Un conductor que circulaba por Valga quintuplicaba la tasa de alcohol.

La Guardia Civil realizó en la madrugada del viernes al sábado un control de alcoholemia en la EP-8502, en el término municipal de Valga. En el transcurso de ese operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo Seat Ibiza que conducía un vecino de Caldas de Reis nacido en el año 1968 y pensionista.

En la primera prueba que se le realizó, el resultado fue de 1,30 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. En el segundo análisis, el nivel de alcohol había bajado hasta 1,26. Quintuplicaba, por tanto, la taxa máxima permitida por la ley, que en conductores no noveles es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado y 0,5 en el caso de que la prueba consista en un análisis de sangre.

Al caldense se le imputa un delito contra la seguridad vial y su caso será visto por el juzgado de Caldas en los próximos días.

LA VOZ DE GALICIA, 11/11/12

Recurren la legalización de la casa con orden de derribo.

Vivienda que acaba de ser legalizada por el Concello.

Carlos Lorenzo ­vecino de Pontecesures que reclama la titularidad del terreno en base al cual el Concello acaba de dar licencia a la vivienda de O Rial sobre la que pesa una orden de derribo­ ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Xunta de Goberno Local de legalizar el inmueble. Este acuerdo fue adoptado por el Ejecutivo municipal el pasado 12 de septiembre y notificado al afectado cinco días más tarde, pudiendo interponerse en su contra un recurso de reposición ante el mismo órgano o un contencioso-administrativo en los tribunales de justicia. Carlos Lorenzo ha optado, inicialmente, por la primera opción y el pasado sábado dio entrada en el Concello a su recurso, en el que insiste en ??reclamar a miña propiedade. Non se pode legalizar unha vivenda a costa dos terreos dos lindantes?, afirma.

La polémica envuelve a la vivienda número 5 de O Rial desde hace años. El PXOM de 2003 la dejó fuera de ordenación y un juzgado anuló la licencia que le había otorgado el Concello, ordenando su demolición. Sus propietarios intentaron que algún vecino les vendiese terrenos anexos con los que poder cumplir los requisitos que marca la normativa urbanística, fundamentalmente tener un mínimo de 12 metros de fachada hacia terreno público. Los intentos de compra fracasaron, pero en mayo de 2011 la familia titular del inmueble presentó en el Concello un proyecto de legalización aportando un documento que acreditaría que una parcela colindante sería también de su propiedad, lo que no ha hecho más que añadir polémica y conflictos al proceso.

Carlos Lorenzo presentó en los juzgados de Caldas a finales del pasado año una denuncia por la supuesta usurpación de esa parcela, reclamando su titularidad y aportando documentación que respaldaría su versión. Esta cuestión está todavía pendiente de resolución por vía judicial, sin embargo el Concello ha optado por no aguardar a que se aclare el litigio y el pasado 12 de septiembre aprobó la concesión de la licencia a la vivienda, solicitando además al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra que anule la orden de demolición que pesa sobre la edificación. La legalización de la casa llegó tan solo unos días antes de que finalizase el último de los plazos fijado por el juzgado para que el Concello procediese a la demolición de la casa. Este plazo remataba el pasado domingo, 30 de septiembre. El alcalde cesureño, Luis Álvarez Angueira, ya fue multado con 1.200 euros por haber incumplido en una ocasión la orden de derribo, advirtiéndole además la jueza sobre nuevas sanciones e incluso su posible imputación por desobediencia.

Carlos Lorenzo afirma que ??non se pode entender como o Concello, sabendo que todo isto está en litixio, outorga licenza á casa sen esperar a que os tribunais resolvan?. El concejal de Obras, Ángel Souto, argumentó hace unos días que legalizaron el inmueble porque ??cumpre todos os requisitos?, los informes técnicos ??son favorables? y, de no hacerlo, podrían incurrir ??nun caso de prevaricación?.

El próximo 31 de octubre en el Juzgado de Caldas se celebrará un interdicto para dirimir, de forma provisional, quién es el propietario de la finca, después de que los dueños de la casa ejecutasen en la zona obras de urbanización que eran imprescindibles para lograr la licencia.

DIARIO DE AROUSA, 02/10/12

Recurren la legalización de la casa de O Rial por el litigio de los terrenos.

Carlos Lorenzo Grela, el vecino de Pontecesures que se atribuye la propiedad de una parcela utilizada por la familia Carou/Eitor para regularizar la situación de su vivienda en O Rial, ha recurrido la decisión de la Xunta de Goberno Local de legalizar el inmueble. De hecho, el litigio sobre la titularidad del terreno ya está en los tribunales.
La última palabra sobre el futuro del edificio, cuyo plazo de derribo finalizaba el pasado 30 de septiembre, la tiene el Juzgado Contancioso Administrativo número 3 de Pontevedra.
Sin embargo, antes de que esta decisión se haya conocido, el Concello deberá resolver el recurso de reposición interpuesto por Lorenzo Grela. El acuerdo data del 12 de septiembre, aunque no le fue notificado hasta el 17. Un día después comenzó el plazo para recurir y este vecino no esperó más para realizar el trámite.
“Fágoo para reclamar a miña propiedade. Non se pode legalizar unha vivenda a costa dos tereos dos lindantes”, manifestó.
Asimismo, se pregunta por qué los propietarios de la vivenda llevan nueve años sin poder legalizarla, “se sabían que a finca era deles”. La misma cuestión se plantean los vecinos de la villa.

