivo fuese «para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se ha acreditado la existencia de un ánimo de lucro por parte de los imputados».

Tanto Sabariz como Diz alegaron que sí existen indicios de delito, citando los testimonios de varios trabajadores del Concello, exempleados de la gasolinera donde repostaban los vehículos municipales y la pericial relativa al consumo del Patrol investigado (que en el periodo denunciado llegó a alcanzar el 47,81 %, y una vez denunciados los hechos, realizando las mismas funciones el consumo bajó al 14,72%). También aludieron a que no se había practicado ningún careo en el caso de testimonios contradictorios.

En base a esto, la Audiencia, que da un tirón de orejas al titular del Juzgado de Caldas, apunta que «contrariamente a lo afirmado por el instructor, la prueba derivada de la Instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad». El tribunal provincial considera constatado que el Patrol tuvo un consumo excesivo, para el que no se encontraría justificación razonable» y que esto supuso un sobrecoste para el Concello de 6.822 ?. Por ello revoca el auto de sobreseimiento de la causa y ordena al juzgado continuar con las diligencias del caso.

El Correo Gallego

La Audiencia reabre el caso contra Angueira por el excesivo consumo de gasoil

Revoca el archivo provisional de la causa dictado en Caldas y empuja el procedimiento hacia la apertura de juicio oral

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Han pasado siete años desde que inició su andadura en los tribunales, pero el caso del gasoil sigue coleando en Pontecesures. Hace unos meses, el juzgado número uno de Caldas decidía el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde, Álvarez Angueira, y contra el trabajador municipal Xurxo Gerpe. Esa decisión -que no era la primera vez que se tomaba- fue recurrida por Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz, y la Audiencia les ha dado la razón. En un auto dictado hace unos días, este tribunal decidía estimar su recurso y ordenaba al juzgado de Caldas la reapertura del procedimiento.

El origen del caso es una denuncia presentada en 2006 por el PP y la ACP contra Angueira y Gerpe, a los que acusaban de malversar fondos. Según afirmaban, el Concello habría abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de pago de combustible por el vehiculo del servicio de obras, que entre 2003 y 2006 habría consumido una media de 400 euros mensuales de gasoil.

Una prueba pericial confirmaba que, efectivamente, entre los años 2003 y 2006 se habría producido «un consumo excesivo de gasoil en el vehículo del ayuntamiento Nissan Patrol». Sin embargo, el juzgado caldense concluyó que «no resultó debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos», ya que «no se habría constatado ni que ese consumo fuese para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se habría acreditado un ánimo de lucro en los imputados». De ahí, su decisión de archivar la causa. Pero los denunciantes no se rindieron, y presentaron un recurso en la Audiencia en el que afirmaban que, según las pruebas y testimonios recabados durante el proceso judicial sí «existirían indicios de la comisión del delito».

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El juzgado de Caldas reactiva la instrucción por la muerte de un nonagenario en Valga

El cadáver de «Nelo do Rato» apareció calcinado en el suelo de una capilla privada.

El juzgado de Caldas de Reis reactiva estos días el procedimiento por la violenta muerte del nonagenario vecino de Valga, José Manuel Burés, conocido como Nelo do Rato.

El hombre apareció quemado en el interior de una capilla privada, aneja a su vivienda, y con signos de haber sido golpeado con un objeto contundente.

El próximo 13 de diciembre acudirá a declarar a la sede judicial de la villa termal el hermano del fallecido, José Burés, de 96 años, aunque su testimonio se referirá a un antiguo robo que sufrió en su domicilio, en el que también podría estar implicado el presunto homicida y vecino de la misma localidad.

El cadáver de Nelo do Rato fue encontrado por una hija suya el pasado 28 de junio y una semana después fue detenido el principal sospechoso de los hechos, Rafael Costas, de 40 años, quien tiene antecedentes por hechos delictivos derivados de su consumo de drogas.

Precisamente la hija de la víctima acaba de pasar por los juzgados de Caldas de Reis para declarar acerca de los hechos ocurridos hace seis meses.

Por su parte, Rafael Costas permanece ingresado en la prisión de A Lama acusado de un presunto delito de homicidio, además de al menos dos robos en la vivienda de su víctima.

