El Concello de Pontecesures toma medidas ante la presencia de pulgas en el recinto escolar.

Operarios municipales cortan la hierba del patio, antes de someter toda la zona a un tratamiento de fumigación.

Con el calor de estos últimos días, la primera avanzadilla veraniega del año, han empezado a plantearse algunos de los problemas habituales del período estival. En el colegio de Pontecesures, por ejemplo, alumnos, profesores y padres se enfrentan a un enemigo de esos que pican y molestan: las pulgas. «Os pícaros están chegando cheos de marcas ás casas», reconocía ayer el regidor cesureño, Juan Manuel Vidal Seage (PP).

Tras conocer este problema, el gobierno local de Pontecesures no ha querido perder tiempo. Ayer por la mañana se dio orden para que un grupo de operarios se trasladasen al recinto escolar y procediesen a cortar la hierba que rodea el centro educacional. Y es que es en ella donde parece estar el foco del problema. En el Concello sospechan que algún animal callejero se ha aficionado a visitar esa zona, convirtiéndose en el origen de la plaga de pulgas que trae por la calle de la amargura a toda la comunidad educativa cesureña.

Solo con cortar la hierba, indica el regidor, no se va a solucionar la plaga. El gobierno local tiene previsto fumigar esa zona, «pero para que a operación sexa efectiva hai que cortar a herba primeiro para que os produtos fagan máis efecto», informaba el alcalde, que mantiene un contacto permanente con el centro escolar.

Problema generalizado

Aunque pueda parecer sorprendente, la presencia de pulgas es un problema recurrente en centros escolares y parques de localidades de todos los tamaños. En Vilagarcía, por ejemplo, se realizan trabajos periódicos para mantener alejados a estos molestos parásitos, lo que no ha impedido que en determinados momentos estos se hayan enseñoreado de parques y recintos de todo tipo, para desesperación de sus usuarios habituales.

La Voz de Galicia

Valga y Moraña reeditan un obradoiro de empleo conjunto para veinte alumnos.

La iniciativa tendrá una duración de seis meses, y en la misma la Xunta invertirá casi 180.000 euros.

El delegado de la Xunta, José Manuel Cores Tourís, presentó ayer en Valga el Obradoiro de Emprego «Ulla-Umia», del que forman parte los ayuntamientos de Valga y Moraña. En él, se formarán en las disciplinas de albañilería, carpintería y jardinería un total de veinte vecinos desempleados de ambos municipios. La iniciativa tendrá una duración de seis meses, y en el mismo la Xunta invertirá casi 180.000 euros, «que coa aportación a maiores dos concellos en materiais chegará a superar os 200.000 euros», según explicó el representante de la Xunta en la provincia.

El alcalde del municipio anfitrión, José María Bello Maneiro (PP) aprovechó la presentación de este proyecto para recalcar que «nós estamos pola formación, por preparar á xente para que poida atopar un posto de traballo. Esa é a liña deste goberno e non imos permitir que ninguén nos aparte de aí». Un mensaje dirigido al grupo municipal del PSOE, al que responsabiliza, aunque sin nombrarlo, de que el polígono industrial de Xanza haya sido tumbado por el Supremo. El alcalde afirma que «o día que coñecemos esa sentenza foi un día triste para Valga», ya que se ve truncada la instalación de empresas que generarían puestos de trabajo. Esas empresas no pueden arribar ahora a Valga, dice Bello Maneiro, porque pese a lo que diga la sentencia, «non hai 200.000 metros cadrados de chan industrial valeiros. Non os vexo», ya que las bolsas así catalogadas se corresponden con propiedades privadas sobre las que el Concello no puede actuar.

Valga aún no ha renunciado al polígono de Xanza. El Concello se dirigirá al Supremo para pedir instrucciones ya que «o tribunal di unha cousa, pero o plan sectorial da Xunta di a contraria. Que nos digan eles que é o que temos que facer».

La Voz de Galicia

El gobierno de Valga lamenta «as perdas» que supone anular el polígono industrial.

Acatan la sentencia pero no la comparten. En estos términos se expresó ayer el gobierno local de Valga a raíz de hacerse pública al sentencia del Tribunal Supremo por la que anula definitivamente la posibilidad de llevar a cabo el polígono industrial que Concello y Xunta diseñaron para este municipio. El equipo de gobierno lamentaba ayer, vía comunicado, «as perdas económicas que isto suporá ao cercenar o impulso económico que supón a actividades industrial, coa creación de novos postos de traballo».

Frente a la sentencia del Supremo, en la que señala que es «completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio», el gobierno local considera que «estaba perfectamente acreditado o feito de que non existe solo industrial en dous concellos limítrofes, como tampouco existe ningún en terreo público en Valga, o cal facía para nós fundamental a creación deste tipo de solo».

