Vecinos de dos aldeas de Valga logran que la Justicia anule un polígono industrial.

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Vecinos en un acto de la Coordinadora que puso la demanda.

El TSXG considera injustificado e ilegal el parque empresarial de 800.000 metros cuadrados que el Concello quería ubicar cerca de los núcleos de A Medela y Magariños

Un grupo de vecinos de Valga ha conseguido que la Justicia anule un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados que estaba previsto en el plan municipal de urbanismo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón a los vecinos, y aduce que la administración no ha justificado la necesidad de crear un parque industrial de esas dimensiones y que es ilegal la recalificación de parte de los terrenos, que pasaban de ser no urbanizables de protección forestal o de especial protección agrícola a urbanizables de uso industrial.

El litigio se inició en 2008, cuando el gobierno municipal que dirige José María Bello Maneiro (PP) inició los trámites para aprobar en Valga un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e incluía en el mismo un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados en lugares de las parroquias de Xanza y Setecoros, a ambos márgenes de la carretera nacional 550 (Vigo-A Coruña), y contiguo a uno ya existente de algo más de 225.000 m2.

El proyecto afectaba especialmente a las aldeas de A Medela y Magariños -entre los que suman un centenar de residentes-, pero entre ellos y otros vecinos del término municipal crearon una coordinadora de oposición al polígono. Pero no llegaron a acuerdo con el Concello, y el 15 de octubre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia dictó una orden con la que aprobaba de forma definitiva el PXOM, y el controvertido polígono industrial con él.

Los vecinos, agrupados en la Coordinadora en Defensa do noso Rural, presentaron una demanda por lo contencioso-administrativo ante el TSXG -la firman una quincena de personas-, solicitando la nulidad de todo el plan de urbanismo. El 12 de febrero los magistrados del alto tribunal gallego dictaron una sentencia que les es favorable en parte, puesto que aunque rechaza la pretensión de tumbar todo el PXOM sí anula el proyecto referido al nuevo polígono. Con él, también se declara la nulidad de las carreteras que le iban a dar servicio.

María Ferreirós, portavoz de la coordinadora vecinal afirmó ayer que «esta sentencia sí que colma nuestras aspiraciones, porque aunque lo que pedíamos era la anulación del PXOM, lo que más nos importaba era que se anulase el suelo industrial. Además, creemos que ésta es una sentencia contundente y rotunda, en la que se está diciendo que el planeamiento del polígono era arbitrario e irracional». Los vecinos están tan satisfechos con esta resolución del juzgado que están convencidos de que las dos administraciones demandadas recurrirán, pero que volverán a perder. «Estamos tranquilos porque la sentencia es muy clara».

Argumentos

Los vecinos demandaron a la Consellería de Medio Ambiente y al Concello de Valga. En el caso del polígono, planteaban una serie de argumentos en contra del mismo, aunque el TSXG se detuvo especialmente en dos: la supuesta falta de justificación de un nuevo suelo industrial en Valga; y la recalificación de terrenos de protección agrícola o forestal. Sobre el primero, la justicia apela al informe pericial que indica que ya existe un parque empresarial de 225.000 metros cuadrados, del que solo está ocupado un 30 por ciento. Añade que en la Memoria ambiental se apunta también que no está justificado el polígono «sobre todo considerando la oferta existente en municipios cercanos, como Cuntis, Catoira o Pontecesures». La administración alegó que sí había dos informes de viabilidad y dos convenios ya firmados en 2005, pero los magistrados hicieron notar que estos contratos solo afectaban a una superficie de unos 90.000 metros cuadrados.

En segundo lugar, el TSXG declara ilegal la recalificación como industriales de terrenos clasificados en el anterior planeamiento como agrícolas y forestales, y que no se pueden convertir en urbanizables según una ley estatal de 2002. En algunos casos incluso afectaba a terrenos afectados por la ola de incendios de 2006. Así las cosas, los magistrados apuntan en un párrafo del fallo que la creación del polígono «no puede ampararse en las facultades discrecionales del planificador urbanístico, ya que carece de racionalidad y, por lo tanto, incurre en la arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución». En cuanto a la anulación del PXOM, los jueces aducen que no hay razones para ordenarla.

Faro de Vigo

El pleno del Concello de Padrón acuerda rechazar el nuevo trazado de la variante.

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Al pleno municipal de ayer asistieron vecinos de la zona de Vista Alegre, Piñeiro y Herbón,

El pleno del Concello de Padrón adoptó ayer un acuerdo por unanimidad de todos los grupos políticos (a excepción de Cidega, cuyo edil no asistió a la sesión) para mostrar su rechazo al proyecto presentado por el Ministerio de Fomento para modificar el trazado de la variante a su paso por este concello, de cara a la ampliación de esta vía a Cesures y Valga.

