ley

El tripartito aprueba en solitario la subida de tasas, en Pontecesures.

El gobierno justifica la medida y explica que se trata de ajustar las tarifas para paliar el déficit

El Gobierno tripartito de Pontecesures, formado por el BNG, PSOE y Terra Galega, aprobó en solitario la subida de tasas propuesta. La oposición, en la que se encuentran PP, Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP) e Independentes de Pontecesures (IP) votó en contra, pero no sirvió de nada.

Así pues, la mayoría de que goza el gobierno que preside el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira fue suficiente para aplicar «una subida a la que nos obliga la ley de estabilidad presupuestaria, ya que los costes de las tasas deben adaptarse a los gastos de los servicios».

En el ejecutivo argumentan que «con esta subida se cubre el 66% de los costes que suponen a este Concello los servicios de abastecimiento de agua, cementerio municipal y alcantarillado».

Además se trata de «tasas que estaban sin actualizar desde 1998», y en todo este tiempo «ni siquiera se aplicó la subida del IPC anual». A esto se suma que «los grandes recortes que está sufriendo este Concello a causa de la Administración central y autonómica nos obligan a hacer esto, y para nosotros fue muy difícil tomar este tipo de decisiones porque somos conscientes de que son tiempos difíciles para todos».

El portavoz de ACP, Luis Sabariz Rolán, quien lamentó que se celebrara el pleno a las diez de la mañana -dificultando así una mayor presencia vecinal-, espeta que «por mucho que quieran disfrazar la subida de tasas diciendo que llevan años sin tocarse lo cierto es que en estos momentos de dificultades esta medida no es de recibo». Aunque reconoce que «hay servicios deficitarios», Sabariz declara que «no se puede acusar a las demás administraciones de los recortes y de adoptar medidas contrarias a su programa electoral, y que después BNG, PSOE y TeGa hagan lo mismo».

Juan Manuel Vidal Seage, portavoz del PP, indica que aún existiendo servicios sin actualizar «este no es el momento de hacerlo», y reprocha a los integrantes del tripartito que no lo plantearan en su programa electoral». El conservador alega que una subida paulatina de tasas en años anteriores hubiera sido más efectiva que «una subida de golpe en el peor momento», a lo que añade que «sorprende que el mismo tripartito diga estudiar una vía alternativa para pagar la extra de Navidad a los funcionarios».

FARO DE VIGO, 20/11/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Bajar el precio del terreno de la PO-548 es una ??barbaridad jurídica?, dice una letrada.

Tramo de la carretera PO-548 a su paso por la parroquia valguesa de Campaña.

María Pardal, abogada de algunos afectados por las obras de la carretera PO-548 en Valga, afirma que la decisión del Jurado de Expropiación de rebajar el precio del metro cuadrado de terreno es ??una barbaridad jurídica? ya que la valoración del suelo que haga este ente debe estar comprendida entre el precio inicial fijado por la administración y el que reclama el afectado. En este caso, apunta, ??ese precio no se discute?. La Xunta lo marcó en 78 euros el metro cuadrado y las personas que recurrieron al Jurado de Expropiación daban ese precio por bueno. Sus reclamaciones se centraban en otros elementos afectados por las expropiaciones, como plantaciones de árboles o los cierres de sus propiedades. Es por esto que ??el precio del suelo no se puede variar. Necesariamente está vinculado por el precio fijado por ambas partes?, asevera la letrada María Pardal.
Este ??principio de vinculación?, añade la abogada, lo reconoce el propio Jurado de Expropiación en la notificación que les envió a los afectados comunicándoles su acuerdo. En uno de estos documentos, al que tuvo acceso Diario de Arousa, se indica textualmente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que ??os límites marcados? por la parte expropiante y el afectado ??son inamovibles tanto para os xurados de expropiación como para os tribunais do contencioso-administrativo?. Esta vinculación ??afecta tanto aos conceptos indemnizables independentemente considerados como ao ??quantum indemnizatorio?? global?. Para María Pardal ??es el colmo? que el propio acuerdo del Jurado haga referencia al ??principio de vinculación? para después ??echarlo por tierra?.

