Vivienda que acaba de ser legalizada por el Concello.
Carlos Lorenzo vecino de Pontecesures que reclama la titularidad del terreno en base al cual el Concello acaba de dar licencia a la vivienda de O Rial sobre la que pesa una orden de derribo ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Xunta de Goberno Local de legalizar el inmueble. Este acuerdo fue adoptado por el Ejecutivo municipal el pasado 12 de septiembre y notificado al afectado cinco días más tarde, pudiendo interponerse en su contra un recurso de reposición ante el mismo órgano o un contencioso-administrativo en los tribunales de justicia. Carlos Lorenzo ha optado, inicialmente, por la primera opción y el pasado sábado dio entrada en el Concello a su recurso, en el que insiste en ??reclamar a miña propiedade. Non se pode legalizar unha vivenda a costa dos terreos dos lindantes?, afirma.
La polémica envuelve a la vivienda número 5 de O Rial desde hace años. El PXOM de 2003 la dejó fuera de ordenación y un juzgado anuló la licencia que le había otorgado el Concello, ordenando su demolición. Sus propietarios intentaron que algún vecino les vendiese terrenos anexos con los que poder cumplir los requisitos que marca la normativa urbanística, fundamentalmente tener un mínimo de 12 metros de fachada hacia terreno público. Los intentos de compra fracasaron, pero en mayo de 2011 la familia titular del inmueble presentó en el Concello un proyecto de legalización aportando un documento que acreditaría que una parcela colindante sería también de su propiedad, lo que no ha hecho más que añadir polémica y conflictos al proceso.
Carlos Lorenzo presentó en los juzgados de Caldas a finales del pasado año una denuncia por la supuesta usurpación de esa parcela, reclamando su titularidad y aportando documentación que respaldaría su versión. Esta cuestión está todavía pendiente de resolución por vía judicial, sin embargo el Concello ha optado por no aguardar a que se aclare el litigio y el pasado 12 de septiembre aprobó la concesión de la licencia a la vivienda, solicitando además al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra que anule la orden de demolición que pesa sobre la edificación. La legalización de la casa llegó tan solo unos días antes de que finalizase el último de los plazos fijado por el juzgado para que el Concello procediese a la demolición de la casa. Este plazo remataba el pasado domingo, 30 de septiembre. El alcalde cesureño, Luis Álvarez Angueira, ya fue multado con 1.200 euros por haber incumplido en una ocasión la orden de derribo, advirtiéndole además la jueza sobre nuevas sanciones e incluso su posible imputación por desobediencia.
Carlos Lorenzo afirma que ??non se pode entender como o Concello, sabendo que todo isto está en litixio, outorga licenza á casa sen esperar a que os tribunais resolvan?. El concejal de Obras, Ángel Souto, argumentó hace unos días que legalizaron el inmueble porque ??cumpre todos os requisitos?, los informes técnicos ??son favorables? y, de no hacerlo, podrían incurrir ??nun caso de prevaricación?.
El próximo 31 de octubre en el Juzgado de Caldas se celebrará un interdicto para dirimir, de forma provisional, quién es el propietario de la finca, después de que los dueños de la casa ejecutasen en la zona obras de urbanización que eran imprescindibles para lograr la licencia.
DIARIO DE AROUSA, 02/10/12
