El Juzgado eleva al Tribunal del Jurado la denuncia por malversación contra el alcalde nacionalista de Pontecesures.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas ha dictado un auto en el que acuerda la continuación del procedimiento instruido contra Manuel Luis Álvarez Angueira, el alcalde nacionalista de Pontecesures, y el trabajador municipal Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se imputa un presunto delito de malversación.

Este nuevo paso significa que se abren las puertas al juicio en el Tribunal del Jurado, que será el que deba aclarar ahora si realmente existió un consumo presuntamente abusivo de carburante en vehículos municipales.

Hay que recordar que este procedimiento comenzó hace ocho años y ya llegó tres veces a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que en todos los casos devolvió el proceso al Juzgado de Caldas para que siguiera instruyendo la causa en primera instancia

La última vez que eso ocurrió, la sala provincial argumentó que “contrariamente a lo afirmado por el instructor, la prueba derivada de la instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario en caso de presentarse la pertinente acusación, en el marco del juicio oral donde se discuta la realidad de los hechos que constituyen el objeto de esta causa, contrastándose los diferentes testimonios y los distintos informes periciales con pleno juego de los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad”.

Y eso es lo que hace ahora el Juzgado de Caldas, dar continuidad al proceso para que se celebre juicio oral y se determine si realmente existen indicios racionales de criminalidad suficientes relacionados con un excesivo consumo de gasoil que pudiera no tener justificación razonable.

Faro de Vigo

El juzgado mantiene al alcalde como imputado y habrá juicio por el gasoil.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, Encarnación Dasi Dorelle, emitió esta semana un auto en el que acuerda continuar el procedimiento para la celebración del juicio por el caso del gasoil, en el que están imputados por presunta malversación de fondos el alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, y el exencargado de Obras del Concello, Xurxo Gerpe Jamardo. Ambos serán juzgados por un tribunal popular en una fecha todavía sin determinar y después de que los tres archivos provisionales de la causa dictados por el juzgado caldense fuesen revocados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que considera que ??existen indicios racionales de criminalidad?. También lo entiende así la acusación particular, encabezada por el portavoz de ACP, Luis Sabariz. En un reciente escrito presentado en el juzgado sostiene que los consumos de combustible del vehículo Nissan Patrol (que actualmente ya no forma parte del parque móvil municipal) ??son imposibles? y cree que ??presuntamente han sido desviados fondos para fines distintos?. Un informe pericial cifra en 6.822 euros el sobrecoste por el ??exceso de consumo? entre los años 2003  y 2006.
Por la contra, la Fiscalía no ve indicios de delito, por lo que no formuló acusación contra los imputados en la vista celebrada el pasado 14 de febrero. En ese mismo acto, la defensa de ambos encausados pidió el sobreseimiento de la causa ya que los hechos ??no constituyen infracción penal?. Además, alegó que el supuesto delito habría prescrito. Álvarez Angueira afirmó tener la conciencia ??totalmente tranquila? y achacó la continuación del procedimiento a la ??obsesión que ten comigo este señor?, en referencia a Sabariz Rolán.
En su auto, la jueza no propone ni autoriza nuevas diligencias ya que entiende que las practicadas hasta el momento ??son suficientes?. Su decisión ya fue notificada a la Fiscalía y a las partes personadas para que, en un plazo que concluye el 28 de febrero, ??insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando conclusiones provisionales?. Contra este auto puede interponerse recurso de reforma ante el propio Juzgado número 1 de Caldas.

Diario de Arousa

Stop Desahucios apela al ??derecho a una vivienda digna? para apoyar a la familia de Porto con orden de desalojo.

La plataforma Stop Desahucios quiso aclarar ayer que su apoyo a la familia de Pontecesures con orden de desalojar el próximo 7 de marzo la vivienda en la que reside se debe la ??situación dramática? en la que quedarían las siete personas afectadas (entre ellas dos niños de 9 y 12 años) en caso de producirse el desahucio. ??No van a vivir debajo de un puente?, comenta José Manuel Pena, portavoz de la plataforma de O Barbanza, que apela a la protección de los ??derechos fundamentales? de las personas, entre los que destaca ??el derecho a una vivienda digna?, recogido en el artículo 47 de la Constitución.  Todo ello dejando claro que este es un caso atípico que no deriva de una ejecución hipotecaria sino de una disputa por el derecho de uso de la vivienda.
Victoria Santiago y otros seis miembros de su familia residen ahora en el inmueble a pesar de que el exmarido de Victoria legó, a su muerte, el usufructo de la casa a otra mujer con la que había convivido. El abogado de esta sostiene que la edificación está ocupada ??ilegítimamente? por esta familia que, según recoge una sentencia, está condenada por una falta de coacciones al haber colocado ??cadenas y candados? para evitar el acceso a su clienta, cuyas pertenencias ??ni siquiera se le ha permitido recoger?, asevera el letrado Fidel Riobó, que lamenta que Stop Desahucios no haya intentado ??siquiera conocer la situación personal y económica de mi clienta?, que cobra una pensión no contributiva.
Victoria Santiago sostiene, por su parte, que la vivienda es, al menos en parte, de su propiedad ya que la construyó el matrimonio conjuntamente sin que nunca llegaran a escriturarla. Con apoyo jurídico de Stop Desahucios presentará una demanda civil ??para hacer valer sus derechos de propiedad?, además de solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que adopte medidas cautelares para paralizar el desalojo mientras no se resuelva el conflicto en torno a la titularidad del inmueble. Creen que el Juzgado de Caldas, que ordena el desalojo, ha cometido ??un error material gravísimo? y se ha ??extralimitado al disponer, en un juicio de faltas por coacciones, de la propiedad privada de una familia?.

