Medio centenar de personas trasladaron al gobierno de Pontecesures su enfado por no haber informado del primer período de alegaciones al borrador del proyecto

El parque empresarial que la Xunta y el Concello de Pontecesures prevén poner en marcha en A Tarroeira va quemando fases. Y lo va haciendo con un sigilo que ha provocado un profundo malestar en alrededor de sesenta personas directamente afectadas por esa iniciativa. Ayer, tras reclamar una reunión con el gobierno local, fueron recibidos por el alcalde Juan Manuel Vidal Seage (PP) y por sus socios de gobierno, a quienes trasladaron su enfado por cómo han discurrido las cosas hasta ahora y su preocupación por todo aquello que han ido conociendo del proyecto y que no les gusta.

El encuentro finalizó, dicen desde el colectivo, «con el compromiso del alcalde de que hablará con todas las administraciones implicadas para que se solventen los errores detectados y que sean escuchadas las exigencias». Había comenzado la reunión con un reproche: los asistentes recordaron a Seage que había prometido mantener a la ciudadanía al tanto de todos los pasos del procedimiento. Sin embargo, esa promesa «nunca se cumplió». Según señalan los vecinos, el 30 de noviembre pasado la Dirección Xeral de Calidade Ambiental abrió un plazo de 30 días para el trámite de consultas en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, del que se entregaba un borrador a diversas administraciones. La intención era recabar las primeras opiniones de entidades como Urbanismo, el Instituto de Estudo do Territorio, Augas de Galicia, Patrimonio, Axencia Galega de Infraestruturas y el Concello de Pontecesures. A través de esas entidades se abría la información al público en general «co obxecto de favorecer a transparencia na tramitación e a participación cidadá».

Ese trámite no fue anunciado en el DOG, y «el Concello no informó a los vecinos afectados», que se vieron abocados a «una situación de desconocimiento total y absoluto y, por lo tanto, indefensos». Temen haber perdido la oportunidad de exponer sus reparos sobre diversas cuestiones recogidas en el borrador del polígono empresarial y sobre las que tampoco el Concello ha presentado alegaciones.

aguas

Zonas inundables. Augas de Galicia fue, junto con el Ayuntamiento de Pontecesures, la única administración que no emitió informe sobre el polígono. Algo que sorprende a quienes viven en las inmediaciones, toda vez que «gran parte de la superficie» que ocupará éste está calificada como zona de inundación; de riesgo para la población, la actividad económica, de riesgo medioambiental… Las voces críticas con el proyecto consideran que la creación del polígono, «con sus rellenos, urbanizaciones y construcciones», acabará intensificando los problemas de inundaciones en el entorno de A Charca, A Devesa y Campaña. 

Ruidos

Sin estudio. «En ningún caso se analizan los problemas de ruido finales que supondrá la actividad del polígono para la vida de los vecinos colindantes, que reclaman que se cree una zona verde en el frente hacia la N-550 «que funcione como protección acústica». 

Movilidad

¿Solo un carril bici?. Al colectivo de personas afectadas por el polígono les preocupa la falta de respuestas «al aumento de tráfico pesado que generará el polígono». No consideran adecuado el planteamiento del acceso directo desde la N-550 a un gran frente de naves industriales. Y la solución propuesta, la construcción de un carril-bici, la ven «no como una solución; es un mero adorno ante un grave problema circulatorio». 

Impacto paisajístico

Las viviendas del entorno, desaparecidas. Uno de los errores más llamativos del borrador del proyecto es que parece no tener en cuenta, para nada, las viviendas existentes en el entorno de lo que será el polígono, al punto de que «no se hace mención a la integración paisajística» de unas y otro. «Se nos ha obviado deliberadamente para menoscabar nuestros derechos fundamentales», apunta el colectivo.

Urbanismo

Unos sí, otros no. Muchas de las viviendas construidas alrededor del parque fueron levantadas antes del año 2003, y en el 2016 pasaron a ser consideradas como construcciones en suelo rústico, lo que implica que en algunos casos carezcan de servicios básicos, que no puedan realizar diverso tipo de obras y, mucho menos, nuevas construcciones. «Sin embargo, en el nuevo tipo de suelo se movilizarán todos los recursos para la dotación de servicios y autorizaciones que a nosotros se nos deniegan».

Apoyo

Respaldo técnico. Los vecinos han pedido al gobierno local que desde el Concello se les dé «apoyo técnico en materia legal y urbanística» para alegar al proyecto final.

La Voz de Galicia