Denuncian la existencia de una «ciudad sin ley» en la calle del Doctor Mosquera.

Sabariz alerta de los obstáculos en la acera.

Luis Sabariz, portavoz de la Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP) denuncia que la calle del Doctor Mosquera es algo así como «una ciudad sin ley». Y pone ejemplos. Dice que tras la renovación de tuberías en la zona para mejorar los servicios se adecentó también una de las aceras, pero sobre ella se colocaron contenedores de basura, «con lo cual los peatones tienen que bajar a la calzada si van con un carro de la compra, un coche de bebé o en silla de ruedas». A esto se suma el hecho de que «se construyó un cierre de piedra sin ningún tipo de autorización municipal, y en lugar de conseguirse espacios de acera más amplios ocurre todo lo contrario». Además «hay una vivienda unifamiliar construida hace años que no cede terreno para el dominio público vinculado a la licencia ni se urbaniza la acera por el particular para que quede más ancha y se ajuste a la legalidad». Es decir, que «el ejecutivo local no hace nada y se inhibe».

Faro de Vigo

Los detractores de la obra mantienen su rechazo total.

Sin saber aún cuál va a ser el trazado finalmente elegido para la variante de la N-550 a su paso por Valga y Pontecesures, la plataforma vecinal creada para rechazar esta infraestructura insiste en que la misma «no es necesaria» ni está avalada por una demanda social.

También resaltan que las afecciones van a existir, sea cuál sea el trayecto, y para ello se refieren a la Ley de Carreteras, donde se dice que «a ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación (…) en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante».

La Voz de Galicia

La Plataforma Variante Non alerta de que la propuesta de fundir trazados no evitará la afectación.

La propuesta que gana puntos en el Ministerio de Fomento para llevar a cabo la polémica variante de la N-550, la de fundir varios de los trazados inicialmente propuestos, no evitaría la afectación a los municipios de Pontecesures y Valga. Eso defienden al menos desde la Plataforma vecinal crítica con el proyecto, desde la que recuerdan que la Ley de Carreteras del año 88 establece con claridad un margen de cien metros a partir de la línea de cualquier variante de una nacional en la que no se podría obrar, ni construir.
En concreto, el artículo 25.4 del citado texto establece que ??en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros?. El mismo texto define que en ese límite se prohibirá ??cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación?.
Por todo ello, desde el colectivo critican que la propuesta anunciada por el alcalde valgués y por Fomento no supondría eliminar la afectación. Los críticos con el proyecto piden la retirada total del mismo.

Diario de Arousa

Comienzan en el juzgado padronés las declaraciones por la denuncia contra Castaño.

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La denuncia del fiscal se centra en las sociedades creadas para pagar gastos de la Fundación Camilo José y recuperar el IVA que a la entidad no le correspondía por ley.

La instrucción de la causa abierta en el Juzgado número 2 de Padrón a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía de Santiago en junio del 2012 contra Marina Castaño y Tomás Cavanna por supuestas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José, con sede en Iria-Flavia, entra en la fase de declaraciones de peritos, imputados y testigos.

La primera comparecencia se celebra esta mañana y es la de la técnico de Hacienda encargada de realizar un informe sobre las sociedades creadas en torno a la fundación padronesa y sobre las que Fiscalía puso la lupa, en base a la documentación que le trasladó Lola Ramos, una vecina de Iria que llevaba años alertando de supuestas irregularidades en la entidad cultural.

La técnico Mercedes Seisdedos Rivas está citada hoy para aclarar aspectos de dicho informe, a petición de la defensa de Marina Castaño, que está imputada en la causa junto con el ex gerente de la entidad y la persona que constaba como trabajador de la misma, aunque, supuestamente, ejercía su actividad profesional en el ámbito particular de la vivienda de Castaño.

La denuncia del fiscal, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y con base para investigar la posible comisión de otros por estafa, apropiación indebida o fraude fiscal, se centra en las sociedades creadas para pagar gastos de la fundación, como las obras de rehabilitación de dos casas, y recuperar el IVA que a la entidad no le correspondía por ley. También se centra en la contratación de personal.

La Voz de Galicia

Las Juventudes Socialistas de Valga piden al ministro Wert que dimita.

Las Juventudes Socialistas de Valga pidieron ayer la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras las protestas estudiantiles contra la nueva ley educativo y el decreto universitario que reduce la duración de las carreras en favor de los máster. El secretario general, Javier Carballo, también criticó la tardanza en la concesión de las becas.

