El cuerpo hallado en Valga presenta signos de violencia y corresponde a un vecino de Oleiros.

Se trata de Manuel Sesar Carreira, de 68 años

El cadáver que unos cazadores encontraron el domingo por la tarde en un monte del municipio pontevedrés de Valga corresponde a Manuel Sesar Carreira, un hombre nacido hace 68 años en el Ayuntamiento de Melide. Vivía en el Concello de Oleiros, una localidad situada en el área metropolitana de A Coruña a la que se trasladó siendo niño, para asentarse allí de manera definitiva.
Está separado y es padre de seis hijos, fruto de dos relaciones conyugales diferentes. Fue precisamente uno de esos hijos el que ayer efectuó el reconocimiento del cadáver y confirmó a FARO que el fallecido era su padre.
Hace tres semanas, la familia de Manuel Sesar denunció su desaparición, y el domingo, como queda dicho, apareció muerto en el Ayuntamiento de Valga, en una zona arbolada a escasos cinco metros de una carretera.
Cuando fue hallado el cadáver carecía de cualquier tipo de identificación, y como ayer explicó FARO DE VIGO, la búsqueda posterior realizada por Protección Civil de Valga tampoco permitió localizar el coche en el que, supuestamente, habría llegado hasta la provincia pontevedresa.
Líneas de la investigación
Ahora puede decirse, sin margen de duda posible, pues así lo atestigua su hijo Juan Sesar, que aquel cuerpo hallado en Valga el domingo era el de Manuel Sesar.
Pero también puede explicarse que las fuerzas del orden investigan (en medio de un gran hermetismo) la muerte violenta de este coruñés y que el Juzgado de Caldas de Reis instruye las diligencias oportunas.
Hay que abundar en que, si bien en un principio el avanzado estado de descomposición del cadáver hizo creer a las fuerzas de seguridad que Manuel Sesar Carreira podría haber muerto por causas naturales, finalmente la autopsia practicada en la ciudad de Pontevedra ha detectado síntomas claros de muerte violenta, lo cual ha dado un giro radical a la investigación abierta.
Este ciudadano de Oleiros fue visto con vida, por última vez, el 13 de enero pasado. Dos días después su familia denunció su desaparición y explicó que el hombre se había marchado sin llevarse sus medicinas para, supuestamente, dirigirse al puerto de A Coruña para pescar. Pero ya no regresó a casa.
Albañil jubilado
Jubilado, tras haber trabajado como albañil durante casi toda su vida, Manuel Sesar Carreira se había marchado en su turismo, un Opel Vectra con matrícula O-4014-CD, que todavía no ha aparecido pero que, en caso de ser localizado, puede resultar determinante en esta investigación.
Lo sucedido el domingo en el Concello de Valga causó enorme sorpresa en la localidad y demás municipios de las comarcas de Caldas y O Salnés, y todo por las extrañas circunstancias en que se encontraron los restos y por haberse constatado que aquel hombre podría llevar al menos diez días muerto.
El cadáver estaba en una zona bastante conocida, cerca de las populares fervenzas de Parafita, un espacio de gran valor natural y paisajístico.
Los efectivos de emergencias confirmaban ayer que se peinó todo el entorno en busca de algún vehículo, «pero no se encontró absolutamente nada».
Al cierre de esta edición las fuerzas de seguridad insistían, como único dato relevante, en que el fallecido era un vecino de Arteixo que había desaparecido días antes.
Juan Sesar, el hijo del hombre muerto, insistía, por el contrario, en que residía en la parroquia de Santa María de Oleiros y en que su padre no tiene nada que ver con el municipio vecino de Arteixo.

FARO DE VIGO, 08/02/11

«Queremos que se sepa que no fue dada ni abandonada, fue robada».

A María del Carmen Portas le encantaría poder abrazar un día a su hermano y ofrecerle todo el cariño que pueda darle.

