Victorio Magariños: ??La identidad gallega tiene la fuerza necesaria para la pervivencia?.

Victorio Magariños (Pontecesures, Pontevedra, 1940) aún recuerda los murmullos de pinos, carballos y olmos, y los vendavales inclementes e inviernos helados de la Galicia semirural, aunque con 15 años ya se había marchado a Santiago para finalizar el bachillerato y continuar estudios en la universidad compostelana. Finalizada la carrera de Derecho, se trasladó a Madrid para preparar oposiciones a notarías, y cuando las aprobó, en 1967, en la Ciudad Condal, su primer destino fue Camprodón, Girona. A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos trabajos de gran relevancia sobre problemas jurídicos, sociales y políticos. Por razones personales y familiares se vinculó a Sevilla en 1974, donde desarrolló su labor profesional hasta 2010, año en que se jubiló y fijó su residencia en Madrid.

Siempre ha reconocido lo importante que fueron sus padres en su formación, como persona y jurista, ¿con qué se queda?

Con el ejemplo de su integridad moral y su espíritu de servicio y ayuda a los demás. Mi padre, quizá sin proponérselo, ejerció en mí una influencia decisiva, con su sentido de la equidad, tolerancia y valentía para oponerse a cualquier abuso o injusticia, además de su cultura asimilada y profunda.

Seguramente, también guardará recuerdos entrañables de algunos profesores…

Los maestros de escuela de aquella época tenían gran vocación y buena preparación; gracias a dos de ellos, de mi pueblo, preparé y me examiné -por libre- de algunos cursos de bachillerato en el Instituto de Santiago. De la etapa universitaria destacaría a Álvaro d’Ors, catedrático de Derecho Romano que fue determinante en mi vocación y mi carrera de jurista.

Una carrera, por cierto, abrumadora, ¿por qué eligió notariado?

Por su especialización en el derecho privado -el ámbito que yo más apreciaba- y por el propio contenido de la función y la independencia con que se ejerce. El programa de la oposición, además, me pareció más asequible y razonable, y permitía profundizar en las instituciones del derecho civil.

Dada su formación humanística, tal vez le ‘pegaba’ más la docencia o a la carrera judicial…

Me interesaba el derecho vivo, la aplicación y creación jurídica para resolver problemas reales. La carrera notarial ofrecía un buen marco para el estudio del derecho, y a la vez, su aplicación práctica, además de ser compatible e incluso complementaria con la investigación jurídica y la docencia, dentro o fuera del propio notariado.

Digamos que apreciaba menos la función judicial…

Todo lo contrario, siento una gran admiración por ella; las sentencias judiciales constituyen la última palabra sobre la norma jurídica. Aun así, consideré que la prevención de conflictos a través de la función notarial encajaba mejor con mis aptitudes y preferencias.

Su vida profesional ha tenido gran vinculación con Cataluña, ¿cómo diría que son los catalanes?

Trabajadores, dotados para la actividad mercantil, emprendedores, cercanos, sencillos, comunicativos y valoran mucho la cultura, cualidades que favorecen la comunicación e integración.

¿Cómo ve el encaje de los sentimientos de identidad en Cataluña dentro del conjunto de España?

Esa cuestión requiere una terapia desde dentro de Cataluña -donde existe sustrato intelectual suficiente-, y desde luego, el cumplimiento de las exigencias del Estado de derecho. En principio, en un sistema democrático no debería haber problemas graves de incompatibilidad y choque con el resto de regiones; por el contrario, sus singularidades se desarrollan con más intensidad en una sociedad no cerrada.

Visto así, coincido en que no debería haber problemas, pero nada más lejos de la realidad…

Sobre todo en los últimos años, se ha producido un fenómeno desorbitado y patológico, de encerramiento en sí mismos, lo que hace pensar en una falta de confianza en sus cualidades, en un miedo a que se diluyan si no se protegen de imaginarios influjos destructivos externos, lo que es un grave error a mi juicio.

¿Cuál cree que es la causa de ese comportamiento erróneo?

Son varias… la miopía de los políticos catalanes, que en lugar de expandir los valores de su región, han provocado la llamada inmersión, que no solo es lingüística, sino también psicológica; una pésima gestión de la cosa pública de los gobiernos catalanes, que tratan de disimular y ocultar derivando la culpa hacia otros ámbitos; falta de sabiduría política de los gobiernos centrales, que no han sabido encauzar a tiempo tal deriva; así como una pusilánime dejación de las funciones propias del Estado.

