El pleno de Valga hace piña contra la variante de Fomento.

El alcalde se compromete a hacer todas las gestiones a su alcance para frenar “esta tomadura de pelo”.

El pleno de Valga ha aprobado por unanimidad una moción en la que muestra su rechazo a la alternativa elegida por Fomento para la variante Padrón, Pontecesures y Valga, reitera la apuesta municipal por la alternativa uno y faculta al alcalde para realizar todas las gestiones para frenar lo que PP, PSOE y BNG consideran una tomadura de pelo. Aunque no faltó un rifirrafe político entre el alcalde y los concejales socialistas, Bello Maneiro aseguró que defenderá con uñas y dientes los intereses de su Concello. «Eu, sendo do PP, son o primeiro que me poño diante para opoñerme ao que di o meu partido», dijo. El portavoz del BNG, por su parte, evitó entrar en refriegas de siglas y pidió en numerosas ocasiones que «neste asunto temos que ir todos a unha».

En Pontecesures, donde también el Concello se opone al trazado elegido por Fomento, los portavoces se reunirán el próximo día 8 de enero.

La Voz de Galicia

Valga y Pontecesures se rebelan contra el proyecto de la variante.

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La pista sobre la que discurrirá, si Fomento no cambia sus planes, parte de la nueva vía.

En Valga llevaban años esperando a que Fomento decidiese poner en marcha, de una vez por todas, el proyecto para construir una carretera alternativa a la N-550 a su paso por la localidad. Así que el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de diciembre debería haber llenado de satisfacción al alcalde José María Bello Maneiro (PP). Sin embargo, no ha sido así, todo lo contrario. Desde las hojas del BOE llegaba a Valga «un regalo de Reis envenenado». Porque el Ministerio, desoyendo las argumentaciones dadas en su día por el municipio valgués, ha apostado por hacer pasar la variante por el denominado trazado número cuatro. «O peor de todos», sentenciaba ayer Bello Maneiro.

El alcalde, que no es de los que pierden el tiempo, intentó ponerse ayer mismo en contacto con el Ministerio para trasladar, de viva voz, su disconformidad y su enfado. No pudo hacerlo. «Nin en Coruña nin en Madrid. Parece que non funcionan como no Concello de Valga, debe de estar todo o mundo de vacacións», señalaba ayer sin ningún atisbo de humor en su voz. En cualquier caso, la corporación valguesa no está para perder el tiempo, y para este mediodía ha sido convocado un pleno de urgencia con el que se pretende «mostrar a oposición do Concello de Valga á alternativa proposta polo Ministerio de Fomento».

Y es que el trazado elegido por el Gobierno central dejará a su paso un reguero de daños inasumible y, lo que es peor, innecesario. Así lo entiende el alcalde de Valga, que ya dio traslado de su opinión en varias ocasiones al Ministerio de Fomento. Así lo entienden, también, en el vecino municipio de Pontecesures, donde recibieron el día 30, a las dos de la tarde, toda la documentación relativa a este proyecto. «A proposta que se realiza é un cachondeo», señalaba ayer la concejala Cecilia Tarela (BNG).

En el municipio cesureño también se han puesto en marcha para fijar cuanto antes su postura sobre la alternativa elegida por Fomento. Para empezar, el próximo día 8 se celebrará una reunión de todos los grupos de la corporación para reiterar su rechazo al trazado elegido. No parece que vaya a resultar difícil tomar un acuerdo: la ACP emitió ayer un comunicado de prensa ahondando en las ideas expresadas por el gobierno local, y también el PP, a través de las redes sociales, hacía público su malestar por la elección de Fomento.

A partir de ahí se iniciarán rondas de información a los vecinos más directamente afectados por la obra. En cualquier caso, «todos aqueles interesados en consultar esta documentación terana á súa disposición na Casa do Concello de Pontecesures ata o día 6 de febreiro no horario habitual das oficinas municipais».

La Voz de Galicia

Estudiantes arousanos protestan porque viajan en los pasillos del tren.

