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Subastan propiedades en Pontecesures de familias relacionadas con el narcotráfico.

En Ponteceusures se subasta una casa con finca y piscina en la rúa Torrelavega y un piso de 73 m2 en el edificio Virgen del Carmen que da a las calles Sagasta, Rosalia de Castro y Castelao.

En el año 2008 perdió su más preciado capricho, el pazo de Baión, que es hoy una puntera bodega en manos de Condes de Albarei, empresa que se hizo con la propiedad de Laureano Oubiña tras ofrecer por ella 15 millones de euros en subasta. Ahora, el capo cambadés se enfrenta a la pérdida del resto del patrimonio que, según la Justicia, consiguió de forma ilícita traficando con drogas. Los bienes de Oubiña se subastarán hoy junto con otras propiedades de narcos arousanos. A las 12.30 horas en el hotel Wellington de Madrid, el Plan Nacional sobre Drogas celebrará una subasta de bienes embargados por valor de 3,5 millones de euros. Son treinta lotes; en su mayoría, apartamentos y chalés esparcidos por toda la Península y por las Islas Baleares, como una mansión con piscina en Pontecesures, tres viviendas en Fuerteventura y cinco más en Ibiza. Inmuebles a pie de playa y también en la montaña, como un apartamento ubicado en Cabeza de Manzaneda. A mayores, bajos comerciales en distintos puntos de la ría de Arousa y solares tan valiosos como uno situado a pie de playa en Nanín (Sanxenxo) tasado en 491.722 euros.

El lote incluía otra propiedad con un fuerte valor sentimental para la familia Oubiña. Se trata de la vivienda de A Laxe (Vilagarcía) en la que pretendía instalarse con su esposa Esther Lago, un proyecto vital frustrado por la repentina muerte de ella en un accidente de tráfico y por las sucesivas entradas y salidas en prisión de su marido.

Retirada una casa en Vilagarcía

A última hora, la casa de A Laxe fue retirada de la subasta que se va a celebrar hoy. Según informó el Plan Nacional sobre Drogas, uno de los constructores que llevaron a cabo las obras reclama un pago nunca satisfecho por quien hoy duerme en la cárcel de Alcalá Meco. Mientras no se aclare esa supuesta deuda, así como la titularidad de la vivienda, en la que también aparecen otros familiares de Oubiña, la casa no saldrá a subasta. Ayer, a su entrada figuraba un letrero de «Se vende» que, según el Plan Nacional sobre Drogas, será retirado en breve.

Los demás lotes pertenecían en su día a otras familias relacionadas con el narcotráfico arousano. Buena parte de esas propiedades, ubicadas en todo el territorio español, fueron confiscadas al desaparecido José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, y a sus testaferros. Pelopincho no se presentó en su día al juicio por blanqueo celebrado en Pontevedra, y desde entonces nunca más se supo de su paradero. Hasta podría estar muerto.

Los demás lotes pertenecían en su día a otras familias relacionadas con el narcotráfico arousano. Buena parte de esas propiedades, ubicadas en todo el territorio español, fueron confiscadas al desaparecido José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, y a sus testaferros. Pelopincho no se presentó en su día al juicio por blanqueo celebrado en Pontevedra, y desde entonces nunca más se supo de su paradero. Hasta podría estar muerto.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

El caso del gasoil de Cesures llega a la Audiencia ocho años después.

Como el Guadiana, el caso del gasoil es uno de esos asuntos que cada cierto tiempo reaparecen en la vida política de Pontecesures. Un año después de que la Audiencia ordenase al juzgado de Caldas reabrir un asunto que este había decidido archivar por tercera vez, el caso acaba de ser trasladado al palacio de justicia de Pontevedra. Todo apunta a que allí serán juzgados por un tribunal popular el alcalde Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) y Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

En noviembre del 2013, la audiencia ordenaba al juzgado de instrucción número uno de Caldas reabrir un caso que se remonta al año 2006, cuando el PP y la ACP denunciaban al alcalde Angueira y al trabajador municipal Xurxo Gerpe de haber abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de combustible para un vehículo del servicio de obras. Ese asunto, recordaba Angueira hace un año, había sido archivado «tres veces, en tres momentos distintos e por tres xuíces diferentes». En los tres casos, los denunciantes Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz decidieron presentar recurso, y en las tres ocasiones Pontevedra les dio la razón, asumió sus argumentos e impidió que el asunto se cerrase.