Vd. también trabajó durante muchos años en Andalucía, hábleme de los andaluces…

Andalucía es extensa y diversa, son muy distintos los andaluces de Granada o Jaén de los de Sevilla o Cádiz; en general, se sienten seguros de sus cualidades y su valoración los hace confiados. Sin embargo, la adaptación a su estilo es más difícil, sobre todo en Sevilla, donde existe una personalidad muy acusada, enraizada en linajes y familias, un excepcional sentido natural de la belleza y cierta elegancia distante que les hace especialmente diferentes.

Durante los años que vivió en esa ciudad, ¿llegó a acostumbrarse del todo al entorno social?

Sí, estoy casado con una sevillana… ¡Mal me iría! (Reímos). Tardé tiempo en entender de manera receptiva el modo de ser sevillano, que es muy difícil para el que no ha nacido en su bellísima ciudad, pero quizá por mi formación gallega, tan enraizada con el talante universal y pacifista, siempre intenté comprender, aprender y aportar, desde mi actividad, lo que pudiera ser útil al enriquecedor mundo emocional de Sevilla.

Echaría de menos los giros en el lenguaje o el acento gallego…

Nunca dejé de utilizarlos, en contraste y compitiendo, primero con el catalán, cuando vivía en Cataluña, y después con el agradable y ocurrente modo de hablar sevillano, sin contar la lectura de autores gallegos y las largas y frecuentes conversaciones con amigos de Galicia. Desde que vivo en Madrid, mi relación con gallegos es constante.

Le pediría que me describiese a los gallegos, si es que no le cansa este juego sociológico…

Tenemos caracteres que facilitan la adaptación y la integración; sobre todo, un sentido universal, la admiración por el talento y la inteligencia allí donde se den, y la confianza en que el trabajo bien hecho será valorado en cualquier lugar.

Los gallegos nunca han tenido problemas de identidad…

Creo que la identidad gallega tiene en sí la fuerza necesaria para la pervivencia y no necesita aislarse o encerrarse para defenderse de enemigos externos imaginarios; por el contrario, ese espíritu universal del que antes le hablaba es causa de su expansión y de que se reconozca en todos los lugares del mundo. Los valores o caracteres propios de Galicia no se diluyen, sino que subsisten allí adonde el gallego universal y emigrante se va… ¡El gallego tiene mirada de largo alcance que traspasa el ámbito de su territorio!

Le propongo que ahora nos centremos en su profesión, ¿ha cambiado mucho el notariado?

En los últimos años ha habido cambios en la sociedad que han afectado a todas las actividades. El crecimiento económico y luego la crisis, unidos a la integración forzada dentro del notariado de un cuerpo que tenía criterios distintos, han perjudicado el rigor tradicional de la función notarial, que habrá que ir recuperando.

La figura del notario en España, ¿es comparable a la que existe en otros países de nuestro entorno?

El notariado español forma parte del llamado notariado latino, propio de la Europa continental e Iberoamérica, en el que la función notarial tiene un ámbito funcionarial más o menos intenso -según los países- y un componente de asesoramiento y control de legalidad. Al lado de este sistema está el anglosajón, en el que no se conoce esa figura de protección, pues sustituyen la seguridad preventiva por un seguro de indemnización que se ha revelado muy insuficiente, sobre todo después de la crisis económica que padecemos.

Veamos la importancia de la función notarial en la actualidad…

Cada vez es más útil y necesaria, y le incumbe una labor más intensa de amparo del negocio jurídico. La complejidad y modificación continua de las leyes, la proliferación de cláusulas impuestas -extensas e ininteligibles- o la desaparición de valores morales y sociales, como el no respetar la palabra dada, reclaman una institución que aporte confianza, eficacia y garantía de validez a la contratación.

¿Son de desear entonces cambios en la normativa reguladora?

Se han realizado cambios para incorporar las nuevas tecnologías, que agilizan la actividad notarial y facilitan la comunicación con la Administración, evitando trámites innecesarios. Además, la desjudicialización de ciertos actos de la llamada jurisdicción voluntaria ha dado mayor alcance a su función.

¿En qué áreas?

Se ha ampliado, entre otras, a la celebración del matrimonio, la separación o divorcio ante notario, la subasta electrónica notarial o la reclamación de deudas dinerarias tramitada por notario. No obstante, son necesarios cambios en su normativa que aseguren que la función se realiza de modo eficiente y generen confianza.