Trabajo “altruista”
José Manuel Pena aclara que sus acciones ??no van contra la otra parte? y lamenta ??la situación de esta persona?, en referencia a la usufructuaria. Añade que ??nosotros no somos una ONG ni una administración pública, ayudamos de forma altruista a quienes nos lo solicitan?, como fue el caso de esta familia de Porto. No así la otra protagonista del conflicto, que ??tiene un abogado que la está defendiendo?.
Insiste en que ??nuestra obligación es defender el derecho a una vivienda digna? de todos los ciudadanos y más cuando se trata de ??una situación dramática? y con menores de por medio. ??Esto es lo que mueve a Stop Desahucios? y solo espera que, si el desalojo finalmente se produce, ??el Concello de Pontecesures o la Xunta tengan un inmueble alternativo para que estas personas no se queden en la calle?.

Diario de Arousa

La usufructuaria de la vivienda de Porto con orden de desalojo afirma que la casa está ocupada ??ilegítimamente?.

El abogado de la mujer usufructuaria de la vivienda del Monte de Porto con orden de desalojo indica que Victoria Santiago y su familia, que ??se presentan ante la opinión pública como víctimas, son en realidad condenados por una falta de coacciones? al haber impedido que su clienta accediese al inmueble ??mediante la colocación de unas cadenas y candados?. Así lo corrobora, incide, la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas, que revocó el fallo inicial absolutorio del Juzgado de Paz de Pontecesures. Es esa condena la que lleva aparejado el ??reintegro inmediato a mi clienta de la que era su vivienda habitual?. El usufructo de la casa le fue legado por Elisardo Taibo, exmarido de Victoria Santiago, en su testamento, por lo que ??debe quedar claro que los condenados entraron sin título legal en una vivienda ocupada por un tercero y se apoderaron ilegítimamente del uso de la misma?, continúa el letrado Fidel Riobó.
Victoria Santiago y su familia (viven en la casa siete personas, entre ellos dos menores de edad) defienden que la mitad de la vivienda es suya, pues la habría construido el matrimonio conjuntamente. Ante el inminente desalojo, que estaba fijado para el 13 de febrero y que quedó postergado hasta el 7 de marzo, recurrieron a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza que les facilitó un abogado. Han recurrido al Tribunal de Estrasburgo para que paralice la ejecución de la sentencia y presentarán una demanda civil para ??hacer valer sus derechos de propiedad?.
Ante esto, el abogado Fidel Riobó comenta que, ??si consideran que tienen algún derecho superior? al de su clienta, ??tienen los tribunales de justicia para ejercitar las acciones civiles que les asisten?. Relata que su defendida, que tiene como ingresos una pensión no contributiva, ??tiene que vivir de alquiler desde hace dos años? y, además, ??no ha podido hacer uso de sus enseres personales, todos ellos referidos en el testamento de Elisardo Taibo y que quedaron en la casa?. Así las cosas, ??ha tenido que comprar todo lo que ha necesitado, pues ni siquiera se le ha permitido recoger? esos objetos ??que son propiedad de mi clienta?, insiste.

Diario de Arousa

Stop Desahucios recurre al Tribunal de Estrasburgo para paralizar el desalojo de la familia de Porto.

El abogado Ignacio Delgado, colaborador de Stop Desahucios de O Barbanza, ha solicitado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la suspensión cautelar del desalojo de Victoria Santiago y su familia de la vivienda en la que residen, en Monte de Porto, al considerar que esta decisión atenta contra los artículos 7 y 8 de la convención de Derechos Humanos.
Desde el colectivo entienden que la juez del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis ha cometido un error ??al disponer, en un juicio de faltas por coacciones y amenazas, de la propiedad privada de una familia?. Además, recuerdan que se ha cometido un error material ??gravísimo? por estar la titularidad de la vivienda ??indebidamente considerada desde un punto de vista meramente jurídico?.
Hay que recordar que el exmarido de Victoria Santiago legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Así, desde Stop Desahucios consideran que no está acreditado quién es el propietario de la vivienda.
De este modo, desde la plataforma han recurrido ahora al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la intención de que paralice de manera cautelar el desalojo de esta familia, en la que hay niños menores de edad.
Además, apuntan a que si se produce el desalojo se estaría sometiendo a Victoria y a su familia ??a un procedimiento gravemente lesivo para sus intereses personales y para su bienestar físico, como el que supone dejarles sin un techo donde cobijase?.
Hay que recordar que la semana pasada esta familia cesureña recibió una notificación judicial en la que se concedía un aplazamiento del desalojo hasta el próximo 7 de marzo, algo que tranquilizó un poco a estos vecinos de la localidad, aunque son conscientes de que esta determinación no soluciona el problema.
Así, desde Stop Desahucios continúan llevando a cabo iniciativas para evitar el desalojo de esta familia, al considerar que se está cometiendo un erro.