La fiscalía pide el archivo.

Tras el último tirón de orejas recibido de la Audiencia, el juzgado de Caldas dio la palabra a todas las partes implicadas. En febrero de este año, la acusación particular presentó un escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. «En el mismo trámite -dice el auto- el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», tal y como había hecho en ocasiones anteriores. La defensa de los acusados, por su parte, «solicitó la libre absolución de los defendidos».

En esta ocasión, la jueza de Caldas considera que «procede el enjuiciamiento». «Manuel Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe, durante el período de tiempo que desempeñaron funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pontecesures, autorizaron y/o consintieron el pago de combustible a cargo de los presupuestos del Concello, siendo que el combustible adquirido a través de tales pagos no se destinaba al uso por parte de vehículos pertenecientes al Concello en cuestión, ni para la prestación de servicios al mismo», explicaba la resolución adoptada a principios de noviembre.

Por ello, en un auto dictado en noviembre, la titular del juzgado de Caldas decretó la apertura del juicio oral, señalando como órgano competente para asumir esa tarea al tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tal vez allí se resuelva, de una vez por todas, un asunto que lleva ocho años dando vueltas por los juzgados.

La Voz de Galicia

Por Redacción, fai

Un jurado popular juzgará al alcalde cesureño por las facturas del gasoil.

Está acusado junto con el encargado de obras de un presunto delito de malversación.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra para responder de la acusación formulada por ACP contra él por presunta malversación de fondos públicos, al “autorizar y/o consentir” el pago de gasto de combustible y repostajes del Nissan Patrol del Concello a cargo de las arcas municipales, cuando dicho gasoil no se empleaba presuntamente para tareas municipales. Este hecho se habría producido durante su etapa como gobernante de 2003 a 2006.

Junto con él se sentará el encargado de obras Xurxo Jamardo, quien “firmaba los tiques”. La Audiencia revocó en 2013 el sobreseimiento y archivo de la causa dictado por el Juzgado de Caldas, al considerar que existían “indicios racionales de criminalidad” y ordena reabrir diligencias. El auto que ordena ahora la celebración del juicio no es recurrible, no precisa ni la fecha, pero será un tribunal popular el que dictamine o no la culpabilidad.

El Correo Gallego

Por Redacción, fai

La Audiencia juzgará al alcalde de Pontecesures por presunta malversación.

El Juzgado de Caldas ha finalizado la fase de instrucción y deja en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, y el operario municipal Xurxo Gerpe Jamardo, implicados en el “caso del gasóleo”, relacionado con un consumo supuestamente abusivo de carburante con cargo a la Administración.

La jueza instructora decreta la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos, explicando que los dos imputados pudieron haber autorizado y/o consentido el pago de combustible en una gasolinera de la localidad a pesar de que no se destinara al uso por parte de vehículos del Concello ni para la prestación de servicios del mismo.

En los antecedentes de hecho que maneja la jueza explica que Manuel Luis Álvarez Angueira “autorizaba la adquisición de combustible en la estación de servicio con carácter previo a la adquisición y posteriormente aprobaba esos pagos por decreto de Alcaldía”, mientras que Xurxo Gerpe “firmó la práctica totalidad de los tiques emitidos por la gasolinera, responsabilizándose de la recepción del combustible que finalmente no era empleado para el uso o servicio del ayuntamiento”.