PP, PSOE, PGD, CIPa y BNG coincidieron como pocas veces en los argumentos, en este caso en contra de la obra, basándose en la grave afectación que tendría sobre la zona y, por tanto, sobre la vida de los vecinos de núcleos como Vista Alegre, Piñeiro o Herbón, algunos de los cuales asistieron al pleno, que habían solicitado PGD, CIPa y BNG.

Un total de 27 titulares de depósitos de agua ya firmaron una alegación en contra del trazado, a la que hay que sumar en torno a diez más tanto de particulares como de partidos políticos como CIPa o del propio gobierno local. El alcalde Antonio Fernández leyó las razones por las que Padrón se opone al proyecto de modificado de la variante, que ratificaron los demás grupos.

Disparate

Entre ellas, la afectación a cuatro viviendas habitadas; a parcelas susceptibles de albergar nuevas casas, a depósitos de agua y a terrenos aptos para el cultivo del pimiento, sin contar el impacto medioambiental en la zona. Los grupos padroneses coincidieron en calificar la obra de «disparatada» y cuestionaron la utilidad de la misma.

A este respecto, el portavoz del PSOE Camilo Forján recordó que el pleno acordó en su día solicitar la gratuidad del tramo de la autopista a su paso por Padrón, petición que no fue adelante debido a que el Gobierno de Aznar prorrogó la concesión de la vía hasta el año 2048, según explicó.

Pese al consenso que presidió el debate, los grupos de la oposición recriminaron al gobierno local que no hubiera informado antes del proyecto, que entró en el Concello el 30 de diciembre y cuyo plazo de alegaciones acaba mañana, salvo para los ayuntamientos. Esta falta de información es algo que también denuncian algunos de los afectados, que aseguran que se enteraron del proyecto a través de vecinos de Cesures y Valga.

Con el acuerdo en contra del proyecto adoptado por unanimidad, el Ayuntamiento de Padrón lo tramitará vía certificación urgente para remitirlo cuanto antes al Ministerio de Fomento.

La Voz de Galicia

Sabariz reclama que se abone al personal laboral la parte proporcional de 30 días de la ´extra´ de 2012.

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Ediles que conforman la Corporación de Pontecesures, presidida por el nacionalista Angueira.

La Corporación de Pontecesures se reunió anoche para abordar en el pleno ordinario de enero asuntos de trámite, aunque se tenía previsto estudiar la moción de ACP sobre el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria al personal laboral.

El portavoz del grupo independiente, Luis Álvarez Angueira explica que los funcionarios ya han cobrado hace meses las cantidades correspondientes a 44 días, pero el personal laboral solo pudo recibir la proporción de catorce días, lo que es aproximadamente una doceava parte al darse cumplimiento a una sentencia judicial al respecto.

En consecuencia, explica Sabariz a sus compañeros de Corporación, «dicho personal todavía tiene pendiente la proporción de otros 30 días, que es la sexta parte de la extraordinaria correspondiente a 2012».

En aquel año, el Gobierno decidió suprimir esta nómina a todos los funcionarios y personal dependiente de las Administraciones públicas con el fin de corregir en parte el déficit de las arcas del Estado.

Al suponerse que se ha superado aquel momento de crisis, el Gobierno ha decidido que es hora de compensar aquel impago a los funcionarios, como publicó el pasado 2 de enero el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En la Disposición Adicional décimo segunda de la Ley 36/2014 y en la Resolución de 29 de diciembre de 2014 se ofrecen instrucciones sobre esta cuestión, explica Sabariz.

El edil de ACP sostiene que si se analiza el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Pontecesures y si se tiene presente la necesidad de aplicar el principio de igualdad que debe presidir la actuación de las administraciones públicas debe subsanarse la anterior disciminación que sufre el personal laboral.

De ahí que Sabariz solicite que se abone, en la próxima nómina, previo infotme de la Intervención municipal, «la cantidad proporcional que se corresponde con los 30 días de paga extraordinaria de diciembre de 2012».

En el pleno también se debatieron las propuestas del gobierno.

Sabariz defiende una moción para recuperar parte de la paga extra del personal laboral.

El portavoz de la Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP), Luis Ángel Sabariz Rolán, presenta una moción urgente para su debate en el pleno previsto para mañana con el fin de recuperar la parte proporcional correspondiente de la paga extraordinaria de 2012 para el personal laboral municipal.

En concreto el portavoz del citado grupo independiente defiende que se emita un informe del servicio de Intervención Municipal y que en la próxima nómina se proceda a abonar al personal laboral del Concello la cantidad que corresponda a los treinta días de la paga de diciembre de 2012.

