Retiran la indemnización a una mujer que se cortó en una verbena.

El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de agosto del 2013. Una joven disfrutaba en Pontecesures de la fiesta de San Roque, que cada año organiza la asociación cultural del mismo nombre. En un momento dado, la mujer se cortó con un vaso roto y se produjo varias lesiones graves. Entre ellas, la rotura del tendón de Aquiles. El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis admitió los argumentos que la víctima recogió en su denuncia y le otorgó una indemnización de 15.287 euros. Ahora, la Audiencia Provincial acaba de anularla.

La reclamación que en un principio había prosperado se dirigía contra el propio colectivo cultural, contra uno de sus miembros, que regenta un bar en la Praza dos Valeiros -donde se desarrollaba la verbena- y contra la compañía aseguradora que cubría a los organizadores del evento. La demandante sostenía que a las horas de la madrugada en las que se lastimó con el vaso, el permiso municipal para el desarrollo de la fiesta ya había expirado. A su vez, afirmaba que el recipiente roto procedía de la barra que el hostelero en cuestión había colocado en el exterior de su establecimiento, con motivo de la celebración de San Roque. Por fin, le acusaba de negligencia por servir bebidas en receptáculos de cristal ante una concurrencia numerosa.

El fallo del juzgado de Caldas exoneró en su día al tabernero, por considerar que, a la vista de que aquella noche funcionaban varias barras externas, resulta imposible probar el origen del vaso. Sí condenó, en cambio, a la asociación y a su aseguradora a pagar esos 15.000 euros a la denunciante. Pues bien, la Audiencia anula aquella sentencia por considerar que a la entidad cultural no podía requerírsele la puesta en marcha de medidas de seguridad específicas para evitar riesgos como este. Solo en espectáculos con un público mínimo de 20.000 personas la ley exige un plan de autoprotección.

La sentencia anulada condenaba a la asociación San Roque de Cesures a pagarle 15.000 euros

La Voz de Galicia

PECHE DAS OFICINAS MUNICIPAIS OS SÁBADOS POLA MA?Á.

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O Concello de Pontecesures viña abrindo os sábados as oficinas municipais coa finalidade de manter aberto o Rexistro municipal en horario de 9.00 a 13.00 horas.

A dita apertura viña determinada polo feito de que os sábados, a pesares de non ser laborais, tiñan o carácter de día hábil aos efectos de cómputo de prazos no procedemento administrativo, tal e como prevía o artigo 48 da xa derrogada Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no seu artigo 30.2 establece o seguinte:

 

??2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos? …

En consecuencia, os sábados pasan a ter o carácter de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos no procedemento administrativo; e o seu peche non supón prexuízo algún para os/as veciños/as de Pontecesures.

Por todo o anterior, procederase ao peche do Rexistro administrativo municipal os sábados a partir desta semana, polo que as oficinas permanecerán pechada ó público.

Vilanova y Pontecesures, en busca de su presupuesto para el 2016.

A un trimestre de concluir el año 2016, dos de los concellos de la comarca de Arousa continúan sin tener los presupuestos aprobados. Pese a que deberían estar en vigor desde el uno de enero, tanto Vilanova como Pontecesures no han logrado todavía hacer números y llevarlos al pleno para su posterior aprobación. Trabajan así, con una prórroga de los presupuestos de 2015, aunque el objetivo de ambos municipios es llevar acabo una aprobación que podría producirse al mismo tiempo que la de los presupuestos de 2017. «Estamos trabajando en ellos», explican desde el gobierno municipal de Vilanova.

Desde Pontecesures, el alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, señala que tienen previsto aprobarlos antes de que concluya el año. «? necesario facelo para traballar con orzamentos reais», indica. En este momento, están trabajando en la estructuración de los dos millones de euros de los que dispone el concello y, aunque no hay nada decido, serán infraestructuras y política social las partidas de gastos voluntarios a las que más recursos dirigirán. El retraso lo encuadra en las muchas tareas pendientes que se encontró cuando llegó al gobierno tras la moción de censura que se consumó el mayo pasado.

¿Un problema?

Consultado sobre la cuestión, el principal problema lo fija el exalcalde de Vilagarcía y actual secretario municipal de Catoira, Javier Gago, en los gastos de inversión porque no pueden prorrogarse. «Esto significa que, por ejemplo, solo pueden llevarse a cabo las obras que están subvencionadas al cien por cien por otras administraciones», explica. Es el caso de los planes provinciales de la Diputación, que tienen tres líneas (obras, empleo y servicios sociales), pero no el de la Xunta, que acostumbra a subvencionar entre el 60 % y el 70 %. Otras, directamente, exigen tener un presupuesto aprobado entre sus condiciones, algo que lleva a Gago a ser claro: «es mejor tener un mal presupuesto que no tenerlo».En los gastos corrientes, cuando el presupuesto no llega, las opciones se reducen a dos: partidas que se quedan en situación de déficit (como la dedicada a parques y jardines en Pontecesures, que se excede hasta el momento en 2.286 euros) o llevar a cabo modificaciones entre las de gastos voluntarios para pasarlos a obligatorios, algo para lo que se requieren los mismos trámites que supone la aprobación del presupuesto. Es habitual que sea necesario. «La tendencia es que los sueldos de los funcionarios y la energía eléctrica suban un poco cada año», recuerda Gago. Al tratarse de subidas recogidas por la ley o de compromisos con los contratistas, este experto en gestión local afirma que lo habitual es que se llegue a acuerdos para estas modificaciones en los gastos corrientes. «Es responsabilidad de toda la corporación», incide. En el caso de déficit, toca hacer un plan de ajuste económico.

