La Diputación rechaza asumir un servicio que, afirma, es competencia de la Xunta.
El Centro ocupacional de discapacitados de Valga (Codi) atiende a 18 usuarios de varios municipios de la zona. Vecinos de Valga, Catoira, Caldas y Pontecesures acuden a unas instalaciones construidas por el Concello valgués y que durante años se han sostenido gracias al apoyo de varias administraciones. Desde el 2012, la Diputación participaba en la financiación de este servicio a través de una partida de «algo menos de cen mil euros». Una cantidad que este año no ha sido liberada por el organismo provincial. Explican desde Montero Ríos que «a Deputación non pode, sen infrinxir competencias, seguir sostendo axuda algunha nesta materia».
La Diputación ya se ha dirigido a la Xunta para pedirle que deje de «ponerse de perfil» en esta cuestión, echando sobre los hombros de concellos y otras administraciones los llamados servicios sociales específicos. En el último pleno de la corporación, celebrado el pasado lunes, el PSOE presentó también una moción en la que instaba al gobierno autonómico a asumir el coste de este servicio.
Fue ese texto el que colmó la paciencia del alcalde de Valga, que «estaba disposto a apoiar esa moción se retirasen a carga política que contiña ao principio».
José María Bello Maneiro (PP) asegura llevar semanas intentando encontrar una solución que garantice el futuro del Codi. Las explicaciones dadas por la Diputación de Pontevedra no le satisfacen. «Atopámonos de repente con que, dende o 31 de decembro, o Concello ten que asumir os custes de persoal», señala. «Dende o ano 2012 foi esa administración a que colaborou para manter este servizo. Queren cambialo porque din que é ilegal… Teño as miñas dúbidas, pero o mínimo é que se senten a falar para buscar unha solución», dice el regidor. Y es que entiende que hay servicios «cos que non se pode nin xogar, nin facer política», y el Codi es uno de ellos.
«Somos o único municipio da provincia que ten un servizo así», asegura el alcalde, quien está dispuesto a presentar un contencioso administrativo si no logra un acuerdo con la Diputación. No parece que vaya a ser posible, porque el organismo provincial señala que todos los informes realizados señalan que esta institución «só ten competencias para apoiar o desenvolvemento e atención dos servizos básicos comunitarias dos concellos».
La Voz de Galicia