El goteo de niños sustraídos en el franquismo empieza a aparecer en Galicia

Había una vez una niña, María del Carmen Portas, a la que su madre contó una historia. La de un hermano que nació en el Hospital Provincial de Pontevedra en 1966, un niño al que su madre solo pudo abrazar unos segundos, justo tras el parto. Un bebé que, según le dijeron entonces, falleció un día después. Un hijo al que nunca pudo llorar en el cementerio, ni llevar flores en el día de Difuntos, porque nadie le llegó a enseñar el cadáver. Pero resultó que la historia con la que ha crecido esta vecina de Pontecesures tiene supuestamente un final diferente al que le contaron a su madre en el hospital. El relato es solo uno más de los que describen las decenas de casos de niños robados que han empezado a destaparse en España a lo largo de los últimos meses. Y Galicia no ha quedado al margen.
La aparición de los primeros afectados en la comunidad ha provocado un efecto llamada. Algunas sospechas han ido convirtiéndose, poco a poco, en certezas. Y cada vez son más las familias que han comenzado a atar cabos. «Levo como ano e medio investigando. Toda a vida pensei que o meu irmán puido ser roubado, pero fas como que non queres revolver neso. O que pasa é que a raíz de que foron aparecendo casos, empecei a buscar», explica María del Carmen ahora.
Pero esa labor, a veces, no le ha resultado fácil. Ha encontrado más de una piedra en el camino. «Antes fóra preguntar a Pontevedra, pero vías que che daban para atrás, dicían que iso tiña que estar prescrito. Veste sola, pero saber que hai máis xente que está no mesmo caso anima a buscar», cuenta. Por eso, hace un llamamiento a todos los supuestos afectados que pueda haber en la provincia. Porque juntos pueden hacer una fuerza mayor. «Unha vez comentárao no médico e dixérame que non era a única, que unha muller comentou algo parecido, dixera», explica.
Aunque en la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir), encargada de mover el asunto en los tribunales, todavía no han logrado contabilizar los casos correspondientes a cada comunidad, fuentes del colectivo confirman que hay varios en Galicia. «Estoy pasando todos los afectados a una base de datos que nunca acabo, porque es continuo el goteo. Por el momento quiero reagruparlos por provincias, por si hay que denunciar hacerlo en grupos y no individualmente», comentó esta semana la encargada de los afectados de la zona norte.

Denuncias
Este colectivo fue el que presentó hace unos días unas 261 denuncias ante la Fiscalía General del Estado. La de María del Carmen era una de ellas. Pese a que dicha institución judicial no llevará finalmente la causa en conjunto, coordinará todas las denuncias. Estas tendrán que ser presentadas en sus correspondientes fiscalías provinciales. Y esta mujer busca más casos ocurridos en Pontevedra. Porque una reivindicación conjunta, piensa, hace más fuerza.
En cuanto a los procesos abiertos en Galicia, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no tenía a mediados de esta semana constancia de que se hubieran ya presentado algunas denuncias en juzgados gallegos. Con todo, recomienda que estas se deriven al juzgado ubicado en la ciudad en la que presuntamente hayan ocurrido los hechos.
Cada una de ellas es como un primer paso para saber qué ocurrió. Porque las familias quieren conocer qué fue de sus hijos o hermanos. Y aunque hayan pasado muchos años, no abandonarán. «¿Por que buscas agora, poida que nin queiran saber de vós?, nos din algúns», explica esta mujer. Y la respuesta que da es clara. Contundente. Rotunda. «Quero que o meu irmán saiba que a súa nai non o abandonou. Ao contrario. Era o primeiro fillo que tiña, un varón. E cando o atopemos, sería bo ter unha relación boa, porque imos darlle cariño, moito cariño», dice.

LA VOZ DE GALICIA, 07/02/11

Campaña mediática para evitar que tiren una casa cesureña.

José Carou señalando la casa del denunciante y detrás de él, la suya.

El Concello pidió una prórroga al juez para ejecutar la demolición y redactar el proyecto

Una familia de Pontecesures, vecina de O Rial, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se derribe su vivienda. Sobre ésta pesa una orden judicial de reposición de la legalidad, tras presentar un vecino de la zona, J.J.L.O., una denuncia por presunta ilegalidad del inmueble. Se trata del mismo denunciante que solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ejecutar el deslinde de Augas de Galicia en la pista del Regadío, en diciembre 2010.

Bajo el lema Axúdanos a parar esta inxustiza, la familia inició una campaña de recogida de firmas, en los bares de la comarca para intentar que la presión social paralice la actuación. ?sta ha tenido su eco en Internet a través del email Evitemos o derrube da casa duns amigos, en el que se piden firmas para evitar que se deje a esta familia «a de José Carou Alcalde, José o Francés, na rúa»

?ste, en conversación telefónica mantenida con este diario hace un mes, recalcó que cuando construyó su casa contaba con todos los permisos. Ahora para poder legalizarla conforme al PXOM, necesita adquirir una franja de terreno de 12 metros. Cuando la construyó hace casi 10 años le exigían 9 (regían entonces las Normas Subsidiarias). La compra parece simple pero es materialmente imposible: No hay terrenos en venta, y el único que podría estar disponible, de unos 300 metros, es económicamente inviable para la economía de la familia, que tiene un niño pequeño.

