
El establecimeinto sito en la Avda. de Vigo, 29 de Pontecesures estará cerrado entre los días 27 de mayo y 14 de junio (ambos días inclusive).
El establecimeinto sito en la Avda. de Vigo, 29 de Pontecesures estará cerrado entre los días 27 de mayo y 14 de junio (ambos días inclusive).
Ambos imputados serán juzgados la semana que viene en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Un hombre y una mujer se sentarán la semana próxima en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una serie de estafas en cadena que, según la Fiscalía, ambos urdieron aprovechando su condición de trabajadores de una sucursal bancaria que abría sus puertas en Pontecesures. El escrito de acusación detalla un proceder sistemático que se desarrolló entre los años 2008 y 2010 y supuso la desaparición de 796.650 euros de las cuentas de una veintena larga de clientes en la oficina en la que operaban.
El ministerio público pide para cada uno de los imputados una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de once meses y quince días de multa a razón de doce euros diarios por la responsabilidad personal subsidiaria en la que habrían incurrido los dos integrantes de la pareja.
Además, de ser condenados deberán reintegrar a sus víctimas las cantidades que les defraudaron, descontando el importe de las devoluciones que la entidad bancaria satisfizo a algunas de ellas. Aunque en su mayor parte son particulares, entre los fondos saqueados se encuentran los de una empresa, a la que presuntamente sustrajeron 231.005 euros.
Acusados de falsificar las firmas de los verdaderos titulares de las cuentas, responderán de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y otro de apropiación indebida.
La Voz de Galicia
Solicitan el abono de indemnizaciones a una veintena de personas que ascienden a los 623.200 euros.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión para dos agentes bancarios de Pontecesures por los supuestos delitos de estafa y de falsedad de documento mercantil en concurso medial con otro delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, la Fiscalía pide el abono de los costes y las correspondientes indemnizaciones a 26 personas y empresas damnificadas, cuya cantidad total asciende a los 623.200 euros. Cabe señalar que el Banco Santander, entidad con la que colaboraban los acusados, ya abonó a los perjudicados una cantidad de 482.625 euros, lo cual provocó la renuncia de algunos de los perjudicados a la acción civil derivada de estos hechos.
De igual modo, la Fiscalía solicita once meses y quince días de multa, con una cuota diaria de doce euros, lo que puede alcanzar unos 4.140 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Según el relato del fiscal, la acusada, que gestionaba en Pontecesures una oficina de seguros y era también colaboradora del Banco Santander, se habría valido de su condición de agente bancaria “para lograr la contratación de diversos productos financieros de diversos amigos, conocidos y allegados y una vez conseguida esta contratación realizó actos de disposición patrimonial en detrimento económico de los clientes”. Asimismo, la pareja de esta, que trabajaba como responsable de la contratación de seguros en la misma oficina bancaria, “utilizó también de una forma habitual o reiterada en el tiempo la documentación de los productos bancarios y de los seguros contratados por los clientes” de la primera acusada “para realizar actos de disposición patrimonial en claro perjuicio de estos sin su consentimiento o sin la autorización expresa de los clientes”, tras haber llegado a un acuerdo previo con la otra investigada.
La operación se remonta al año 2010, cuando los clientes de la oficina, que se ubicaba en un bajo del número 4 de la calle Sagasta, denunciaron a la mujer por supuestamente haberse quedado con el dinero que habían depositado en su oficina, bien para que se ingresara en cuentas del banco, o bien para operaciones de otro tipo, como fondos de pensiones o de ahorro.
El fraude se sitúa en cerca de un millón de euros. La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha fijado el inicio de la vista oral para el próximo jueves, 30 de mayo, a las 10 horas.
Diario de Arousa
En la comarca de Caldas, la Diputación aportará 68.000 euros para la mejora de las gradas e iluminación del campo de fútbol de Corticeiras, 38.000 euros para sustituir la cubierta del pabellón de Barro y 43.000 euros para mejorar la accesibilidad en el pabellón de Cuntis, así como 35.500 euros para la reforma de los vestuarios del pabellón de Pontecesures, 34.400 para la pista del pabellón de Rapeira de Portas y otros 48.700 para acondicionar la pista polideportiva interior del pabellón de Baño, en Valga.
La Voz de Galicia
Concello de Pontecesures