Para ??disimular esta barbaridad jurídica? explica la abogada, el Jurado Expropiatorio subió el precio de los demás bienes afectados por las expropiaciones (árboles o reposición de los cierres), de forma que la cantidad total a pagar al afectado ??es inferior? a la que proponía la Xunta y por eso ??dicen que aceptan el ??quantum?? global del expropiante?.

Para María Pardal esta es ??una lucha de David contra Goliat?. La resolución del Jurado de Expropiación agota la vía administravia, por lo que a los afectados solo les queda interponer recuerso de reposición ante la Consellería de Medio Ambiente ­de la que depende el propio Jurado­ o acudir al contencioso-administrativo. Javier Carballo, uno de los expropiados por esta obra y concejal del PSOE, acusa a la Xunta de ??enganar aos veciños. Intentan que traguemos? con la resolución del Jurado de Expropiación ??e non vaiamos ao contencioso? ya que, de aprobarse la nueva ley de tasas judiciales, esto podría resultar bastante costoso para los afectados.

DIARIO DE AROUSA, 17/11/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

A Illa, Cesures y Meaño estudian compensar la extra a su plantilla.

El Concello de A Illa será el primero en la comarca en debatir esta medida para compensar la pérdida de la paga extraordinaria de us plantilla, que deberá eliminar en cumplimiento de la legislación aprobada por el Gobierno central. mañana jueves, el pleno isleño abordará la creación de un complemento de productividad para los 30 trabajadores que tiene en nómina (a excepción del alcalde, que no percibirá la extra ni la compensación).
Dado que por ley no se puede abonar la extraordinaria de diciembre a los funcionarios, el Concello de A Illa ha pensado en crear un plus de productividad que hasta ahora no tenían para tratar de «aminorar a influencia da perda da paga extra», explicaba ayer el alcalde socialista, Manuel Vázquez. El resultado de la aplicación de esta medida será que los trabajadores recibirán una cantidad que supondrá alrededor del 85% de la paga extra. Percibirán ese dinero en una paga única y será una medida que se habilita exclusivamente para este año. Esta paga de productividad supondrá un desembolso para las arcas municipales de 28.840 euros.
Pero el insular no es el único municipio que baraja la puesta en marcha de iniciativas compensatorias para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios. Es el caso de Pontecesures, donde elñ gobierno local que dirige el nacionalista Luis Álvarez Angueira está estudiando la aplicación de una medida similar a la que A Illa debate mañana, la creación de una paga de productividad, cuya aplicación está pendiente del estudio económico y, por tanto, de las posibilidades presupuestarias del concello cesureño.
También el alcalde popular de Meaño, Jorge Domínguez, se había mostrado partidario de mantener la paga extra de sus funcionarios, personal que a su juicio se merecía ese dinero. Sin embargo, sobre la mesa tiene un informe de la secretaria que sería ilegal mantener la extraordinaria a la plantilla. Así que también se ha puesto a buscar fórmulas alternativas. Domínguez explicaba ayer que su idea es «firmar un convenio para o recoñecemento dos trienios e incrementar ao máximo o complemento de productividade». Cerca de 40 personas se beneficiarían de estas medidas en caso de aplicarse.
Distinta es la intención dela alcalde socialista de Catoira, Alberto García, quien opina que la ley está para cumplirla y que, por tanto, si el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado la supresión de la paga extra a los funcionarios, así debe hacerse.

LA VOZ E GALICIA, 07/11/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

El valgués José Manuel Castelao será el presidente del Consejo de la Ciudadanía.

