Desmantelan un punto de venta de heroína en Pontecesures con el arresto de tres vecinos.

Droga Pontecesures /

Dinero, droga y otros efectos que fueron requisados en la operación.

Tres vecinos de Pontecesures ingresaron en las últimas horas en prisión acusados de un supuesto delito de tráfico de drogas después de que la Policía Nacional de Santiago desmantelara en la villa un punto de venta de heroína del que se surtían ??camellos? de la ciudad compostelana y otras localidades de la provincia de Pontevedra. Las detenciones se sucedieron el lunes en sendos inmuebles de la calle San Lois y de Porto. En este último, con entrada por la Rúa dos Mariñeiros, reside Francisco D.Ch., de 51 años de edad. El piso de la calle San Lois corresponde a Javier M.F., de 57 años, y su pareja, A.V.J., de 35. En los registros practicados, los agentes incautaron más de un cuarto de kilo de heroína (285,5 gramos), cantidad suficiente para preparar 2.500 dosis de esta sustancia. También decomisaron 11,6 gramos de cocaína, una balanza de precisión, otro utillaje y 63.603 euros en efectivo, dinero que procede, presumiblemente, de la venta de droga.

El operativo es resultado de una investigación sobre el tráfico de heroína abierta hace meses Santiago por la Brigada de la Policía Judicial en relación al abastecimiento de varios ??camellos? que distibuían esta sustancia entre toxicómanos de la ciudad. En el marco de esta operación ya se detuvo octubre a una mujer en Santiago y en noviembre a otras seis personas, cinco en Boiro y una en Compostela. Las investigaciones continuaron hasta detectar en Pontecesures este punto de distribución a media escala, en el que se abastecían de heroína numerosos ??camellos? tanto de Santiago como de otros municipios pontevedreses. Las cantidades de las que se abastecían estos ??camellos? oscilaban entre las 100 y 500 dosis cada vez, utilizándolas tanto para su autoconsumo como para la reventa al menudeo en diversas localidades.

Los tres detenidos en Pontecesures fueron puestos a disposición del juzgado de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión. Los tres tenían ya antecedentes policiales por otros delitos. De hecho, la pareja formada por Javier M.F. y A.V.J. fueron detenidos a comienzos del mes de septiembre por agentes de la Guardia Civil de Vilagarcía y Valga en el transcurso de un control rutinario. En un cacheo superficial, los guardias encontraron en el interior de la chaqueta de la mujer un envoltorio con 153 gramos de heroína, lo que motivó el arresto de ambos.

DIARIO DE AROUSA, 14/12/12

Testigos coinciden en que la parcela en litigio en Cesures es del demandante.

Un cesureño denunció a sus vecinos por ocupar su finca para legalizar la vivienda en O Rial sobre la que pesaba una orden de derribo.