La Voz de Galicia

La Fiscalía investiga posible trato de favor del gobierno de Santiago por no multar a locales de copas.

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Llaman a declarar a altos funcionarios por la paralización de sanciones por parte del edil de Urbanismo.

La Fiscalía de Santiago ha abierto una investigación para esclarecer si el concejal de Espazos Cidadáns -con competencias en Urbanismo-, Jorge Duarte (Compostela Aberta), cometió trato de favor con algunos locales de copas de la ciudad que, pese a ser objeto de expedientes sancionadores por parte de la Policía Local o del propio Concello, no han llegado a ser multados porque, básicamente, los documentos no llegaron nunca a ser firmados por el edil del gobierno local santiagués, que preside Martiño Noriega.

La fiscala Arancha San José ya ha llamado a declarar a dos altos funcionarios del Concello compostelano y tiene previsto escuchar esta misma semana a otros cuatro. Sobre la mesa tiene una quincena de expedientes a locales de copas que no han llegado a concretarse porque nunca llegaron a ser firmados por la autoridad municipal que corresponde, que en este caso es el concejal Jorge Duarte.

En los expedientes a los locales de ocio hay de todo. Desde propuestas de sanción por exceso de aforo a otros que incumplieron el horario de cierre, las limitaciones de ruido o la normativa que impide el consumo de alcohol en la vía pública. En todos los casos que está investigando la Fiscalía compostelana se cumple el mismo patrón: los bares y discotecas fueron propuestos para sanción, pero el procedimiento quedó paralizado al no ser firmado por el edil que tiene atribuidas las competencias en Urbanismo.

Esta falta de firma por parte del concejal contrasta con la normalidad con la que fueron tramitados otros expedientes durante el mismo período de tiempo. Estas diferencias de criterio presuntamente injustificadas son las que han motivado la apertura de las diligencias informativas por parte de la fiscala San José.

Actuación «arbitraria»

Por el momento, han tenido que prestar declaración un miembro de la Policía Local compostelana y la jefa de servicio de Urbanismo, pero ya están llamados a declarar esta misma semana otros cuatro funcionarios pertenecientes a este mismo departamento.

La investigación abierta por la Fiscalía coincide con las quejas presentadas ayer por el Partido Popular, cuyo concejal Alejandro Sánchez Brunete acusó al edil del gobierno local Jorge Duarte de estar involucrado en una práctica «arbitraria e escura» porque considera que hay indicios de que «retén determinados expedientes» a locales de copas y de ocio, situación que califica como «consciente deixamento de funcións» que, a su juicio, exige explicaciones por parte del responsable de Compostela Aberta -grupo que está alineado con En Marea- «co fin de despexar todas as dúbidas dun presunto trato de favor a locais concretos», señala el PP.

Los populares consideran que Duarte, al negarse a firmar las resoluciones contra los locales de copas propuestos para sanción, ha incumplido con la ley pese a los requerimientos que le han hecho funcionarios del departamento municipal de Urbanismo. Por este motivo, el grupo municipal del PP de Santiago presentó ayer por la mañana una solicitud de acceso a toda la documentación existente «co fin de obter unha resolución detallada dos expedientes abertos polos departamentos de Disciplina e de Rehabilitación que están pendentes de resolución pola falta de sinatura do responsable do departamento, Jorge Duarte».

Para el edil Sánchez Brunete «sería escandaloso descubrir que unha Administración que tramita centos de sancións ao ano, tivese especial trato de favor con algúns administrados» y por eso instan al gobierno local a explicar a qué se debe la paralización de multas a determinados locales.

La Voz de Galicia

El juzgado investiga si el gobierno del PP en Valga cometió un delito de malversación.

Hace casi cuatro meses el grupo municipal del PSOE de Valga, abanderado por María Ferreirós, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía presuntos cobros irregulares por parte de los concejales del gobierno conservador que dirige José María Bello Maneiro. Ahora se anuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas admite a trámite la demanda de los socialistas con base en presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Explican en las filas del PSOE valgués que la juez titular «acordó iniciar diligencias previas por los presuntos delitos derivados del cobro por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas ‘Comisiones de Coordinación’, las cuales no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello».

Se trata, según los socialistas, de un supuesto uso indebido de dinero público. Hablan incluso de que los concejales populares habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales «Comisiones de Coordinación», un órgano creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro.

María Ferreirós ya denunció hace meses estos hechos y reclamó al alcalde toda la información relativa a dichas comisiones, alegando que «suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares».

