El Gobierno de Mariano Rajoy reconoció ante el Senado que la consulta que se realizó en Pontecesures sobre eliminar o no los vestigios del franquismo en la vía pública carecía del permiso pertinente. Lo curioso del caso es que el ejecutivo estatal se vio obligado a dar esta explicación ante la pregunta realizada por un senador valenciano, Carles Mulet, de Compromís.
La pregunta realizada por escrito en la Cámara Alta hace hincapié en si el ??referéndum?, anunciado por el alcalde cesureño, Juan Manuel Vidal Seage, en octubre, está autorizado por el Gobierno estatal y, en caso negativo, si se van a adoptar medidas. ??Puesto que se trata de un incumplimiento flagrante de la legalidad vigente en España este desacato por parte del alcalde de Pontecesures, ¿va a instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra este alcalde??, señala Mulet en su texto.
La respuesta del ejecutivo es extensa y señala, en primer lugar, que ayuntamientos podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal, excepto los relativos a la Hacienda local. Eso sí, ??necesitará la autorización del Gobierno de la Nación?.
En concreto, y según aparece en la respuesta del Gobierno a Compromís, ??no consta que en la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales haya entrado un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Pontecesures solicitando la autorización del Gobierno de la Nación para celebrar una consulta popular?.
Sobre que van a hacer al respecto, el ejecutivo conservador también tiene una respuesta clara. Nada. Ya que, argumentan, es al Ministerio Fiscal a quien compete ??promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutleado por la Ley?.
El Ejecutivo incide en que el Ministerio Público es ??un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia? y muestran su ??escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía?.
Así las cosas, y pese a que el Gobierno reconoce que la consulta carecía de permiso, deja la intervención en manos del Ministerio Público.
Por correo electrónico
A finales de octubre, el alcalde de Pontecesures emitía un bando en el que animaba a los vecinos a enviar por correo electrónico su opinión sobre la retirada de la Cruz de Primo de Rivera existente en el pilón de Carreiras, después de que el BNG solicitase su retirada.
Vidal Seage consideraba que los vecinos tienen algo que decir sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y por ello animó a remitir su opinión a través del correo electrónico, que debían remitir a alcaldía@pontecesures.org. Sobre los resultados de la consulta, nada ha trascendido.
Diario de Arousa