Y lo plantea «teniendo en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 dispone que cada Administración pública puede aprobar el abono de cantidades a todo el personal del sector público en concepto de recuperación de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de aquella paga extraordinaria».

En este caso el personal funcionario pontecesureño «ya percibió hace un tiempo las cantidades correspondientes, pero el personal laboral recibió una proporción menor, de aproximadamente una doceava parte, por lo que tiene pendiente de cobrar la cantidad restante».

Considera el concejal de la ACP, una vez analizado el convenio colectivo del personal laboral del Concello de Pontecesures, que «procede aplicar el principio de igualdad que debe presidir la actuación de las Administraciones públicas».

Faro de Vigo

ACP pide el pago de la extra de 2012 al personal laboral.

PLENO VARIANTE DE FOMENTO CONCELLO PONTECESURES /

El grupo ACP de Pontecesures ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno de la Corporación, fijado para este lunes, en la que pide que el Concello termine de abonar la parte correspondiente por ley de la extra de 2012 al personal laboral municipal.
El concejal Luis Ángel Sabariz recuerda que el Estado autorizó la devolución a los funcionarios de una cuarta parte de la extra retenida de diciembre de 2012, correspondiente al pago de los primeros 44 días en que se generó el derecho a dicha paga.
Afirma Sabariz que ??o persoal funcionario do Concello de Pontecesures xa percibiu hai tempo as cantidades correspondentes a ditos 44 días, pero o persoal laboral só percibiu a proporción de 14 días de dita paga que é, aproximadamente, unha doceava parte ao darse cumprimento a una sentenza xudicial?.
??En consecuencia?, añade Sabariz, ??dito persoal ten pendiente todavía de percibir a proporción doutros 30 días, que é a sexta parte da paga extraordinaria de decembro de 2012?.
Por todo ello, solicita a través de esta moción urgente al Pleno que el Concello abone ??na vindeira nómina?, estas cantidades pendientes, ??previo informe da Intervención Municipal?, concluye en la parte dispositiva del texto presentado a debate.

Diario de Arousa

El BNG reclama al Gobierno que renuncie a construir una nueva carretera en Valga.

plav

Una asamblea de vecinos afectados por el proyecto de variante de la Nacional 550.

La diputada del BNG en el Congreso de los Diputados, Olaia Fernández Davila presenta una proposición no de ley, en la que insta al Ministerio de Fomento a retirar la denominada «Alternativa 4» para la variante de la carretera Nacional 550, que está proyectada para evitar los cascos urbanos de Pontecesures y Valga.

Los nacionalistas, que en el Congreso están integrados en el Grupo Mixto plantean que la «Alternativa 4» tiene «un elevado impacto en propiedades de vecinos y empresas, en canalizaciones de aguas y otras infraesfructuras». Olaia Fernández añade que este trazado también afecta al ecosistema del río Ulla, e incluso al Camino Portugués, que es la segunda ruta de peregrinación más importante a Santiago por número de caminantes.

La proposición del Bloque plantea igualmente que se abra un proceso de diálogo con los ayuntamientos de Pontecesures y Valga «con el fin de buscar la solución que afecte menos», y llega a plantear que se tengan en cuenta «otras alternativas y propuestas que no pasan necesariamente por la construcción de una variante, y que suponen utilizar infraestructuras viarias ya existentes».

Aunque el Bloque no lo menciona explícitamente, parece referirse a la Autopista do Atlántico (AP-9), y de hecho ya se escucharon varias voces planteando que en vez de construir una nueva carretera se libere de peaje un tramo de la autopista, de modo que gran parte del tráfico que actualmente discurre por la Nacional 550 pudiese circular por la vía de alta capacidad.

Preguntas

El Bloque acompaña su proposición con una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, en las que quieren saber las razones por las que se optó por la alternativa 4, si se analizaron las repercusiones negativas que podría tener ese trazado, si hay disposición para abrir un proceso de diálogo con las administraciones locales (en este caso se refiere explícitamente al de Pontecesures, que tiene un alcalde del BNG, mientras que en Valga gobierna el PP) y cómo verían la posibilidad de liberar de peaje el tramo de autopista comprendido entre Carracedo (Caldas) y Padrón.

El Gobierno hizo pública su propuesta de la «Alternativa 4» en plenas vacaciones de Navidad y ha sido muy contestada, incluso por las corporaciones locales de Pontecesures y Valga. En el caso del primer Ayuntamiento, Olaia Fernández opina que afectaría al abastecimiento de agua de los vecinos de Infesta, al canal de regadío de A Barca y que incluso obligaría a construir un nuevo puente sobre el Ulla.

Faro de Vigo