El juzgado número 2 de Caldas de Reis acogió ayer una vista para dilucidar si un matrimonio de O Rial (Pontecesures) usurpó la finca colindante a la suya para regularizar su vivienda y evitar la piqueta, ya que sobre la casa pesaba una orden de demolición.
No se trataba del juicio sobre la titularidad en cuestión, sino que su presunto propietario, Carlos Lorenzo Grela, presentó el pasado mes de julio un interdicto en el juzgado para que instase al matrimonio, formado por Isabel Eitor y Gerardo Carou, a devolver la finca a su estado inicial después de que, afirnma la estaquillasen y metiesen maquinaria en ella para urbanizarla y tener un acceso al inmueble, tal y como le exigía el Ayuntamiento para legalizar la casa.
Los testigos de la parte demandante coincidieron en que Lorenzo Grela siempre trabajó ese terreno y que nunca vieron en él ni al matrimonio ni a Eulogio Eitor, padre de la demandada, quien, según ella, le legó la finca, en primavera de 2011.
Suspensión.
La vista estuvo a punto de suspenderse a instancias de la parte demandada, debido a la ausencia de un testigo perito al que le era imposible llegar a tiempo. El abogado de la acusación se negó rotundamente (“sería la tercera suspensión, es un transtorno y, además, nos parece una maniobra dilatoria. La urgencia es obvia, por la naturaleza del proceso. Llueve sobre mojado”) y finalmente la jueza decidió celebrar la vista. No obstante, se suspendió hasta el 19 de diciembre la declaración del testigo que se ausentó ayer.
La letrada de la defensa arguyó que sus representados cerraron su parcela en 2002 sin que nadie objetase nada desde entonces y que el demandante tampoco se vió perturbado por la cesión de los terrenos al Concello. “Quiere dejar la finca enclavada. Mis clientes tendrían que pedir una servidumbre de paso”, manifestó.
Contradicciones.
Gerardo Carou afirmó que la finca en litigio es suya y de su mujer, pero no se acordaba de cuando la recibieron en herencia. “Me dan un terreno y lo agradezco, no pregunto. Se me olvidan las fechas”. apuntando que había denunciado a Carlos Lorenzo “por arrancar árboles que yo planté”, aunque negó que actualmente corte hierba del terreno. Su esposa sí admitió que “levamos a pala pra facer a obra, o asfaltado para facer o rebaixe desde o camiño do Rial. A terra botámola na nosa finca”, y que su padre “algunha vez iría” a trabajar la finca, “pero non o recordo” y tampoco supo decir cómo la adquiríó o a quién se la compró.
Mientras tanto, los tres testigos de la parte demandante, vecinos de la zona, coincidieron en que siempre vieron a Lorenzo Grela trabajando esa parcela, segando hierba o recogiendo bimbios, pero nunca a la familia Carou Eitor.
Por otra parte, Carlos Lorenzo presentó ante el Tribunal Económico Administrativo un recurso contra la inscripción de la finca en el Catastro que realizó el matrimonio Carou Eitor a su favor. El tribunal lo estimó y ordenó al Catastro que anulase la inscripción y revirtiese todo a la situación anterior. No significa que se haya pronuciado sobre la legalidad de la inscripción, sino que detectó un error en el procedimiento porque, al parecer, no se dejó plazo para que Lorenzo alegara.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 13/12/12

La polémica casa de O Rial, al juzgado.

Casa de Pontecesures con orden de derribo /

La vivienda y, justo delante de ella, los terrenos cuya titularidad está en disputa

La polémica vivienda de O Rial, legalizada por el Concello el pasado mes de septiembre, apenas dos días antes de que se cumpliese el plazo de demolición fijado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, llegó ayer a los juzgados. Los propietarios de la vivienda, el matrimonio formado por Gerardo José Carou y María Isabel Eitor, comparecieron ante la jueza de Caldas denunciados por un vecino, Carlos Lorenzo, que los acusa de haberle ??usurpado? una finca de su propiedad para regularizar la casa. Lorenzo Grela reclama que la parcela de la que dice ser titular se reponga tal y como estaba antes de julio de este año, cuando los demandados acometieron obras de urbanización en la zona y depositaron tierra sobre los terrenos en litigio, además de colocar estacas. También llegaron a plantar unos árboles que poco después habría arrancado Carlos Lorenzo, hechos denunciados ante la Guardia Civil.

Aunque en la vista no se dirimía la titularidad del terreno (cuestión que está también judicializada), este fue el tema que centró buena parte de las declaraciones. Isabel Eitor afirmó que la finca ??deixouma meu meu pai o ano pasado, en abril ou maio de 2011?, pero no supo explicar cómo llegó la parcela a manos de su progenitor. ??Non recordo a quen lla comprou?, dijo. Su marido tampoco pudo ofrecer más datos al respecto: ??A mí me dan un terreno y no pregunto cómo lo compró, me lo pasan y yo lo agradezco?, declaró Carou, que tampoco supo especificar la fecha en la que su mujer se convirtió en propietaria del terreno ya que ??se me olvidan las cosas?. Hay que tener en cuenta que esta parcela fue fundamental para que el Concello aprobara la legalización de la casa, que estaba fuera de ordenación por incumplir la normativa urbanística al no contar con un frente de 12 metros hacia la vía pública. Antes de que Carou y Eitor presentasen ??in extremis? la documentación que acreditaría que son propietarios de la finca, habían intentado en varias ocasiones que vecinos de la zona les vendiesen alguna propiedad para poder regularizar su vivienda y evitar su demolición.