De todos modos, es preciso recordar que Costas siempre negó los hechos, aunque todos los indicios apuntan hacia que fue el autor, según consta en los informes emitidos por agentes especializados que participaron en la investigación de los hechos.

La muerte de José Manuel BUrés causó gran impacto en la localidad en la que residía debido a las características de la muerte, pues el hombre apareció calcinado.

Aunque en principio se creyó que podía ser una muerte accidental, la autopsia reveló que sufría un traumatismo craneoencefálico que pudo ser el detonante de su fallecimiento, ya que el hombre contaba con 92 años de edad.

Fue precisamente ese origen violento lo que llevó a sospechar del vecino, ya que antes había sido investigado por varios robos que la víctima había sufrido en su domicilio.

O Rato ya había puesto en conocimiento de los cuerpos de seguridad que había sido objeto de varios robos, e incluso que en una ocasión le habían atado y amordazado en una silla de su domicilio particular, aunque no le habían causado lesiones.

Los vecinos han subrayado el pavor que desde aquellos hechos tenía la víctima, pues vivía solo en su casa de la localidad.

Faro de Vigo

Un juzgado de Padrón ratifica la prisión para los 13 marroquíes detenidos en un barco cargado de hachís.

Iban a bordo de un pesquero que se dirigía a las costas gallegas para, desde ahí, distribuir la droga a otra zonas de España y Europa

El Juzgado número 1 de Padrón ratificó ayer la medida de prisión para los 13 ciudadanos marroquíes que fueron detenidos en alta mar en el marco de una operación relacionada con el tráfico de drogas, que sigue declarada secreta. Los detenidos iban a bordo de un pesquero que fue abordado con 10 toneladas de hachís y que se dirigía a las costas gallegas desde donde, posteriormente, estaba previsto distribuir la droga a otras zonas de España y de Europa.

Un autobús de la Guardia Civil trasladó a los 13 detenidos desde la cárcel de Teixeiro, en la que están ingresados, hasta el juzgado de Padrón, en el que estaban citados a las nueve de la mañana. Las declaraciones se prolongaron durante buena parte de la mañana, después de que los detenidos fueran llevados ante la jueza Berta Vidal Gallego, que ratificó la prisión comunicada y sin fianza para los 13.

El fiscal solicitó que los arrestados siguiesen en prisión, mientras que la defensa solicitó su puesta en libertad, con o sin fianza, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La presencia del autobús de la Guardia Civil en una zona peatonal de Padrón llamó la atención de los viandantes, así como el traslado, uno a uno, de los detenidos hasta el segundo piso del edificio judicial.

Sobre la conexión de esta operación antidroga, que propició el apresamiento del barco con hachís a 50 millas de las costas portuguesas, con el juzgado padronés sigue sin trascender nada. Lo único que se sabe es que la operación parte del juzgado de Padrón y que en ella trabajaron de forma conjunta investigadores de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera.

La Voz de Galicia

Cesures devolverá parte de la extra de 2012 al personal laboral.

La decisión de un Juzgado de Pontevedra a abonar parte de la paga extra a un grupo de trabajadores del Concello.
Se trata de una demanda interpuesta por UGT en el momento que se aplicó la suspensión de la paga decretada por el Gobierno central. Los denunciantes reclamaron por vía judicial que se pagase la parte proporcional de la paga que les correspondía, al haber un período de indefinición en el que el Gobierno central no especificó si el decreto tambie´n se aplicaba al personal laboral.
El alcalde, Luis Álvarez Angueira, explicó que el Gobierno local esta «totalmente de acordo coa sentenza e nin sequera apelará contra o fallo xudicial. Teremos que habilitar unha partida e pagaremos encantados, pois non estabamos por aplicar aquela medida». El regidor no explicó la cantidad que habrá que desembolsar «aínda que non é moita, posto que temos un plantel pequeno e a sentenza obriga a devolver unha pequena parte proporcional; o equivalente a 14 días do mes de xullo». Álvarez Angueira recuerda que «no seu día non estabamos conformes co decreto, pero tivemos que aplicalo, porque, despois de moito estudar como podiamos facer, atopamos un reparo de Intervención que nos impedía dispoñer dos fondos para esta finalidade». El alcalde cesureño añadió que «o único que lamento é que a vía xudicial non permitira devolvelo todo, pois a medida era realmente inxusta».

Diario de Pontevedra