La orden de demolición fijada por el TSXG estaba prevista para el pasado día 31, pero no se hizo efectiva al pedir el Concello al Juzgado una prórroga mientras tramita la redacción del proyecto de derribo.

El edil de Relaciones Institucionales, Luis Sabariz, recalca que hay que ser «muy comedido con este tema», aunque comprende «la preocupación de la familia». Matiza que «en estos momentos lo que prima es buscar una solución de acuerdo a la normativa y es perjudicial entrar a valorar o discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO, 06/02/11

El BNG y Sabariz se enzarzan de nuevo con acusaciones sobre el caso del gasoil.

Las últimas declaraciones de testigos en el Juzgado nº 1 de Caldas dentro de la causa del gasoil en la que están imputados el exalcalde, Luis Álvarez Angueira y el responsable de Obras del Concello, Xurxo Gerpe, siguen generando polémica y enfrentamiento entre el BNG y el concejal no adscrito Luis Sabariz.
La asamblea local nacionalista sostiene que la declaración de una emmpleada de la gasolinera «non recolle que Angueira non pagara o importe das súas repostaxes e tampouco que o consumo realizado polo seu vehículo ses cargase nas contas municipais». Acusan a Sabariz de tergiversar las declaraciones con la intención de «emporcar a vida política, intentando danar aos seus contrincantes políticos coa máxima de todo vale». Con esto, añade el BNG, «pretende enmascarar a nefasta xestión do tripartito nesta lexislatura».
Por su parte, Sabariz insiste en que la testigo declaró que Angueira «no le pagó en el acto, ni en metálico ni con tarjeta, ni uno sólo de los repostajes» en los que coincidió con esta extrabajadora y que los ickets «eran incorporados al pincho del combustible servido al Ayuntamiento». Para Sabariz el máximo responsable de «ensuciar» la política local fue Angueira, con asuntos comno el gasoil, el envío de SMS, empadronamientos «fraudulentos» o dudosas facturas de comidas.

LA VOZ DE GALICIA, 06/02/11

Recogen firmas para «salvar» la vivienda en O Rial sobre la que pesa orden de derribo.

Hojas para la recogida de firmas que se repartieron por establecimientos de varios municipios. A la derecha, Isabel Eitor ante su vivienda.

La familia formada por Gerardo Carou, Isabel Eitor y su hijo Hugo, de ocho años, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar que la ??presión social? consiga lo que hasta el momento parece inevitable: el derribo de su vivienda, situada en el número 5 de O Rial y sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que había fijado como fecha límite para cumplir el fallo el pasado 31 de enero.
La casa sigue en pie, de momento, y con sus tres inquilinos dentro porque el Concello ha solicitado al juzgado una prórroga mientras se redacta y tramita el proyecto de derribo, que ya fue encargado al Colegio de Arquitectos, y a la espera de que el tribunal fije una nueva fecha para la demolición. ??Cada vez son menos as posibilidades? de legalizar la vivienda, comenta desesperanzado el abogado del matrimonio Carou-Eitor, Xosé Barreiro.

La única forma de conseguirlo sería que algún vecino vendiese a esta familia una franja de terreno para alcanzar los 12 metros de entrada con frente a terreno público, tal y como exige el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Pontecesures. Necesitan adquirir poco más de tres metros. Han sido varios los intentos, pero todos infructuosos. ??O único veciño que está disposto a vender pide un prezo desorbitado, 60 millóns de pesetas por unha franxa duns trescentos metros, que é máis do que valen a construcción e máis a vivenda xuntas. ? unha chantaxe en toda regla?, comenta el representante legal. Añade que otros propietarios se niegan a vender ya que estarían ??amedrentados? por Juan José Llerena Orgaz, un vecino de la zona que denunció la situación irregular de la vivienda e inició este conflicto. ??Hai outras casas que tamén están ilegais, polo que os veciños temen que este home tamén os denuncie e néganse a vender?, explica Xosé Barreiro.

Apoyo social.
En vista de que las posibilidades no son muchas, Gerardo Carou e Isabel Eitor iniciaron hace un par de días una recogida de firmas en Pontecesures y en municipios próximos como Valga, Padrón o Rois. En muchos establecimientos comerciales y de hostelería de estas localidades están a disposición de la gente las hojas para que estampen su rúbrica y se solidaricen con la situación por la que atraviesa esta familia. ??Axúdanos a parar esta inxustiza?, puede leerse en estos papeles. Internet es otra de las vías a través de la que intentan recabar apoyos.