Se corrobora de esta forma la propuesta de Fátima Báñez – También se planteará la propuesta del reglamento de funcionamiento del Consejo

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que celebra hoy y mañana en Compostela el primer pleno en su sexto mandato, ha proclamado hoy como nuevo presidente a José Manuel Castelao Bragaña, oriundo de Valga, ratificando así la propuesta realizada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, en la presentación del nuevo presidente, resaltó su figura y gran experiencia en el ámbito de la emigración española, su «capacidad de concordia y consenso», así como su dedicación a los españoles en el exterior. José Manuel Castelao «ha hecho de la dedicación a los españoles en el exterior una razón vital», afirma la secretaria general.

El Consejo, que finalizó su quinto mandato en septiembre de 2011, ha llevado a cabo su renovación mediante los correspondientes procesos electorales para la designación de los consejeros generales de este sexto mandato. Cada mandato tiene una duración de cuatro años.

Además de la aprobación de la propuesta de nuevo presidente, el Consejo General de la Ciudadanía española en el Exterior, abordará la propuesta del reglamento de funcionamiento y la elección de los integrantes de las comisiones delegadas y de la comisión permanente.

Previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, aprobado por la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, el Consejo es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Su finalidad es garantizar la efectividad del derecho de los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y promover la colaboración de las Administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas.

El Consejo lo componen los consejeros generales, que son elegidos por los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior, los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, los de las federaciones de asociaciones en el exterior, los nombrados en representación de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, y los designados en representación de departamentos ministeriales.

También forman parte del Consejo, su presidente, dos vicepresidentes -la secretaria general de Inmigración y Emigración y el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores- y un secretario.

Castelao es abogado de profesión, ha trabajado toda su vida a favor de los españoles del exterior, tanto en la búsqueda de la mejora de su calidad de vida como en la ampliación de sus derechos. Entre 2005 y 2009 fue diputado en el Parlamento de Galicia y gerente de la Fundación Galicia Emigración.

FARO DE VIGO, 02/10/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

La Mancomunidad Ulla/Umia abre el debate de su disolución tras anunciar Caldas que se va

Los socialistas se desmarcan de la Mancomunidad y reclaman que se disuelva.

La Mancomunidad Ulla-Umia tiene una nueva baja. Catoira abrió el camino al hacer efectiva en agosto su marcha de la entidad y ahora Caldas anuncia que también se va. El alcalde, Juan Manuel Rey, afirmó ayer que en octubre llevará a Pleno una propuesta para dejar de formar parte del ente supramunicipal, una decisión que calificó de ??moi dolorosa? pero ??non ten seguido seguir porque hai anos que ningún proxecto fructifica? y pagar al año 10.700 euros por cuotas ??é un abuso? a la vista de los ??logros nulos? y de la actual situación de crisis, que obliga a medir los gastos al milímetro. Rey sostiene que las mancomunidades ??son necesarias? de cara a ??abaratar costes? y ofrecer mejores servicios, pero en este caso ??estamos pagando por algo que non é rentable?. Así, ??a partir do 1 de xaneiro non pagaremos máis cuotas?, reclamando incluso la disolución de la entidad y que el dinero que haya en caja se redistribuya entre todos los municipios con los mismos criterios y baremos utilizados a la hora de cobrar.

Rey considera que la culpa de los malos resultados de la Mancomunidad ??non é do actual presidente nin dos anteriores?, sino de la Xunta y la Diputación, a las que acusó de haber dejado ??morrer á entidade de inanición, de forma consciente e a propósito? al no haberla dotado de fondos ni haber respaldado sus proyectos. El edil Manuel González, que continúa como vicepresidente de la entidad a pesar de haber anunciado su intención de dimitir hace meses, criticó a este respecto que la Diputación y la Xunta ??lle dean a outras Mancomunidades veciñas un trato totalmente diferente ó noso?. En la misma comparecencia que Juan Manuel Rey, González anunció también la marcha de todos los vocales socialistas de la Comisión Ejecutiva de la Mancomunidad ­que ayer se reunió por vez primera desde marzo­ ya que ??cando se apoiou ao actual presidente (Roberto Vázquez) fixouse un prazo de ano ou ano e medio para ver resultados, e non os hai?.