POR QU? AHORA.
Casi una década después de la construcción de la casa, no fue hasta este año que la familia Carou/Eitor pudo adaptar la entrada de la finca a las exigencias del PXOM, mostrando una documentación sobre la parcela utilizada que contrasta con la aportada por Lorenzo Grela.
Este tampoco entiende “como o Concello, sabendo que todo está en litixio, da unha luicenza sen esperar a que resolvan os tribunais”.
El próximo 31 de octubre tendrá lugar en el Juzgado de Caldas un interdicto. El afectado llevó el caso a los tribunales cuando los propietarios de la vivienda metieron las máquinas en la finca que, afirma aportando documentación, es de su propiedad, para urbanizar la zona.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 02/10/12

El Concello de Vigo envía a los herederos de Carlos Maside cartas para que recojan las 21 obras del legado

Todas están ya en la Pinacoteca y la entrega podría producirse esta misma semana.

La dirección del Museo de Castrelos, en el que fue depositado en 1968 el legado de 21 pinturas de Carlos Maside, remitió hace unos días por mandato de la Concejalía de Cultura cartas urgentes a los cuatro herederos del artista en las que les informan de que ellos o sus representantes legales pueden recoger las obras en la Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego. La misiva detalla la relación de cuadros, nueve de ellos especialmente valiosos entre los que figuran Muller Sentada, Mercado, Paisaxe, Dúas Paisanas, A Res y Costureira. El legado debe ser devuelto a los sobrinos del autor por orden del Juzgado de Primera Instancia número 11, que dictó sentencia favorable a la familia el pasado mes de junio tras varios años de gestiones infructuosas de los herederos con el Concello para que la comprase o se les reintegrase.

La entrega podría producirse esta misma semana, según fuentes municipales, quienes citan el 4 y el 5 como fechas más probables. Una vez verificadas el mismo día las obras por ambas partes se procederá al embalaje para la firma del acta y salida. Toda la documentación municipal está dispuesta. Catorce de las pinturas estaban expuestas en la Pinacoteca Municipal, y en las pasadas semanas fueron descolgadas y trasladadas al almacén. Allí se transportaron las otras siete (seis de ellas dibujos) que permanecían guardadas en el Museo de Castrelos.

FARO DE VIGO, 01/10/12

Una vivienda ilegal obtiene licencia días antes de agotarse el plazo de demolición.

El Concello de Pontecesures ha otorgado licencia a la vivienda de O Rial que estaba pendiente de una orden de demolición. Precisamente el 30 de septiembre se agotaba el plazo para ejecutar la demolición fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra, que ahora tendrá la última palabra sobre la paralización el derribo.
La presumible resolución del conflicto, que se remonta al año 2003, se hizo pública en el Pleno ordinario del pasado lunes. El concejal de obras y servicios, Ángel Souto, confirmó ayer la concesión de la licencia “porque cumpría os requisitos para a legalilzación”. Esto es, sus propietarios, la familia Carou Eitor, realizó las obras para adaptar la fachada de su vivienda a los establecido en el Plan Xeral. “O mínimo esixido era de 12 metros, Tiña 6,20 e agora ten 12,80”. Además, añadió Souto Cordo, urbanizó el terreno frontal y cedió al Concello la parte sobrante del mismo, que pasará a ser de dominio público.
De esta forma, la Xunta de Goberno Local, en base a los informes favorables emitidos por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, concedió la liencia y envió al Juzgado Contencioso Administrativo de Pontevedra la solicitud de inejecutabilidad.
Souto espera que la jueza “dictamine cuanto antes” en el sentido de evitar el derribo. “sería o normal, segundo din os servizos técnicos e xurídicos do concello”
Este conflicto, además, supuso quebraderos de cabeza no solo para la familia afectada, sino también para el alcalde. Álvarez Angueira ya pagó una multa de 1.200 euros por no cumplir en su día la orden de derribo y de enfrentaba a otra si no ejecutaba la sentencia antes del 30 de septiembre.
La situación se aclara ahora, a pesar de que sobre el asunto planea una denuncia por la titularidad de los terrenos utilizados. “Coa documentación na mesa a nosa obriga era dar licenza, senón sería prevaricación” insistió Souto. “Hai uns papeis que din que os terreos son deles e o concello non entra na súa titularidade”.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 26/09/12

Un vecino denunció la usurpación de unos terrenos.

Souto Cordo recordó que la licencia fue concedida “sen prexuizo de terceiros” como marca a ley, por lo que “se alguén considera que ese terreo non é da familia terá que ir ao xulgado”.
Eso es precisamente lo que hizo Carlos Lorenzo Grela, quien denunció en el Juzgado de Caldas la ususrpación de la parcela de 80 metros cuadrados que utilizaron los propietarios de la vivienda para ejecutar las obras que permitieron su legalización, el próximo 31 de octubre se celebrará la vista oral.
Expediente fraudulento.
Lorenzo Grela, que acudió al Pleno de julio con una pancarta y el lunes volvió, más discretamente, asegura que él es el legítimo propietario del terreno aportando una escritura notarial de 1978 y una certificación del Registro de la Propiedad. Acusa a la famlia de eleborar un expediente catastral “de forma fraudulenta” para apropiarse de su finca.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 26/09/12