El fiscal descarta imputar al alcalde de Pontecesures por el exceso de gasto de gasoil.

 

 

ang1

La acusación sí solicita que Angueira y Gerpe sean procesados por malversación de fondos.

El alcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) acudió ayer al juzgado número 1 de Caldas de Reis para asistir a una comparecencia previa a la constitución del Tribunal del Jurado que deberá juzgar el caso por el gasto excesivo de gasoil que presuntamente se cometió en el Ayuntamiento mediada la década pasada. La vista sirvió para que las partes concretasen su imputación.

En este sentido, el fiscal rehusó imputar al regidor y al otro denunciado, el trabajador municipal, Xurxo Gerpe, mientras que el abogado de la acusación, José Roibás, propuso imputar a ambos por malversación de caudales públicos. Los abogados de los denunciados, por su parte, solicitan el sobreseimiento de las actuaciones y, en caso de que esta petición no sea tenida en cuenta, que se declare la prescripción del presunto delito debido al tiempo transcurrido.

El caso se remonta a mediados de la década pasada, cuando Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz (entonces concejales de la corporación, puesto en el que continúa en la actualidad el primero de ellos) denunciaron que se estaba realizando un gasto excesivo de combustible en los vehículos municipales. Según la acusación, hubo un gasto injustificado de más de 6.000 euros por diversos repostajes realizados por el vehículo de Obras.

El asunto se tramitó en los juzgados de Caldas (partido judicial al que pertenece Pontecesures) y el juez consideró en su día que no había motivos suficientes para elevar el asunto a juicio, ordenando su sobreseimiento. Pero Sabariz y Alfonso Diz recurrieron ante la Audiencia Provincial, y los magistrados de esta sala ordenaron al juzgado de Primera Instancia reabrir la causa, al entender que sí existen indicios de delito que es necesario investigar. Así las cosas, el juzgado retoma el asunto, que si prospera si juzgará mediante el Tribunal del Jurado, ya que ésta es la fórmula que se contempla para los casos de supuesta malversación de caudales públicos.

Los denunciados alegan que no existió delito.

El fiscal declinó solicitar la imputación de Angueira y Gerpe y se basó en una serie de escritos que ya se analizaron en anteriores fases del proceso. Los abogados del alcalde y el trabajador municipal, por su parte, plantean el sobreseimiento alegando que no existió delito. Finalmente, la acusación particular incide en las investigaciones periciales que, según ellos, sí arrojan la comisión de irregularidades. Alegan que Angueira aprobó las facturas y que Gerpe las firmaba.

Faro de Vigo

Aplazan al 7 de marzo el desahucio de Pontecesures.

Des2

El siete de marzo a las once de la mañana. Esa es la nueva fecha dada por el juzgado de Caldas a la familia de Victoria Santiago para desalojar la vivienda que ocupan en el lugar de Monte de Porto (Pontecesures). El desalojo estaba previsto, inicialmente, para mañana, pero la intervención in extremis de la plataforma Stop Desahucios y de sus asesores legales han permitido ganar tiempo. Casi un mes de tiempo.

El abogado Ignacio Delgado fue el encargado, desde Madrid, de presentar un escrito de alegaciones a una sentencia de faltas que desembocaba, sorprendentemente, en la orden de desahucio de la familia de Victoria Santiago. Su apelación se centraba, básicamente, en el hecho de que un procedimiento penal por amenazas y coacciones no puede terminar, en ningún caso, dilucidando la titularidad y los derechos sobre una vivienda, un asunto que debe aclararse por otras vías y atendiendo a la complejidad de la historia de Victoria Santiago, su ex marido y la última pareja de este.

Ignacio Delgado reconocía ayer desconocer las razones por las cuales el juzgado ha decidido retrasar casi un mes el desahucio de la familia cesureña. En cualquier caso, ese tiempo a mayores se exprimirá al máximo. De momento, ya se ha preparado una demanda «para la adopción de medidas cautelares de paralización definitiva del desalojo de Victoria Santiago y su familia ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».

El margen de tiempo ganado por su familia ha aliviado, en parte, la tensión a la que esta está sometida. Aun así, Victoria Santiago señalaba ayer tarde que haber ganado unas semanas no es motivo suficiente para «estar tranquilo». «Tranquilos estaríamos se isto xa estivera rematado, pero o que gañamos foi uns días máis, pero o sete de marzo tamén acabará chegando», señalaba esta mujer. Reconoce que «toda a nosa esperanza está posta na plataforma» Stop Desahucios Barbanza, un colectivo que parece haber logrado frenar la primera amenaza de desahucio.

