Como el Guadiana, el caso del gasoil es uno de esos asuntos que cada cierto tiempo reaparecen en la vida política de Pontecesures. Un año después de que la Audiencia ordenase al juzgado de Caldas reabrir un asunto que este había decidido archivar por tercera vez, el caso acaba de ser trasladado al palacio de justicia de Pontevedra. Todo apunta a que allí serán juzgados por un tribunal popular el alcalde Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) y Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.
En noviembre del 2013, la audiencia ordenaba al juzgado de instrucción número uno de Caldas reabrir un caso que se remonta al año 2006, cuando el PP y la ACP denunciaban al alcalde Angueira y al trabajador municipal Xurxo Gerpe de haber abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de combustible para un vehículo del servicio de obras. Ese asunto, recordaba Angueira hace un año, había sido archivado «tres veces, en tres momentos distintos e por tres xuíces diferentes». En los tres casos, los denunciantes Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz decidieron presentar recurso, y en las tres ocasiones Pontevedra les dio la razón, asumió sus argumentos e impidió que el asunto se cerrase.
La fiscalía pide el archivo.
Tras el último tirón de orejas recibido de la Audiencia, el juzgado de Caldas dio la palabra a todas las partes implicadas. En febrero de este año, la acusación particular presentó un escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. «En el mismo trámite -dice el auto- el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», tal y como había hecho en ocasiones anteriores. La defensa de los acusados, por su parte, «solicitó la libre absolución de los defendidos».
En esta ocasión, la jueza de Caldas considera que «procede el enjuiciamiento». «Manuel Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe, durante el período de tiempo que desempeñaron funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pontecesures, autorizaron y/o consintieron el pago de combustible a cargo de los presupuestos del Concello, siendo que el combustible adquirido a través de tales pagos no se destinaba al uso por parte de vehículos pertenecientes al Concello en cuestión, ni para la prestación de servicios al mismo», explicaba la resolución adoptada a principios de noviembre.
Por ello, en un auto dictado en noviembre, la titular del juzgado de Caldas decretó la apertura del juicio oral, señalando como órgano competente para asumir esa tarea al tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tal vez allí se resuelva, de una vez por todas, un asunto que lleva ocho años dando vueltas por los juzgados.
La Voz de Galicia