Pese al varapalo que ha supuesto esta sentencia -consecuencia de las acciones emprendidas por una comisión vecinal-, el equipo que dirige José María Bello Maneiro (PP) anuncia su intención de seguir trabajando «a fin de lograr o desenvolvemento urbanístico e empresarial do concello, explotando todas as vías ao noso alcance».

La Voz de Galicia

El Supremo tumba definitivamente la construcción del polígono de Valga.

Cuando el TSXG dio la razón a la comisión vecinal y dijo «no» a la construcción del polígono industrial de Xanza, el gobierno local de Valga decidió recurrir la sentencia y llevar el caso al Supremo. Año y medio después, el alto tribunal ha tomado ya su decisión. La nueva sentencia vuelve a ser un rotundo no a los planes del Concello. No solo desestima los argumentos con los que el ayuntamiento defendió la necesidad de dotar a la localidad con 800.000 metros cuadrados más de suelo industrial, sino que condena al Concello y a la Xunta a pagar las costas del proceso.

El Supremo se alinea con las tesis del TSXG, y lamenta que el Ayuntamiento «pretenda decidir a su favor el litigio, contraponiendo los claros y rotundos dictámenes periciales, unánimes en la apreciación de que era completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio, a documentos consistentes en estudios o informes de viabilidad del polígono industrial […] máxime cuando tales documentos son anteriores a la memoria ambiental y se proyectan sobre una superficie mucho menor a la finalmente considerada». El Supremo también tiene en cuenta que «la memoria ambiental […] desaconsejó de forma clara esta adscripción del suelo, reputándola innecesaria».

Argumentos
Teniendo en cuenta estos razonamientos, la sentencia del TSXG «no puede ser tildada de arbitraria o ilógica, por más que sus conclusiones desagraden al Ayuntamiento que, a toda costa, pretende orillarlas». Y es que, sigue razonando el Supremo, no se puede contraponer a ese documento los «documentos preparatorios o informes administrativos que integran el expediente, pues tal acervo documental es precisamente el material sobre el que debe recaer el juicio de la sala».

Esta llega a una conclusión «clara e insoslayable» sobre la «irracional creación de nuevo suelo industrial» prevista por el Concello de Valga. Una «realidad que no requeriría de especiales conocimientos científicos o técnicos para su apreciación: si un suelo de 225.000 metros cuadrados de superficie está ocupado solo en el 30 % de esta, resulta injustificado, completamente, aumentar el suelo industrial en otros 800.000 metros cuadrados más». Así lo entiende el Tribunal Supremo.

Satisfacción entre el colectivo vecinal por un fallo «contundente»
María Ferreirós, además de ser portavoz del PSOE, es presidenta de la comisión vecinal que inició el procedimiento contra el polígono previsto en Xanza. Como tal quiso mostrar ayer su enorme satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo. «Unha cousa é gañar, e outra é gañar cunha sentenza tan rotunda, que insiste nos argumentos da anterior, e en que ese polígono industrial está completamente inxustificado». A su juicio, que se impongan las costas al Concello y a la Xunta deja bien claro que estas dos administraciones actuaron «con certa temeridade» al prolongar el proceso judicial. Por otra parte, ayer resultó imposible recabar la opinión del alcalde de Valga José María Bello Maneiro (PP) sobre esta cuestión.

La Voz de Galicia

Los problemas de financiación ponen en jaque la continuidad del Codi de Valga.

La Diputación rechaza asumir un servicio que, afirma, es competencia de la Xunta.

El Centro ocupacional de discapacitados de Valga (Codi) atiende a 18 usuarios de varios municipios de la zona. Vecinos de Valga, Catoira, Caldas y Pontecesures acuden a unas instalaciones construidas por el Concello valgués y que durante años se han sostenido gracias al apoyo de varias administraciones. Desde el 2012, la Diputación participaba en la financiación de este servicio a través de una partida de «algo menos de cen mil euros». Una cantidad que este año no ha sido liberada por el organismo provincial. Explican desde Montero Ríos que «a Deputación non pode, sen infrinxir competencias, seguir sostendo axuda algunha nesta materia».

La Diputación ya se ha dirigido a la Xunta para pedirle que deje de «ponerse de perfil» en esta cuestión, echando sobre los hombros de concellos y otras administraciones los llamados servicios sociales específicos. En el último pleno de la corporación, celebrado el pasado lunes, el PSOE presentó también una moción en la que instaba al gobierno autonómico a asumir el coste de este servicio.

Fue ese texto el que colmó la paciencia del alcalde de Valga, que «estaba disposto a apoiar esa moción se retirasen a carga política que contiña ao principio».