La mayoría de los estudiantes de la comarca eligen el tren para desplazarse a las universidades de Vigo, Santiago y A Coruña, y estos no siempre pueden viajar sentados. En los T-4 que unen A Coruña y Vigo, los llamados trenes directos que solo paran en Santiago, Vilagarcía y Pontevedra, no suele haber tantos problemas, pero sí hay quejas en relación a los T-2 que hacen el mismo trayecto pero parando en estaciones de poblaciones menores como las de Catoira y Pontecesures y Padrón.

«O tren vai completamente cheo. Eu teño ido no pasillo. Véndense máis billetes que prazas», indica Carlos Abal, un cambadés que estudia Administración y Dirección de empresas en Santiago, que lleva ya cinco cursos realizando este itinerario.

Su crítica puede tener una explicación. Renfe puede despachar más billetes que asientos hay en el tren pues está autorizado un cupo de viajeros para ir de pie. Pero, en ese caso, apunta Carlos, «é moi inxuto que teñas que pagar o mesmo». La queja es compartida por otra estudiante cambadesa, Raquel Pérez. «Te dan el billete para el asiento y te tienes que quedar en el pasillo. Vigo en comparación con Santiago está mejor pero ir a Santiago de pie todo el rato es una barbaridad», comenta. Sus malas experiencias en el tren han hecho que renunciara al transporte público «y ahora voy en coche», máxime después de que a una amiga le hubieran robado la maleta cuando viajaba de Vigo a Vilagarcía, un viernes por la tarde. Reclamó, pero Renfe, «no se hace cargo de nada», explica Raquel.

Vanesa Agra, otra usuaria del tren a la hora de desplazarse a la Facultad de Derecho en Santiago hace hincapié en el problema de seguridad que comporta el hacinamiento que se produce en algunos trenes. «Con la gente en los pasillos, como haya una desgracia, la gente no puede salir del vagón», apunta. Algunos estudiantes se quejan a los revisores y pasan por ventanilla para presentar reclamaciones, pero estas suelen caer en saco roto. De este problema se hizo eco Xuventudes Socialistas de Galicia, que llegó a comparar el transporte de viajeros en estas líneas con el «transporte de gando». «O PP quere levarnos ao século XIX, tamén, mantendo as infraestruturas dese período», apuntan.

«Prefiro quedar tirado na estación que viaxar 40 minutos sudando ata Vilagarcía»

Carlos Abal

«Dejé de ir en tren porque a mi amiga le robaron la maleta y Renfe no se hace cargo de nada»

Raquel Pérez

La Voz de Galicia

La oposición y la Xunta investigan la subvención del Aula TIC de Pontecesures.

La oposición municipal y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependientes de la Consellería do Medio Rural e do Mar, investigan el uso que el Concello de Pontecesures hace de la subvención concedida para el Aula TIC de la localidad.

Los grupos opositores del PP, Independentes de Pontecesures (IP) y Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP), representados por Juan Manuel Vidal Seage, María Isabel Castro Barreiro y Luis Ángel Sabariz Rolán, respectivamente, explican que el aula lleva más de un año cerrada, y en su interior no hay ningún equipo informático”, a pesar del dinero recibido para ello.

“Inoperatividad”

Ante esto, “los concejales de la oposición denunciamos los hechos y la inoperatividad del gobierno local, que a pesar de las denuncias públicas que hemos realizado desde hace tiempo sigue sin solucionar el problema”.

En Agader consideran que la denuncia efectuada por la oposición pone de manifiesto “un criterio de riesgo que afecta a inversiones subvencionadas”, por lo que procede a abrir la investigación pertinente y ya escribió al alcalde, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, para que informe sobre lo sucedido.

Otros fines

Cabe explicar, y así lo esgrimen María Isabel Castro, Juan Vidal Seage y Luis Sabariz en el escrito remitido al director xeral de Agader, que “el gobierno habla de humedades en el local, de ordenadores estropeados y de otros adquiridos con la subvención que están siendo utilizados para fines distintos en otras dependencias, pero lo cierto es que el tiempo pasa y llevamos más de un año sin el aula TIC, con las correspondientes quejas de los vecinos”.

Así pues, la oposición municipal considera evidente que “la subvención concedida en su día no está siendo destinada a la finalidad para la que fue concedida”, por lo que reclaman que se investiguen los hechos y que el citado servicio de difusión de las nuevas tecnologías esté operativo “con la mayor celeridad”.

