Sin tiempo que perder. Tres días después de aprobar en el Parlamento de Galicia -con los votos del PP y la abstención de la oposición- la ley que permite a la Xunta invertir el superávit, y el mismo día que el Diario Oficial de Galicia (DOG) hace oficial la norma con su publicación, se comienzan a saber los nombres y apellidos del destino de algunos de los millones que la Xunta prevé utilizar para reducir deuda y financiar inversiones.
El primer destino en conocerse ha sido el de casi 21,5 millones que le corresponden a la Consellería de Educación con la licitación, ayer mismo, de la rehabilitación integral de 22 centros educativos de Primaria y Secundatria de las cuatro provincias gallegas.
Así lo aseguró el secretario xeral técnico, Jesús Oitavén, en una comparecencia en la Cámara gallega, donde explicó que se prevé que las obras comiencen a mediados del mes de julio, circunstancia que será posible porque el Gobierno gallego encargó los proyectos de estas intervenciones en el mes de diciembre del año pasado. Además, subrayó que dada la necesidad de contar para estas obras con el visto bueno de los ayuntamientos, todos los proyectos de rehabilitación de los centros educativos seleccionados fueron remitidos durante la segunda quincena del mes de abril a los concellos y, en este momento, Educación está a la espera de las pertinentes licencias municipales.
Ayer mismo, por tanto, la plataforma de Contratos de Galicia publicaba las 22 licitaciones, lo que permitiría, según prevé la Xunta, adjudicar los trabajos en junio y comenzarlos durante la segunda quincena del mes de julio. Así, explicó Oitavén, las reformas de mayor impacto y que generan más incomodidades estarían rematadas a comienzos del curso próximo, el 2019/2020, y las restantes interferirían lo menos posible en la actividad lectiva. Algunas de las obras previstas son la mejora de la eficiencia energética, con cambios de calderas, sustitución de ventanas y radiadores y cambio de luminarias, así como la reparación de aseos, pulido o cambio de suelos, esmaltado de carpintería interior o colocación de paneles acústicos, entre otros.
En relación a los centros elegidos para estas rehabilitaciones, la Xunta explica que se decidieron sobre criterios exclusivamente técnicos, atendiendo «a la antigüedad de los centros (construidos entre 1970 y 1985), el grado de necesidad de las intervenciones y el número de alumnos y alumnas (superior a 150), excepto en dos caos, A Fonsagrada y Cervo.
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Tal
y como señaló ayer en la Cámara el secretario xeral técnico, estas
obras se enmarcan en el Plan de dotación de Infraestructuras educativas,
que amplía su vigencia hasta el año 2021.
Al amparo de este programa están también planificadas para este año otras obras, tanto de nueva construcción como de reforma, ampliación y mejora de ocho actuaciones de rehabilitación energética ya adjudicadas, que también comienzan este verano. Son en el CEIP A Ramallosa de Teo, el CEIP Felipe Castro de Noia, el CPI Ramón Piñeiro de Láncara, el CEIP Luis Pimentel de Lugo, el CPI Terras de Maside, el CIFP Portovello de Ourense, el CEIP Tenorio de Cerdedo-Cotobade y el CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa. Para ello, se maneja «un presupuesto de cerca de 200 millones en seis años», a los que hay que añadir los 21,4 millones de euros del superávit del año 2019 y los eventuales que se puedan derivar de 2020.
críticas de la oposición En
el turno de réplica, oposición criticó al representante de la Xunta que
acuda con una «política de hechos consumados» y sin posibilidad de
«negociación», indica Europa Press. En este sentido, la diputada
nacionalista Olalla Rodil acusó a la Xunta de «no buscar ningún debate»
sino venir a contar «planificaciones cerradas» y afeó a Educación la
tramitación «por vía de urgencia» del «plus» del superávit.
BNG, PSdeG y En Marea denunciaron el «electoralismo» del anuncio del plan. El socialista Luis Álvarez reclamó tener acceso al plan general de actuaciones, prioridades y necesidades del conjunto de los centros gallegos, con el objetivo de saber si esta es «la planificación deseable» y Luca Chao, de En Marea, recordó el plan de 2017 de eliminación de amianto «del que no se sabe nada».
El Correo Gallego