José María Bello Maneiro (PP) asegura llevar semanas intentando encontrar una solución que garantice el futuro del Codi. Las explicaciones dadas por la Diputación de Pontevedra no le satisfacen. «Atopámonos de repente con que, dende o 31 de decembro, o Concello ten que asumir os custes de persoal», señala. «Dende o ano 2012 foi esa administración a que colaborou para manter este servizo. Queren cambialo porque din que é ilegal… Teño as miñas dúbidas, pero o mínimo é que se senten a falar para buscar unha solución», dice el regidor. Y es que entiende que hay servicios «cos que non se pode nin xogar, nin facer política», y el Codi es uno de ellos.

«Somos o único municipio da provincia que ten un servizo así», asegura el alcalde, quien está dispuesto a presentar un contencioso administrativo si no logra un acuerdo con la Diputación. No parece que vaya a ser posible, porque el organismo provincial señala que todos los informes realizados señalan que esta institución «só ten competencias para apoiar o desenvolvemento e atención dos servizos básicos comunitarias dos concellos».

La Voz de Galicia

Pontecesures arranca una etapa marcada por importantes heridas políticas aún abiertas.

Vidal Seage se estrena como alcalde en un pleno y deja ver que está muy verde -La nacionalista Cecilia Tarela parece no asumir que ya no es la alcaldesa.

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Una de las votaciones que se cerraron por unanimidad en el primer pleno de Seage como alcalde.

El Concello de Pontecesures celebró ayer un pleno que servía para estrenar una nueva etapa política tras la moción de censura que situó al conservador Juan Manuel Vidal Seage en la Alcaldía y desalojó de la misma a la nacionalista Cecilia Tarela.

En esta primera sesión quedó claro que aún hay demasiadas heridas políticas abiertas, que la batalla puede ser considerable en lo que resta de mandato y que ni uno ni otro han asumido el nuevo papel que les toca desempeñar; el regidor porque está demasiado verde y su actitud por momentos indolente no le ayuda, y Tarela porque parece seguir enfadada por lo sucedido y da la impresión de que piensa que aún es la que manda, por eso no dudo en interrumpir cuando le dio la gana haciendo en ocasiones que algo tan solemne como un pleno de la Corporación pareciera más una gresca en la calle.

Eso sí, aunque queda mucho por regular en la organización de los turnos de palabra, para evitar que el pleno se convierta por momentos en una discusión de taberna, como sucedió ayer, al menos gobierno y oposición de Pontecesures parecen entender que no es necesario repetir los mismos argumentos una y otra vez prolongando los debates innecesariamente, como suele ocurrir en municipios como Vilagarcía y O Grove.

Prueba de ello es que los ediles pontecesureños despacharon el pleno, con trece puntos en el orden del día, en apenas media hora, mientras que los grovenses, que habían comenzado el suyo al mismo tiempo, seguían enfrascados en el primer punto de verdadero debate dos horas después de sentarse.

Pero volviendo a lo sucedido en la villa del Ullán hay que decir que las heridas políticas no solo afectan a PP y BNG, sino también al PSOE, igualmente desbancado del gobierno con la moción de censura y cuyo portavoz, Roque Araújo, sigue rasgándose las vestiduras.

Es la sangre de una batalla que igualmente dejó heridas aparentemente incurables en Terra Galega, cuyo líder, Ángel Souto Cordo, pasó a formar parte del tripartito mientras que su número dos, Jorge Janeiro, se quedaba en la oposición. Un distanciamiento que ayer también fue físico, ya que se sentaron a ambos extremos de la alargada mesa, lo más lejos posible el uno del otro. Y eso que en lo personal dicen llevarse bien, por eso esta misma semana convocará a sus bases para buscar una solución.

En definitiva, que el pleno sirvió para comprobar que los munícipes pontecesureños aún no saben realmente qué sitio ocupan, y que por cierto, ayer tampoco encontró la otra pata del tripartito, la independiente María Isabel Castro Barreiro, aunque ella por motivos más que justificados, ya que no asistió a la sesión porque había sido sometida a una operación quirúrgica.

En cuanto a los asuntos incluidos en el orden del día, ya queda dicho que fue una sesión rápida, sobre todo porque hubo diferentes asuntos aprobados por unanimidad y sin debate. Sucedió así porque, según Cecilia Tarela se ocupó de recordar una y otra vez, eran cuestiones que ella misma y su equipo habían dejado encauzadas antes de la moción de censura.

Es el caso de la delegación de competencias en la Diputación para inspeccionar la liquidación de la tasa del 1,5% por la utilización del suelo a favor de empresas explotadores y de la adhesión al Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés/Ulla-Umia, en el que, por cierto, Seage será el representante de Pontecesures, con Souto Cordo como suplente.

Cabe decir, para terminar, que esta primera sesión del nuevo gobierno tampoco animó a los vecinos a acudir como público. ?nicamente presenciaron el espectáculo una decena de pontecesureños, entre ellos un viejo conocido de la política local, el exedil Luis Sabariz Rolán.

Faro de Vigo