Diario de Arousa

Un jurado popular dictaminará si el alcalde malversó fondos con el gasoil.

ALCALDE DE PONTECESURES /

El alcalde cesureño, acompañado por su abogado, ayer en el juzgado de Caldas de Reis

 

El alcalde de Pontecesures, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, volvió ayer a los juzgados de Caldas de Reis en calidad de imputado por el caso del gasoil. La presunta malversación de fondos públicos a través de los repostajes de un vehículo municipal implica también al exencargado de obras del Concello, Xurxo Gerpe. Ambos estaban citados ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, que a comienzos de año incoó el procedimiento para que, en caso de celebrarse juicio, sea ante un tribunal popular. En los próximos días la jueza deberá emitir un auto en el que dictamine si continúa el procedimiento o se archiva la causa, algo que ya hizo en tres ocasiones siendo corregida por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que consi-dera que sí ??existen indicios racionales de criminalidad?.
En la comparecencia de ayer todas las partes mantuvieron el mismo criterio que vienen postulando desde hace seis años, cuando se judicializó el caso. El fiscal no formuló acusación al entender que no hay indicios de delito, mientras que la acusación particular (encarnada en el portavoz de Agrupación Cidadá de Pontecesures, Luis Sabariz Rolán) interesó la apertura de juicio oral. La defensa de Angueira y Gerpe pidió el sobreseimiento de la causa ya que los hechos investigados ??no constituyen infracción penal? y, en caso de que haya juicio, el abogado alegó que el presunto delito de malversación ya habría prescrito.

Nissan patrol
La investigación se centra en el consumo de combustible de un Nissan Patrol del departamento municipal de Obras entre los años 2003 y 2006. La acusación sostiene que ??los consumos son imposibles? y que, ??presuntamente, han sido desviado fondos municipales para fines distintos?. Los continuos repostajes en ??días casi sucesivos o incluso en el mismo día? y en jornadas no laborables y la declaración de una exempleada de la gasolinera que afirmó que las facturas de consumo privado del coche del alcalde se colocaban junto a los tíckets del Ayuntamiento fundamentan la acusación. También un informe pericial que concluye que ??hay un exceso de consumo que no tiene una explicación razonable? y que habría representado para las arcas municipales un sobrecoste de 6.822 euros.
El alcalde argumentó en su día que el combustible se utilizaba en viajes del club Náutico, para una estación de bombeo, que se cargaba en garrafas para surtir a un dumper y un tractor que hacían trabajos para el Concello y que el Nissan Patrol consumía en exceso por su antigüedad. Estas explicaciones son, en palabras de la acusación, ??absurdas? ya que, una vez denunciados los hechos, ??el coche pasó a un consumo normal?.
La querella se dirige contra el alcalde ya que era él quien autorizaba el gasto del gasoil, ??aprobando las facturas y los pagos por decreto?. Por su parte, Xurxo Gerpe ??firmó prácticamente todos los tíckets en la gasolinera?.

La comparecencia ayer de los imputados en el Juzgado de Caldas de Reis fue breve y, a su conclusión, Manuel Luis Álvarez Angueira se mostró tranquilo y confiado en que la justicia acabe ??dándonos a razón?. De hecho, cree que ya está siendo así y valora ??positivamente? que el fiscal no vea indicios de delito y que el juzgado haya dictado el archivo de la causa ??hasta en cuatro ocasiones y con dos juezas distintas?, añade el abogado del alcalde, Ramón Senín Fernández.
Fue la Audiencia Provincial de Pontevedra la que en todas esas ocasiones ordenó reabrir el caso al entender que las pruebas son de ??suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario?.
A pesar de ello, primer edil del municipio cesureño afirma que ??teño a conciencia totalmente tranquila? y sigue defendiendo que ??nada foi constitutivo de delito?. Desde su punto de vista, la continuación del procedimiento judicial ??non leva a nada? y ??non ten sentido? y la  achaca a la ??obsesión que ten comigo este señor?, en referencia al concejal independiente Luis Sabariz Rolán. ??Pola súa insistencia estamos chegando unha situación surrealista?, añadió Álvarez Angueira a su salida del juzgado caldense.

Diario de Arousa