Sabariz gasta en móvil 80 ? al mes y denuncia los 1.600 SMS de Angueira.

Sabariz y su móvil.

El edil no adscrito de Pontecesures niega el consumo excesivo y demanda al ex regidor.

La denuncia del BNG en su último boletín, al respecto de que el concejal no adscrito (y edil de Relacións Institucionais), Luis Sabariz, llevaba gastado más de 4.000 euros en llamadas al móvil ha tenido respuesta. Por un lado, el aludido ofreció las facturas que, desde 2007 y hasta 2010, arrojan un consumo medio de 79,53 ?, «sumando 3.340 euros, non 4.000», corregía. Y, por otro, confirmaba la querella contra el ex alcalde nacionalista, Álvarez Angueira, por enviar 1.600 mensajes SMS, «1.248 ó mesmo número».

Así las cosas, aseguraba que el pasado 3 de diciembre decidía presentar la demanda en el Juzgado número 1 de Caldas contra Angueira por el uso excesivo del móvil municipal que, además, «tardou en devolver ó Concello cando cesou, e parece que se quedou co kit de manos libres». Con respecto a las llamadas a medianoche que también denunciaba el BNG, Sabariz responde que las últimas «foron a Fenosa, Protección Civil e un contratista, todas por temas municipais».

Sobre la querella del BNG contra la alcaldesa, revela que la obra en su casa «e dúas máis» la acometió Medio Rural para apuntalar las viviendas por otra actuación cercana.

EL CORREO GALLEGO, 09/01/11

La Xunta aportará 8.500 euros para la contratación de la secretaria del Juzgado de Paz de Pontecesures.

La Consellería de Presidencia y el Concello de Pontecesures firmarán en los próximos días un convenio de colaboración para financiar, durante el año 2011, la contratación de la secretaria del Juzagado de Paz de Pontecesures. El texto del convenio ya está redactado y supondrá la aportación, por parte de la administración autonómica, de 8.500 euros. Este acuerdo se firmó también en 2010 y «tivo unha importancia considerable» ya que permitió contar con «máis horas de atención ao público», comenta el edil Luis Sabariz.

DIARIO DE AROUSA, 06/01/11

Nova de tribunais sobre agresión sexual na zona.

O 23 de agosto de 2010 foi publicada a nova en «LA VOZ DE GALICIA». Como daquela non atopei a nova, pásase a publicar agora.

El Supremo recorta de 12 a 5 años de cárcel la pena al violador de una niña.
El alto tribunal tumba la condena al agresor de una menor en Padrón por no creerlo «perverso» y ver un error legal.

El Tribunal Supremo (TS) acaba de rebajar de 12 a 5 años de prisión la pena que la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña había endosado en diciembre del 2009 a Federico, vecino de Pontecesures nacido el 29 de octubre de 1981, como autor de un delito de violación cometido contra Teodora cuando esta ni siquiera había cumplido los 14 y se hallaba de vacaciones en Padrón, a un millar de kilómetros de su domicilio habitual en Valencia. La Sala de lo Penal del TS, al igual que los magistrados de primera instancia, considera al acusado culpable de la agresión sexual que se le imputaba, si bien reduce en más de un 58% el castigo inicialmente impuesto, aduciendo una indebida aplicación de la normativa vigente en el momento de ocurrir los hechos y también que la «personalidad del reo no denota una especial perversidad».
Difundida con nombres ficticios, datada a 15 de julio del 2010 y conocida anteayer por La Voz, la sentencia, asimismo, deja en tres los siete años de cárcel a los que había sido condenado, «en concepto de cooperador necesario» del mal, un joven amigo del anterior identificado como Avelino. Y mantiene en apenas 24.000 los euros con los que ambos hombres deberán indemnizar a su víctima, a quien la perito psicóloga diagnosticó «una secuela, un trastorno de estrés postraumático, grave por su intensidad y persistente por su duración». Suscriben dicho pronunciamiento Juan Saavedra Ruiz, Joaquín Giménez García, José Manuel Maza Martín, Alberto Jorge Barreiro y José Antonio Martín Pallín, este último en calidad de ponente.
Los hechos en sí, como narran sus señorías en el escrito, ocurrieron en la madrugada del 1 de septiembre del 2004 durante las fiestas de Lestrove. Alrededor de la una, Teodora, entonces de 13 años, se encontraba en un «cobertizo apartado y carente de iluminación» donde unos minutos antes había sido violada por un adolescente al que luego, en junio del 2008, el Juzgado de Menores de A Coruña encerraría por ello. En alusión a este, el fallo relata: «Tras su marcha de allí y estando [la chica] todavía desnuda y conmocionada, en contra de su voluntad y con ánimo lúbrico, [Federico, Avelino y cuatro de sus compañeros] procedieron a sujetarla y tumbarla sobre el capó de un coche, manoseándola por todo el cuerpo». «Uno de ellos (continúa) llegó a introducirle el pene en la boca y otros los dedos en la vagina […], sin que ninguno la auxiliase, a pesar de que lloraba y pedía que la dejasen».
Solo pruebas contra dos de seis
Aprovechando una discusión entre los maltratadores, la niña logró huir, para dos días después formular contra el grupo una denuncia en la Comisaría de Valencia. Pero, incoadas las correspondientes diligencias, instruido el sumario y tras un lustro de investigaciones, no pudo probarse, exceptuando la de Federico y Avelino, la participación de nadie en aquella salvajada, pese a que en el 2006 se habían emitido autos de procesamiento contra cuatro imputados, ni tampoco quedar demostrado quién de la pandilla había obligado a Teodora a hacerle una felación.
La Audiencia Provincial impuso a los dos penas de doce y siete años entre rejas, pronunciamiento que el TS tumbó este julio a instancias de la defensa.