Quizá habría que modernizar de algún modo el notariado…

Desde luego. Se requiere, por ejemplo, humanizar el sistema de oposiciones, y que lo relevante no sea la memorización del mayor número de datos posible para recitarlos en un determinado tiempo a modo de competición, sino la comprensión de las instituciones jurídicas y su relación entre ellas.

¿Y en materia de formación?

Es evidente la necesidad de crear una escuela de formación, en la que el notario recién titulado pueda adquirir un mínimo conocimiento práctico para ejercer su función. Es preciso, además, propulsar la formación continua de los notarios en todos los ámbitos, desde el tecnológico hasta el deontológico.

Vd., que ha escrito bastante sobre deontología, ¿dónde cree que se asienta la ética notarial?

Principalmente, en tres pilares: recoger estrictamente la verdad, cumplir rigurosamente las reglas que garantizan la seguridad y eficacia de los contratos que el notario autoriza, y la imparcialidad. Como los dos últimos pilares han sufrido infracciones en los últimos años, por la tendencia a intervenir en el mayor número de documentos, convendría adoptar medidas que eviten que un notario pueda autorizar más documentos de los que personalmente puede, si cumple con rigor su función que es indelegable.

También le interesa la seguridad jurídica en nuestro país, definamos primero ese concepto…

La seguridad jurídica es la médula del Estado de derecho, la garantía de que las normas no sean arbitrarias y sí duraderas, claras, y coherentes, y que se cumplan. Cuando estos principios no se siguen, se crea intranquilidad, malestar social y empobrecimiento.

¿Existen problemas de seguridad jurídica en España?

Ha habido un incumplimiento sistemático, sobre todo cuando se ha gobernado con mayoría absoluta. El abuso de decretos leyes, la pasividad del Estado ante el incumplimiento reiterado de normas, y los cambios continuos en algunas leyes, generan incertidumbre y revelan una falta de seriedad y reflexión en el ámbito legislativo.

En sus artículos, analiza además el deterioro del Estado de derecho en el país, que al parecer no es fácil de remediar…

Difícil solución tiene tal deterioro, dada la deriva de los partidos políticos hacia una profesionalización, sectarismo y pragmatismo que les hace rehuir de cualquier medida que les aleje de su objetivo principal, que es la permanencia en el poder. Han demostrado una falta de lealtad constitucional y democrática, imprescindible en un Estado de derecho, y la sociedad debería ser más exigente en esto.

Hablando de cambios en las leyes, ¿ve necesario modificar nuestro Código Civil, que data de 1889?

Se está trabajando en una interesante propuesta de nuevo código que deberá tenerse en cuenta para que, previo estudio por los juristas que deberán aplicarlo, se pondere si conviene, sustituir el código vigente por otro, con regulación y estructura nuevas que plantearían serios problemas de aplicación y coordinación con el ordenamiento jurídico en general, o hacer una modificación que lo actualice, respetando su estructura y regulación básica, lo que haría más fácil su aplicación.

Vd. es partidario de suprimir la legítima en las herencias, ¿me explica sus razones?

En el momento actual no existe fundamento de peso que justifique la limitación a la libertad de testar. La legítima supone una infracción al principio de libertad de disponer, ínsito al derecho de propiedad -que es base de la libertad- y no cumple función social alguna que pudiera justificarla.

Un cambio en ese sentido sería bien recibido por los testadores…

No tengo duda alguna. Cuando quieren, por ejemplo, dejar a su cónyuge la vivienda -único bien en la mayoría de los casos- y se les dice que no pueden porque la ley lo prohíbe, expresan sistemáticamente su rechazo ante la injusticia que supone que la ley imponga, de manera ciega, el modo de reparto, al margen de merecimientos y afectos que solo el testador puede ponderar. ?nicamente los deberes de asistencia a menores y personas necesitadas, derivados de la convivencia y filiación, justificaría su repercusión sucesoria.

D. Victorio, en el marco de esta charla sobre temas tan profundos, si le pidiera que se definiese, ¿diría que es iusnaturalista o positivista?

Ante todo, quisiera decir que el derecho, como conjunto normativo sin más fundamento que la mera emanación del poder, conduce a la opresión, por muy democrático que sea su origen. Es la justicia la que constituye la clave del derecho, al permitir que este cumpla su objetivo, que es la paz social; a su vez, a la justicia se llega mediante la confluencia -de modo compatible- de los valores igualdad, libertad y seguridad.