Mientras este grupo de apoyo trabaja explorando vías judiciales, el Concello de Pontecesures intenta poner su granito de arena y busca algún lugar en el que reubicar a la familia en caso de que esto llegase a ser preciso. Pero no es sencillo. A fin de cuentas, en la casa vive Victoria con su actual pareja, su hija, su hijo, la mujer de este y dos niños menores. Dos rapaces, dicen desde Stop Desahucios, por los que debería velar, de oficio, la Fiscalía.

«Tranquilos estaremos cando isto remate», dice la portavoz de la familia afectada.

La Voz de Galicia

Aplazan hasta el 7 de marzo el desalojo de los siete miembros de la familia de Porto.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Veinticuatro días de cierto alivio tienen por delante Victoria Santiago Lagares y su familia después de que el juzgado les notificase el aplazamiento hasta el próximo 7 de marzo de la orden de desalojo de la vivienda en la que residen en el Monte de Porto. El lanzamiento estaba previsto para mañana, pero las gestiones realizadas por la Plataforma Stop Desahucios de O Barbanza ante distintas administraciones y organismos han evitado un deselance tan precipitado.
Fue a mediodía de ayer cuando Victoria Santiago recibió la notificación del Juzgado de Paz de Pontecesures. ??Chamáronme por teléfono para que fora coller o papel? en el que se indica que el lanzamiento de la vivienda tendrá lugar el día 7 de marzo a las once de la mañana. En la misma providencia se requiere al Juzgado de Caldas de Reis para que ??ordene auxilio al puesto de la Guardia Civil correspondiente para efectuar dicho lanzamiento?. De hecho, el Instituto Armado ya estaba requerido para actuar mañana si finalmente se producía el desalojo.

Más margen de maniobra
Stop Desahucios no valora esta resolución como una victoria, sino como un mero aplazamiento del problema. Por eso, la plataforma barbanzana, con el apoyo jurídico del abogado Ignacio Delgado, continuará realizando gestiones para lograr la paralización definitiva de la orden del desalojo. Así, anuncian que en los próximos días presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda solicitando que, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas.
En ella se condena a Victoria Santiago y a otros seis miembros de su familia (entre ellos dos menores de 9 y 12 años) a entregar las llaves de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria y su exmarido, ya fallecido. Este legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Los servicios jurídicos de Stop Desahucios consideran el fallo contrario a derecho, al no estar acreditado quién es el propietario de la vivienda.
José Manuel Pena, portavoz de la plataforma en O Barbanza, tiene ??confianza? en que la resolución del Tribunal de Estrasburgo ??sea favorable? y consigan evitar que esta familia cesureña se quede en la calle. Pena reconoce la ??implicación ata o último momento? del Concello de Pontecesures, que intentó buscar un alojamiento alternativo para estos vecinos topándose con enormes dificultades al tratarse de una familia ??moi numerosa? y no estar originado el desahucio por motivos económicos. En los últimos días, ante la cercanía del desalojo, incluso se pidió amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores.

Diario de Arousa

La Guardia Civil ya está avisada para desalojar el jueves a la familia de Porto.

El Juzgado número 2 de Caldas de Reis ya avisó a la Guardia Civil para que el jueves acuda a Porto para hacer cumplir la orden de desalojo de la vivienda en la que reside Victoria Santiago junto a otros seis miembros de su familia, entre ellos dos niños de 9 y 12 años, según pudo saber la plataforma Stop Desahucios.
Al parecer, ya fue la semana pasada cuando se notificó a las fuerzas del orden para que acompañen a la comisión judicial, en previsión de que la familia no abandone la casa voluntariamente y puedan concentrarse en la zona integrantes de colectivos antideshaucios. Quien no actuará en ningún caso será la Policía Local cesureña, confirma la concejala Cecilia Tarela, que recuerda que está en vigor un acuerdo plenario por el cual los agentes municipales no participan en desahucios. Tarela matiza que, por el momento, la Policía tampoco recibió solicitud alguna por parte del juzgado.
Tras presentar el viernes una solicitud de paralización de la orden de desalojo, se esperaba que ayer hubiera un pronunciamiento por parte del juzgado caldense, pero este no se produjo, lo que hace temer que la jueza decida no dar marcha atrás. En previsión de que eso ocurra, hoy podría elevarse el asunto a los tribunales de la Unión Europea. ??Poderían contestar en dous días e, se a resposta é favorable, suspenderíase o desaloxo?, explica José Manuel Pena, portavoz de Stop Desahucios de O Barbanza.  La plataforma está en ??contacto permanente? con el Valedor do Pobo y también ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Menores, para que vele por los derechos de los dos niños que podrían verse en la calle.

