Alcaldes del PP, entre ellos el de Pontecesures, se plantan en la Diputación por otro reparto de fondos y el gobierno denuncia «intimidación».

Una treintena de regidores y diputados populares critican que Silva no los reciba -El ejecutivo del ente provincial califica la acción de «chantaje y escrache»: «Han invadido el Pazo sin permiso ni autorización»-

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La polémica entre el grupo provincial del PP y el gobierno bipartito por el reparto de fondos a los ayuntamientos se ha recrudecido en las últimas horas. El detonante ha sido una especie de protesta realizada por los alcaldes populares de la provincia, acompañados por los diputados provinciales del partido, que ayer tomaron el salón de plenos del Pazo Provincial para criticar la negativa de la presidenta del ente, Carmela Silva, a sentarse con ellos en una reunión para fijar los criterios que regulen el reparto de fondos de la Diputación a los ayuntamientos.

Con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo (portavoz del grupo provincial), y el de Rodeiro, Luis López (que ejerció de portavoz de los regidores), a la cabeza, la comitiva popular se adentró en el salón de plenos para exigir a la presidenta la apertura de una mesa de «diálogo» con los alcaldes. «No venimos aquí de paseo, ni a saludarla, ni a preguntarle cómo le va la vida», aseguró López. «Queremos hablar de un asunto que para los concellos no es menor, queremos hablar de algo tan importante como el reparto de fondos económicos de la Diputación para el próximo año», explicó el alcalde de Rodeiro. «Tenemos propuestas que hacerle» a la presidenta, insistió, cuestiones que «estamos seguros que podrían repercutir en beneficio de todos los ayuntamientos de esta provincia y por eso pedimos que nos escuche» indicó Luis López. «Como gestores de una administración muy próxima a los vecinos, conocemos sus necesidades y las aportaciones que podamos hacer los alcaldes son importantes», añadió. Su idea es proponer un plan nuevo, «participativo», «justo con todos», objetivo y no basado «en la discrecionalidad». En el lado opuesto, el nuevo gobierno provincial viene asegurando, precisamente, que el nuevo plan acaba con la discrecionalidad en el reparto de fondos a los ayuntamientos que marcaron los últimos gobiernos del PP, con Louzán en la presidencia.

Las acusaciones de los populares fueron muy duras. Consideran que las reuniones de la presidenta de la Diputación con los alcaldes debería ser «una relación normalizada y algo habitual» pero recordó que ellos llevan esperando «meses» a recibir una respuesta para mantener este encuentro sin que tengan noticias. De hecho, asegura que tampoco fue mejor la cosa cuando las peticiones de reunión con la presidenta las hicieron los regidores populares a título particular, «en ocasiones para abordar problemáticas graves para los vecinos» y se les hizo también «caso omiso». Esto en el «mejor de los casos». Dado que aseguran que «en más de una ocasión la respuesta fueron insultos y hasta amenazas». «Las faltas de respeto son continuas», aseguran.

Molestos en algún momento por el hecho de que personal de la Diputación anotase los nombres y apellidos de la treintena de personas que entraron al Pazo Provincial, Nidia Arévalo, consideró «una falta de respeto» de la presidenta el no recibir a los alcaldes, «elegidos por los vecinos» y alertó del «error» que supone «poner en marcha nuevo plan concellos de espaldas a los alcaldes de la provincia».

«Ni ahora ni nunca»-

Los populares aseguran que, justo cuando abandonaban el Pazo Provincial, una personal del gabinete de la presidencia telefoneó a la portavoz del PP para trasladarle que la presidenta le había comunicado que no los iba a recibir «ni ahora ni nunca».

Reacción del ejecutivo.

La respuesta por parte del gobierno bipartito no se hizo de esperar y fue igual de contundente que las críticas de los populares. Llegó de la mano del diputado de régimen interno del ente provincial, Carlos López Font, quien acusó a la oposición del PP en la institución de estar «centrada en organizar verbenas porque les gusta mucho el chotis», y no dudaron en calificar lo sufrido ayer en las dependencias del Pazo Provincial como «escrache».

Desde el gobierno se utilizaron expresiones como «invasión de alcaldes, alcaldesas y diputados del PP» para referirse a lo sucedido. Tampoco dudan en señalar al presidente del PP provincial, Alfonso Rueda, como instigador de la protesta. Para el ejecutivo provincial, el vicepresidente de la Xunta es el «verdadero ideólogo de un escrache en toda regla, de una acción intimidatoria y abusiva, que está a convertir al PP en un antisistema, algo que no se puede tolerar en democracia», señaló López Font.

Además, el diputado de régimen interno añadió que «resulta lamentable que la oposición de la Diputación de Pontevedra, algo tan necesario, imprescindible y fundamental en la democracia, sea protagonizada por un partido político que no se preocupa nada por la ciudadanía, por atender sus demandas y a sus necesidades, sino que se dedica a invadir literalmente, sin ningún tipo de permiso ni autorización, el Pazo Provincial».

López Font señaló que la acción de los alcaldes «es un verdadero ataque a la democracia que muestra, una vez más, la forma de hacer política a la que nos tiene acostumbrados el PP.

Font concluyó subrayando que «todos los argumentos del PP ante este chantaje de verbena, ante esta política de presión, pierden credibilidad y fuerza y no merecen ni respuesta, porque la acción que llevaron a cabo hoy tomando literalmente el Pazo Provincial es verdaderamente indigna».

Faro de Vigo

La oposición insta al gobierno padronés a que regularice los contratos vencidos.

El pleno del Concello de Padrón aprobó ayer la cuenta general del ejercicio 2015 y la rendición de la misma a los órganos externos. Solo el grupo de gobierno (PP) votó a favor de la cuenta y su rendición, mientras que PGD, PSOE, CIPa, BNG y Veciños se abstuvieron. Alternativa por Padrón la rechazó.

En el pleno, toda la oposición se mostró muy crítica con la gestión económica del gobierno local, en especial, en dos puntos: contratos de servicios públicos y de personal vencidos, y la falta de un presupuesto actualizado.

En cuanto al primero, el Partido Galeguista Demócrata recordó que el Concello de Padrón tiene vencidos los contratos de la recogida de basura o el de gestión de la guardería municipal, entre muchos otros. Por ello, señaló que hay continuos reparos del servicio de Intervención que el alcalde levanta una y otra vez. Así, la oposición instó al alcalde a «facer todo o posible para regularizar eses contratos», en palabras del edil socialista Camilo Forján, así como para presentar un presupuesto actualizado.

Acabado el pleno, el regidor Antonio Fernández explicó que ha dado orden por escrito a los servicios correspondientes para poner los contratos al día, al menos desde el año 2013, pero que, por acumulación de trabajo u otras causas, aún está sin hacer.

La Voz de Galicia

La Diputación destaca el apoyo de Valga en el conflicto con Fomento por los castros.

El futuro de 18 castros de la provincia de Pontevedra está en el aire. Muchos de ellos fueron excavados y destapados gracias a campañas de excavación financiadas por la Diputación, que inició esos trabajos tras lograr el compromiso de que el Ministerio de Fomento se haría cargo de su consolidación y puesta en valor. Pero Fomento parece haber roto unilateralmente la baraja, aplazando la colaboración prometida hasta el año 2018, cuando se contratarían las obras a realizar. Eso ha llevado a la Diputación de Pontevedra a adoptar una serie de medidas. Se han remitido varios escritos a Fomento y se ha tomado el acuerdo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, de «non realizar novas escavacións ata que o ministerio comece a consolidar e musealizar os xa escavados».

Otros alcaldes.

