??Estamos vivindo un inferno?.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Cinco miembros de la familia cesureña que tienen que desalojar la casa el jueves.

Victoria Santiago está a punto de perder la vivienda que ella misma ayudó a construir en el Monte de Porto, en Pontecesures, hace tres décadas. El jueves acaba el plazo otorgado por el Juzgado número 2 de Caldas de Reis para que ella y otros seis miembros de su familia (entre ellos dos niños de 9 y 12 años) desalojen el inmueble. ??Estamos vivindo un inferno?, sentencia casi sin dar crédito todavía al mandato judicial. ??Non sabemos que facer, a onde ir. Estamos desconxuntados? por lo que considera ??un erro da xustiza? y que nada tiene que ver con impagos ni ejecuciones hipotecarias. Una denuncia por coacciones y amenazas originó la pesadilla por la que atraviesa esta familia.
La vivienda en cuestión ??fixémola o meu exmarido e máis eu hai trinta anos?. En 2007 se divorciaron y Victoria se fue a vivir de alquiler a Boiro con una de sus hijas, por aquel entonces menor de edad, mientras que su excónyuge permanecía en el domicilio familiar. Hace unos dos años el hombre falleció y Victora y sus hijos optaron entonces por volver a la casa de Pontecesures. ??A metade é miña?, asevera, ??e os meus fillos estaban de acordo? en regresar. Los problemas comenzaron al descubrir que el exmarido había nombrado a su novia usufructuaria de la vivienda.  ??Deulle o usufructo de toda a casa, cando a metade é miña?, defiende esta cesureña. En realidad el inmueble nunca llegó a inscribirse en el registro de la propiedad y no consta en la sentencia de divorcio. ??Está en tierra de nadie?, comenta el abogado Ignacio Delgado, que ha asumido el caso tras contactar con él la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza.
Las discrepancias entre Victoria y sus hijos y la pareja de su exmarido desembocaron en la interposición por parte de esta última de una querella por amenazas y coacciones, acusándolos, entre otras cosas, de colocar cadenas para impedir su entrada en la vivienda. El Juzgado de Paz de Pontecesures los absolvió pero el Juzgado de Primera Instancia de Caldas revocó el fallo y condenó a la familia de Victoria Santiago a una multa y a desalojar el inmueble de forma inminente. El jueves es la fecha límite, el día en el que podrían verse en la calle Victoria y su pareja, sus dos hijos, una nuera y dos niños de 9 y 12 años escolarizados en Pontecesures y Padrón respectivamente.
Con la ayuda de Stop Desahucios y el Concello ??estamos mirando que podemos facer? para dejar sin efecto la orden de desalojo: ??Estamos movendo Roma con Santiago? para intentar que ??paren a execución da sentenza polo menos ata que consigamos unha casa para os sete ou ata que acabe a escola? para que los niños puedan finalizar el curso. Ayer mismo se presentó en el Juzgado de Caldas de una cuestión prejudicial solicitando ??como medida cautelarísima que se paralice el procedimiento de desalojo? y que ??se diriman las cuestiones de fondo relativas a la propiedad de la casa?, explica el letrado Ignacio Delgado. El abogado urge al Juzgado caldense una respuesta y, si a comienzos de la semana próxima ??no hay avances, nos veremos en la obligación de elevar el asunto a los tribunales de la Unión Europea?.

El Concello estudia medidas
El Concello también estudia medidas para ayudar a esta familia, que el lunes mantendrá una reunión con la asistenta social y también con la concejala Cecilia Tarela para ??estudar a situación desta xente, xa que a nivel social non tiñamos contacto ningún con eles?. La edil avanza que el lunes ??imos intentar falar coa xuíza, porque a sentenza é un pouco rara. Nunca vin un desaloxo por un xuízo de faltas, para nós é unha circunstancia totalmente nova?. En virtud de un convenio con la Xunta y los bancos en Pontecesures hay dos pisos a disposición de familias desahuciadas pero solo por motivos económicos.

La Guardia Civil para un coche en Valga y halla droga en su interior.

La Guardia Civil imputa a un vecino de Pontecesures de 34 años un presunto delito de tráfico de drogas a pequeña escala en Valga. La actuación correspondió a los agentes del puesto de esta última localidad, que el fin de semana pararon el vehículo que conducía el imputado a la altura del cruce de Raxoi, en el kilómetro 89 la carretera nacional 550 que une Vigo con A Coruña.

El hombre, de iniciales D.V.B., iba solo en un Volkswagen Golf, en cuyo interior los agentes localizaron, según un comunicado difundido por la Comandancia de Pontevedra, pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como una báscula de precisión y dinero en metálico en billetes de distinto valor.

Así las cosas, el pontecesureño fue conducido al cuartel de Valga para la instrucción de diligencias, que fueron remitidas junto al material incautado al juzgado número 2 de Caldas de Reis. El imputado quedó en libertad y tendrá que presentarse ante el juez cuando sea requerido para ello.

El operativo se enmarca en las campañas de la Guardia Civil para erradicar la venta de estupefacientes a pequeña escala. Según el comunicado el pontecesureño estaría dedicándose a esta actividad también en la población vecina de Valga.

Faro de Vigo

Sorprenden a un cesureño con cocaína, hachís y marihuana en el coche en el que viajaba.

La Guardia Civil imputó a D.V.B., de 34 años, vecino de Pontecesures, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas a pequeña escala tras sorprenderlo el pasado fin de semana con ciertas cantidades de cocaína, hachís y marihuana dentro de su coche.

El hecho tuvo lugar cuando una dotación del cuartel de la Guardia Civil de Valga interceptó en la N-550, en el cruce de acceso a Raxoi, un vehículo marca Volkswagen y modelo Golf que conducía el sospechoso y único ocupante. En su interior fueron localizadas pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como una báscula de precisión y dinero en metálico.

Los agentes imputaron por ello al conductor en un supuesto delito contra la salud pública, al entender que la droga estaba preparada para su venta, y fue conducido por ello al cuartel de la Guardia Civil de Valga, donde el sospechoso tuvo que prestar declaración.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado número 2 de Caldas, que instruye el caso y ante el que se tendrá que presentar el imputado cuando sea llamado.

Faro de Vigo

Piden cárcel para siete acusados por el siniestro pirotécnico de Padrón.

 

La detonación defectuosa provocó daños personales pero también en el convento padronés.

El Juzgado número 1 de Padrón dictó el 11 de diciembre un auto por el que decreta la apertura del juicio oral por el accidente pirotécnico ocurrido en las fiestas de Pascuilla de Padrón en marzo del 2008, en el que resultaron heridos dos jóvenes, uno de ellos de gravedad en un pie, por la detonación defectuosa de uno de los artefactos.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares coinciden en las imputaciones, un total de siete. Cuatro son de personas vinculadas a las dos empresas pirotécnicas que participaron en la tirada de los fuegos de artificio: J.L.C.A., responsable de la firma de Coristanco a la que se los contrató el Concello a través de un intermediario, I.R.L., que también está acusado; J.A.P.B., empleado de esta firma y A.C.R., responsable de la de Teo que suministró el material. Los otros tres acusados son la entonces concejala de Fiestas, C.C.V.; el jefe de la Policía Local, F.J.A.B.; y el responsable de Protección Civil, J.C.S.S.

Para todos ellos, Fiscalía y acusación particular piden la misma pena de tres años de prisión por dos presuntos delitos de lesiones imprudentes, además de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, junto con las costas.

En cuanto a la responsabilidad civil, Fiscalía y acusaciones particulares difieren en la cuantía de las indemnizaciones. El ministerio público solicita 260.000 euros para el joven de Rois herido y 1.950 euros para la compañera con lesiones.

Por su parte, la defensa del joven, que quedó con secuelas en el pie, pide 500.000 euros de indemnización para su cliente y 1.950 para su compañera mientras que el abogado de esta pide lo mismo para el joven y 9.500 euros para ella.

El juicio se celebrará en un juzgado de lo Penal de Santiago y la fecha está pendiente de fijar.

Para la Fiscalía, los responsables de las dos empresas, que llevaron a cabo conjuntamente la realización, montaje y disparo de los fuegos de artificio, y el trabajador de una de ellas procedieron durante la tarde del 29 de marzo de 2008 a colocar el material pirotécnico para la realización de los fuegos, «a sabiendas de que los elementos que iban a emplear, en concreto, un cilindro de aluminio utilizado como cañón para la proyección de bombas, estaba debilitado por su uso excesivo», por lo que «no conservaba las propiedades físicas óptimas para soportar la presión ejercida por la carga». Además, a consecuencia de las abundantes lluvias caídas durante esa jornada, «las carcasas de los artificios habían aumentado considerablemente su volumen, sin que adoptaran ninguna medida para evitar que se humedecieran ni cambiaran los dispositivos de lanzamiento», según sostiene el escrito de acusación.

Todo ello provocó, según la Fiscalía, que «fallase el mecanismo de retardo de uno de los últimos fuegos, explosionando la bomba dentro del tubo, que se despedazó» y provocó el impacto de los fragmentos en dos de las personas que se encontraban como espectadoras, «a menos de 15 metros desde donde se disparaban los fuegos».

La Voz de Galicia

 

 

El alcalde será juzgado por el caso del gasoil al haber ??indicios de criminalidad?.