La alcaldesa de Pontecesures presenta en el Juzgado la denuncia contra los ediles del BNG por injurias y calumnias.

Acto de conciliación celebrado en noviembre en Pontecesures.

La alcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro, a través de la procuradora Rosa Montenegro presentó el lunes en el Juzgado de Caldas de Reis la denuncia contra los concejales del BNG Luis Álvarez Angueira, Cecilia Tarela, Margarita García y Arturo Ferro y también contra el ex edil nacionalista Xosé Antonio Baliñas por la presunta comisión de un delito de injurias y calumnias al haber afirmado que la regidora había utilizado fondos públicos para acometer mejoras en su vivienda. El BNG cesureño realizó estas aseveraciones en un pasquín publicado en el mes de mayo y que fue distribuido por todas las viviendas del municipio. En él se aludía a las obras de acondicionamiento del entorno del Regato de A Chancela, en cuyas inmediaciones se encuentra la vivienda de la mandataria cesureña, e incluía afirmaciones tales como que las obras fueron ejecutadas ??unicamente por e para a sustentación da casa da alcaldesa? y que ??o único que lles interesaba era arranxar? esta vivienda, además de acusar a Castro de ??aproveitarse do cargo para o seu interese propio?.
La primera edil de Pontecesures promovió un acto de conciliación en el Juzgado de Paz de la villa, pero los integrantes del grupo municipal del BNG se negaron a rectificar públicamente sus acusaciones, tal y como les exigía Maribel Castro, que ya por aquel entonces anunció su intención de presentar una querella. ?sta se hizo efectiva el lunes y en ella se indica que las obras del Regato da Chancela se realizaron ??siguiendo el procedimiento legal y en la zona de dominio público hidráulico?, siendo aprobadas por el Servizo de Infraestruturas Agrarias de la Consellería de Medio Rural. Su objetivo, aclara la denuncia, era ??consolidar el regato para evitar la degradación producida por la erosión, no llevándose a cabo obra alguna en las viviendas particulares que lindan con dicho cauce, entre ellas la de la alcaldesa?.

En la demanda se acusa al BNG de haber cometido un presunto delito de injurias y calumnias con publicidad, ??provocando deliberadamente un daño injustificado a la dignidad y prestigio? de Maribel Castro, ??sin que ello responda a una crítica política?. Los ??perjuicios que estas falsas acusaciones han causado a mi mandante, tanto en su calidad de persona pública como privada, son inestimables?, añade la procuradora, que forma parte del gabinete jurídico del Concello.

En la querella se señala como responsables del presunto delito a las personas redactoras de la noticia y se pide una sentencia en la que se obligue al BNG a rectificar sus afirmaciones en ??idéntica forma y modo? a como fueron difundidas, además de reclamar ??la oportuna indemnización por los daños y perjuicios?.

