Sabariz ve ??impresentable? que Araújo ??mintiera? al Pleno sobre la guardería.

El portavoz de ACP, Luis Sabariz, califica de ??impresentable? la actuación del concejal de Educación, Roque Araújo, en relación a la subida de tasas de la guardería, ya que ??mitió al Pleno y a los usuarios cuando manifestó que el incremento venía impuesto por la Xunta? para poder acceder a la subvención de la administración autonómica. Este extremo fue desmentido por la Consellería de Traballo e Benestar, que únicamente fija los precios máximos pero no los mínimos, tras lo cual esta misma semana Araújo afirmó que el aumento de las tarifas es necesario para garantizar la ??supervivencia? de la escuela infantil ante los costes que representa el servicio y la progresiva disminución de las ayudas de la Xunta. ??¿En qué quedamos??, pregunta Sabariz, ¿por qué no lo dijo antes? Está claro: para que el coste político por la subida se lo lleven otros?. Araújo aseguraba también que, para minorar el impacto del aumento, el servicio de comedor se ofrecerá a los usuarios a precio de coste y no con la tarifa máxima que plantea la Xunta. A este respecto, Sabariz asevera que Roque Araújo ??vuelve a mentir ya que ??la Ley de Haciendas Locales impide obtener beneficios con la tasa del comedor, es ilegal que se recaude más de lo que cuesta el servicio?.
Sabariz Rolán rechaza las ??descalificaciones? vertidas por Araújo contra su persona, calificándolo, por ejemplo, de ??gacetillero chismoso?. El edil de ACP entiende que ??al gobierno local le va el oscurantismo, que todo pase de tapadillo y cualquier iniciativa de la oposición es tachada de chiste o temeridad. Por muchas trabas que pongan, continuaremos con las labores de fiscalización?, concluye.

DIARIO DE AROUSA, 24/04/12

Texto del escrito de ACP solicitando el listado de los padres de los alumnos de la guardería.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

PONTECESURES

Con fecha 31 de marzo se solicitó una lista de padres de los niños que asisten a la guardería municipal y en base a un informe elaborado por la trabajadora social se me negó por su parte el citado listado en base a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Pues bien; considero que se está conculcando la legalidad, pues el derecho a la información de los concejales se consagra como un derecho fundamental en el art. 23 Constitución Española de 1978, el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos por sufragio universal, como señalan varias sentencias del Tribunal Supremo debiendo realizarse una interpretación no restrictiva del mismo y habiendo sido examinado rigurosamente por los Tribunales cualquier supuesto de limitación o restricción de este derecho.
Desde el punto de vista de su ordenación normativa, dicho derecho se reconoce en el art. 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local..
El art. 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, debiendo ser resuelta la solicitud de ejercicio del derecho motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiera presentado, desarrollándose desde el punto de vista procedimental por los arts. 15 artículo y 16 artículo del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se considera que no existe una limitación a la puesta a disposición de dicha información en virtud del régimen previsto en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). A la vista de la doctrina evacuada por la Agencia de Protección de Datos sobre el ejercicio del derecho de información de los concejales, se entiende que (independientemente de la obligación de secreto de la información facilitada y la obligación de utilizarla para los fines que legitiman su función de control político) dicha información ha de ser facilitada de acuerdo con el régimen que prevé la LOPD.
En el informe 16/2010 de la Agencia de Protección de Datos, en que se afirma que la transmisión de dichos datos supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el art. 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.como «toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado»; tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecida en el art. 11.1 LOPD, según el cual «los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado». Esta disposición se ve complementada por lo dispuesto en el art. 11.2 a) LOPD, del cual se desprende que será posible la cesión cuando una Ley lo permita.
Y, en este sentido, fundamenta que «dicha cesión puede fundamentarse en la necesidad de que el Concejal solicitante esté debidamente informado, a fin de llevar a cabo su función de control sobre la Corporación Local respecto de la gestión de los servicios públicos de competencia local, en los términos previstos en el art. 77 de la aludida Ley 7/1985».
Igualmente destacable es la afirmación que se realiza de que «resultará imprescindible que en la petición de información efectuada por el concejal, se determine con claridad la finalidad a la que se van a destinar los datos solicitados?
En consecuencia, informando que preciso el listado de los padres de los alumnos de la guardería con sus domicilios para informarles, como concejal del Ayuntamiento de Pontecesures, de los argumentos en cuanto a la subida de las tasas por parte de la institución municipal con la normativa aplicable y con el compromiso de no utilizar la información con otro uso ni de publicitarla o cederla a un tercero, solicito que me sea facilitado el citado listado.

Pontecesures, 14/04/12

Luis Ángel Sabariz Rolán
Concejal de ACP de Pontecesures

ACP exige la lista de usuarios de la guardería ante la negativa municipal.