Gerardo Carou ve ??moi inxusto? su caso. ??Vanme deixar sen casa, co neno na rúa, coa miña muller de baixa por depresión e unha hipoteca?, lamenta a la vez que carga las tintas contra el Concello, ya que considera que ??o único que quere é eludir responsabilidades. Estamos rodeados de ilegalidades e só a min me van tirar a casa?. Sostiene en este sentido que el propio Juan José Llerena ­que dio pie a esta situación con la interposición de una denuncia en relación a un camino de servidumbre­ ??non cumpre a lei. Nos últimos anos presentamos varias denuncias contra este señor no Concello, pero non moven un dedo contra el?.

La incertidumbre se ha apoderado de esta familia cesueña. ??Non podemos aguantar máis isto?, afirma Carou Alcalde. ??O que máis sinto é que o meu neno o está pasando muoi mal. ? moi triste que no colexio lle estean a dicir que lle van tirar a casa. Ata tivemos que ir falar cos mestres, porque pasou de sacar sobresaíntes e notables a nin sequera cubrir os exames?, comenta el afectado, que no se cansa de reclamar que se le permita legalizar la vivienda.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Una prórroga para adjudicar el proyecto de derribo da vida a una casa cesureña.

Los propietarios de la vivienda, sita en O Rial, recogen firmas para «parar esta inxustiza».

Isabel Eitor, su marido, Gerardo Carou, y su hijo. Lucas continúan con el alma en un puño ante la inminente demolución de la vivienda unifamiliar en la que residen, en O Rial, aunque la fecha señalada por el Juzgado para el desalojo y derribo, el pasado 31 de enero, pasó sin que actuase la piqueta. Sobre el inmueble pesa una orden judicial de derribo del TSXG por incumplir las directrices urbanísticas del Plan Xeral, por lo que la licencia concedida en el jaño 2000 fue anulada por este tribunal.
El motivo de este tiempo extra, según explicó el abogado de la familia, Xosé Barreiro, es que el Concello de Pontecesures solicitó al Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra una prórrogar para adjudicar la redacción del proyecto de demolición. Esta medida servirá para posponer la orden judicial, siempre que el juez la conceda. «Contestará este mes, seguro». De hecho, el próximo martes, se cumplen los cinco días de plazo para que las partes implicadas se posiciones respecto a la solicitud».
El letrado explicó que la familia solicitó licencia municipal para construir la vivienda y «sempre se seguiron os parámetros do Concello e da dirección de obra». Sin embargo, un vecino, José Llerena, denunció al matrimonio porque la edificación no se ajustaba a derecho. El pleito continuó hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo le dió la razón. En 2008 el TSXG dictó que la licencia había sido mal otorgada y que, o se legalizaba la construcción, o habría que restituir la legalidad.
La cuestión es que mientras se sucedieron las citas judiciales entró en vigor el PXOM (2003), que exige que la casa tenga una entrada por el frente de 12 metros de anchoi hacia el terreno público, una norma que se incumple en este caso, ya que tiene sólo nueve. «Estamos falando de xente que pediu unha licenza e fixo la casa conforma a ela. Ademais están pagando unha hipoteca» por lo que el derribo les dejará en la calle y con una gran deuda.
A pesar de celebrar «moitas reunións» con el Concello, no se encontró una fórmula jurídica para evitar la piqueta.
«A única opción»(señala el abogado) es que los propietarios de las fincas colindantes le vendan o permuten el terreno necesario para ampliar la entrada, apenas tres metors de longitud. El problema es que los vecinos se sienten atemorizados por el denunciante «e tamén teñen problemas coas súas licenzas. Saben que se lle venden unha franxa pequeniña os pode denunciar a eles tamén».
Otras fuentes apuntan que la única persona que se prestó a vendersuperficie necesaria pidió un precio muy elevado.
Mientras tanto, la familia ha puesto en práctica una medida para recabar el apoyo popular a través de la recogida de firmas, aunque su eficacia es dudosa frente a la orden judicial. Desde esta semana los pliegos se encuentran en numerosos comercios y establecimientos hosteleros no solo de Pontecesures, sino también de Valga, Padrón y Rois. «Pedimos axuda e a vosa colaboración para evitar o derrubo da vosa casa. Axúdanos para poder parar esta inxustiza».

DIARIO DE PONTEVEDRA, 05/02/11