Fecha límite.
Los días de angustia por los que está pasando esta familia guardan relación con una disputa por la titularidad de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria Santiago y su exmarido. La casa nunca fue escriturada y no figura en la sentencia de divorcio, por lo que está por aclarar quién es su propietario. Aún así, el exmarido de Victoria, que falleció hace unos dos años, legó el usufructo del inmueble a una mujer con la que mantenía una relación de pareja. Esta reclamó la vivienda y presentó una querella por supuestas amenazas y coacciones. La jueza de Caldas le dio la razón en una sentencia que obliga a Victoria y a su familia a abandonar la casa. La fecha límite para cumplir el mandato judicial es este jueves.

Diario de Arousa

Piden amparo al Valedor y a la Fiscalía para evitar el desalojo de la familia de Cesures.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Cinco de los siete miembros de la familia afectada.

Evitar que siete miembros de una misma familia de Pontecesures, entre ellos dos niños, se queden en la calle se ha convertido en el objetivo prioritario de la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza, del Concello cesureño y del abogado Ignacio Delgado. Y para ello están llamando a todas las puertas posibles. Si el viernes el letrado presentaba una cuestión prejudicial solicitando al Juzgado de Caldas que paralice la orden de desalojo (el plazo para que esta familia abandone la vivienda finaliza el próximo jueves), en las últimas horas han solicitado también amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores, a los que instan a tomar cartas en el asunto. La intervención de esta última la consideran fundamental teniendo en cuenta que dos niños de 9 y 12 años podrían verse afectados por el desalojo. El abogado de la familia no descarta incluso acudir a los tribunales de la Unión Europea si no prosperan las otras vías.
Una denuncia por supuestas coacciones y amenazas fue el origen del calvario para esta familia, encabezada por Victoria Santiago. Su exmarido (ya fallecido) legó el usufructo de la casa a su novia, pero la vivienda no consta en el registro de la propiedad y no está clara su titularidad. A pesar de ello, una sentencia obliga a Victoria y su familia a salir de la casa en días.

Diario de Arousa

Siete miembros de una familia de Pontecesures, al borde del desahucio.

porvi

A Victoria se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que piensa que el próximo jueves podría tener que abandonar su casa. El juzgado de Caldas le ha ordenado dejar la vivienda unifamiliar en la que reside junto con su pareja, una hija que está estudiando, un hijo, la esposa de este y sus dos nietos pequeños. La espada que pesa sobre sus cabezas no la ha colocado ahí ningún impago a ningún banco, sino un litigio de raíces profundas que ha tenido un desenlace inesperado.

Arranca la historia de Victoria a mediados de la década de los setenta, cuando se casó y, junto con su marido, se embarcó en la construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de Porto. La casa fue construida sobre terreno municipal, como todas las demás del barrio, y no fue nunca registrada ni escriturada. En el año 2007 Victoria se divorció y se marchó de casa con su hija pequeña. Se estableció al otro lado de la ría y durante años sacó adelante su vida.

Pero en el 2012 su ex marido falleció. A ella las cosas no le iban demasiado bien en Boiro. A uno de sus hijos, la vida también se le torció en Madrid, donde residía con su mujer y sus dos hijos. Así que decidieron unir fuerzas para resistir el envite de la crisis, trasladarse a la casa familiar y rehacer en ella su vida. Entre los exiguos ingresos que proporciona la explotación de un bar y las pensiones que perciben Victoria y su actual pareja, habían logrado reconstruir un hogar para siete personas.

Pero entonces las cosas se torcieron. El ex marido de Victoria, en su testamento, había dejado a su nueva pareja los derechos de usufructo de la casa, y la mujer no estaba dispuesta a renunciar a ellos. Eso produjo un enfrentamiento que derivó en un juicio de faltas contra Victoria y su familia por amenazas y coacciones.

El caso fue desestimado por el juzgado de paz de Pontecesures, pero el juzgado número dos de Caldas dio la razón a la demandante, impuso una multa a la familia y decidió, también, que los siete integrantes de la misma deben abandonar la casa el próximo jueves. «No es tan fácil encontrar un sitio para siete personas», explica desesperada Victoria. Sin saber adónde recurrir, se dirigió a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza, a través de la que ha recibido asistencia legal. Ayer, se presentó en el juzgado de Caldas un escrito de alegaciones en el que se pide que se suspenda la orden de desalojo de forma inmediata.

El letrado que se ha hecho cargo del caso por vía de urgencia, Ignacio Delgado, confía en que se tome en consideración sus argumentos, que se centran en el hecho de que la casa no estaba escriturada y ni siquiera figuraba en el acuerdo de divorcio. Por lo tanto, es más que discutible que el ex marido de Victoria, ahora fallecido, estuviese facultado para legarla a unos o a otros. El abogado considera que, antes de nada, hay que aclarar qué ocurre con esa vivienda. «No parece lógico que de un juicio de faltas se derive una orden de desahucio que amenace a una familia de siete personas».

La Voz de Galicia