La interpretación de los derechos de información de los concejales ha entrado al debate político en Pontecesures a raíz del anuncio de incremento de tasas de la guardería. En el último pleno, el ejecutivo defendía el incremento en base al nuevo reglamento que marca la Xunta, pero desde ACP, Luis Ángel Sabariz considera que esta norma no justifica la subida, en tanto en cuanto ??el decreto detalla precios máximos, pero se pueden fijar inferiores?, defiende el edil opositor.
El grupo de gobierno también defendería su postura en una reunión con los padres de alumnos usuarios de las instalaciones. Por ello, Sabariz solicitó al Concello el listado de padres de niños de la guardería, a fin de poder informar a estos de la versión que, sobre el asunto de las tasas, defiende ACP.

??Pero se nos niega el listado para que no se conozca la verdad?, valora Sabariz, ??y se pone como disculpa la Ley de Protección de Datos?.

No obstante, esta disculpa no convence al concejal. ??Consideramos que se está conculcando la normativa con esta negativa?, ya que ??el mismo derecho de informar a los padres lo tiene el gobierno local y la oposición?. De ahí que presentaran un escrito formal por registro para solicitar dicho listado.

Sabariz recuerda, además, el derecho de información de todos los concejales de la Corporación y cita la ley de Bases del Régimen Local y la Constitución, donde se reconoce el derecho de acceso a la información municipal a todos los ediles, siempre y cuando esta no trascienda y se justifique la finalidad de la solicitud de información.

DIARIO DE AROUSA, 15/04/12

El Parlamento encauza un plan para el saneamiento del río Sar.

Se trata de uno de los principales afluentes del Ulla, por lo que su estado de salud repercute en bancos marisqueros y en la ría

Lo que sucede en el río Sar afecta, para bien o para mal, al Ulla, y así se comprobó cuando se produjeron importantes vertidos que causaron estragos en ambos cauces. Por este motivo, el plan de saneamiento aprobado por el Parlamento gallego a instancias del PP para mejorar el estado el río Sar constituye una buena noticia para el Ulla y todo lo que representa.
Hay que tener en cuenta que en el cauce fluvial que baña Pontecesures, Valga y Catoira forma el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ulla-Deza, cuyos valores alcanzan tal relieve que están protegidos por la Red Natura. Además, en este caudaloso río del que se extraen lampreas, anguilas, truchas, salmones y todo tipo de peces, están los bancos marisqueros de Os Lombos, y por si fuera poco este río desemboca en los parques de cultivo de Carril y la ría más rica y productiva del mundo, la de Arousa.
De ahí, cabe insistir, la importancia de que se regenere el Sar para mejorar la salud del Ulla. Y en este sentido hay que destacar que ayer se aprobó por unanimidad una proposición no de ley del PP «a través de la cual se insta a la Xunta a acordar con el Gobierno central que se impulse urgentemente el expediente de tramitación ambiental de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Santiago», al tiempo que se reclama la ampliación de la de Bertamiráns, en el Concello de Ames.
De este modo se busca el saneamiento integral del Sar, «que presenta un estado de contaminación muy preocupante», advierte el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular, Daniel Varela.

FARO DE VIGO, 23/03/13

Moraña, Valga y Cesures evitan pedir créditos a Hacienda al tener saneadas sus cuentas.

Tres concellos de la comarca Ulla-Umia evitarán acogerse al Real Decreto Ley 4/2011 aprobado por el Gobierno central para facilitar el pago de facturas pendientes a proveedores. Se trata de Moraña, Pontecesures y Valga. Los dos primeros tienen sus cuentas totalmente saneadas a 31 de diciembre de 2011, mientras que en Valga la situación es un tanto diferente. El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda una relación de facturas impagadas de 505.000 euros, si bien el alcalde, José María Bello Maneiro, descartaba ayer la posibilidad de solicitar un crédito para pagarlas ya que se trata, explica, de deudas que tienen contraídas con el Concello el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Xunta de Galicia. El primer organismo adeuda a la administración local 420.000 euros del convenio para la supresión de pasos a nivel, una cantidd que será pagada en cuestión de días tras haber llegado a un acuerdo el Concello y Fomento, explica Maneiro. Por su parte, la Xunta tiene pendientes de ingresar en las arcas municipales más de 84.000 euros. Apunta Maneiro que las empresas afectadas por los impagos ??están de acordo? en no solicitar al crédito ??porque saben que Valga paga? y teniendo en cuenta que ??quen nos debe a nós son o Goberno e a Xunta, polo tanto o que teñen que facer é pagarnos? para que el Concello pueda cumplir con sus compromisos con sus proveedores. ??Os que poñen a lei son deudores con nós. Son eles os que, no caso de Valga, provocaron o problema?, advertía Maneiro.
En cuanto al resto de ayuntamientos de la comarca, tuvieron ayer el último día de plazo para enviar a Hacienda su relación de facturas impagadas a pequeños y medianos empresarios hasta diciembre de 2011. En Caldas la cifra ronda el millón de euros ­si bien a día de hoy las cantidades que adeuda el Concello supera los 1,3 millones­, mientras que Portas y Cuntis remitieron al Ministerio relaciones por valor de unos 500.000 euros en cada caso. Roberto Vázquez, alcalde de Portas, explicaba que la mayor parte (casi 300.000 euros) se corresponde con deudas a Fenosa y otros 120.000 euros a Covsa. El resto son facturas de menor entidad a distintos proveedores. Quedan fuera de esta relación, al no cumplir los requisitos del Real Decreto, 110.000 euros impagados a Sogama, si bien Váquez cree que tras acceder a este crétido ??non imos ter dificultades para cumplir? ya que están pendientes de ingresar diversas cantidades de la Xunta, Diputación o el ORAL.