Pero no es fácil alcanzar esa compatibilidad…

Cierto, porque esosvalores son relativos y de difícil coexistencia equilibrada; en ellos influyen circunstancias históricas, económicas, avances técnicos… de ahí la gran dificultad de alcanzar la justicia, a la que se llega por aproximación. Este modo de entender el derecho, que podría considerarse una variante del iusnaturalismo, es el que suscribiría hoy.

Vamos terminando, y me gustaría que comentase los objetivos de la Asociación para el Diálogo, que actualmente preside…

Pretende fortalecer la llamada sociedad civil para que sea más comprometida, generar ilusión y ofrecer ideas para el perfeccionamiento de la política y la sociedad. Para ello, se propone analizar y debatir sobre problemas éticos, científicos, sociales o políticos, sobre todo, los que incidan de modo directo sobre el ciudadano.

¿Qué motivó su creación?

El deseo de corregir, en lo posible, la pasividad de los ciudadanos, que después de aprobarse la Constitución se confiaron en exceso y permitieron que los partidos políticos se incrustaran en las instituciones, incluso en las no políticas. La idea era contribuir a que la sociedad fuese más viva y participativa.

Sr. Magariños, lleva muchos años viviendo fuera de Galicia, ¿qué le ata aún a su tierra?

Tengo dos hermanas en Pontecesures y mi segunda residencia en San Vicente del Mar, O’Grove, un auténtico paraíso terrenal en el que paso el mayor tiempo posible y donde me encuentro con las sensaciones y vivencias más íntimas, que hacen de mi estancia en Galicia una felicidad. El recorrido diario, atravesando la península de O’Grove a través de una pequeña corredoira, que aún se conserva rodeada de zarzas y laureles, no tiene comparación con ningún otro.

El Correo Gallego

Retiran la indemnización a una mujer que se cortó en una verbena.

El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de agosto del 2013. Una joven disfrutaba en Pontecesures de la fiesta de San Roque, que cada año organiza la asociación cultural del mismo nombre. En un momento dado, la mujer se cortó con un vaso roto y se produjo varias lesiones graves. Entre ellas, la rotura del tendón de Aquiles. El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis admitió los argumentos que la víctima recogió en su denuncia y le otorgó una indemnización de 15.287 euros. Ahora, la Audiencia Provincial acaba de anularla.

La reclamación que en un principio había prosperado se dirigía contra el propio colectivo cultural, contra uno de sus miembros, que regenta un bar en la Praza dos Valeiros -donde se desarrollaba la verbena- y contra la compañía aseguradora que cubría a los organizadores del evento. La demandante sostenía que a las horas de la madrugada en las que se lastimó con el vaso, el permiso municipal para el desarrollo de la fiesta ya había expirado. A su vez, afirmaba que el recipiente roto procedía de la barra que el hostelero en cuestión había colocado en el exterior de su establecimiento, con motivo de la celebración de San Roque. Por fin, le acusaba de negligencia por servir bebidas en receptáculos de cristal ante una concurrencia numerosa.

El fallo del juzgado de Caldas exoneró en su día al tabernero, por considerar que, a la vista de que aquella noche funcionaban varias barras externas, resulta imposible probar el origen del vaso. Sí condenó, en cambio, a la asociación y a su aseguradora a pagar esos 15.000 euros a la denunciante. Pues bien, la Audiencia anula aquella sentencia por considerar que a la entidad cultural no podía requerírsele la puesta en marcha de medidas de seguridad específicas para evitar riesgos como este. Solo en espectáculos con un público mínimo de 20.000 personas la ley exige un plan de autoprotección.

La sentencia anulada condenaba a la asociación San Roque de Cesures a pagarle 15.000 euros

La Voz de Galicia

PECHE DAS OFICINAS MUNICIPAIS OS SÁBADOS POLA MA?Á.

puerta

O Concello de Pontecesures viña abrindo os sábados as oficinas municipais coa finalidade de manter aberto o Rexistro municipal en horario de 9.00 a 13.00 horas.

A dita apertura viña determinada polo feito de que os sábados, a pesares de non ser laborais, tiñan o carácter de día hábil aos efectos de cómputo de prazos no procedemento administrativo, tal e como prevía o artigo 48 da xa derrogada Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no seu artigo 30.2 establece o seguinte:

 

??2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos? …

En consecuencia, os sábados pasan a ter o carácter de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos no procedemento administrativo; e o seu peche non supón prexuízo algún para os/as veciños/as de Pontecesures.

