juzgado

Leva acumulado este xulgado un atraso na tramitación e execución dos procesos, polo que o sindicato de traballadores da Administración de Xustiza solicitou á Dirección Xeral de Xustiza que se nomease a un funcionario como medida de reforzo e aínda non recibiu resposta.
Posto que o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Caldas de Reis leva acumulado un atraso na tramitación e execución dos procesos, tanto civís coma penais, fíxose a petición antedita.
A día de hoxe, o sindicato de traballadores dí que non se tomou ningunha medida ao respecto o que, segundo explicaron, «incide en un perjuicio a los ciudadanos que, aparte, ahora ven como tienen que pagar unas tasas desproporcionadas para acceder a la justicia y sigue sin solucionarse el problema del retraso en la respuesta judicial».
Os portavoces sindicais denuncian que esta situación é «a todas luces insostenible», xa que se están a producir na administración «toda una serie de problemas con la consiguiente indignación de los interesados al ver como sus demandas y solicitudes tardan mucho más en ser resueltas en este órgano judicial quke en otros de su misma categoría, incluído el juzgado número dos de la localidad.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 23/01/13

Un cesureño denunció a sus vecinos por ocupar su finca para legalizar la vivienda en O Rial sobre la que pesaba una orden de derribo.

El juzgado número 2 de Caldas de Reis acogió ayer una vista para dilucidar si un matrimonio de O Rial (Pontecesures) usurpó la finca colindante a la suya para regularizar su vivienda y evitar la piqueta, ya que sobre la casa pesaba una orden de demolición.
No se trataba del juicio sobre la titularidad en cuestión, sino que su presunto propietario, Carlos Lorenzo Grela, presentó el pasado mes de julio un interdicto en el juzgado para que instase al matrimonio, formado por Isabel Eitor y Gerardo Carou, a devolver la finca a su estado inicial después de que, afirnma la estaquillasen y metiesen maquinaria en ella para urbanizarla y tener un acceso al inmueble, tal y como le exigía el Ayuntamiento para legalizar la casa.
Los testigos de la parte demandante coincidieron en que Lorenzo Grela siempre trabajó ese terreno y que nunca vieron en él ni al matrimonio ni a Eulogio Eitor, padre de la demandada, quien, según ella, le legó la finca, en primavera de 2011.
Suspensión.
La vista estuvo a punto de suspenderse a instancias de la parte demandada, debido a la ausencia de un testigo perito al que le era imposible llegar a tiempo. El abogado de la acusación se negó rotundamente («sería la tercera suspensión, es un transtorno y, además, nos parece una maniobra dilatoria. La urgencia es obvia, por la naturaleza del proceso. Llueve sobre mojado») y finalmente la jueza decidió celebrar la vista. No obstante, se suspendió hasta el 19 de diciembre la declaración del testigo que se ausentó ayer.
La letrada de la defensa arguyó que sus representados cerraron su parcela en 2002 sin que nadie objetase nada desde entonces y que el demandante tampoco se vió perturbado por la cesión de los terrenos al Concello. «Quiere dejar la finca enclavada. Mis clientes tendrían que pedir una servidumbre de paso», manifestó.
Contradicciones.
Gerardo Carou afirmó que la finca en litigio es suya y de su mujer, pero no se acordaba de cuando la recibieron en herencia. «Me dan un terreno y lo agradezco, no pregunto. Se me olvidan las fechas». apuntando que había denunciado a Carlos Lorenzo «por arrancar árboles que yo planté», aunque negó que actualmente corte hierba del terreno. Su esposa sí admitió que «levamos a pala pra facer a obra, o asfaltado para facer o rebaixe desde o camiño do Rial. A terra botámola na nosa finca», y que su padre «algunha vez iría» a trabajar la finca, «pero non o recordo» y tampoco supo decir cómo la adquiríó o a quién se la compró.
Mientras tanto, los tres testigos de la parte demandante, vecinos de la zona, coincidieron en que siempre vieron a Lorenzo Grela trabajando esa parcela, segando hierba o recogiendo bimbios, pero nunca a la familia Carou Eitor.
Por otra parte, Carlos Lorenzo presentó ante el Tribunal Económico Administrativo un recurso contra la inscripción de la finca en el Catastro que realizó el matrimonio Carou Eitor a su favor. El tribunal lo estimó y ordenó al Catastro que anulase la inscripción y revirtiese todo a la situación anterior. No significa que se haya pronuciado sobre la legalidad de la inscripción, sino que detectó un error en el procedimiento porque, al parecer, no se dejó plazo para que Lorenzo alegara.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 13/12/12