DIARIO DE AROUSA, 16/03/12

Los alcaldes se oponen a la fusión de ayuntamientos en O Salnés y Ullán.

La fusión de municipios anunciada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y que tiene sus primeros protagonistas en los coruñeses de Oza y Cesuras no despierta pasiones entre los alcaldes de O Salnés y Ullán. La mayoría de los regidores la consideran innecesaria o recelan directamente de ella, apelando a la situación económica muy dispar de cada concello o al fuente apego de los vecinos a sus municipios.
El presidente de la Mancomunidade do Salnés y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán (PP), no considera necesarias las fusiones en el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes, y afirma que «los vecinos no son muy partidarios de que desaparezcan sus concellos. Eso sería una pérdida de identidad, y los vecinos son reacios».
Durán también considera «injusto» unir un ayuntamiento saneado económicamente a otro con deuda, y aboga más por mancomunar y compartir servicios para ahorrar costes. Por ello, está convencido de que solo se producirán casos puntuales de fusiones «y uno a uno».
También los alcaldes socialistas y nacionalistas están en contra de la fusión. Manuel Luis Álvarez Angueira, de Pontecesures (BNG) recuerda que este municipio se separó de Valga en 1925 y que «el presidente de la Xunta de Galicia dijo que sería una decisión voluntaria, y nosotros no estamos por la labor». Alega que «nuestro Concello funciona más o menos bien y no es de los que peor está económicamente, así que entendemos que fusionarnos con otro podría ser un perjuicio para nosotros».
Alberto García, de Catoira (PSOE) está convencido de que «las fusiones de ayuntamientos en Galicia son inviables, salvo que se trate de municipios con muy poca población». García alude a las características demográficas y de dispersión geográfica de la comunidad gallega. Además, plantea que «los vecinos no están por la labor porque están identificados con su ayuntamiento y su corporación». El alcalde de Catoira añade que «parece que el gran problema de este país son los concellos, y sin embargo son las instituciones que menos daño le hacen a la economía», y cree que las fusiones «son una cortina de humo para ocultar los problemas reales y los gastos superfluos de otros políticos y administraciones, como el Senado».
También se muestra contundente el otro regidor socialista de la comarca, el isleño Manuel Vázquez. «Este es un argumento para desviar la atención de otros asuntos más importantes. En los 30 años que llevamos de democracia los municipios siempre hemos sido los grandes olvidados. Nuestro problema se terminaría redactando una Ley de Financiación Local. Nos echan encima la opinión pública diciendo que los concellos son los grandes deudores, y eso no es cierto. La culpa del déficit público no es nuestra». Vázquez alega que los ayuntamientos prestan servicios y asumen costes que según el Pacto Local les corresponderían a la Xunta de Galicia, y que lo hacen sin recibir la financiación adecuada para ello. Además, Vázquez apela a la fuerte carga identitaria que muchos vecinos sienten con sus ayuntamientos. Un ejemplo claro es precisamente el de A Illa, que luchó durante décadas por segregarse de Vilanova, lográndolo en 1997. Finalmente, el regidor alude también a la situación financiera muy dispar de cada municipio.
Otros regidores del PP
Salomé Peña, de Ribadumia, apuesta por mancomunar servicios y considera que su municipio «no tiene motivos para fusionarse». Argumenta que la situación económica en esta localidad es buena y la gestión eficaz. Es más, opina que la fusión perjudica al ciudadano, ya que «aleja la administración», con los consiguientes desplazamientos.
José Luis Pérez, de Meis, manifiesta que las fusiones «deben empezarse por los ayuntamientos más pequeños» y no la considera necesaria por el momento en Meis, si bien matiza que «el interés general tiene que estar por encima del particular, y si es algo positivo para los vecinos estaré dispuesto a todo». Asimismo, considera precipitado citar el municipio o municipios a los que se uniría Meis. José María Bello Maneiro, de Valga, tampoco la ve necesaria para los pueblos de más de 1.000 habitantes, aunque no la descarta si la crisis persiste y siempre y cuando se consultase antes a los vecinos.
Finalmente, Jorge Domínguez, de Meaño, no vería bien la fusión pero sí una reorganización de las parroquias de cada municipio. Pone un ejemplo con Castrelo, Dena, Vilalonga y Noalla, que según él podrían ser un municipio propio pues tienen una realidad social y unas necesidades similares, pero que ahora pertenecen a tres concellos. También recuerda que hay parroquias que son de un concello, pero hacen casi toda su vida en el vecino.

FARO DE VIGO, 15/03/12