Por todo o anterior, procederase ao peche do Rexistro administrativo municipal os sábados a partir desta semana, polo que as oficinas permanecerán pechada ó público.

Vilanova y Pontecesures, en busca de su presupuesto para el 2016.

A un trimestre de concluir el año 2016, dos de los concellos de la comarca de Arousa continúan sin tener los presupuestos aprobados. Pese a que deberían estar en vigor desde el uno de enero, tanto Vilanova como Pontecesures no han logrado todavía hacer números y llevarlos al pleno para su posterior aprobación. Trabajan así, con una prórroga de los presupuestos de 2015, aunque el objetivo de ambos municipios es llevar acabo una aprobación que podría producirse al mismo tiempo que la de los presupuestos de 2017. «Estamos trabajando en ellos», explican desde el gobierno municipal de Vilanova.

Desde Pontecesures, el alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, señala que tienen previsto aprobarlos antes de que concluya el año. «? necesario facelo para traballar con orzamentos reais», indica. En este momento, están trabajando en la estructuración de los dos millones de euros de los que dispone el concello y, aunque no hay nada decido, serán infraestructuras y política social las partidas de gastos voluntarios a las que más recursos dirigirán. El retraso lo encuadra en las muchas tareas pendientes que se encontró cuando llegó al gobierno tras la moción de censura que se consumó el mayo pasado.

¿Un problema?

Consultado sobre la cuestión, el principal problema lo fija el exalcalde de Vilagarcía y actual secretario municipal de Catoira, Javier Gago, en los gastos de inversión porque no pueden prorrogarse. «Esto significa que, por ejemplo, solo pueden llevarse a cabo las obras que están subvencionadas al cien por cien por otras administraciones», explica. Es el caso de los planes provinciales de la Diputación, que tienen tres líneas (obras, empleo y servicios sociales), pero no el de la Xunta, que acostumbra a subvencionar entre el 60 % y el 70 %. Otras, directamente, exigen tener un presupuesto aprobado entre sus condiciones, algo que lleva a Gago a ser claro: «es mejor tener un mal presupuesto que no tenerlo».En los gastos corrientes, cuando el presupuesto no llega, las opciones se reducen a dos: partidas que se quedan en situación de déficit (como la dedicada a parques y jardines en Pontecesures, que se excede hasta el momento en 2.286 euros) o llevar a cabo modificaciones entre las de gastos voluntarios para pasarlos a obligatorios, algo para lo que se requieren los mismos trámites que supone la aprobación del presupuesto. Es habitual que sea necesario. «La tendencia es que los sueldos de los funcionarios y la energía eléctrica suban un poco cada año», recuerda Gago. Al tratarse de subidas recogidas por la ley o de compromisos con los contratistas, este experto en gestión local afirma que lo habitual es que se llegue a acuerdos para estas modificaciones en los gastos corrientes. «Es responsabilidad de toda la corporación», incide. En el caso de déficit, toca hacer un plan de ajuste económico.

La Voz de Galicia

La Fiscalía investiga posible trato de favor del gobierno de Santiago por no multar a locales de copas.

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Llaman a declarar a altos funcionarios por la paralización de sanciones por parte del edil de Urbanismo.

La Fiscalía de Santiago ha abierto una investigación para esclarecer si el concejal de Espazos Cidadáns -con competencias en Urbanismo-, Jorge Duarte (Compostela Aberta), cometió trato de favor con algunos locales de copas de la ciudad que, pese a ser objeto de expedientes sancionadores por parte de la Policía Local o del propio Concello, no han llegado a ser multados porque, básicamente, los documentos no llegaron nunca a ser firmados por el edil del gobierno local santiagués, que preside Martiño Noriega.

La fiscala Arancha San José ya ha llamado a declarar a dos altos funcionarios del Concello compostelano y tiene previsto escuchar esta misma semana a otros cuatro. Sobre la mesa tiene una quincena de expedientes a locales de copas que no han llegado a concretarse porque nunca llegaron a ser firmados por la autoridad municipal que corresponde, que en este caso es el concejal Jorge Duarte.