Es la tercera vez que los socialistas amagan con ??plantar? la Ejecutiva sin que lleguen a hacer efectiva su renuncia. Ayer de nuevo volvió a ocurrir. En el Pleno convocado para las 20:30 no solo no se dijo palabra del abandono de la Mancomunidad por parte de Caldas sino que tampoco se aludió a la supuesta marcha de los vocales del PSOE. Manuel González únicamente propuso, en el turno de ruegos y preguntas, que se disuelva la entidad. Aunque el popular Jesús Goldar le replicó que ??non estamos en absoluto de acordo? y que ??estase traballando arreo para sacar proxectos?, el presidente, Roberto Vázquez, planteó que, ante la cercanía de las elecciones autonómicas, se aplace el debate para ??non entrar agora en liortas?, de forma que sea tras el 21-O cuando se decida si mantener la Mancomunidad ??ou se pechamos todo?. Los socialistas aceptaron al entender que es ??un tempo prudencial? y también en espera de que el Gobierno central apruebe o no la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que podría conllevar la supresión de todas las mancomunidades que no sean viables.

DIARIO DE AROUSA, 26/09/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Los ecologistas denuncian la caída al Ulla de cientos de perdigones de plomo.

La asociación Adega sostiene que se trata de munición procedente de las prácticas de tiro que se hacen en Padrón.

La asociación ecologista Adega denuncia que han aparecido numerosos perdigones de plomo en el río Ulla, procedentes de un campo de tiro situado en Herbón (Padrón). Según la asociación el plomo es un material muy contaminante en el río, que puede dañar tanto a la flora como a la fauna. Además, la munición ha aparecido en lugares donde incluso hay bañistas.
El río Ulla riega tras Padrón los municipios de Valga y Pontecesures (donde hay una flota importante de «valeiros», dedicados a la pesca de la lamprea) y desemboca en una zona conocida como Lombos, donde faenan cientos de mariscadores a flote tanto de O Salnés como de Barbanza. Los ecologistas señalan que este tipo de prácticas se amparan en un vacío legal, puesto que el uso de munición con plomo no es ilegal, aún en los espacios protegidos. «?nicamente los perdigones de plomo (no las postas ni las balas) están prohibidos, solo en determinados espacios y para el ejercicio de la caza (no se dice nada del tiro). Con estos agujeros en la legislación, toneladas de plomo son vertidos cada año a nuestros espacios protegidos».
Además, Adega se queja de que la lista de humedales donde estas prácticas están prohibidas incluye al estuario del Ulla, pero que éste llega hasta poco después del puente entre Pontecesures y Padrón, a la altura del entronque con el canal de O Sar. «Queda fuera por lo tanto el tramo de aguas arriba en el que tienen lugar las caídas de plomo (lugar de Lapido y Sextas Pesqueiras) pese a formar parte de la Red Natura 2000».
Así las cosas, los ecologistas han indicado en más ocasiones que estas prácticas vulneran las leyes internacionales sobre protección de las aves y los humedales. Pero se quejan del silencio de la Xunta de Galicia, «y mientras cientos de kilos de plomo siguen contaminando nuestro ambiente y poniendo en peligro, como en este caso, la seguridad de las personas», pues al parecer los proyectiles incluso caen en el entorno de un área recreativa con zona de baño.
Por todo ello, Adega pide a la Xunta de Galicia que derogue la ley de 2008 que regula la práctica de la caza en los espacios protegidos con la finalidad de hacer una nueva ley, en la que se de cobertura a todos los espacios protegidos, se prohiba el uso de cualquier munición con plomo y que se extienda también a la práctica del tiro.

FARO DE VIGO, 28/08/12

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace