juzgado

Denuncia la usurpación de un terreno en Pontecesures para legalizar una vivienda colindante.

El Pleno del pasado lunes en Pontecesures contó con un protagonista inesperado: Carlos Lorenzo Grela, un vecino de la villa que presenció la sesión portando un cartel que rezaba ??Reclamo lo que me están robando?. Se refiere a una parcela de unos 80 metros cuadrados ubicada en la zona de O Rial cuya ??usurpación? ha denunciado en el juzgado de Caldas y que guarda relación con la polémica vivienda sobre la que pesa una orden de derribo tras haberse anulado su licencia por incumplir la normativa urbanística recogida en el PXOM. Los propietarios del inmueble llevan tiempo intentando legalizar la casa ante la amenaza de la demolición. El Plan Xeral les exige contar con un frente de 12 metros a vía pública, cuando solo tenían 6,20. Intentaron sin éxito primero comprar alguna finca colindante o permutarla, topandose con la negativa de los vecinos. Una de las puertas a las que llamaron fue la de Carlos Lorenzo, quien afirma ser propietario de una finca en la zona (la número 76), aportando como documentos acreditativos una escritura notarial de compraventa de 1978 y una certificación del Registro de la Propiedad.
Lorenzo Grela acusa en su denuncia al matrimonio propietario de la vivienda de haber elaborado en el año 2011 ??de forma fraudulenta? ­y valiéndose de la ayuda de un ingeniero técnico agrícola, un guardia forestal y un funcionario del Catastro­ un expediente catastral apropiándose por completo? de la finca del demandante, situada justo en frente de la vivienda, entre otras dos parcelas con orientación norte-sur. La denuncia afirma que ??la conducta depredadora de los demandados, que pretenden apoderarse sin título alguno de las propiedades próximas, tienen un alto tufo de ser encuadrables en el ámbito delictivo? y la achaca a ??una huída hacia adelante intentando conseguir metros cuadrados con los que inflar su parcela y escapar de la orden de demolición que pesan sobre su vivienda.

Carlos Lorenzo asegura haberse topado con la falta de voluntad por parte del Ayuntamiento a la hora de solucionar el conflicto, ya que ??o Concello está poñendo toda a carne no asador para que non derriben a casa a costa de deixarme a min sen a miña propiedade?. La gota que colmó el vaso llegó hace unos días cuando el gobierno cesureño concedió a los propietarios de la vivienda licencia para urbanizar la zona frontal de los terrenos en litigio ­asfaltar el tramo entre el vial público y la finca­, unas obras que ya están en ejecución.

DIARIO DE AROUSA, 01/08/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Multas al alcalde y advertencias de la jueza.

El Juzgado de lo Contensioso Administrativo nº 3 de Pontevedra ha impuesto ya al alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, dos multas de 1.200 euros cada una por no ejecutar la orden de derribo que pesa sobre la casa de O Rial. En el último año, la jueza marca como plázo máximo para ejecutar la demolición el próximo 30 de septiembre y advierte al regidor de que, en caso de incump0limiento, podría deducir testimonio a la fiscalía a fin de depurar responsabilidaes penales por un delito de desobediencia.

DIARIO DE AROUSA, 01/08/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Angueira se enfrenta a otra multa y a una acusación del fiscal por no tirar una casa.

El papel que está jugando el Concello de Pontecesures en relación al derribo de una vivienda ilegal situada en el lugar de O Rial puede salirle caro al alcalde Luis Álvarez Angueira, en todos los sentidos. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra le puso una multa de 1.200 euros por no ejecutar dicho derribo. El alcalde recurrió pero el juzgado acaba de desestimar su demanda y requerir al regidor para que en el plazo de diez días ingrese la multa impuesta. «De lo contrario, se ordenará el embargo de su salario en la cuantía de referencia», según consta en el auto.

A estos 1.200 euros podrían sumarse otros 1.200 euros en caso de que el Concello no ejecute la demolición de la vivienda antes del 30 de septiembre, en cuyo caso, «se deducirá testimonio de particulares a la Fiscalía a fin de depurar responsabilidades penales por un delito de desobediencia».

Preguntado ayer el alcalde respecto a qué va a hacer en relación a este asunto, Álvarez Angueira informó de que todavía no tenía conocimiento oficial del auto y evitó hacer valoraciones.

Más allá de las consecuencias económicas y legales que tenga que afrontar el regidor nacionalista, sigue teniendo pendiente una decisión. Hace más de un año que tenía que haberse definido sobre si va a conceder o no la licencia que permitiría legalizar la vivienda y, por tanto, evitar así el derribo de la misma. Pero desde el Concello dilataron el acuerdo a la espera de que dirimiera el juzgado en este asunto. Pero ya no podrán agarrarse más a este argumento. En el auto se indica taxativamente que esta es una competencia municipal y que la alcaldía tuvo tiempo de sobra para actuar.

«No solo la Administración ha ido dejando transcurrir, sucesivamente, esos plazos, en ocasiones generosos (cuatro meses para la concesión de licencia de legalización o para acudir a la ejecución subsidiaria de derribo) sino que tampoco llegó a recurrir la providencia del 14.09.2010 donde se le otorgaba un último plazo que fenecía en enero de 2011».

Entonces, los propietarios de la vivienda empezaron a presentar en el Concello de Pontecesures toda la documentación requerida con el fin de acreditar que la vivienda se puede legalizar, pero, a día de hoy, siguen esperando a que se resuelva dicho expediente. Entre tanto, la losa del derribo que pesa sobre la familia Carou-Eitor se hace cada día más pesada. La casa incumple la normativa urbanística porque la finca sobre la que se construyó no tiene los doce metros de fachada hacia terreno público que pide la norma.

Según el abogado de la familia, este problema ya se ha resuelto porque consiguieron demostrar que poseen más terreno del que inicialmente pensaban. En todo caso, todo ello se queda en papel mojado si no consiguen la licencia municipal que evitaría la demolición.

LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Se esclarece un robo en una vivienda de Pontecesures. Detenidos los delincuentes.

Tres nuevos detenidos de un grupo dedicado a robos en domicilios de la provincia de Pontevedra

La operación se cierra con 10 arrestados y 8 delitos esclarecidos en Pontevedra, Vigo, Pontecesures, Mos y Ponteareas

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Vigo a tres jóvenes de nacionalidad colombiana y de entre 23 y 26 años, quienes supuestamente formaban parte de un grupo organizado que se dedicaba a perpetrar robos con fuerza en viviendas de la provincia de Pontevedra.

Con la detención, este jueves, de J.D.R.M., de 23 años de edad; J.C.M.L., de 26 años, y N.M.M.C., de 25 años; se da por cerrada la operación ‘Cumaribo’, la cual se salda con un total de 10 personas detenidas, todas ellas de nacionalidad colombiana. Los tres individuos han pasado este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de O Porriño (Pontevedra).

El grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra comenzó la investigación a mediados del pasado año. La primera fase de la operación se desarrolló a principios de octubre y culminó con la detención de cuatro personas, a las cuales se les atribuye un robo en el interior de un domicilio en Pontecesures.

Un mes después, en noviembre, se concluyó la segunda fase, al ser interceptados otros tres integrantes de la organización. A estas personas se les imputó un total de cinco robos en otras tantas viviendas de Vigo y Pontevedra.

OBJETOS RECUPERADOS

En los registros de estos tres detenidos se recuperaron diversos objetos robados, entre los que había ordenadores portátiles, joyas, dinero y aparatos electrónicos. Con las detenciones realizadas este jueves, la Guardia Civil da por finalizada la operación ‘Cumaribo’.

Los 10 detenidos, tienen nacionalidad colombiana y están afincadas en diversos municipios de la provincia. En cuanto a los robos en viviendas, se han esclarecido dos en Pontevedra, tres en Vigo y uno en Pontecesures, Mos y Ponteareas.

EUROPA PRESS, 22/06/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

El fiscal denuncia en el Juzgado de Padrón a Marina Castaño por estafa, apropiación indebida y fraude.

Por supuestos trasvases de dinero desde la Fundación Cela a sociedades propiedad del autor y su viuda.

El fiscal de Santiago, Álvaro García, ha denunciado en el juzgado de Padrón a Marina Castaño, viuda del Nobel Camilo José Cela, y al exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, por posibles delitos de malversación, estafa, apropiación indebida y fraude.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución que honra al escritor gallego. Ramos aportó a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre esta fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

En la querella consta que la sociedad Lengua y Literatura AIE, constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela y un 20% aportado por Marina Castaño a través de otra sociedad que dirige desde su propia vivienda, denominada Letra y Tinta, pudo haber gestionado las subvenciones de la Fundación Cela y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido «grandes cantidades de dinero en concepto de devolución de IVA».

Empleados de la Fundación Cela prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela

También se detalla en la denuncia que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que pagaba sus salarios, «en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela», incluso uno de ellos en el propio domicilio madrileño de Castaño.La Fiscalía entiende que el empleo de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal -contratados con dinero público aunque ejercían su trabajo en el ámbito privado- «era una práctica habitual desde hace algunos años».

Con la documentación aportada y las oportunas pruebas, la Fiscalía considera que «al menos, en inicio, quedan acreditados parte de los hechos denunciados» y fuentes próximas a esta investigación han confirmado a Efe que «efectivamente hay materia penal». Cavanna, gerente hasta 2010, cuando la Xunta rescató a la Fundación Cela, en serios apuros económicos; y Marina Castaño podrían haberse prestado, según ha argumentado en numerosas ocasiones Ramos, a crear «sociedades interpuestas» para obtener las devoluciones del IVA.

LA VOZ DE GALICIA, 29/06/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Una sentencia obliga al Concello de Vigo a devolver cuadros del cesureño Maside a los herederos

Los sobrinos del pintor recibirán un total de 21 obras, quince de ellas colgadas y expuestas al público en la pinacoteca municipal Francisco. Un fallo judicial ha dado la razón a los sobrinos de Maside, a los que el Concello de Vigo deberá devolver un total de 21 obras. Quince de los lienzos se encuentran colgados y expuestos al público en la pinacoteca municipal Francisco Fernández del Riego y el resto también están bajo custodia de la administración municipal.

El fallo judicial pone el punto final a seis años de avatares en los que los descendientes han luchado por lo que era suyo, en virtud del convenio que en su día firmó el artista con el entonces alcalde de Vigo, Rafael Portanet. Una de las cláusulas estipulaba que se establecía la obligatoriedad de restituir el legado cuando así lo dispongan los depositarios o los herederos del autor.

El fallo ha sido dictaminado por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Vigo y todavía no es firme. A partir de la notificación realizada hace dos días, el concello tiene un plazo de 20 días naturales para presentar un recurso en el mismo juzgado, aunque lo más probable es que la institución no acabe recurriendo el fallo judicial y lo acepte, después de seis años sin haber ofrecido una respuesta a la familia.

Los demandantes esperarán a que el fallo sea firme para reclamar la devolución de la obra artística. Entonces, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de 20 días para poder entregarlos voluntariamente. En caso de que no cumpla, pedirán la ejecución de la sentencia.

Maside falleció en 1958 y el ayuntamiento acabó convirtiéndose en depositario de sus obras después de que su producción quedara en manos de una comisión de albaceas. La mayor parte de las obras son muy representativas de su trayectoria, como uno de los principales renovadores de la pintura gallega del siglo XX.

El concello encargó tasar esta parte del patrimonio hace unos años y su valor se estimó en alrededor de 700.000 euros, pero las propuestas de compra de las obras no llegó a superar los 300.000 euros. El deseo del artista siempre fue que su obra acabara siendo expuesta públicamente. El concello actuó como depositario, pero fue motivo de las críticas de los familiares puesto que, hasta la apertura de la pinacoteca, los fondos se encontraban en un estado de casi abandono.

LA VOZ DE GALICIA, 23/06/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace