El PSOE exige a Bello Maneiro que reclame a la Xunta que financie el Codi.

La sentencia del TSXG que da la razón a la Diputación y afirma que a esta entidad no le corresponde financiar el centro ocupacional para personas con discapacidad de Valga ha llevado al PSOE de este municipio a exigir al alcalde «que non espere un minuto máis para reclamar á Xunta o financiamento» de ese servicio. Los socialistas afirman que el Concello lleva tres años inmerso en un proceso judicial que, se sabía de antemano, no iba a conducir a ningún lado. Y es que existía un informe jurídico, dicen, que así lo indicaban.

Acusan al gobierno local de querer utilizar ese asunto para «desgastar á Deputación». «Tanto Bello Maneiro como a concelleira de Benestar, Begoña Piñeiro, coñecedores do informe que ocultaron, non tiveron ningunha conciencia nin decencia cando utilizaron e mentiron aos familiares, traballadores e aos propios usuarios do centro», a los que se les hizo creer, sostiene el PSOE local, que esta formación «se alegraba» del problema generado cuando la Diputación decidió no seguir asumiendo unos gastos que no le correspondían a ella, sino a la Xunta.

La Voz de Galicia

El TSXG dice que la Diputación no tiene que financiar el CODI de Valga.

El TSXG ha vuelto a dar la razón a la Diputación en el litigio que esta mantiene con el Concello de Valga. Este había presentado un contencioso contra la decisión del organismo provincial de no financiar el centro ocupacional para discapacitados de este municipio, al ser esa una competencia de la Xunta, y ahora el TSXG, como ya había hecho antes un juzgado de Pontevedra, da la razón a los argumentos de la Diputación. La diputada Digna Rivas (PSOE) afirmaba ayer que «a xustiza nos dá novamente a razón e avala o noso propósito de atallar unha situación irregular, inxusta e discriminatoria para o resto dos concellos da provincia».

La Voz de Galicia

El Concello de Pontecesures consigue ayudas de la Diputación para seguridad viaria.

Un total de 31 municipios de la provincia -diez con alcalde del PP, nueve del PSOE, siete del BNG y cinco de otras agrupaciones- serán los beneficiados en el plan DepoRemse, mediante el que la Diputación financia proyectos «para remodelar rúas e viais municipais a fin de facilitar a comunicación entre os espazos de emprego e de uso social, sanitario ou educativo, así como para mellorar trazados que soportan unha alta densidade de tráfico».

La importancia que se le da a este programa desde el gobierno provincial es tanta que para hacer pública la resolución de los proyectos aprobados comparecieron conjuntamente la presidenta, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera. Ambos subrayaron que la selección de los proyectos se hizo siguiendo criterios estrictamente técnicos. Se exigía proyectos que siguieran los criterios de la guía de movilidad elaborada por la Diputación, que no hubiera obstáculos para la disposición de los terrenos y que «os proxectos aportasen solucións técnicas axeitadas».

En total se presentaron 48 proyectos de otros tantos municipios, y la comisión formada por técnicos de la Diputación de las áreas de cooperación y de movilidad seleccionaron 31.

En la comarca de Pontevedra se beneficiarán los municipios de Cuntis, Barro, Poio, Moraña y Campo Lameiro. En O Salnés, se aprobaron proyectos de A Illa, Meaño, Ribadumia, O Grove, Pontecesures, Catoira y Vilagarcía. En la comarca del Deza habrá financiación para obras impulsadas por Vila de Cruces y Silleda. En la comarca de Vigo, se beneficiarán O Porriño, Fornelos de Montes, Salceda de Caselas y Baiona. En O Morrazo, Cangas, Moaña y Bueu. En la comarca del Baixo Miño, Tomiño, A Guarda, y Tui. Y en Condado-Paradanta, recibirán fondos Mondariz, Ponteareas, As Neves, Salvaterra, A Cañiza, Crecente y Covelo.

La Voz de Galicia

Valga se adhiere al sistema público de gestión de biomasa que lucha contra los incendios.

El gobierno conservador de Valga impulsó en el pleno celebrado el lunes por la noche la participación activa de la localidad en el proyecto de prevención de incendios forestales mediante el establecimiento de un sistema público de gestión de biomasa que avalan la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Explican en el Concello que, de este modo, será posible «identificar las parcelas en las que es obligatorio eliminar la masa forestal y retirar especies arbóreas, estableciéndose una franja de gestión de biomasa alrededor del suelo urbano, núcleos rurales, suelo urbanizable, edificios o viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de residuos y parques o instalaciones industriales».

Esa franja en cuestión alcanza los 15 metros de ancho, mientras que desde ahí hasta los 50 se habilitará una segunda franja donde es preciso mantener el suelo desbrozado y sin pinos, eucaliptos ni acacias.

El alcalde, José María Bello Maneiro, criticó «que se aprueben leyes y se deje su ejecución a los Concellos, ya que no tenemos medios técnicos ni humanos suficientes». Pero aún así «la ley hay que cumplirla», indicó en relación con la prevención de incendios, advirtiendo ya de que si el Concello tiene que limpiar parcelas privadas lo hará con cargo a sus dueños.

Son solo algunos ejemplos de lo que implica la adhesión al plan encarrilado por el pleno, que también aprobó -por unanimidad- una ordenanza municipal para impulsar el uso del gallego.

Asimismo, y como se avanzaba ayer, el gobierno designó como festivos locales para 2019 el viernes 24 de junio, por tratarse de San Xoán -fiesta en Vilar- y el 16 de agosto, San Roque, con fiesta en Baño. El PSOE defendió sin éxito que fueran el 24 de junio y el 26 de julio.

El pleno también sirvió para aceptar la cesión al Museo da Historia de Valga de una colcha y un mantón. Fueron donados por Sara Barreiro.

Faro de Vigo

Los socialistas de Valga recurren el archivo de la causa sobre las dietas.

Se aferran a un informe que indica que se venían cobrando de forma irregular desde 1991, al no existir un reglamento.

La decisión del juzgado de Caldas de Reis de sobreseer el asunto de las comisiones de coordinación del Concello de Valga ha llevado al PSOE a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. El grupo de la oposición en el municipio del Ullán basa su recurso en las conclusiones del informe Cosital, del pasado mes de abril, en el que se indica que el primer reglamento orgánico municipal de Valga se creó en 2016, lo que implicaría que las comisiones «se venían cobrando desde el año 1991 de forma irregular y no ajustándose a la legalidad».

Una de las cuestiones en las que hacen hincapié y que consideran de «vital importancia para determinar si el cobro de las dietas de esas comisiones se ajusta a la legalidad, queda condicionada a la funcionalidad y justificación de las referidas comisiones». Aunque la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa en su momento, en el propio escrito en el que pide el archivo reconoce que «el contenido de las comisiones, su funcionalidad y su necesidad no aparecen debidamente justificadas en las actas que se aportaron».

Además, también resalta que «no consta la presencia o asistencia en las sesiones del secretario para dar fe y documentar lo debatido por los asistentes». Para los socialistas está claro que el propio fiscal y la jueza que se hizo cargo del caso «reconocen que la creación y cobro por asistencia a las comisiones no se ajustan a la legalidad». A mayores, en la parte final del informe de Fiscalía se añade que «las sumas recibidas no están debidamente justificadas desde el punto de vista administrativo».

Para determinar el sobreseimiento de la causa, tanto la Fiscalía como el juzgado se basaron en que «los denunciados no actuaron de forma palmaria con la específica intención de utilizar los caudales públicos para fines o beneficios particulares» Esta frase sorprende a los socialistas ya que «los argumentos empleados en el escrito vienen reconociendo que todo apunta a que las comisiones son ilegales, pero deciden cerrar la investigación».

Consideran que tanto la Fiscalía como la jueza «en su escrito obviaran pruebas practicadas, como el informe Cosital, o incluso, la declaración, como testigo, del interventor municipal, que siempre mantuvo la ilegalidad de las comisiones y llegó a paralizar los pagos». Es más, consideran que la decisión de archivar el caso deja abiertas muchas dudas, ya que en ningún momento determina si esas comisiones eran legales, algo que no es una cuestión baladí, ya que estaríamos hablando de una malversación de 500.000 euros durante los últimos 25 años».

Faro de Vigo