Fue la propia María Isabel Eitor la que en el juicio reconoció que en años anteriores, tanto 2010 como 2011, vio ??máis dunha vez? a Carlos Lorenzo trabajando en la parcela. ??Iba a cortar a herba?. No fue tan clara cuando se le preguntó si su padre, como supuesto dueño del terreno, también lo trabajaba: ??Algunha vez iría, non o recordo?. Tres vecinos propuestos como testigos por la acusación reconocieron sobre plano la finca en disputa y afirmaron de forma unánime que siempre vieron a Carlos Lorenzo ??pañando herba e cortando bimbios? en ella. José Manuel Gil, a sus 84 años, declaró que el terreno desde siempre ??era dos Curtos (la familia de Lorenzo), que eu sepa o pai (de Isabel) nunca tivo propiedades alí nin nunca o vin nese prado?.

La defensa llevó como testigo al arquitecto municipal, Carlos Besada, que explicó que a la hora de legalizar la casa ??solo comprobamos que se ajusta al planeamiento urbanístico? para lo que se basaron en el ??título de propiedad? aportado por Gerardo Carou e Isabel Heitor. Recordó que la licencia se otorgó ??sin perjuicio de terceros? puesto que ??tenemos noticias del conflicto por la propiedad, es un tema controvertido?. Acto seguido declaró el técnico agrícola Xosé Carlos Suárez, al que los demandados encargaron un informe sobre la situación de la finca. ??Tenía cuatro marcos perfectamente visibles y sin síntomas de que fueran recientes, sino de tiempo atrás?, explicó.

El juicio no quedó visto para sentencia sino que se retomará el día 19 con la declaración de un ingeniero técnico agrónomo propuesto también por la defensa. Ayer no compareció por sufrir una avería en su coche, por lo que la abogada de los demandados solicitó la suspensión. La jueza la rechazó, al igual que se opuso a ella el letrado de la acusación, que indicó que el testigo ??tenía taxis, autobuses y múltiples medios para comparecer? en el juzgado. Consideró la incomparecencia como ??una estrategia? de la defensa para dilatar una vista que ya se había suspendido otras dos veces con anterioridad. Por su parte, la abogada defensora acusó a Carlos Lorenzo de querer dejar ??enclavada? la vivienda Carou y Heitor para ??forzarlos a que le compren el terreno?.

DIARIO DE AROUSA, 13/12/12

Estafan 11.000 euros a un valgués que buscaba trabajo como gigoló.

La desesperación por conseguir un empleo puede llevar a recurrir a medidas desesperadas que concluyen peor de lo que empiezan, como le ocurrió a un vecino de Valga que quería trabajar como gigoló o chico de compañía y acabó sufriendo una estafa de 11.173 euros, la cifra de la factura telefónica que tendrá que pagar por llamar durante dos días seguidos al número 806 517 392 para conseguir el empleo.

D.A.C. denunció en la Guardia Civil que entre el 2 y el 3 de noviembre unas personas desconocidas se pusieron en contacto con él a través de una página de Internet y le ofrecieron un puesto de trabajo. También le explicaron que si estaba interesado debería realizar una serie de llamadas al citado teléfono. Declaró que no se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa hasta que le llegó una factura teléfonica de más de 11.000 euros. La Guardia Civil instruye diligencias, que se remitirán al Juzgado de Instrucción de Caldas de Reis.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 22/11/12

Un cesureño recibe una factura de 11.000 euros por hacer llamadas a un 806 para pedir trabajo.

El hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo a cambio de unos códigos que conseguía realizando una serie de llamadas.

Corren malos tiempos para casi todo el mundo. Con el paro encaramado a cumbres históricas y con los sueldos encogiéndose al mismo ritmo que se encogen las empresas, encontrar un puesto de trabajo que permita meter algo de dinero en casa se ha convertido para muchos en una necesidad acuciante. Tanto que en ocasiones los demandantes de empleo se aferran a la más mínima oportunidad, y en algunos casos no toman las prevenciones debidas. Eso es lo que parece haberle ocurrido a D.A.C., un cesureño que ha denunciado ante la Guardia Civil que ha sido víctima de una estafa.