En la adopción de esas medidas, el gobierno de la Diputación no se siente solo. «Alcaldes e alcaldesas dos concellos nos que se sitúan os 18 xacementos arqueolóxicos están a amosar o seu apoio á Deputación na súa reivindicación para que Fomento asuma as competencias que lle corresponden». En ese sentido, desde la Diputación señalan específicamente el caso de Valga, una localidad gobernada por el PP pero que «apoia á institución provincial nesta reivindicación e súmase á esixencia de que Fomento cumpra coa parte que lle corresponde».
Ejercicio de «responsabilidad»

De momento, y visto que ninguna de las acciones emprendidas ha generado reacción por parte del Gobierno central, la Diputación, «nun exercicio de responsabilidade, está a destinar xa todos os recursos económicos comprometidos para os traballos nos castros, tendentes á consolidación inmediata dos xacementos xa escavados, a pesar de ser unha obriga de Fomento, reservándose o dereito a estudar a responsabilidade do Ministerio e as reclamacións económicas».De todos estos asuntos habla, precisamente, una moción que sobre esta cuestión planteará el grupo socialista en la corporación provincial. El PSOE ha decidido presentar este asunto a pleno dado que «está en xogo o patrimonio arqueolóxico da provincia, e a inactividade do Goberno central o único que está a facer é atentar contra a nosa historia», según Santos Héctor.

La Voz de Galicia

La gaviota que pesca en la ría arousana también remonta el Ulla.

Es cierto que el PP tiene un importante granero de votos en la huerta de la comarca. Pero el barco conservador también pesca y llena sus bodegas en aguas de la ría arousana, donde el partido de la gaviota realiza importantes capturas y goza de no menos considerables parques de cultivo que, llegado el momento, le permiten arrasar en las elecciones, como volvió a suceder el domingo.

Y es que la nave popular volvió a marcar su rumbo en Arousa Sur (O Salnés) y Arousa Norte (Barbanza), demostrando que esta ría es uno de los feudos más importantes en Galicia para el partido de la gaviota.

Pero no solo eso, pues como si de la traslación de los restos del apóstol Santiago se tratara, esa marea azul del PP -esta vez no se trataba de la marea roja que tantos problemas causa a los sectores productivos- también remonta el Ulla mirando por babor y estribor al viacrucis de piedra que jalona el cauce fluvial para instalarse cómodamente en Catoira, Valga y Pontecesures.

Siete de cada 100 votos

Para entender mejor lo mucho que política y electoralmente representan esta ría y su principal río para el PP gallego puede decirse que prácticamente siete de cada cien votos emitidos a favor de la formación en esta ocasión liderada por Alberto Núñez Feijóo proceden de los municipios arousanos y del bajo Ulla.

Y es que el PP no solo sumó los 27.285 votos de O Salnés, sino también 15.364 en Arousa Norte, es decir, Rianxo, A Pobra, Boiro y Ribeira. Se trata por tanto de 42.649 papeletas para los conservadores, y se elevan hasta las 46.356 si se incorporan los datos correspondientes a los Concello de Valga, Catoira y Pontecesures.

¿Qué quiere decir esto? Pues que en O Salnés y Ullán el PP logró casi 28.000 votos más que En Marea y saca una diferencia de más de 30.000 sufragios respecto a los socialistas. Y eso a pesar de que los conservadores no gobiernan en Catoira ni en Rianxo, como tampoco lo hacían en Pontecesures hasta hace solo unos meses.

Pero esto parecía no importar mucho el domingo, cuando arrasaron de un extremos a otro de la ría, como también a una y otra orilla del río.

En Pontecesures, como se avanzaba ya el domingo, en cuanto finalizó el escrutinio, el PP mejoró sus resultados de 2012. Logró 825 apoyos, frente a los 285 de En Marea, los 200 recibidos por el PSOE o los 124 pescados por el BNG tras perder cinco puntos porcentuales respecto a 2012.

En Catoira, sin miedo a los vikingos, la gaviota también demostró su poderío, de ahí que el PP lograra 815 sufragios -el 42% de los votos emitidos-, que es casi el doble de las 424 papeletas pescadas por el PSOE, que en este municipio relegó a En Marea (389) a la tercera posición. El BNG aumentó el número de votos, hasta los 230.