La líder socialista aseguró haber consultado a tres abogados y dos interventores que coincidirían con ella en que no existe normativa legal «que ampare el pago económico con fondos públicos las asistencias de los concejales del PP a estas reuniones», pues se trataría de un órgano no colegiado, sin presencia de funcionario público.

Esto, a su juicio, es tanto como decir que se trata de «reuniones del PP de Valga» que estarían siendo pagadas con fondos municipales.

Eso es lo que investiga ahora el juzgado de Caldas, basándose para ello en la demanda de los concejales socialistas que dice que «lo grave de la celebración de las ‘Comisiones de Coordinación’ no es su celebración, sino que los asistentes a las mismas cobren por ello, de forma totalmente irregular, percibiendo una cantidad fija que es incluso superior a lo que se abona a los ediles del gobierno y la oposición por la asistencia a órganos colegiados reglados como la Junta de Gobierno o las sesiones informativas».

Ni que decir tiene que en esa demanda María Ferreirós y su equipo hacen constar que el alcalde «puso todo tipo de trabas e impedimentos cuando empezamos a solicitar información por escrito sobre esas reuniones y los pagos por asistencia a las mismas».

Faro de Vigo

PSOE y BNG se niegan a financiar el CODI y dejan a afectados de Valga fuera del pleno.

Familiares de los usuarios protestaron contra la retirada de fondos para el centro de discapacitados – «Son personas que necesitan atención, no una fiesta», dice el alcalde.

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La asociación desplegó una pancarta en señal de protesta en la sede de la Diputación.

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El alcalde José María Bello Maneiro acompañó a la asociación en su reivindicación.

Miembros de la asociación de discapacitados de Valga y familiares de usuarios del CODI se quedaron ayer sin asistir al debate de las dos mociones sobre la financiación del centro de día y ocupacional que se debatieron en el pleno de la Diputación. Por «seguridad» ya que al parecer caía arenilla del techo, el gobierno provincial cambió el emplazamiento de la sesión a una pequeña sala de comisiones en la que, según transmite molesto el PP, prefirieron sentar a concejales y miembros del Partido Socialista que a los afectados que iban a plantear sus reivindicaciones y a escuchar las intervenciones de los diferentes grupos. Solo quedaban cinco asientos libres y, ante la imposibilidad de acceder todos, la expedición valguesa, a la que acompañaba el alcalde, José María Bello Maneiro, decidió quedarse fuera en señal de protesta, portando una pancarta con el lema «Tenemos derechos. Necesitamos seguir siendo partícipes de la sociedad». La presidenta de la asociación, que tenía previsto intervenir en el transcurso del pleno, declinó también hablar en solidaridad con sus compañeros. El tema a debate era la financiación del Centro de Día y Ocupacional para Discapacitados, que atiende a una treintena de usuarios de Valga, Caldas, Pontecesures y Catoira. Desde el año 2012 la Diputación financiaba el CODI, cosa que dejó de hacer tan pronto entraron PSOE y BNG en el gobierno provincial, lo que obliga al Concello a asumir los costes y, tal y como apunta el alcalde, pone en riesgo la prestación futura del servicio. «No estamos hablando ni de una fiesta ni de folclore, estamos hablando de personas que necesitan una atención especial», incide Bello Maneiro, que considera «increíble que se limiten los asientos (del pleno) a personas que no están afectadas y que los perjudicados tengamos que quedar fuera. No tiene sentido que tengan preferencia alcaldes y concejales socialistas antes que los propios afectados».

El PP defendió en la sesión una moción en la que instaba a la Diputación a retomar la aportación económica al centro, mientras que el PSOE contrarrestó este texto con una segunda moción en la que traslada a la Xunta las competencias de financiación. Solo prosperó esta última, con los votos de socialistas y sus socios del BNG. La diputada de Cohesión Social, Digna Rivas, afirmó que «es necesario que la Xunta asuma el pago de las ayudas que sean necesarias para mantener las dependencias de Valga, sino también el resto de centros de servicios básicos específicos de la provincia». Acusó al anterior presidente de la Diputación, Rafael Louzán, de pagar este servicio «solo a dos municipios, Valga y Meaño», acusándolo de «discriminar» al resto. Insistió en que, según la ley, la entidad que preside Carmela Silva solo puede subvencionar los servicios comunitarios básicos en ayuntamientos de 20.000 habitantes, quedando en manos de la Xunta la financiación de los servicios específicos, dentro de los que incluye al centro de discapacitados. Digna Rivas acusó al PP de «politizar» un tema que genera «sensibilidad social» y de «utilizar a los familiares» de los usuarios del CODI para «hacerse una foto y provocar ruido».

El PP replicó que seguir financiando el servicio es solo cuestión de «voluntad política». Ángel Moldes recordó que los fondos que otorgaba la Diputación permitían la contratación de ocho profesionales asistenciales, censurando la «irresponsabilidad» de Carmela Silva al «eliminar el 100% de las ayudas sin ninguna explicación y sin interesarse por si estaba o no garantizada la continuidad del centro». Moldes afirma que «la situación es extrema» y que «no se puede asegurar la supervivencia del servicio».

Faro de Vigo