Faro de Vigo

La Xunta quiere aclarar dónde están los ordenadores del aula tecnológica del Concello de Pontecesures.

La Xunta de Galicia, a través de Agader, solicitará información al Concello de Pontecesures sobre el paradero de los quince equipos informáticos que fueron subvencionados en su día para poner en servicio en la localidad un aula de nuevas tecnologías. La Asociación galega de desenvolvemento rural tomó esta decisión después de que los tres grupos de la oposición, PP, ACP e IP, enviasen un escrito a ese organismo denunciando que ese centro formativo lleva meses sin funcionar.

En su carta al director de Agader, fechada a finales del mes de noviembre, los grupos de la oposición indicaban su preocupación por la falta de respuesta a las preguntas que en varias ocasiones trasladaron al gobierno local. De hecho, en el pleno del mes pasado volvió a salir el asunto, como indican en su escrito a la Xunta. «O goberno local falounos de humidades no local, de ordenadores esnaquizados, de outros mercados coa subvención que se están a utilizar para fins distintos e noutras dependencias para mantelos operativos», relatan. «Pero o tempo pasa e o certo é que os veciños levamos bastante máis dun ano sen aula TIC coas correspondentes queixas da veciñanza». Precisamente, para corregir esa situación, trasladaron sus quejas a Agader. «? evidente que a subvención concedida no seu día non se está a aplicar á finalidade», dicen.

Por su parte, el concejal Roque Araújo (PSOE) explicó ayer que el aula TIC no está funcionando «porque na sala na que estaba ubicada detectáronse uns problemas moi serios de humidade, que estaban danando incluso a algúns dos equipos». Por esa razón, estos fueron retirados hasta que puedan subsanarse las deficiencias detectadas en el recinto.

La Voz de Galicia

El caso del gasoil de Cesures llega a la Audiencia ocho años después.

Como el Guadiana, el caso del gasoil es uno de esos asuntos que cada cierto tiempo reaparecen en la vida política de Pontecesures. Un año después de que la Audiencia ordenase al juzgado de Caldas reabrir un asunto que este había decidido archivar por tercera vez, el caso acaba de ser trasladado al palacio de justicia de Pontevedra. Todo apunta a que allí serán juzgados por un tribunal popular el alcalde Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) y Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

En noviembre del 2013, la audiencia ordenaba al juzgado de instrucción número uno de Caldas reabrir un caso que se remonta al año 2006, cuando el PP y la ACP denunciaban al alcalde Angueira y al trabajador municipal Xurxo Gerpe de haber abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de combustible para un vehículo del servicio de obras. Ese asunto, recordaba Angueira hace un año, había sido archivado «tres veces, en tres momentos distintos e por tres xuíces diferentes». En los tres casos, los denunciantes Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz decidieron presentar recurso, y en las tres ocasiones Pontevedra les dio la razón, asumió sus argumentos e impidió que el asunto se cerrase.

La fiscalía pide el archivo.

Tras el último tirón de orejas recibido de la Audiencia, el juzgado de Caldas dio la palabra a todas las partes implicadas. En febrero de este año, la acusación particular presentó un escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. «En el mismo trámite -dice el auto- el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», tal y como había hecho en ocasiones anteriores. La defensa de los acusados, por su parte, «solicitó la libre absolución de los defendidos».

En esta ocasión, la jueza de Caldas considera que «procede el enjuiciamiento». «Manuel Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe, durante el período de tiempo que desempeñaron funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pontecesures, autorizaron y/o consintieron el pago de combustible a cargo de los presupuestos del Concello, siendo que el combustible adquirido a través de tales pagos no se destinaba al uso por parte de vehículos pertenecientes al Concello en cuestión, ni para la prestación de servicios al mismo», explicaba la resolución adoptada a principios de noviembre.

Por ello, en un auto dictado en noviembre, la titular del juzgado de Caldas decretó la apertura del juicio oral, señalando como órgano competente para asumir esa tarea al tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tal vez allí se resuelva, de una vez por todas, un asunto que lleva ocho años dando vueltas por los juzgados.

La Voz de Galicia