Los técnicos municipales admiten que la comisión de coordinación es ajena al funcionamiento de las instituciones municipales.
El interventor y el secretario del Ayuntamiento de Valga han remitido al Juzgado número 1 de Caldas un informe en el que ratifican que los emolumentos recibidos por el alcalde y varios concejales de la localidad por su asistencia a unas comisiones creadas al margen de los reglamentos ordinarios podrían no ajustarse a la legalidad vigente,
En su informe conjunto explican que «las Comisiones de Coordinación de Delegaciones fueron creadas al margen y no en sustitución de las Comisiones Informativas reglamentarias previstas».
Y añaden que las citadas Comisiones de Coordinación «se vienen celebrando…desde el año 1992, si bien quien suscribe únicamente ha podido tener constancia de pagos individualizados que por asistencia a las mismas se han producido desde el 1 de enero del año 2003 y que, salvo error u omisión involuntarios, responden al siguiente detalle»:
A continuación explica que el propio alcalde del PP José María Bello Maneiro percibió por asistencia a estas comisiones extramunicipales un total de 2.850 euros entre los años 2012 y 2016 pero ni un céntimo en períodos anteriores.
Sin embargo hubo concejales que obtuvieron unos ingresos muy suculentos en los distintos períodos que relatan los cualificados funcionarios municipales.
Es el caso de Román Castro que obtuvo casi 27.500 euros por este concepto en los últimos trece años. Así entre 2003 y 2007 recibió 10.161,85 euros; de 2008 a 2011, 8.850 euros; y 8.350 entre 2012 y 2016.
Algo menos obtuvo Ramona Otero Tanoira a quien corresponden 7.191,65 euros por el período 2003-07; 7.700 entre 2008 y 2011; y 7.600 en el tercer período.
José Ángel Souto Jamardo percibió 10.912 euros en el primer período; 9.750, en el segundo y 8.650, en el tercero.
Asimismo Carmen Gómez Pardal obtuvo solo 1.250 euros en el primer mandato de referencia pero ya subió a 9.650 en el segundo y otros 8.550 en el presente.
Parecidas cifras corresponden a los ingresos de Manuel Ferreiro Maneiro quien sumó 10.602 por la asistencia al primer período de comisiones de coordinación: así como 9.450 en el segundo y 8.450 en el actual.
En la relación figura asimismo Agustina Begoña Piñeiro Busto con 7.600 euros en esta última etapa o Jorge Fresco Ferreirós que cobró 1.150 euros en el período 2003-07 y 8.200 en el siguiente.
El rol continúa con Juan Bautista Potel Calvo quien ingresó en su cuenta personal 10.732,05 euros entre 2003 y 2007; y 9.750 y 8.350 en los otros dos períodos analizados.
Respecto a Peregrina Abril Castromán expone que obtuvo 1.250 euros en el primer mandato analizado; 9.300 en el segundo y 8.150 en el presente período.
Finaliza la relación con José Senín Bello que cobró 8.201 euros solo en el primer período; Miguel Blanco Souto, con 3.350 en esa misma etapa; además de sus compañeros de mandato María José Calvo Duro (4.670,95 euros) y José Ramón Santos Fernández (4.370,95 euros).
El documento remitido al Juzgado 1 de Caldas de Reis está suscrito por Manuel Vázquez Fernández y José Ramón Rial, a la sazón interventor y secretario municipal, respectivamente, quienes se ofrecen a aportar cualquier «aclaración o mayor información al respecto».
Cabe recordar que el pago a los concejales por asistencia a estas comisiones de coordinación ha sido denunciado por los socialistas de Valga al entender que con fondos públicos se han sufragado reuniones del Partido Popular.
Ahora los altos funcionarios municipales exponen que tras haber sido requeridos por el Juzgado en fecha de 7 de noviembre de 2016 para la emisión de un nuevo informe que «especifique si las comisiones de coordinación se han realizado a mayores o en sustitución de otras comisiones legal o reglamentariamente previstas, así como sobre los emolumentos que fueron abonados los asistentes a tales comisiones desde el momento en que comenzaron a celebrarse».
Recuerdan que en el informe que ha sido emitido en fecha de 9 de septiembre de 2016 ya se poniía de manifiesto que el Pleno de Valga en su sesión de junio de 2011 acordó la creación de las Comisión de Coordinación y otra similar en un pleno de 2015, fuera de las comisiones informativas.
Faro de Vigo