Según explica en la denuncia presentada el miércoles en el cuartel de Valga, a principios de este mes el hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo. Haciéndose con unos códigos (22 en total), el nombre de la supuesta víctima de la estafa entraba en una especie de bolsa de empleo, a través de la cual se pondría en contacto con empresas que contratarían sus servicios.

¿Cómo se conseguían esos códigos? Al parecer, realizando una serie de llamadas a una línea de teléfono que comienza por los dígitos 806. Esto es, una línea de pago cuyas tarifas alcanzan los tres euros por minuto. Para poder hacerse con todos los números que necesitaba para optar al empleo, el ahora denunciante tuvo que realizar numerosas llamadas y rellamadas, que eran atendidas por dos personas que, ante las dudas que iban surgiendo en el denunciante, insistían en que el procedimiento era legal y que en él no había ni trampa ni cartón. En conseguir los códigos que ya obran en su poder consumió un gran número de horas de teléfono. Tantas que ha acumulado facturas que superan los 11.000 euros. Del trabajo prometido, de momento, no hay noticias.

Juzgado de Caldas

El asunto de esta estafa ya ha sido trasladado al juzgado de Caldas, que será el que dirija la investigación sobre lo ocurrido. El protagonista de esta historia no quiso ayer hacer declaraciones al respecto de lo que le ha sucedido. Simplemente, mostró su preocupación por el problema al que se ha visto abocado «por intentar mejorar un poco mi situación». Al sentirse víctima de una estafa, ha llevado el asunto a la Guardia Civil, que deberá retrotraer sus pesquisas a casi un mes, cuando este hombre, en la Red, creyó haber encontrado una puerta hacia un futuro un poco mejor.

LA VOZ DE GALICIA, 23/11/12

El uso de un terreno junto a la casa paterna del alcalde de Padrón acaba en el juzgado.

El concejal de Obras declaró ayer como querellado por una resolución que dictó.

El Juzgado número dos de Padrón escuchó ayer la declaración en calidad de querellado del segundo teniente de alcalde y edil de Obras del Concello, José Ramón Pardo, que fue denunciado por un vecino del lugar de A Ponte por una resolución que dictó en agosto de este año, cuando ejercía como regidor en funciones, y que la representación legal del denunciante considera que podría incurrir en un supuesto delito de prevaricación.

En respuesta a un escrito presentado por dicho vecino de A Ponte, que denunció la colocación de varios maceteros en un terreno pegado a la casa paterna del alcalde padronés en el lugar de Paraíso, Pardo firmó un escrito en el que declara que la ubicación de esos maceteros, «entra dentro del derecho de uso y disfrute que lleva aparejada la propiedad privada del terreno en cuestión», un camino que, no obstante, el denunciante defiende como público.

Ayer también declararon en el Juzgado por esta denuncia la secretaria municipal y el aparejador del Concello. La querella del particular iba dirigida también contra el propio alcalde padronés, Antonio Fernández, pero la jueza no la admitió. Esta decisión ya está recurrida por la representación legal del vecino de A Ponte que confía que, finalmente, sea admitida. El denunciante defiende el carácter público del camino en base a varios documentos, entre ellos un acuerdo del año 1967, cuando el Ayuntamiento le concedió licencia a la entonces propietaria de la vivienda para la construcción de la acera, advirtiéndole de que debía «dejar el camino con un ancho de 3,5 metros», según consta en la querella.

Varios informes

Otro informe aportado por la parte denunciante para tratar de demostrar el carácter público del terreno sobre el que está la acera pavimentada y los maceteros es un informe del arquitecto técnico municipal de febrero de 2010, que habla de «un terreno público», según expone la querella. Hay, además, una sentencia de abril de este año del Tribunal Contencioso-Administrativo número dos de Santiago, que anuló una licencia dada por el anterior gobierno padronés para la reparación y sustitución de la plaqueta de la acera y que anuló, según consta en la querella criminal, por tratarse de «obras que se encuentran en situación de fuera de ordenación y ello por motivo de ser realizadas sobre vial público y no sobre propiedad privada».

Por ello, para la representación legal del denunciante la resolución dictada en agosto por el segundo teniente de de Padrón demuestra una «total inobservancia de la sentencia recaída», según consta en el texto de la querella.

Por la parte denunciada no hubo declaraciones.

LA VOZ DE GALICIA, 23/11/12