Más de doscientas construcciones ilegales fueron derribadas el pasado año por la piqueta de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en toda Galicia. La cifra supone un aumento con respecto al ejercicio anterior, cuando fueron 182 las demoliciones efectuadas. En la comarca arousana, al contrario que en el resto de la comunidad, la actividad de esta entidad ha disminuido notablemente. Porque si en 2016 fueron ocho las construcciones que desaparecieron por orden de la agencia, en el 2017 las demoliciones efectuadas se limitaron a cuatro. Cuatro viviendas que estaban construidas sin contar con las correspondientes autorizaciones.
La actividad de la APLU comenzó en el mes de febrero, con el derribo de dos construcciones residenciales en Cambados. Ambas estaban construidas en suelo no urbanizable, una en zona de conservación de cauces y ribera. Ese mismo mes, la agencia decretó el derribo de otra construcción, en esta ocasión en O Grove. Haber sido construida en suelo no urbanizable común fue el motivo que llevó a su desaparición. Vilanova fue el último municipio en el que la entidad ordenó la demolición de una vivienda unifamiliar durante el pasado año. Esta había sido construida en suelo rústico no urbanizable de protección forestal, por lo que el pasado mes de abril cayó víctima de la piqueta.
En contra, José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove
Sin muchos fans en O Grove
No son muy fans en el equipo de gobierno de O Grove de las actuaciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. De hecho, este municipio es uno de los muchos que no se ha adherido. «Cuando yo estaba en la oposición denuncié varias actuaciones ante la APLU y nos dijeron que eran competencias municipales», explica el actual alcalde, José Cacabelos. Varias de sus actuaciones han tenido problemas con esta entidad, como el edificio administrativo o la caseta de O Sineiro, que todavía está pendiente de una orden de derribo por parte de la agencia. Sin embargo, añade el regidor, «Raeiros sigue ahí. En las grandes obras se meten en peleas jurídicas que no acaban y luego tiran el asador de una casa que tiene licencia», argumenta. Por eso no comparte demasiado el papel que hace actualmente. Sostiene que su Concello sí que realiza inspecciones urbanísticas y abre los correspondientes expedientes. El problema, añade, es la falta de recursos de las administraciones locales, que cada vez se encuentran con menos recursos humanos a la hora de trabajar. «Cada vez tenemos menos personal», se queja,
A favor, J. Vidal Seage, alcalde de Pontecesures
Herramienta muy útil
Los concellos de Pontecesures y Meaño son los únicos de la orilla sur de la ría de Arousa que se han adherido a la APLU. El regidor cesureño, Juan Vidal Seage, explicaba ayer que la agencia es una herramienta muy útil, especialmente para municipios pequeños como el suyo. En estas localidades, los recursos son los que son, y los que se pueden dedicar al control y vigilancia de infracciones urbanísticas son mínimas. «Nos concellos coma o noso, localizar unha infracción é complicado. E cando a tes localizada, ou tes unha ordenanza clara ou outros mecanismos oficiais, ou acaban quedando aí, acaban dilatándose as cousas, e terminan converténdose en herdanzas envelenadas que pasan de alcalde a alcalde», afirma Seage. A su juicio, «que haxa un organismo supramunicipal que se encargue de velar por todo isto, de impor sancións cando é necesario, resulta moi eficaz á hora de loitar contra o feísmo», señala el gobierno. Según indica el regidor cesureño, en este municipio la APLU ha actuado en varias ocasiones. En estos momentos, «hai un par de expedientes abertos». Suele tratarse, dice Seage, de galpones que acaban convertidos en pequeños «fines de semana».
La Voz de Galicia