En los expedientes a los locales de ocio hay de todo. Desde propuestas de sanción por exceso de aforo a otros que incumplieron el horario de cierre, las limitaciones de ruido o la normativa que impide el consumo de alcohol en la vía pública. En todos los casos que está investigando la Fiscalía compostelana se cumple el mismo patrón: los bares y discotecas fueron propuestos para sanción, pero el procedimiento quedó paralizado al no ser firmado por el edil que tiene atribuidas las competencias en Urbanismo.

Esta falta de firma por parte del concejal contrasta con la normalidad con la que fueron tramitados otros expedientes durante el mismo período de tiempo. Estas diferencias de criterio presuntamente injustificadas son las que han motivado la apertura de las diligencias informativas por parte de la fiscala San José.

Actuación «arbitraria»

Por el momento, han tenido que prestar declaración un miembro de la Policía Local compostelana y la jefa de servicio de Urbanismo, pero ya están llamados a declarar esta misma semana otros cuatro funcionarios pertenecientes a este mismo departamento.

La investigación abierta por la Fiscalía coincide con las quejas presentadas ayer por el Partido Popular, cuyo concejal Alejandro Sánchez Brunete acusó al edil del gobierno local Jorge Duarte de estar involucrado en una práctica «arbitraria e escura» porque considera que hay indicios de que «retén determinados expedientes» a locales de copas y de ocio, situación que califica como «consciente deixamento de funcións» que, a su juicio, exige explicaciones por parte del responsable de Compostela Aberta -grupo que está alineado con En Marea- «co fin de despexar todas as dúbidas dun presunto trato de favor a locais concretos», señala el PP.

Los populares consideran que Duarte, al negarse a firmar las resoluciones contra los locales de copas propuestos para sanción, ha incumplido con la ley pese a los requerimientos que le han hecho funcionarios del departamento municipal de Urbanismo. Por este motivo, el grupo municipal del PP de Santiago presentó ayer por la mañana una solicitud de acceso a toda la documentación existente «co fin de obter unha resolución detallada dos expedientes abertos polos departamentos de Disciplina e de Rehabilitación que están pendentes de resolución pola falta de sinatura do responsable do departamento, Jorge Duarte».

Para el edil Sánchez Brunete «sería escandaloso descubrir que unha Administración que tramita centos de sancións ao ano, tivese especial trato de favor con algúns administrados» y por eso instan al gobierno local a explicar a qué se debe la paralización de multas a determinados locales.

La Voz de Galicia

El juzgado investiga si el gobierno del PP en Valga cometió un delito de malversación.

Hace casi cuatro meses el grupo municipal del PSOE de Valga, abanderado por María Ferreirós, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía presuntos cobros irregulares por parte de los concejales del gobierno conservador que dirige José María Bello Maneiro. Ahora se anuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas admite a trámite la demanda de los socialistas con base en presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Explican en las filas del PSOE valgués que la juez titular «acordó iniciar diligencias previas por los presuntos delitos derivados del cobro por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas ‘Comisiones de Coordinación’, las cuales no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello».

Se trata, según los socialistas, de un supuesto uso indebido de dinero público. Hablan incluso de que los concejales populares habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales «Comisiones de Coordinación», un órgano creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro.

María Ferreirós ya denunció hace meses estos hechos y reclamó al alcalde toda la información relativa a dichas comisiones, alegando que «suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares».

La líder socialista aseguró haber consultado a tres abogados y dos interventores que coincidirían con ella en que no existe normativa legal «que ampare el pago económico con fondos públicos las asistencias de los concejales del PP a estas reuniones», pues se trataría de un órgano no colegiado, sin presencia de funcionario público.

Esto, a su juicio, es tanto como decir que se trata de «reuniones del PP de Valga» que estarían siendo pagadas con fondos municipales.

Eso es lo que investiga ahora el juzgado de Caldas, basándose para ello en la demanda de los concejales socialistas que dice que «lo grave de la celebración de las ‘Comisiones de Coordinación’ no es su celebración, sino que los asistentes a las mismas cobren por ello, de forma totalmente irregular, percibiendo una cantidad fija que es incluso superior a lo que se abona a los ediles del gobierno y la oposición por la asistencia a órganos colegiados reglados como la Junta de Gobierno o las sesiones informativas».

Ni que decir tiene que en esa demanda María Ferreirós y su equipo hacen constar que el alcalde «puso todo tipo de trabas e impedimentos cuando empezamos a solicitar información por escrito sobre esas reuniones y los pagos por asistencia a las mismas».

Faro de Vigo