Diario de Arousa

Vecinos de dos aldeas de Valga logran que la Justicia anule un polígono industrial.

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Vecinos en un acto de la Coordinadora que puso la demanda.

El TSXG considera injustificado e ilegal el parque empresarial de 800.000 metros cuadrados que el Concello quería ubicar cerca de los núcleos de A Medela y Magariños

Un grupo de vecinos de Valga ha conseguido que la Justicia anule un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados que estaba previsto en el plan municipal de urbanismo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón a los vecinos, y aduce que la administración no ha justificado la necesidad de crear un parque industrial de esas dimensiones y que es ilegal la recalificación de parte de los terrenos, que pasaban de ser no urbanizables de protección forestal o de especial protección agrícola a urbanizables de uso industrial.

El litigio se inició en 2008, cuando el gobierno municipal que dirige José María Bello Maneiro (PP) inició los trámites para aprobar en Valga un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e incluía en el mismo un polígono industrial de unos 800.000 metros cuadrados en lugares de las parroquias de Xanza y Setecoros, a ambos márgenes de la carretera nacional 550 (Vigo-A Coruña), y contiguo a uno ya existente de algo más de 225.000 m2.

El proyecto afectaba especialmente a las aldeas de A Medela y Magariños -entre los que suman un centenar de residentes-, pero entre ellos y otros vecinos del término municipal crearon una coordinadora de oposición al polígono. Pero no llegaron a acuerdo con el Concello, y el 15 de octubre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia dictó una orden con la que aprobaba de forma definitiva el PXOM, y el controvertido polígono industrial con él.

Los vecinos, agrupados en la Coordinadora en Defensa do noso Rural, presentaron una demanda por lo contencioso-administrativo ante el TSXG -la firman una quincena de personas-, solicitando la nulidad de todo el plan de urbanismo. El 12 de febrero los magistrados del alto tribunal gallego dictaron una sentencia que les es favorable en parte, puesto que aunque rechaza la pretensión de tumbar todo el PXOM sí anula el proyecto referido al nuevo polígono. Con él, también se declara la nulidad de las carreteras que le iban a dar servicio.

María Ferreirós, portavoz de la coordinadora vecinal afirmó ayer que «esta sentencia sí que colma nuestras aspiraciones, porque aunque lo que pedíamos era la anulación del PXOM, lo que más nos importaba era que se anulase el suelo industrial. Además, creemos que ésta es una sentencia contundente y rotunda, en la que se está diciendo que el planeamiento del polígono era arbitrario e irracional». Los vecinos están tan satisfechos con esta resolución del juzgado que están convencidos de que las dos administraciones demandadas recurrirán, pero que volverán a perder. «Estamos tranquilos porque la sentencia es muy clara».

Argumentos

Los vecinos demandaron a la Consellería de Medio Ambiente y al Concello de Valga. En el caso del polígono, planteaban una serie de argumentos en contra del mismo, aunque el TSXG se detuvo especialmente en dos: la supuesta falta de justificación de un nuevo suelo industrial en Valga; y la recalificación de terrenos de protección agrícola o forestal. Sobre el primero, la justicia apela al informe pericial que indica que ya existe un parque empresarial de 225.000 metros cuadrados, del que solo está ocupado un 30 por ciento. Añade que en la Memoria ambiental se apunta también que no está justificado el polígono «sobre todo considerando la oferta existente en municipios cercanos, como Cuntis, Catoira o Pontecesures». La administración alegó que sí había dos informes de viabilidad y dos convenios ya firmados en 2005, pero los magistrados hicieron notar que estos contratos solo afectaban a una superficie de unos 90.000 metros cuadrados.

En segundo lugar, el TSXG declara ilegal la recalificación como industriales de terrenos clasificados en el anterior planeamiento como agrícolas y forestales, y que no se pueden convertir en urbanizables según una ley estatal de 2002. En algunos casos incluso afectaba a terrenos afectados por la ola de incendios de 2006. Así las cosas, los magistrados apuntan en un párrafo del fallo que la creación del polígono «no puede ampararse en las facultades discrecionales del planificador urbanístico, ya que carece de racionalidad y, por lo tanto, incurre en la arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución». En cuanto a la anulación del PXOM, los jueces aducen que no hay razones para ordenarla.

Faro de Vigo