Se propone al juzgado que tome declaración en concepto de imputados a Luis Álvarez Angueira, Margarita García, Xosé Antonio Baliñas, Cecilia Tarela y Arturo Ferro, ??sin perjuicio de que se incluyan como imputadas a otras personas si se comprobase su responsabilidad penal en los hechos?. También se insta al juez a tomar declaración como testigos al concejal no adscrito Luis Sabariz y al jefe y dependientes del establecimiento en el que se imprimió el folleto del BNG. Por otra parte, la asistencia letrada de Maribel Castro quiere que se aclare si la publicación del panfleto tenía ??el consentimiento? del BNG como ??formación política? y si fue sufragado con sus fondos; y cree necesario un informe de la Consellería de Medio Rural que certifique que la obra en el regato se ejecutó tal y como estaba proyectada.

DIARIO DE AROUSA, 22/12/10

Archivan la denuncia contra el derecho a la huelga de basura de Padrón.

La jueza mantiene, sin embargo, el procedimiento por coacciones

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Padrón emitió una sentencia respecto a la denuncia presentada por personal del servicio de limpieza de Padrón durante la huelga de octubre.

En el fallo se da por sobreseída la denuncia que se presentó contra el Ayuntamiento de Padrón por un delito contra el derecho de huelga aunque se mantiene el procedimiento respecto a la falta de coacciones.

La jueza argumenta que en la denuncia y atestado de la Guardia Civil se deduce que los denunciantes, junto con otros huelguistas, trataron de impedir que los operarios municipales designados por el Ayuntamiento retiraran la basura que se encontraba en la plaza de Macías.

La huelga que se mantenía desde siete días antes había provocado la acumulación de numerosos restos de basura, situación agravada por la celebración del mercado dominical. Ante estos hechos, la Consellería de Sanidade, al ver que la putrefacción podía tener repercusión sobre la salud, instó al Ayuntamiento a adoptar medidas para resolver la situación.

El alcalde, Camilo Forján, y el teniente alcalde, Eloy Rodríguez Carbia, pusieron en conocimiento de los huelguistas dicho informe cuando estos últimos intentaban evitar la recogida de basuras de la plaza de Macías por parte de operarios municipales.

La jueza entiende que no existen datos suficientes «para poder imputar el delito pretendido, por lo que procede acordar respecto del delito contra el derecho de huelga de los denunciantes, previsto y penado en el artículo 315 del Código Penal, el sobreseimiento provisional al amparo del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no estar debidamente acreditados los hechos imputados».

Sin embargo, la jueza considera que se debe continuar «el presente procedimiento únicamente respecto a la falta de coacciones a la que se alude en el atestado».

EL CORREO GALLEGO, 22/12/10

Archivan la denuncia de los empleados del servicio de limpieza de Padrón.

Acusaban a los gobernantes y a varios trabajadores del Concello de vulnerar su derecho al paro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Padrón acaba de decidir el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas abiertas tras la denuncia cursada por los miembros del comité de huelga del servicio de recogida y transporte de basura en este concello, contra el alcalde, teniente de alcalde y varios trabajadores del Concello que, por orden de los primeros, retiraron residuos de la calle en pleno paro. Los trabajadores del servicio de recogida y el sindicato que los representa, UGT, les imputaban un presunto delito contra la libertad sindical o derecho a la huelga, que consideraron vulnerado.
El auto de la jueza sustituta del Juzgado número dos de Padrón, Sonia Cartamil, fechado el pasado 11 de noviembre, señala que «no existen datos suficientes para poder imputar el delito pretendido». El auto relata los hechos ocurridos el viernes 15 de octubre, una semana después del inicio de la huelga, cuando el Concello ordenó a la brigada de obras retirar la basura depositada en algunos puntos de la villa, en este caso el callejón de Castro. Para ello, el alcalde Camilo Forján se escudó en una notificación de la Consellería de Sanidade en la que le instaba a adoptar medidas para garantizar las condiciones de salubridad de la población.
El comité de huelga trató de parar la retirada de basura y, tras concluir el paro un día después, presentó una denuncia por una supuesta vulneración al derecho a la huelga. La jueza no lo ve así y ha dictado el archivo de las diligencias, aunque da vía libre al procedimiento abierto por la falta de coacciones a la que se alude en el atestado de la Guardia Civil de Padrón.

LA VOZ DE GALICIA, 11/12/10