El alcalde de Pontecesures, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo para responder por un presunto delito de malversación de fondos públicos que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006, a través de los repostajes del vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraba el parque móvil del departamento municipal de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello, Xurxo Gerpe Jamardo.
En un auto fechado el pasado 12 de noviembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra revoca el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Juzgado número 1 de Caldas y ordena continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formulen acusación de cara a la celebración del juicio oral. Es la tercera vez que la Audiencia corrige a la jueza de instrucción y deja sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz, y el que fue su compañero de partido, Alfonso Diz. Si bien, cabe recordar que el primero en judicializar el caso del gasoil fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el concejal de TeGa Ángel Souto Cordo, que por aquel entonces era líder del PP en la oposición.
El tribunal de la Audiencia considera que ??existen indicios racionales de criminalidad? porque el informe pericial encargado por el Juzgado ??constata un excesivo consumo de gasoil? del Patrol de Obras que ??no encontraría justificación razonable? y que habría supuesto para el Concello un sobrecoste de 6.822, 94 euros entre los años 2003 y 2006.
El recurso presentado por Sabariz y Diz incidía en las declaraciones de varios testigos, como una exempleada de la gasolinera en la que repostaba el Patrol y que habría declarado que ??las facturas de consumo privado? del alcalde ??se colocaban en el pincho destinado al Ayuntamiento junto a los tickets de otros vehículos municipales?. Después era Xurxo Gerpe quien ??firmaba todos delante de ella sin distinguir los tíckets municipales de los privados?. Una administradora de la gasolinera, sin embargo, contradijo esta versión, afirmando que Álvarez Angueira ??pagaba, él mismo, todos los consumos de su vehículo privado?. Ante estos testimonios contrapuestos, los querellantes solicitaron un careo entre ambos testigos que fue denegado por la jueza de instrucción.
También se aludía en el recurso al informe pericial judicial, que concluye ??un exceso de consumo que no tiene explicación razonable?. Alegan los imputados que podría deberse a ??problemas técnicos, de antigüedad y deterioro? y que los consumos imputados al Patrol hacen también referencia a otros vehículos municipales, a garrafas, a un chimpín y a un tractor particular que realizaba servicios para el Concello.
El auto de la Audiencia indica que ??no es este el momento procesal oportuno para valorar los distintos informes periciales, que podrán ser sometidos a contradicción y aclaración en el seno del juicio, ni tampoco para hacer prevalecer las declaraciones de unos testigos sobre otros?, debiendo por tanto continuar las diligencias previas hasta el acto del juicio oral.

Diario de Arousa

La Audiencia ordena al juez de Caldas que siga con el caso del gasoil cesureño.

Estima el recurso de apelación presentado por ACP y señala que hay indicios delictivos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los independientes de ACP, Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias dictado por el Juzgado de Primera Instrucción de Caldas en mayo pasado relativas a la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos, a través de facturas de gasoil, cometidos en 2003 por el alcalde Luis Álvarez Angueira y un empleado público. La Audiencia considera que existen “indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario, en caso de presentarse la pertinente acusación, en el marco del juicio oral donde se discuta la realidad de los hechos”.

El titular del Juzgado de Caldas, contrariamente a lo que dictamina ahora la Audiencia, archivó la causa al entender que no había quedado “debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos”. El auto judicial de mayo pasado entiende que si bien se habría constatado un consumo excesivo de gasoil en el Nissan Patrol del Concello entre 2003 y 2006 en base al informe del perito judicial, “no se constató” ni que dicho consumo excesivo fuese “para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se ha acreditado la existencia de un ánimo de lucro por parte de los imputados”.

Tanto Sabariz como Diz alegaron que sí existen indicios de delito, citando los testimonios de varios trabajadores del Concello, exempleados de la gasolinera donde repostaban los vehículos municipales y la pericial relativa al consumo del Patrol investigado (que en el periodo denunciado llegó a alcanzar el 47,81 %, y una vez denunciados los hechos, realizando las mismas funciones el consumo bajó al 14,72%). También aludieron a que no se había practicado ningún careo en el caso de testimonios contradictorios.

En base a esto, la Audiencia, que da un tirón de orejas al titular del Juzgado de Caldas, apunta que “contrariamente a lo afirmado por el instructor, la prueba derivada de la Instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad”. El tribunal provincial considera constatado que el Patrol tuvo un consumo excesivo, para el que no se encontraría justificación razonable” y que esto supuso un sobrecoste para el Concello de 6.822 ?. Por ello revoca el auto de sobreseimiento de la causa y ordena al juzgado continuar con las diligencias del caso.

El Correo Gallego