Hay que recordar que estos hechos se remontan a hace una década. Fue en 2007 cuando la oposición municipal denunció el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

Tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar presentaron una denuncia inicial que fue archivada, pero los dos últimos recurrieron ante la Audiencia, que ordenó investigar los hechos en primera instancia. El Juzgado de Caldas reabrió el caso, por lo que un año después citó a declarar como imputados al exalcalde y al encargado del servicio de Obras.

Ahora, justamente un año después de que la Audiencia ordenara al Juzgado de Caldas que investigara -por tercera vez- si existió malversación de caudales públicos o cualquier otro delito similar, la fase de instrucción da paso a la apertura de juicio oral, en el que habrá que aclarar, por ejemplo, cómo fue posible que un vehículo municipal cargara combustible y repostara otros 90 litros apenas diez minutos después.

Esta es una de las acusaciones que se vierten en la denuncia formulada en su día por Alfonso Diz y Luis Sabariz, quienes explicaron que el 17 de noviembre de 2004 el coche que centra el grueso de esta polémica cargó casi 40 litros de combustible a las ocho de la mañana y 45 litros más pasadas la seis de la tarde.

Los entonces concejales independientes -actualmente solo Sabariz continúa en la corporación- alegaron que “con cargo a las arcas municipales se distribuía combustible a vehículos ajenos al ayuntamiento, que bien eran particulares o propiedad del Club Náutico”.

Tampoco hay que olvidar que a pesar de destinarse el gasóleo a un vehículo de obras, parece que aparecieron facturas de repostaje en jornadas festivas, aunque también advirtieron los denunciantes que desde que denunciaron públicamente el presunto uso abusivo de gasóleo las facturas por este concepto empezaron a reducir su importe.

Faro de Vigo

Por Redacción, fai

Angueira será juzgado por la Audiencia Provincial por el caso del gasoil.

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El alcalde de Pontecesures está acusado de un presunto delito de malversación da caudales públicos.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una acusación de malversación de caudales públicos, que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006.
El presunto delito habría tenido lugar a través de los reportajes de un vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraban el parque móvil del Departamento de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello Xurxo Gerpe Jamardo.
La causa llegará a Pontevedra después de un largo proceso cuyo último capítulo se registró el 28 de noviembre, día en el que el regidor tuvo que acudir al Xulgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis para prestar declaración, exigencia que le obligó a aplazar el pleno que estaba fijado para esa fecha. El auto que ordena la celebración del juicio es inapelable, no precisa la fecha ni la sala donde se celebra, e indica que será un tribunal popular el encargado de emitir la sentencia una vez concluida la vista oral.
Las diligencias previas sufrieron un camino tortuoso. La Audiencia Provincial revocó el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Xulgado de Caldas de Reis y ordenó continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formularan acusación cara a la celebración del juicio.
Era la tercera vez que corregía a la jueza de instrucción y dejaba sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz. No obstante, el primero en judicializar el caso fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el edil de TeGa Ángel Souto Cordo, que entonces era líder del PP en la oposición.
La Audiencia considera que ??existen indicios racionales de criminalidad? porque el informe pericial encargado por el Xulgado ??constata un excesivo consumo de gasoil? del Nissan Patrol del Departamento de Obras que ??no encontraría justificación razonable? y que habría supuesto para el Concello de Pontecesures un sobrecoste de 6.822,94 euros.

Diario de Pontevedra

Por Redacción, fai

Moción urxente da ACP para someter ao pleno do 24 de novembro de 2014.

OCUPACI?N DE PARCELA MUNICIPAL NA PARTE TRASEIRA DA AVENIDA DE VIGO Nº 12 E INSCRICI?N DA MESMA NO REXISTRO DA PROPIEDADE.