En Valga, municipio que también se deja bañar por el Ulla, el PP metió en la bodega de su barco el 62% de los votos (2.067 sufragios), dejando que se perdieran en el horizonte las estelas de En Marea (480), PSOE (424) y BNG (201).

Faro de Vigo

La Fiscalía investiga posible trato de favor del gobierno de Santiago por no multar a locales de copas.

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Llaman a declarar a altos funcionarios por la paralización de sanciones por parte del edil de Urbanismo.

La Fiscalía de Santiago ha abierto una investigación para esclarecer si el concejal de Espazos Cidadáns -con competencias en Urbanismo-, Jorge Duarte (Compostela Aberta), cometió trato de favor con algunos locales de copas de la ciudad que, pese a ser objeto de expedientes sancionadores por parte de la Policía Local o del propio Concello, no han llegado a ser multados porque, básicamente, los documentos no llegaron nunca a ser firmados por el edil del gobierno local santiagués, que preside Martiño Noriega.

La fiscala Arancha San José ya ha llamado a declarar a dos altos funcionarios del Concello compostelano y tiene previsto escuchar esta misma semana a otros cuatro. Sobre la mesa tiene una quincena de expedientes a locales de copas que no han llegado a concretarse porque nunca llegaron a ser firmados por la autoridad municipal que corresponde, que en este caso es el concejal Jorge Duarte.

En los expedientes a los locales de ocio hay de todo. Desde propuestas de sanción por exceso de aforo a otros que incumplieron el horario de cierre, las limitaciones de ruido o la normativa que impide el consumo de alcohol en la vía pública. En todos los casos que está investigando la Fiscalía compostelana se cumple el mismo patrón: los bares y discotecas fueron propuestos para sanción, pero el procedimiento quedó paralizado al no ser firmado por el edil que tiene atribuidas las competencias en Urbanismo.

Esta falta de firma por parte del concejal contrasta con la normalidad con la que fueron tramitados otros expedientes durante el mismo período de tiempo. Estas diferencias de criterio presuntamente injustificadas son las que han motivado la apertura de las diligencias informativas por parte de la fiscala San José.

Actuación «arbitraria»

Por el momento, han tenido que prestar declaración un miembro de la Policía Local compostelana y la jefa de servicio de Urbanismo, pero ya están llamados a declarar esta misma semana otros cuatro funcionarios pertenecientes a este mismo departamento.

La investigación abierta por la Fiscalía coincide con las quejas presentadas ayer por el Partido Popular, cuyo concejal Alejandro Sánchez Brunete acusó al edil del gobierno local Jorge Duarte de estar involucrado en una práctica «arbitraria e escura» porque considera que hay indicios de que «retén determinados expedientes» a locales de copas y de ocio, situación que califica como «consciente deixamento de funcións» que, a su juicio, exige explicaciones por parte del responsable de Compostela Aberta -grupo que está alineado con En Marea- «co fin de despexar todas as dúbidas dun presunto trato de favor a locais concretos», señala el PP.

Los populares consideran que Duarte, al negarse a firmar las resoluciones contra los locales de copas propuestos para sanción, ha incumplido con la ley pese a los requerimientos que le han hecho funcionarios del departamento municipal de Urbanismo. Por este motivo, el grupo municipal del PP de Santiago presentó ayer por la mañana una solicitud de acceso a toda la documentación existente «co fin de obter unha resolución detallada dos expedientes abertos polos departamentos de Disciplina e de Rehabilitación que están pendentes de resolución pola falta de sinatura do responsable do departamento, Jorge Duarte».

Para el edil Sánchez Brunete «sería escandaloso descubrir que unha Administración que tramita centos de sancións ao ano, tivese especial trato de favor con algúns administrados» y por eso instan al gobierno local a explicar a qué se debe la paralización de multas a determinados locales.

La Voz de Galicia