Con data 09/06/12 presentouse por parte deste concelleiro no rexisto un escrito dirixido á alcaldía co seguinte texto:

???El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió en julio de 2010 una sentencia favorable a los intereses del Concello de Pontecesures y que obliga a la empresa promotora Constantino Taibo S.L. a ceder al Ayuntamiento una parcela de 1.387 metros cuadrados para destinarla a zona verde. El TSXG rechazó el recurso de reposición interpuesto por la constructora contra una sentencia previa del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra, imponiendo además las costas del proceso a la sociedad mercantil. El conflicto entre el concello y Constantino Taibo se remonta al año 1994, cuando el gobierno local concedió licencia a la promotora para construir un edificio de 22 viviendas de protección oficial en el número 12 de la Avenida de Vigo. La licencia estaba condicionada a la cesión, por parte de la constructora, de la parcela trasera del inmueble, una cesión que nunca llegó a realizarse, por lo que el concello decidió, en el año 2006, iniciar las acciones encaminadas a tomar formalmente el terreno. Así, se dictó una primera resolución sobre el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas y una segunda en la que convocaba a la mercantil para firmar el acta de entrega y recepción de los 1.287 metros cuadrados.
Ambas resoluciones fueron recurridas ante los tribunales por Constantino Taibo y sus argumentos fueron rechazados tanto en primera instancia como por el TSXG que desestimó el recurso de apelación de Taibo.
Estando en litigio la cuestión el terreno fue objeto de una permuta urbanística con un particular. Esta transmisión debe considerarse nula ya que el terreno ya pertenecía al concello y no a Constantino Taibo S.L. como reconoce la sentencia del TSXG. Esta parcela de 1.287 metros cuadrados se encuentra incluida en el PERI nº 1 del PXOM de 2003 y no se desarrolló hasta la fecha.
Este concejal, cuando formó parte del gobierno local, siempre activó todo tipo de trámites para que este terreno formase parte del patrimonio municipal defendiendo los intereses de la institución, y ahora resulta fundamental que se adopten las medidas oportunas (a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento) para que el terreno se ocupe y se inscriba en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello de Pontecesures.
Por lo expuesto, se ruega que se adopten dichas medidas, (ofrezco mi colaboración, si lo consideran oportuno), en defensa del patrimonio de todos. Este es una tema muy importante para la economía municipal en un futuro.??

Tamén con data 09/06/12 presentouse por parte deste concelleiro no rexistro un escrito dirixido ao concelleiro de obras e urbanismo de Ponteceures, Ángel Manuel Souto Cordo co seguinte texto:

???Adjunto a la presente, se remite copia del escrito enviado en esta fecha al Sr. Alcalde sobre la parcela municipal de 1.387 m2 de la parte trasera del edificio en la Avda. de Vigo nº 12, a los efectos de su ocupación e inscripción a favor del ayuntamiento. Es un tema concerniente a su concejalía y espero también su intervención para la defensa de los intereses municipales.??.

Pois ben; dende aquela data non se coñece xestión algunha do goberno local para ocupar e inscribir o terreo municipal en cuestión. Este deixar pasar pode causar un notable prexuizo económico ao concello e ademais estase a incumplir a normativa pois as entidades locais están obrigadas a exercer as accións necesarias para a defensa dos seus bens e dereitos podendo os membros da corporación incurrir en responsabilidades senón se exercen ditas accións.

Polo exposto, proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo:

-Que a alcaldía convoque aos representantes de todas as forzas políticas da corporación, á asesora xurídica que presta servizos para a institución, ao arquitecto municipal e á secretaria-interventora do concello, para manter unha xuntanza co fin de decidir as accións administrativas e xudiciais que sexa preciso exercitar para que a parcela de 1.387 metros cadrados situada na parte traseira do edificio da Avenida de Vigo nº 12 de Pontecesures sexa ocupada formalmente e inscrita no Rexistro da Propiedade a nome do Concello de Pontecesures, informando logo periódicamente por parte da asesoría xurídica das xestións, trámites, incidencias ou resolucións que se vaian producindo.

Pontecesures, 22/11/14

Luis Ángel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP Pontecesures

Por Redacción, fai